Los familiares de las víctimas desaparecidas con motivo del conflicto armado, están esperanzadas en saber la suerte de sus seres queridos por medio los acuerdos que se están materializando en el proceso de oaz entre las Farc y el Gobierno Nacional. Foto: archivo Semana.

Si localizar personas reportadas como desaparecidas en medio del conflicto armado en todo el país es una tarea ardua, compleja y difícil; en el departamento de Casanare lo es aún más. La razón: las autoridades no cuentan con cifras consolidadas y el grupo armado ilegal señalado como el máximo responsable de desapariciones forzadas en este departamento: las ‘Autodefensas Campesinas de Casanare’, más conocidos como los ‘Buitragueños’, no se desmovilizaron y, por lo tanto, no entregaron información que ayudara a esclarecer la verdad de lo que pasó.

Entre 2001 y 2004, ‘Los Buitragueños’ se enfrentaron con los paramilitares del Bloque Centauros de la Casa Castaño por el control de los Llanos Orientales. Las víctimas fueron asesinadas y desaparecidas en diferentes circunstancias que van desde masacres para apoderarse de tierras, el reclutamiento forzado de niños para la guerra contra los Centauros o los señalamientos de supuestos colaboradores de sus enemigos.

La apuesta por encontrar más desaparecidos en Casanare

Pero todo apunta a que dar con el paradero de muchas de estas víctimas será toda una odisea. Para comenzar, el Estado no cuenta con una cifra consolidada de las personas desaparecidas en este departamento. Mientras Medicina Legal señala que ha documentado 1.388 desapariciones, varias organizaciones no gubernamentales y estudios académicos hablan de más de dos mil víctimas. Según cifras de la Fiscalía, se han exhumado 310 cadáveres y ha entregado a los familiares 104, el resto se encuentra en proceso de identificación.

Al respecto, varios líderes de organizaciones de víctimas han expresado su frustración por la baja cifra de cuerpos encontrados e identificados en la región y señalan que tienen muchas inquietudes sobre el acuerdo entre el gobierno y las Farc en La Habana.  

“El gobierno no ha terminado de solucionar el tema de los desaparecidos por los paramilitares y ya se va a meter en un proceso con la guerrilla. Aquí falta mucho por hacer y mucha gente tienen temor de que el gobierno le dé prioridad a otras regiones”, explicó José Barrera, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas.

Los Llanos Orientales fueron escenario de una guerra entre paramilitares, cuando se enfrentaron el Bloque Centauros y las Autodfensas Campesinas de Casanare. Se estima que más de mil personas muerieron en esa confrontación. Foto: archivo Semana.

De La Habana a Casanare

En octubre de 2015, el gobierno y las Farc hicieron público un acuerdo sobre el tema de los desaparecidos en el que se comprometían, de manera inmediata, a acelerar  la “identificación y entrega digna de restos de víctimas y de quienes hayan muerto en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública inhumados como N.N.” y además, “entregar información relacionada con la ubicación de víctimas” de esta guerrilla.

Este no fue el único punto del acuerdo. El gobierno y las Farc pactaron crear una “unidad especial para la búsqueda de personas  dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado” que trabaje de la mano con organizaciones de víctimas y expertos en el tema.

Según Ulianov Franco, director de la organización Familiares Colombia, que asesora a varios familiares de víctimas en Casanare, el anuncio de creación de esta unidad es clave ya que por primera vez se plantea conformar una entidad que se concentre en la búsqueda de cualquier persona sin importar las circunstancias de su desaparición y sin importar los victimarios. “Yo no percibo que el acuerdo esté encaminado a ciertas víctimas y a otras no, yo creo que incluye a todo el mundo. Lo que me preocupa es que haya incapacidad para su implementación desde el punto de vista de las instituciones del Estado”, dijo Franco.

Esta debilidad de la que habla el abogado ha sido una queja frecuente por parte de las víctimas en los procesos de búsqueda.  Aunque reconocen el trabajo y el compromiso de la Fiscalía, señalan que es evidente la falta de recursos para enfrentar el problema.

“Uno ve a la gente de la Fiscalía comprometida, pero con herramientas muy precarias buscando en sabanas enormes. Con lo único que cuentan es con la poca información que da algún exparamilitar, pero es como buscar una aguja en un pajar, a este ritmo nunca van a avanzar verdaderamente”, señaló Lyda Quevedo, directora de la Fundación que lleva el nombre de su hermano Yovany, desaparecido en noviembre de 1999.

Pero las quejas no solo se limitan a las formas en que rastrean los cuerpos en terreno. Quevedo insiste en que no hay infraestructura institucional que agilice la identificación de los pocos cuerpos que se han encontrado. “La recolección de las muestras de sangre de los familiares demora mucho, eso sin contar que no hay un banco de genética en el departamento. Nos toca esperar que lleven los restos a Villavicencio o Bogotá”, contó la líder de víctimas.

Ejemplo de la complejidad que entraña la búsqueda e identificación de cuerpos en Casanare lo constituye el caso de Yeison Salamanca, habitante de Recetor, un pequeño pueblo del Casanare en el piedemonte, muy cerca de los límites con Boyacá. A Yeison, los paramilitares le desaparecieron a siete de sus familiares.

En 2005, después de dos años de búsqueda, la Fiscalía notificó a Yeison que habían localizado una fosa común en la que se podrían estar sus padres, pero hasta ese momento no le habían realizado un examen de sangre para confirmar el hallazgo. Cuatro años después, en 2009, la Fiscalía logró confrontar el material genético y determinó que efectivamente pertenecían a la familia Salamanca, aunque los cuerpos se habían mezclado con los de otras víctimas. Solo entonces las autoridades judiciales le entregaron a Yeison los restos de sus seres queridos.

Héctor Buitrago, alias Tripas, patriarca de las Autodefensas Campesinas de Casanare, también conocidas como Los Buitragueños. Foto: archivo Semana.

Otra oportunidad para saber la verdad

Además de lo acordado en cuanto al tema de desaparecidos en La Habana, las víctimas tienen la expectativa de saber si los paramilitares de los ‘Buitragueños’ que no han sido admitidos dentro de Justicia y Paz, pueden acudir al nuevo sistema de justicia transicional pactado con las Farc, conocido como Jurisdicción Especial para la Paz.

Hasta el momento, solo José Reinaldo Cárdenas, alias ‘Coplero’, ha sido el único exparamilitar de los ‘Buitragueños’ que ha entregado información dentro del proceso de Justicia y Paz. ‘Coplero’ se cambió de bando y se desmovilizó con sus antiguos enemigos: el Bloque Centauros de los Castaño. El resto de sus excompañeros encontró la muerte durante esta guerra entre ‘paras’ o terminó capturado por las autoridades, como es el caso del máximo jefe de este grupo, Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’.

El radar para buscar desaparecidos

Varios de los ‘Buitragueños’ en la cárcel se han negado a colaborar con la búsqueda de los desaparecidos si no se les otorgan los beneficios propios de la justicia transicional. Sin embargo, algunos mandos medios que desde la cárcel siguen afrontando procesos con la justicia ordinaria han aportado información. “Es duro, uno termina dándole las gracias a ellos porque nadie los obliga a que nos digan nada e igual algunos tienen voluntad de ayudarnos a buscar los restos”, contó la líder de víctimas Lyda Quevedo.

Aunque el acuerdo de La Habana es claro en señalar que los exparamilitares de Justicia y Paz no serán beneficiados por la nueva Jurisdicción para la Paz, no detalla si los integrantes de grupos como los “Buitragueños” podrían acogerse con el compromiso de entregar información. Para el abogado Franco, es muy importante si se abre esta ventana pues los victimarios podrían aportar en la búsqueda, aunque advierte que los desmovilizados de Justicia y Paz también tenían obligaciones con la verdad que no siempre cumplieron.

Para la organización Equitas, una ONG que ha trabajado por más de una década en Casanare estudiando nuevas metodologías forenses que permitan agilizar los procesos de búsqueda de cuerpos, la información entregada por los paramilitares es muy importante pero existen otras fuentes de información en las que se debe intensificar eltrabajo. Un estudio estadístico realizado por esta ONG señala que solo el 15.9 por ciento de la información utilizada en todo el país para buscar desaparecidos proviene de los desmovilizados.  

Equitas y varias organizaciones de víctimas coinciden en que se deben insistir en protocolos que incluyan a dueños de fincas, habitantes de la zona y familiares para determinar las posibles localizaciones de los cuerpos. “Muchos vecinos o propietarios de fincas saben de fosas, pero tienen miedo de hablar por el miedo a que los señalen”, dijo una funcionaria de Equitas.

Según líderes de organizaciones de víctimas, son varias las veces que se han suspendido los trabajos de la Fiscalía por ataques de grupos ilegales, especialmente en los municipios limítrofes con Arauca y Boyacá. “Ya una vez una comisión de la Fiscalía fue con un exparamilitar y los sacaron a bala esos lados”, contó Lyda Quevedo.  

Las organizaciones de víctimas de Casanare han insistido en la importancia de una mejor gestión de todos los estamentos del Estado en el tema de los desaparecidos, como un factor esencial a la hora de superar los efectos de la guerra.  Aunque reconocen los esfuerzos de los funcionarios públicos involucrados en las investigaciones, esperan que los compromisos acordados en La Habana por fin agilicen la dolorosa búsqueda de sus familiares. 

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Se estima que el equipo forense de la Fiscalía debe remover 23 mil metros cúbicos de tierra compactada en el primer polígono.A finales de junio de 2015, el equipo de exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación dio inicio al plan de búsqueda de personas desaparecidas más ambicioso desde que esta entidad se dedicóa buscar los muertos que la violencia ha dejado regados por todo el país: las excavaciones en sector conocido como La Escombrera, comuna 13 de Medellín. Se presume que allí, bajo toneladas de escombros, están enterradas cientos de personas reportadas como desaparecidas durante los oscuros años de la confrontación entre milicias guerrilleras y bloques paramilitares en esta zona de la capital antioqueña.    

El 16 de diciembre del año pasado, el Ente Investigador dio por terminadas las labores de búsqueda en lo que denominó el primer polígono, acciones que dejaron como balance la remoción de una montaña de escombros cercana a los 25 mil metros cúbicos que a su vez, dejó un cráter de 15 metros de profundidad. Pese a ello, los expertos no hallaron evidencia de presencia de restos óseos humanos. Solo se encontraron algunos huesos de animales y los indicios de lo que alguna vez fue una laguna artificial.

“Esto no significa que la información recibida haya sido imprecisa o errónea. Estamos estableciendo hipótesis”, precisó Katerine Heyck, directora de articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas. Cabe recordar que fue gracias a las declaraciones entregadas por varios desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que se logró establecer los polígonos para el inicio de las excavaciones. Las declaraciones más significativas las dio Juan Carlos Villa Saldarriaga, excombatiente del Bloque Cacique Nutibara, conocido con el alias de ‘Móvil 8’ y quien afirmó ante funcionarios de la Fiscalía haber sepultado él mismo varios muertos allí.

Sin embargo, tanto para el Ente Investigador como para quienes llevan años esperando noticias de sus seres queridos desaparecidos, no todo fue tiempo perdido pues se logró avanzar en otros aspectos igualmente importantes y que invitan a mantener la esperanza viva. El primero de ellos fue saber con exactitud cuántas personas se están buscando en La Escombrera. Según Heyck, gracias a información aportada por organizaciones de víctimas y la recopilada por el Ente Investigador, hoy se sabe que durante los años 2000 y 2005 fueron reportadas un total de 138 personas como desaparecidas de los distintos barrios que integran la comuna 13 de Medellín.

Al respecto, las pesquisas realizadas durante el segundo semestre de este año permitieron establecer que, de esas 138 personas, tres fueron halladas en una fosa común ubicada en la finca Bellavista, corregimiento San Cristóbal, predio que funcionó como base de operaciones de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas. Dicha exhumación se realizó el 1 de agosto de 2003 y sus cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, mientras que “la otra persona fue encontrada con vida en la ciudad de Pereira. Por razones de seguridad, no se dará a conocer públicamente su identidad”, reveló la funcionaria.

El proceso de excavación ha tenido la veeduría de la organización Mujeres caminando por la vida.Para Luz Elena Galeano, integrante de la organización Mujeres Caminando por la Verdad, que agrupa poco más de 130 mujeres víctimas del conflicto de la comuna 13 de Medellín, el que hoy la sociedad antioqueña, así como la comunidad nacional e internacional muestre interés por lo que suceda en La Escombrera, constituye un valioso logro toda vez que durante poco más de una década, sus denuncias sobre lo que ocurría en esta zona de Medellín fueron sistemáticamente ignoradas y desmentidas.

“Lo más importante fue que se removió una montaña de indiferencia”, expresó Galeano, quien además recalcó que: “se lograron construir valiosos lazos de confianza entre las organizaciones de víctimas y la institucionalidad. Este proceso, por sí mismo, es digno de resaltar, pues se logró hacer un trabajo de equipo entre las víctimas, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía”.  

Ahora, la pregunta que víctimas y la sociedad antioqueña en general se hacen es: ¿continuarán las labores, esta vez, en el polígono II, considerado el más complejo? El recién posesionado alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya ha dado señales de querer continuar con este proceso, que además se inscribe dentro de una política pública de postconflicto que la pasada administración municipal pretendió impulsar y que incluye, además, la continuidad del informe “Medellín, Basta Ya”.

“Por respeto a las víctimas, la segunda fase de este proceso tendrá que continuar”, declaró recientemente el mandatario a medios locales. El nuevo subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, también señaló a VerdadAbierta.com que existe la voluntad de la actual administración de continuar con esta actividad aunque aún no se tiene una fecha concreta para el inicio de la labores.

Al respecto, Jorge Mejía, quien fuera consejero de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Aníbal Gaviria para el tema de La Escombrera, señaló que se reservaron 750 millones de pesos para avanzar en el polígono II; recursos que, de seguro, serán insuficientes para la magnitud de esta actividad, si se tiene en cuenta que para el primer polígono, considerado el menos complejo, se invirtieron un total 1.200 millones de pesos.

Asimismo, por parte de la Fiscalía General de la Nación se anunció que el proceso de La Escombrera se articulará al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas acordado con las Farc recientemente en el marco del proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba.

Así las cosas, todo apunta a que la verdad que tanto anhelan víctimas y habitantes de la comuna 13 de Medellín, está hoymás cerca de ser desenterrada.

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Con las familias se hizo catografía social participativa, para que fueran ellas mismas quienes contaran cómo convivían con el grupo armado. Foto: Equitas.

La Fiscalía ha encontrado más de 6.400 restos de personas desaparecidas, la mayoría a manos de grupos paramilitares. El método tradicional es preguntarle a los desmovilizados dónde escondieron los cuerpos de sus víctimas y, en algunos casos, son las comunidades las que entregan información sobre las fosas comunes que conocen en sus pueblos. Una estrategia similar a la que acordaron las Farc y el gobierno en La Habana.

Con el pasar de los años, esta metodología es menos eficaz: la memoria se agota, los desmovilizados dejan de contar la verdad y los terrenos cambian. ¿Cómo encontrar entonces a los más de 45.000 desaparecidos que se cree hay en Colombia?

Para responder esa pregunta el Equipo de Equitas, una organización no gubernamental experta en temas forenses, acudió a la ciencia. Esta fundación trabajó durante cuatro años en dos municipios de Casanare, un departamento donde la información de desaparecidos es escasa porque el grupo paramilitar que delinquía allí nunca se desmovilizó. Por eso, las familias han tenido que ingeniarse nuevas formas de buscar a sus muertos.

La gran fosa que desenterró Justicia y Paz

Recorriendo casa por casa, descubrieron información valiosa que ni la propia Fiscalía tenía en su poder. Entendieron cómo operaban las Autodefensas Campesinas del Casanare, dónde estaban sus campamentos, cómo descuartizaban a sus víctimas y el tipo de fosa que cavaban. Decidieron procesar esta información con un método científico.

“Yo asocié esa información a un comportamiento de las especies. Así como la vegetación y la altitud afecta la distribución de cualquier organismo vivo, la ubicación de las vías, los ríos y los campamentos pueden darnos la ubicación de las fosas.El mismo patrón de distribución de especies, pero para encontrar fosas comunes”, le contó a VerdadAbierta.com Alexander Sabogal, un biólogo que trabajo, junto a su colega Milton Bastidas, en el Modelamiento Espacial y Estadístico Predictivo. El mismo modelo que estaban usando para encontrar arañas.

El resultado de cruzar todas las variables, tanto las biológicas (ríos, clima, tipo de suelo) con las sociales (ubicación de los campamento y fosas encontradas) es un mapa de calor. Las zonas rojas indican que hay una probabilidad de 80% al 89% de encontrar fosas comunes. El objetivo es que solo en esas zonas se apliquen las metodologías de búsqueda de las ciencias forenses, haciendo más eficaz la búsqueda. 

“El propósito de Equitas es llamarle la atención de la Fiscalía. Decirles hay maneras diferentes de hacer las cosas. No se pueden quedar con la versión de los postulados. Si eso se agotó hay que usar herramientas científicas disponible en otras ciencias”, dijo Diana Arango, directora ejecutiva de Equitas.

La Fundación espera entregarle este mapa a la Fiscalía para continuar la búsqueda de los desparecidos en Casanare. “La metodología no estará totalmente validada hasta que no vayamos a campo a buscar esas fosas”, aseguro Sabogal.

El ‘plan piloto’ de Casanare

Familiares Colombia representa legalmente de 21 casos de desaparición forzasa. Equitas colabora con la búsqueda de los cuerpos desde 211. Foto: Equitas.Recetor y Chámeza, municipios a tres horas de Yopal, fueron el escenario para implementar esta nueva herramienta. La falta de información disponible sobre cientos de desaparecidos y el escaso trabajo de la Fiscalía en la zona llevó a que los investigadores forenses de Equitas pensaran en formas alternativas de buscar a los muertos.

Luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), los paramilitares postulados a la ley de Justicia y Paz se convirtieron en una fuente importante de información. Esto no ocurrió en estos municipios, pues las Autodefensas Campesinas de Casanare, más conocidos en la región como ‘Los Buitragueños’, no se desmovilizaron colectivamente con las Auc, entre otras razones, porque no hacían parte de esa confederación delictiva.

La apuesta por encontrar más desaparecidos en Casanare

Este grupo paramilitar llegó a estos municipios en noviembre de 2002 y partió en 2003. En su corta estadía desaparecieron a cerca de 150 personas, la mayoría fueron llamadas a “reuniones” en las bases paramilitares de las que nunca regresaron. Familias enteras fueron desaparecidas.

La Fiscalía ha recuperado cerca de 40 cadáveres, 14 de estos han sido identificados. En 10 años, desde que fue expendida la ley de Justicia y Paz, se han realizado  solo 20 diligencias para buscar desaparecidos.  

Las familias se han apersonado de la búsqueda de sus muertos y en este trabajo ha sido clave el acompañamiento de Familiares Colombia, una organización que ayuda a las víctimas de desaparición forzada y que las representa judicialmente, y de Equitas. Desde 2011, los investigadores crearon una gran base de datos que hoy sirve para crear el mapade calor y ha sido clave para la identificación de algunos de los cadáveres.

Para futuras búsquedas

Cada pixel amarrillo representa un terreno de 160 mts por 160 mts donde hay un probabilidad mayor a 80% de encontrar el cuerpo de un desaparecido. Mapa: Equitas.

El éxito de la búsqueda de desaparecidos en Colombia va de la mano de la calidad de información cartográfica de las regiones. Lo ideal es que los mapas sean de fácil acceso y ubiquen acertadamente los tipos de suelo, los ríos, las vías y los datos catastrales.   Lastimosamente en la mayoría de los casos esta información no está disponible, lo que disminuye las probabilidades de encontrar los cuerpos.

“No tener puntos de información, mapas de vegetación de la época de las desapariciones hace que el resultado sea menos exacto”, aseguró el Biólogo, Alexander Sabogal.

En los primeros años de exhumaciones en el proceso de Justicia y Paz los paramilitares entregaron las coordenadas de fosas comunes sin saber nada sobre la identidad de las víctimas, lo que conllevó a que solo el 46% de los 6.400 cuerpos encontrados hayan sido identificados hasta el momento. La experiencia de Equitas en Casanare les enseñó que no se trata solo de cavar, sino que es necesario llegar a la diligencia con una hipótesis previa sobre a quién corresponden los restos a desenterrar.  

Esto es posible si se hace un juicioso trabajo de recolección de información en las comunidades. No se trata solo de recoger una muestra de ADN, sino de entrevistar a las familias para conocer cómo era esa persona antes de su muerte.  “Es clave que existan equipos de profesionales que caminen las veredas, que vayan casa a casa, que entiendan el Modus Operandi del grupo armado y que tengan legitimidad ante las comunidades”, aseguró Diana Arango.

Vivos se los llevaron, sin vida regresarán

El caso de Recetor y Chamiza ha dejado importantes lecciones sobre la investigación forense en Colombia. De firmarse un acuerdo entre las Farc y el gobierno en La Habana, estas lecciones serán de vital importancia para la futura Unidad especializada para la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra. Un organismo extrajudicial y transitorio pactado en la Mesa de Negociaciones.

Según lo acordado, la información básica la darán los guerrilleros y militares, pero la idea es que las comunidades y organizaciones sociales participen también. Para Equitas, además de estos datos, es importante hacer una juiciosa recolección de información contextual de georreferenciación y no perder de vista lo encontrado en exhumaciones realizadas previamente en la zona. Por ejemplo, en el caso de Casanare, ha sido clave descubrir un patrón en las fosas: todas son pequeñas, pues los cuerpos fueron descuartizados. Este dato, que cambia según la región y el grupo armado, facilita el trabajo de los antropólogos forenses.

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El tercer incendio, el devastador, comenzó aproximadamente a las 6:00 de la tarde. Foto: archivo Semana.Los ministros estaban orgullosos de pertenecer al gabinete del presidente Belisario Betancur. Cuando acabó la retoma del Palacio de Justicia, ese 7 de noviembre de 1985, se felicitaron mutuamente por salvar las instituciones. Ya habían debatido la inconveniencia de la negociación, habían debatido que solo habría cese al fuego si había rendición del M19 y habían silenciado a los medios.

Al mediodía del 6 de noviembre, cuando sonaron los primeros disparos al presidente Betancur le dijeron que alguien se había apoderado del Palacio de Justicia y por eso le ordenó a Víctor G. Ricardo, jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia, que llamara a los magistrados y reuniera a los ministros.

Betancur también ordenó que toda la información se concentrara en la Secretaría General de la Presidencia “con el fin de que lo enteraran de toda novedad en forma minuciosa e inmediata”. En ese momento, la información provenía de la radio, de sus comunicaciones telefónicas  con los magistrados que estaban en el Palacio y de las Fuerzas Militares. Además, el primer mandatario envió a la Guardia Presidencial a acordonar la Plaza de Bolívar.

Casi en simultáneo con la toma, llegaron las Fuerzas Militares al Palacio de Justicia, por orden del jefe de la cartera de Defensa, general Miguel Vega Uribe, como quedó registrado en la constancia de la reunión de los ministros el6 de noviembre. Sólo una hora después, el presidente supo que se trataba de una acción del M-19, pues así lo informó el entonces coronel Miguel Maza Márquez, jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Mientras los ministros llegaban uno a uno a la Casa de Nariño, en la radio se escuchaban las voces de varios magistrados. Algunos de ellos, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, le imploraron a Betancur que ordenara el cese al fuego.

Audio: Caracol Radio.

Sin embargo, la reacción de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, fue advertirles a las emisoras que no podían transmitir en directo lo que sucedía en el Palacio. Según la constancia, Sanín “dio instrucciones al personal de control de la radio, recordándoles las consecuencias que un mal manejo del medio trajo consigo el 9 de abril de 1948” y enviaron el primer telegrama con olor a censura.

Estas son las palabras textuales del telegrama, transcritas en la constancia del 6 de noviembre de 1985.A los pocos minutos, Fernando Barrero, director del Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión) llamó a la ministra para preguntarle si autorizaba “transmitir por televisión en directo, vía microondas, los hechos del Palacio de Justicia, según solicitud de algunos noticieros”. Sanín respondió que era mejor no cambiar la programación por “las repercusiones en el orden público que podía conllevar una transmisión cuando no había claridad sobre lo que estaba ocurriendo”, según la constancia del libro del Consejo de Ministros.

Fue así como se transmitió el partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena, casi al mismo tiempo que empezaba el primero de los tres incendios en el Palacio de Justicia.

Paradójicamente, Betancur y sus ministros se enteraron de qué quería el M-19 cuando Sanín llamó a Mauricio Gómez, director del noticiero ‘24 horas’, para pedirle que no transmitiera nada del Palacio. Él había recibido un casete de la guerrilla y, antes de reproducirlo, la ministra amplificó la llamada para que todos los que estaban en el despacho la escucharan.

“Procedida por el himno del M-19, la grabación contenía una explicación de la llamada ‘Operación Nariño’, que los terroristas habían empezado a ejecutar, y presentaba como ‘exigencias’ principales la divulgación masiva de sus pretensiones y la realización de un ‘juicio memorable’ al Gobierno, y a las ‘minorías apátridas’ que debía adelantarse con la presencia personal del presidente de la República o de un enviado suyo, juicio que tendría ‘la altura, la grandeza y la fuerza de un acto del nuevo gobierno’”, según quedó consignado en el libro del Consejo de Ministros.

En la misma proclama del M-19, a la que tuvo acceso VerdadAbierta.com, la guerrilla rechazaba que “mediante un impopular y escandaloso tratado de Extradición, se entrega nuestra juridicidad – la más reciente y novedosa de todas las entregas -, que es golpe mortal contra la soberanía nacional”.

Cuando la grabación terminó, los ministros comenzaron a debatir. Una de las decisiones fue censurar a la prensa y enviar el siguiente telegrama, ahora sí con una prohibición explícita.

Estas son las palabras textuales del telegrama, transcritas en la constancia del 6 de noviembre de 1985.Ahora, 30 años después, Sanín sostuvo en conversación con VerdadAbierta.com, que fue el director de Inravisión quien mantuvo la programación “para que no hubiera otro 9 de abril” y que si bien se emitió un partido de fútbol, “cada 10 minutos se transmitía un flash con información de cómo iban las cosas y se presentaba un informe”. Además, la exministra calificó la carta de censura como una “leyenda”.

Ya sin la información de la radio, el presidente insistió “en la urgencia de una comunicación constante con la Corte Suprema y con el Consejo de Estado, y se comunicó por teléfono con el director del DAS para enterarse en detalle sobre lo conocido hasta el momento”. Otra es la versión que rindió ante la Comisión de la Verdad Yesid Reyes, el hijo del entonces presidente de la Corte y hoy ministro de Justicia. Él sostuvo que durante las primeras horas de la toma, su papá y él pidieron varias veces hablar con Belisario Betancur pero este nunca pasó al teléfono.

Nada de negociar

Cuando la grabación acabó, Betancur quería consejos sobre qué hacer y llamó uno por uno a los expresidentes Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana, Julio César Turbay y Alfonso López Michelsen y a los candidatos presidenciales Virgilio Barco, Álvaro Gómez y Luis Carlos Galán. Y es que la decisión no era nada fácil. El hecho de negociar o no, afectaba directamente a los casi 400 rehenes que a esa hora había dentro del Palacio y las operaciones militares que ya estaban en curso, como el ingreso de los tanques y el lanzamiento de rockets.

Sin embargo, en ese momento ningún funcionario ni el mismo Betancur conocían los detalles de la acción de las Fuerzas Armadas pues “no se consultaba cada paso ni la manera como ese paso iba a darse, porque ello correspondía a la respectiva responsabilidad de los mandos militares que lo estaban ejecutando”, a pesar de que sí hubo una coordinación en el sentido de “garantizar el orden público, de mantener las instituciones” y proteger la vida de los rehenes, según declaró Betancur a la Fiscalía en 2006.

La deliberación comenzó y los ministros consideraron que el Gobierno no podía ceder a ninguna de las solicitudes del M-19. “No es el caso proceder a entablar directamente o a través de mediadores, clase alguna de negociación con los asaltantes, porque el solo intento de realizarlas comprometía seriamente la independencia y el funcionamiento regular de los poderes públicos”, se escribió en la constancia.

Con el fantasma de la toma de la Embajada de República Dominicana, con la que el M-19 logró la liberación de varios de sus presos políticos y un vuelo a Cuba, el presidente y los ministros concluyeron que negociar esta vez era un “negativo precedente” que hacía creer que los convencían a punta de asaltos.

En ese momento, cuando ya eran casi las 4:00 de la tarde, el presidente pidió que el ministro Vega; el general Víctor Delgado Mallarino, director de la Policía, y el general Manuel Guerrero Paz, jefe del Estado Mayor Conjunto fueran a la Presidencia. Al llegar, le transmitieron “las noticias por ellos recibidas de los servicios de inteligencia y le informan con detenimiento sobre la situación”, según se registró en la constancia.

El debate siguió, ya con militares a bordo, alrededor de la financiación del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. Las primeras conjeturas apuntaron a los carteles de drogas, específicamente a Pablo Escobar. Era la época en la que el país convulsionaba por la guerra que habían declarado los narcotraficantes y hacía más de un año habían asesinado al entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Además, desde septiembre ‘Los Extraditables’ amenazaban con cartas y llamadas a los magistrados de la Sala Penal y la Sala Constitucional de la Corte. Todo por el Tratado de Extradición. Como si fuera poco, el Gobierno ya tenía listas ocho resoluciones para enviar a Estados Unidos a varios narcos y su futuro dependía de lo que las Altas Cortes decidieran justo ese 6 de noviembre. Ante este panorama el presidente y los ministros eligieron no negociar.

“La decisión de no negociar se tomó después de una amplia deliberación, noporque hubiera vacío de poder”, expresó a VerdadAbierta.com el exministro de Gobierno Jaime Castro.

Para ese momento, Reyes Echandía había intentado hablar personalmente con el presidente pero este no le contestaba el teléfono. Entonces, el magistrado habló con Álvaro Villegas, presidente del Senado, para que él le dijera a Betancur que cesara el fuego. El congresista le dio el mensaje al presidente y este no le volvió a contestar sus llamadas, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad.

Sin embargo, luego de la comunicación, “el presidente pidió que, sin ceder en la decisión de no negociar, se ofreciera a los terroristas el respeto a sus vidas e integridad personal y el adelantamiento de un juicio imparcial”, como consta en el libro del Consejo de Ministros.

Habían pasado más de cuatro horas. En el Palacio de Justicia seguían los disparos del M-19, también los de los militares y los rockets de la Fuerza Pública; en la Casa de Nariño optaron por no negociar con la guerrilla pero la petición de Reyes pareció conmoverlos.

El ministro de Justicia, Enrique Parejo, aseguró que el Consejo de Ministros “no fue lo suficientemente informado”. Foto: archivo Semana.Después del mensaje, la ministra de Educación, Liliam Suárez, creyó que era procedente dialogar para evitar “en lo posible” la muerte de los rehenes. El ministro Parejo y Sanín también apoyaron la idea de dialogar, sin negociar, para que los guerrilleros se enteraran de las nuevas condiciones que el Gobierno les ofrecía.

Fue así como “el presidente y los ministros decidieron que el cese al fuego sólo se podía convenir si con él se conseguía la libertad de los rehenes y la recuperación del Palacio, pues tal como lo informaron los militares presentes, no se podía permitir que los terroristas se fortificaran todavía más, mejoraran sus posiciones, tomaran la iniciativa y condujeran al Gobierno así a una situación más precaria aún que la que se estabaviviendo”, según el libro del Consejo de Ministros.

En ese momento, salió una nueva comunicación desde la Casa de Nariño hacia el Palacio de Justicia.

La última llamada

“Quien llamara, hablaría con el M-19”, relató Jaime Castro a VerdadAbierta.com. Según él, fue por eso que decidieron que Betancur no se comunicara con Reyes y a cambio aceptaron el ofrecimiento del general Delgado, quien era amigo personal del magistrado.

La llamada entró a las 4:45 de la tarde. Todos los ministros, los militares y el mismo Betancur estaban escuchando cuando al otro lado de la bocina Reyes Echandía informó que con él estaban varios guerrilleros que le apuntaban con metralletas. “‘Nos van a matar’, dijo. Con vehemencia pidió la suspensión del operativo militar. De por medio estaba la vida de todos los rehenes. El general Delgado Mallarino le manifestó que la Fuerza Pública estaba haciendo todo lo posible por su vida y la de los demás, pero que estaban de por medio las instituciones y los deberes para con ellas del Gobierno. Ante la evidencia de que era imposible sostener una conversación en la que el interlocutor pudiera hablar con libertad, (el general Delgado) solicitó que le pasara al teléfono al dirigente de los guerrilleros que lo acompañaba”, dice la constancia.

El día de la toma, el entonces ministro de Gobierno, Jaime Castro, estaba en el debate del Senado sobre la elección popular de alcaldes. Foto: VerdadAbierta.com.Se escuchó la voz de Luis Otero, el guerrillero al mando de la operación. El director de la Policía le transmitió las promesas del presidente sobre un juicio imparcial y el respeto a sus vidas. Otero le respondió que ellos habían ido a ejecutar una operación político militar, “que debía adelantarse a cualquier precio y que los magistrados eran rehenes precisamente como garantía de que ello se cumpliría”. Castro recuerda que el guerrillero también afirmó que habían ido a “vencer o morir” y que el general Delgado no era una autoridad moral para hablarle a él, pues dirigía una “institución asesina”. El general le contestó que lo reflexionara con los demás guerrilleros y que si cambiaba de opinión lo llamara de vuelta. Pero Otero nunca llamó.

De hecho, esa fue la última comunicación entre los funcionarios que estaban en la Casa de Nariño y los magistrados del Palacio. Desde las 5:00 de la tarde los teléfonos dejaron de funcionar a pesar de que las secretarias, los ministros y hasta el presidente llamaron, con directorio en mano, a cada oficina de los magistrados. “Quedó la impresión de que se había cortado toda comunicación con el Palacio”, dice la constancia.

Sin otra salida, los ministros acudieron a la radio, la misma a la que le prohibieron involucrarse. Ellos creían que los guerrilleros escuchaban las transmisiones y por medio de los periodistas Enrique Santos, Yamid Amat y Juan Gossaín, intentaron hacerles llegar sus contrapropuestas.

Los ministros, al parecer, creían que las Fuerzas Militares todavía no habían llegado al cuarto piso y que allí, los guerrilleros que todavía estaban vivos, tenían como rehenes a todos los magistrados. Su peligro era inminente. El Consejo aceptó que el ministro de justicia Enrique Parejo llamara personalmente a Andrés Almarales, el segundo al mando de la toma del M-19, pues era su paisano y compañero de colegio y quizá lo escucharía antes de que la tragedia empeorara.

Parejo, Sanín y Suárez plantearon que mientras entraba la comunicación, se suspendieran todas las operaciones que la Policía había anunciado para tomarse el cuarto piso, donde estaban los magistrados. La propuesta “se consideró conveniente”. Pero de nada sirvió. Casi al tiempo la Policía llegó a la azotea en helicópteros y voló la puerta que comunicaba con el último recodo del Palacio. Al tiempo, el Ejército subía desde la planta baja. Una hora después, el Palacio de Justicia ardía en llamas. “Unos ministros preguntamos qué pasó… si no habíamos hecho la llamada”, dijo Sanín a este medio de comunicación.

Durante la toma, Betancur llamó a varios expresidentes, dentro de ellos Alfonso López Michelsen. Foto: archivo Semana.La versión de Betancur, ante el Tribunal Especial de Instrucción Criminal en 1986, fue que “varios de los ministros presentes en la tarde del 6 hablaron de la conveniencia de suspender el operativo mientras se producía una posible entrevista telefónica entre el Ministro de Justicia y el guerrillero Almarales. Pero la entrevista no se produjo porque se cortaron las comunicaciones. Por consiguiente el operativo continuó, previa la consideración de los mandos militares […] en el sentido de que si el operativo se suspendía era consecuencia de que el Palacio fuera desalojado y los rehenes liberados vivos”. En cambio, para Castro nunca se ordenó un cese al fuego en el cuarto piso y eso fue sólo “una interpretación de Parejo”.

Un walkie talkie en vano

La llamarada se veía desde la Casa de Nariño pero todavía ni el Presidente ni sus ministros parecían, según los documentos existentes, dimensionar los hechos. Entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre, creyeron que aún podían comunicarse con la guerrilla, y le encomendaron a Carlos Martínez, el director de la Cruz Roja, que entrara al Palacio para llevarle una carta del Gobierno y un radio teléfono al M-19.

En la mañana del 7 de noviembre, Martínez llegó al Museo 20 de Julio, donde estaba temporalmente el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas. “Encontré el más amplio apoyo por parte de las Fuerzas Militares, quienes me pidieron tener un momento de calma para intentar mi ingreso al edificio, puesto que en ese momento se desarrollaba una operación de enorme actividad entre ocupantes y Fuerzas Armadas sobre la Plaza de Bolívar”, le escribió el director de la Cruz Roja a Víctor G. Ricardo en el informe de evaluación que presentó días después y que conoció VerdadAbierta.com.

 Carta de la Cruz Roja a Víctor G. Ricardo

Horas después, pasado el mediodía, Martínez entró al Palacio con cinco socorristas, la bandera de la Cruz Roja en alto y un megáfono. Sólo pudieron subir hasta el tercer piso. “La única contestación que tuvimos […] fue una ráfaga de ametralladora”, aseguró en la misiva.

“Súbitamente cesó el fuegoy descendió del cuarto piso, un grupo de soldados que dieron parte al general (Jesús Armando) Arias de misión cumplida, lo cual nos indicó que la situación había variado por completo y ante la imposibilidad de haber entregado el mensaje del Gobierno, los medicamentos solicitados por algunos magistrados y los demás elementos que se quería que recibieran los ocupantes, comprendimos que nuestra misión ya no tenía objeto”, dice la carta.

Días después se conoció que el Ejército pidió “apurar, apurar a consolidar y acabar con todo” antes de que llegara la Cruz Roja, como se evidenció en la llamada del Ejército, general Rafael Samudio, apodado ‘Paladín 6’ y el comandante de la Brigada XIII, general Jesús Armando Arias Cabrales, llamado ‘Arcano 6’.

Ya había terminado la ‘Operación Rastrillo’ de los militares para acabar la retoma del Palacio y en la Casa de Nariño se enteraron por los medios, según consta en el acta del Consejo de Ministros.

“La narración de la radio indica que se ha presentado el desenlace de la tragedia. El Consejo escucha en silencio absoluto”, narra el acta del 7 de noviembre. Sólo hasta entonces supieron que había rehenes muertos, incluidos 7 magistrados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Todavía no se consolidaba la cifra final de 94 fallecidos.

“El país, pero sobre todo la justicia difícilmente se recuperará de este golpe”, advirtió el ministro Parejo y acto seguido pidió investigar los hechos para que no quedara duda de lo qué hicieron el Gobierno y las Fuerzas Armadas.

“De otra parte, tengo la sensación de que el Consejo de Ministros no fue suficientemente informado sobre el desarrollo del operativo militar. La propuesta de conversar con el señor Andrés Almarales, y que el Consejo de Ministros acogió, muy probablemente se vio frustrada por la precipitada toma del cuarto piso […] Si bien el juicio de la historia será muy severo frente a estos hechos, lo va a ser también el juicio de la opinión nacional y el de la Rama Jurisdiccional, que sin duda van a culpar al Gobierno de imprevisión en el manejo de esta emergencia”, recalcó Parejo.

Ante la postura crítica del ministro, Betancur aclaró que primero debían tener más información para “continuar con los juicios”. “Se debe hacer un acto heroico de serenidad, reflexión y ponderación pues estamos envueltos en el torbellino de los acontecimientos, y no debemos ser presa de precipitud en nuestros juicios”, dijo el presidente. Luego, uno por uno, los ministros respaldaron las decisiones que tomaron y expresaron su orgullo de pertenecer al gabinete.

El ministro de Gobierno advirtió que todos tenían que “ser muy coherentes y defender la misma posición” y 30 años después sostiene que “ese precio altísimo se tuvo que pagar para que no hubiera un narcoestado a manos de Pablo Escobar y para que se evitara una tragedia mayor, como la pérdida de instituciones”.

La exministra de Comunicaciones Noemí Sanín sostuvo en el aniversario de los 30 años del holocausto que no encuentra por qué pedir perdón. Foto: archivo Semana.Aquel 7 de noviembre Noemí Sanín recalcó que todos, “sin excepciones” se sentían orgullosos de hacer parte de este Gobierno y aclaró que “también estamos muy adoloridos y afectados con lo que ha sucedido, pero no debemos tener dudas respecto de las decisiones que se tomaron. Nos ha impresionado mucho la muerte del Presidente de la Corte Suprema, pero debemos recordar que cuando lo escuchábamos no era una persona libre”.

El ministro de Agricultura, Roberto Mejía, afirmó que “el país ha quedado notificado de la lógica de la búsqueda de la paz: el que quiere la paz tendrá paz, el que quiere la guerra tendrá guerra”. Y el general Vega concluyó que “las Fuerzas Armadas rodearon al Gobierno legítimamente constituido una vez más, aunque ello nos cueste muchas vidas”.

Cuando todos los ministros terminaron de hablar y los militares, por su parte, anunciaban el éxito de la operación, Belisario Betancur pronunció estas palabras:

“Muchas gracias señores ministros. Vamos a estudiar el futuro. En el proyecto de alocución que leí, digo que yo asumo la responsabilidad. El único responsable es el presidente de la República. Por supuesto que también digo que consulté. Está culminando uno de los más tremendos capítulos de nuestra historia que tendrá repercusión universal. La más grande enfermedad del género humano, que es el terrorismo, ha recibido un tratamiento ejemplar. La autocrítica es muy importante pero muy difícil pues uno siempre se ve muy bien cuando se mira. Es difícil reconocer los errores. A veces es necesario poner los ojos muy arriba, como en el poema de Carranza ‘oigo voces desde las alturas’”.

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El presidente Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad del Estado por los hechos del Palacio de Justicia, en el mismo edificio que hace 30 años fue tomado y detrás de las fotos de 12 de las víctimas. Foto: VerdadAbierta.com.El presidente Juan Manuel Santos pidió perdón este 6 de noviembre por lo que ocurrió en el Palacio de Justicia hace exactamente 30 años, durante los dos días en los que el M-19 se tomó la máxima instancia jurídica en el país y el Ejército arremetió a sangre y fuego contra ellos.

Delante de casi todos sus ministros y decenas de víctimas, Santos dijo: “como Presidente de la República y Jefe de Estado, quiero cumplir –en este día y en este lugar, frente a muchas de las víctimas de aquel suceso infausto– con una de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como Rodríguez Vera y otros, sobre desaparecidos del Palacio de Justicia. Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón”.

Y agregó: “Porque ningún colombiano, ninguno, puede verse expuesto a la vulneración de sus derechos por parte de agentes del Estado que están para protegerlos, ni de cualquier otra persona”. (Lea el discurso completo)

Al evento acudieron ministros, embajadores, alcaldes, abogados, fiscales, magistrados y varios familiares de víctimas. Foto: VerdadAbierta.com.Con estas palabras se conviritó en el primer Presidente en pedir perdón de manera oficial por el holocausto ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985. En su discurso recalcó que pide perdón “de corazón” y no sólo por acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre de 2014 condenó al Estado colombiano por la desaparición de 10 personas, la tortura de tres, el maltrato a una de ellas y la demora en la identificación de los restos de dos personas. Santos reconoció la responsabilidad del Estado en los abusos de los que habla la sentencia.

El mandatario tenía hasta el 10 de diciembre de este año para hacer ese reconocimiento público, en presencia de los altos funcionarios del Gobierno y las víctimas. Por eso en el evento estaba casi todo su gabinete, desde el ministro de Justicia, Yesid Reyes, hijo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, quien murió  en el Palacio; hasta el vicepresidente, Germán Vargas Lleras. También los familiares de las víctimas y varios de los sobrevivientes de estos trágicos hechos.

La Corte le advirtió a Santos que tenía que organizar el evento de acuerdo con las víctimas o sus representantes. En efecto, así se hizo al inicio. Uno de los invitados de Presidencia iba a ser el expresidente Belisario Betancur, quien era el primer mandatario en 1985, pero las víctimas se opusieron porque consideraban que era una manera de revictimizarlas, según conoció VerdadAbierta.com. Al final, Betancur no asistió.

Anahí Urán, una de las cuatro hijas del exmagistrado Carlos Horacio Urán. Foto:VerdadAbierta.com.“Este es un perdón sin perdón, un reconocimiento sin reconocimiento pues mantuvo, al omitirlo, el perdón que le ofreció a Belisario Betancur y a los victimarios”, aseguró Jorge Molano, abogado de las víctimas.

Él se refiere a lo que expresó Santos el 1 de febrero de 2012, justo después de que el Tribunal Superior de Bogotá ratificara la condena de 35 años al general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII para la época de la retoma.  “Le digo al expresidente Betancur perdone nuestras ofensas por haberlo puesto nuevamente en esa situación (de hacerlo acudir ante la Justicia) […] El progreso que ha tenido el país en estos últimos tiempos se le debe al gran sacrificio que han hecho nuestras Fuerzas Armadas, entre ellas nuestro gran Ejército, y ponerlo en la picota pública a que pida perdón, más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos”, enfatizó el presidente. (Lea el discurso completo)

El otro punto que los abogados le señalan al discurso del presidente Santos es que no habló de crímenes por ninguna parte. De hecho, el mandatario afirmó que “aquí (en el Palacio de Justicia) se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable, del M-19, pero, si hubo fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse”.

Héctor Beltrán, padre del desaparecido Bernardo Beltrán, quien era mesero de la cafetería del Palacio de Justicia en 1985. Foto: VerdadAbierta.com.Anahí Urán es una de las cuatro hijas del exmagistrado Carlos Horacio Urán, quien fue ejecutado luego de salir con vida del Palacio. Después de oír las palabras del presidente, explicó que no hubo reconocimiento y manifestó su insatisfacción, especialmente porque Santos equiparó la guerrilla con las Fuerzas Militares. “El M-19 es responsable porque puso en riesgo el aparato del Estado, cometió el crimen de coger rehenes y mató a dos personas, pero quien acabó con el aparato de Justicia fue el Ejército; quien torturó, asesinó y desapareció e hizo que este país se desbaratara fue el mismo Estado”, explicó.

Federico Andreu, uno de los expertos consultados por la Corte Interamericana para el fallo del Palacio, considera que el presidente pidió perdón pero sólo como se lo pidió la sentencia internacional y tratando los crímenes como errores. “Tuvimos unas intervenciones muy impresionantes de los familiares y uno esperaba que el presidente condenara los hechos. Pero pasó tangencialmente por ahí”, detalló.

Una de esas intervenciones fue la de Héctor Beltrán, padre del desaparecido Bernardo Beltrán, quien señaló que “no es razonable perdonar a quien no ha pedido perdón. El perdón requiere arrepentimiento, justicia y verdad. El perdón y la reconciliación sólo serán posibles cuando los culpables asuman su responsabilidad ante la sociedad”.

Por los hechos del Palacio de Justicia murieron 94 personas. Ocho de ellos eran magistrados, incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Foto:VerdadAbierta.com.Por su parte, antes de que el presidente hablara, Alejandra Rodríguez, la hija de Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería que continúa desaparecido, arguyó que la petición de perdón “sólo tendrá valor en la medida que no sea un acto protocolario sino que vaya con el compromiso de la verdad”.

Para Molano esa verdad no llegó en el discurso pues Santos “ni siquiera habló de la Fuerza Pública y de los militares sino de la fuerza del Estado”, sin atribuir responsabilidades directas ni mencionar a los uniformados que tienen condena.

Esta no era la primera vez que el presidente Santos se refería al Palacio de Justicia. En la conmemoración del aniversario número 25 en 2010, el primer mandatario afirmó que “fue tan grande la infamia que la llamamos ‘holocausto’” y calificó como un deber conjunto “rescatar la verdad, por dolorosa que sea y acompañar a las víctimas, a los familiares, que tienen todo el derecho a saberla”.

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Javier Osuna es el director del Festival de Literatura de Bogotá organizado por la Fundación Fahrenheit 451. Foto: Brenda Gutiérrez.Javier Osuna termina esta entrevista escuchando un poema en YouTube: “Esto es lo más hijueputa que se ha escrito sobre la desaparición forzada”, dice. Y en la pantalla de su computador sale la imagen de un poeta chileno parado frente a la fachada del Museo de la Memoria en Santiago de Chile. Es Raúl Zurita, tiene barba y está vestido de negro. La voz es profunda y Osuna lo observa hipnotizado: “Todo acabó. No queda nada”, recita el poeta.

Pareciera como si la letra o la voz de Zurita lo sobrecogiera de una manera especial. No sabe cuántas veces ha visto ese video pero parece no cansarse. Tal vez, sin que esa sea la intención, el poema comienza a resumir lo que este periodista de la Universidad de la Sabana le ha tocado vivir en el último año por cuenta de su primer libro: “Me hablarás del fuego. Los hornos de la infamia” (ediciones B), una investigación sobre los hornos crematorios en Norte de Santander donde los paramilitares desaparecieron a sus víctimas hace menos de quince años.

Por cuenta de este trabajo lo amenazaron y le incendiaron la casa. Hoy le toca usar chaleco antibalas y, para pasear a su perro por el vecindario, debe estar acompañado por un escolta que no lo desampara ni en las universidades donde dicta clases de periodismo. Por eso el libro, aunque comenzó con un propósito casi ensayístico y académico sobre la desaparición forzada en Colombia, terminó siendo un relato testimonial escrito desde las entrañas.

Para ejemplificar el nivel de persecución al que ha estado sometido, cuenta que hace dos meses viajó a Cúcuta por última vez porque solo le faltaba ver el lugar donde fueron construidos los hornos, a 10 minutos del casco urbano de la capital, en una vereda llamada Juan Frío. Quería conocer el sitio donde, según su investigación, Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, excomandante del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Autodefensas, había cometido una barbarie que hoy muy pocos recuerdan.  

Consiguió las coordenadas gracias a varios testimonios y llegó acompañado por su escolta y un buen número de policías proporcionados por la institución en Cúcuta. Era meterse en la boca del lobo. Minutos después de haber dado con el lugar -y mientras tomaba fotos de las ruinas de los hornos-, los escoltas lo obligaron a subirse al campero en el que se transportaban. Seis motos con hombres armados venían por la carretera. Osuna cerró lo ojos y pensó que ese sería el fin de todo. Los escoltas ganaron en velocidad pero el miedo se mantuvo, incluso, hasta su regreso a Bogotá. Decidió encerrarse a escribir tres días seguidos y terminar el libro: “Después del punto final, pegué una chillada larga. La necesitaba”.

Verdad Abierta: ¿Por qué eligió trabajar el tema de los hornos crematorios en Norte de Santander?

Javier Osuna: Yo cubrí para Verdad Abierta las audiencias de Jorge Iván Laverde ante la Fiscalía cuando comenzó a hablar del tema y quedé muy impresionado. Pero solo fue hasta una mañana que yo iba en bus  y el conductor puso una emisora donde estaban hablando, precisamente, sobre los hornos. Me acuerdo de que fue la noticia de la semana. Ese día sentí asco porque todo lo que decían los medios, tenía que ver con las declaraciones de Laverde y no con las víctimas y su dolor. Desde ahí me quedó la espina atravesada y me sentí en deuda con los familiares de los desaparecidos.

V.A.: Pero en la época de esas declaraciones (2008), el tema de la barbarie paramilitar no era nuevo, otros postulados habían relatado crímenes terribles…

J.O.: En general, mi trabajo en VerdadAbierta con el tema del paramilitarismo me abrió los ojos, pero yo sí creo que la desaparición forzada es el gran crimen de Justicia y Paz.

V.A.: ¿Por qué?

J.O.: Esta investigación me ayudó a entender algo que parece lógico pero no está instaurado en la sociedad: a los seres humanos no se les puede desaparecer. No se les puede borrar del paisaje… si usted lee bien, se da cuenta de que el libro no es sobre el crimen en sí, sino sobre la ausencia de solidaridad frente al dolor por esas personas que borraron del paisaje. Me obsesioné con eso.

V.A.: Hace menos de dos meses usted estaba en Cúcuta arriesgando su vida por terminar la investigación y tan solo hace un mes, le puso el punto final al libro, ¿se siente aliviado?

J.O.: No sé si aliviado pero estoy feliz porque lo terminé. Ese libro es un milagro: a mi me amenazaron y quemaron mi casa, incluido el computador donde tenía casi el 50 por ciento de la investigación pero lo logré. No me callaron.

La pintura en la portada del libro fue hecha por un militar testigo de lo que ocurrió en los hornos.V.A.: Las amenazas, las intimidaciones, la persecución, lo ocurrido en su casa… ¿Vale la pena sacrificar la tranquilidad por un libro?

J.O.: He pasado días terribles. Días en los que ni podía salir a comprar una bolsa de leche, y lo terrible del miedo es que te rebaja a una sombra de lo que eres. Pero, por otro lado, yo soy feliz haciendo periodismo y cuando lo dejo de hacer, la paso muy mal. No hacer periodismo es matarme un poco. Así que el sacrificio no es solo por esas personas que desaparecieron sino por mi condición de periodista. En otras palabras: lo que he entendido es que mi vida es tan importante como la vida de los que quedaron en esos hornos.

V.A.: El libro incluye la historia de Luis, Moisés y Víctor, tres de las 560 víctimas en Norte de Santander, pero sabemos que hubo otros hornos en Antioquia. ¿Por qué cree que un tema de tal dimensión ha estado casi invisible para la buena parte de la sociedad?

J.O.: Cuando quemaron mi computador, yo llevé el disco duro a un experto en informática, acá en Bogotá. Le supliqué que me salvara alguito. Él me llamó al rato para decirme: “Javier, no se puede hacer nada con esto a menos que usted pueda revivir las cenizas”. Mi hermano escuchó esa frase y al tiempo, cuando leyó el libro, me comentó: “lo que el técnico te dijo ese día es lo que tu hiciste: tratar de juntar las cenizas para que nos hablen”. Y yo creo que tenía razón. La solución para este flagelo es sintonizarnos con la voz de los desaparecidos. Tenemos que cortar la pedagogía de la invisivilización y aguzar el oído para escuchar a aquellos que no están.

V.A.: ¿Por qué cree usted que, en general, escuchamos más la voz de los secuestrados que la de los desaparecidos?

J.O.: En Colombia asumimos la desaparición como un crimen sin solución. Hay que romper con esa cultura. Yo pienso que mi generación es la que debe nombrar a esos seres humanos y no conformarse con el testimonio de los perpetradores.

V.A.: Su investigación incluyó una entrevista con alias “El Iguano”, ¿cómo fue hablar con el hombre protagonista de la barbarie?

J.O: Yo me sorprendí mucho con las cosas que él me dijo en esa entrevista. Duramos dos horas y media y yo tuve que ir acompañado de un colega porque temía salirme de casillas y ser brutalmente grosero con Laverde. Me di la oportunidad de escuchar al otro ser humano con la intención de encontrar respuesta a mis preguntas y me dijo cosas como que estuvo a nada de que ‘Karina’ de las Farc lo reclutara o que tenía hermanos desaparecidos.

Aún quedan restos y evidencias de lo que ocurrió durante dos años en esta vereda cerca a Cúcuta. Foto: Javier Osuna.V.A.: ¿Por qué mandó a construir los hornos?, ¿qué lo llevó a tanta sevicia?

J.O.: Laverde es producto de una conformación social que yo no entiendo. Uno de los hornos, por ejemplo, fue construido como castigo a uno de sus subalternos que había hecho algo malo. Le dijo que desenterrara y quemara a 20 cadáveres de una fosa común porque “le estorbaban” para construir una finca (hoy conocida como Pacolandia y ofrecida el año pasado por los paramilitares como forma de reparación a las víctimas del Frente Fronteras). Él no dimensiona el tamaño de su barbarie.

(En el libro dice, además, que varias semanas después de las declaraciones de ‘El Iguano’, Salvatore Mancuso, comandante paramilitar, ratificó todo desde una prisión en los Estados Unidos explicando que la directriz provino de Carlos Castaño, máximo jefe de las AUC, quien dio la orden con el fin de desaparecer los cadáveres de sus víctimas desde 1999).

V.A.: ¿Cree en todo lo que le dijo?

J.O.: No soy nadie para entrar en la cabeza de Laverde. No puedo exonerarlo de las cosas que me ocurren pero tampoco culparlo. Y prefiero creer que ese día hablé con un hombre que ya no hace parte del conflicto. Yo espero que él esté arrepentido. Y ese esprecisamente el reto de la justicia transicional en Colombia. Si nosotros no somos capaces de romper con la Ley del Talión es muy difícil salir del hueco en el que estamos. Esto no es solo para el tema paramilitar sino también el guerrillero. Si como sociedad no somos capaces de entendernos y de entender a esos seres humanos, no logramos nada.

V.A.: ¿Él ya leyó el libro?

J.O.: No. Se lo quiero entregar tan pronto salga de la cárcel porque no quiero mandar el mensaje de “cómo es posible que el hombre que hizo esto, ya esté libre”. No me quiero tirar la libertad de Laverde.

V.A: ¿Por qué no le dice ‘El Iguano’ que es como todo el mundo lo conoce?

J.O: Estoy haciendo un tremendo ejercicio. No me he vuelto a referir a Laverde como ‘el Iguano’ porque yo quiero pensar que el hombre que saldrá de la cárcel en pocos días (ya cumplió la pena máxima de 8 años) es Jorge Iván Laverde Zapata y no el hombre de una estructura que hizo semejante atrocidad.  Si eso no es así, si yo me equivoco, muchas personas tendrían porqué estar asustadas en estos momentos.

V.A.: Los familiares de los desaparecidos en Norte de Santander, ¿siguen con miedo?

J.O: 560 personas fueron incineradas en los hornos del Norte de Santander pero este libro solo cuenta la historia de tres. Estuve detrás de esas familias más de un año y la explicación a eso tiene que ver con el miedo. Después de tantos años, nadie quiere hablar. Los paramilitares allá no son un asunto del pasado.

V.A: ¿Quién está detrás de sus amenazas?

J.O.: Yo creo que los reductos paramilitares.

Según Osuna, los hornos están siendo demolidos a mazazos por gente que quiere borrar toda evidencia de lo que allí ocurrió. Foto: Javier Osuna.V.A.: ¿Se arrepiente de algo que haya hecho o dejado de hacer durante la investigación?

J.O.: Cuando pasó lo de Cúcuta pensé no solo en la vida mía sino en la de las personas que me acompañaron.  Pero a pesar de todo, esa experiencia fue bonita porque el sentimiento que yo tenía era de: no me lo impidieron. La sensación de censura obliga a volver sobre sí mismo.

Mire: este libro ya está en la librerías pero los lectores no saben todo lo que tuvo que pasar para que se pudiera escribir, y estar allá fue importante por eso, porque no lograron impedirme pisar el lugar de los hechos. Para la gente puede ser extraño pero cuando yo llegué a los hornos, a esos huecos, yo me quería meter ahí… Yo pensaba: a cuánta gente se llevó esto… y yo miraba restos de zapatos alrededor y sin poder hacer nada. Para mí fue muy potente ese acto. Es la base del texto. Ese viaje es el principio y es el final.

V.A.: A partir de este trabajo periodístico, ¿se siente un militante por los desaparecidos de este país?

J.O.: Yo no sé si militante, creo que me falta mucho. Pero esto es lo que quiero hacer con mi trabajo periodístico en adelante. Vendrán más libros sobre desaparición. Quiero sintonizarme más con la voz de los desaparecidos para devolvérsela a la sociedad. De acáno me muevo, si no me movieron con esto que pasó…

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Durante la toma, había casi 400 personas en el Palacio. Luego, 96 cadáveres se remitieron a Medicina Legal y de esos, 36 se enterraron en la fosa común del Cementerio del Sur. Foto: archivo Semana.

Las familias de María Isabel Ferrer y la magistrada auxiliar Libia Rincón recibieron los restos de sus seres queridos días después de que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia y los militares respondieron a sangre y fuego aquel 6 y 7 de noviembre de 1985.

Las actas de levantamiento registraron que los cadáveres estaban completamente incinerados y dentro del edificio. Para reconocerlos, el hijo de María Isabel identificó unos zapatos y el esposo de Libia unas llaves. Esto fue suficiente para Medicina Legal en su momento.

Pero ahora, después de 30 años en los que ambos cuerpos estuvieron enterrados en el Cementerio Jardines de Paz, en el norte de Bogotá, la Fiscalía les dice a estas familias que parte de los restos pertenece a dos de los 11 desaparecidos del Palacio.

En la bolsa donde estaban los restos de María Isabel aparecieron cinco huesos de Cristina Guarín, quien reemplazaba a la cajera de la cafetería, y las partes de un pie que todavía no se han identificado plenamente; mientras que a la otra empleada Luz Mary Portela la encontraron donde se suponía que estaba Libia, según se detalla en el proceso conocido por VerdadAbierta.com

La confusión comenzó desde la misma semana de la retoma, en 1985, cuando Medicina Legal entregó 60 de los 96 fallecidos que llegaron del Palacio sin cotejar el ADN de todos ni tener un registro organizado. Tanto el Tribunal Superior de Bogotá como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus fallos contra militares y el Estado colombiano, respectivamente, le advirtieron a la Fiscalía de los errores garrafales que aquel instituto cometió en ese tiempo y pidieron aclarar los hechos.

“Por eso profundizamos la investigación, no por el testimonio del sargento Bernardo Garzón, como se ha dicho. Él no ha contado nada al respecto”, aclaró una persona de la Fiscalía consultada por VerdadAbierta.com y quien pidió la reserva de su nombre.

Fue así cómo, desde finales de 2014, se intensificó la búsqueda. El Ente Investigador ordenó desenterrar 15 cuerpos para estudiarlos. La mayoría de las 11 exhumaciones que se han realizado hasta ahora han sido en varios cementerios de Bogotá y otras en Cali y Medellín. Otras dos tumbas faltan por exhumarse pues todavía no encuentran el cementerio específico en el que están y no podrán analizar otros dos cuerpos porque las familias de esos magistrados incineraron los restos hace muchos años.

El primer hallazgo fueron los huesos de Cristina y Luz Mary, dados a conocer el pasado 20 de octubre; mientras que se estudian otros nueve cuerpos en los laboratorios de Villavicencio, uno de los más avanzados del país en identificación de restos.

Casi 20 años en una caja

Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo. Fotos: archivo Semana.

La otra de las tres personas reconocidas hace poco es Lucy Amparo Oviedo, quien minutos antes de la toma entró al Palacio para reunirse con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes.

Su historia es completamente diferente a la de Cristina y Luz Mary pues sus restos no se los entregaron a la familia equivocada, sino que el Estado los ha tenido en sus manos desde hace 17 años sin reconocerlos. Ella es uno de los 36 cuerpos que Medicina Legal enterró en 1985 en una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá, por orden de un juez Penal Militar, y que comenzaron a ser analizados desde 1998.

“El CTI tuvo primero los restos, luego la Universidad Nacional para hacer trabajos de ADN y por último llegaron a Medicina Legal hace unos años”, explicó Germán Romero, uno de los abogados que representan a los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

Las investigaciones de la Universidad Nacional y el Equipo Argentino de Antropología Forense identificaron a Ana Rosa Castiblanco y afirmaron que ninguno de los otros huesos pertenecían a los desaparecidos. Cuando pasaron a Medicina Legal, no hubo ningún avance durante muchos años pues sólo una persona se ocupó de la identificación de los restos de 35 cuerpos, divididos en 93 cajas, según le dijeron a VerdadAbierta.com varias fuentes de este instituto.

El proceso se aceleró sólo desde 2014. Medicina Legal dedicó un equipo de antropólogos, forenses y patólogos para el estudio de los cuerpos y empezó la dispendiosa labor de organizar los más de 500 restos y objetos que había desde hace décadas. El primer resultado fue el de la caja número 55. Allí descubrieron los restos de Carmen Cristina Garzón, una guerrillera del M-19 que tenía el alias de ‘Violeta’, y de Mónica Molina, de quien todavía no se conoce por completo la identidad.

Los investigadores siguieron trabajando con esta caja durante meses pues había otro cuerpo distinto. Hoy se sabe que esos restos son los de Lucy Amparo.

¿Y ahora qué?

La mayoría de las veces, los investigadores no trabajan con huesos completos sino como restos calcinados, como se ve en la imagen. Foto: Equipo Argentino de Antropología Forense.

Cuando el fiscal general, Eduardo Montealegre, contó la noticia de los tres nuevos hallazgos también anunció la investigación para buscar las posibles responsabilidades de Medicina Legal, los militares, la Policía, el DAS y el F-2 en la demora excesiva de estas identificaciones, especialmente la de Lucy Amparo, a pesar de que sus restos estuvieron en las manos de los investigadores durante las últimas dos décadas.

Pero la Fiscalía también tiene su deber con las víctimas. Si bien se encontraron tres cuerpos, el Ente Investigador todavía no tiene pruebas de cómo murieron o quiénes son los responsables. “Durante 30 años nuestros familiares estuvieron desaparecidos y aún El Estado nos debe la verdad de qué hizo con ellos después de sacarlos vivos de la Corte Suprema de Justicia”, puntualizó René Guarín, hermano de Cristina.

Aun si esto se conociera en los próximos meses, de nada serviría en los procesos de hoy contra los militares. El abogado de las víctimas, Jorge Molano, detalló que ya terminó el tiempo de presentar pruebas en los casos contra el general Iván Ramírez, el coronel Alfonso Plazas Vega y varios integrantes de la extinta unidad de inteligencia B-2.

Ni siquiera estos nuevos hallazgos se pueden tener en cuenta en el caso delgeneral Jesús Armando Arias Cabrales, a pesar de ser el único condenado por la desaparición de una de las personas recientemente identificadas. El entonces comandante de la Brigada XIII del Ejército debe pagar 35 años de cárcel por la desaparición de Luz Mary Portela y cuatro personas más.

En su caso, el Tribunal Superior de Bogotá no lo juzgó por la desaparición de Cristina Guarín ni de Lucy Amparo porque no se tenía certeza de qué había ocurrido con ellas. Lo mismo sucede con la sentencia contra Plazas Vega por falta de información sobre Cristina, Lucy Amparo y Luz Mary.

“Lo único que se podrá hacer es que cuando las sentencias estén en firme, se le pida a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que revise las nuevas pruebas y considere reabrir el caso”, aclaró Molano. Según él, lo que puede hacer la Fiscalía es determinar si abre o no nuevas investigaciones por el delito de homicidio y aclarar cómo murieron las tres personas recientemente identificadas.

Hasta que no se llegue al final de esta investigación, no quedará claro si estas mujeres murieron dentro del Palacio y nunca desaparecieron, como lo ratificó en los últimos días el coronel Plazas; o si en efecto salieron vivas del edificio, acompañadas de militares y ahora extrañamente aparecen calcinadas por las llamas del Palacio, como lo han afirmado familiares de las víctimas. Además, todavía se desconoce el paradero de por lo menos ocho personas.

Esta incertidumbre que queda después de los hallazgos demuestra que aunque la investigación avanza, la verdad sigue siendo todo un misterio, incluso 30 años después.

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Adriana Arboleda, abogada defensora de derechos humanos. Foto: Corporación Jurídica Libertad.

En un día de agosto de 2005, justo cuando las autoridades civiles y de Policía de Medellín, así como altos funcionarios del gobierno nacional calificaban a  la comuna 13 como el nuevo laboratorio de paz del país, un puñado de personas denunció públicamente que allí, en ese conjunto de barrios mal apiñados que bordean las montañas del suroccidente de la ciudad, se estaba cometiendo la mayor violación de derechos humanos en medio de un vergonzoso manto de silencio e impunidad.

Dijeron que pocas semanas después de la Operación Orión, el operativo militar que permitió expulsar a las milicias de las Farc, Eln y Cap (Comandos Armados del Pueblo), los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara tomaron el control de la comuna e iniciaron una campaña de terror consistente en retener en las calles, bajar de los vehículos de transporte público o sacar de sus casas a hombres y mujeres sospechosos de tener vínculos con las milicias. Que nunca más se volvió a saber de ellos. Y hablaron de cifras que escandalizaron hasta los más escépticos.

Nadie les creyó. Sus denuncias fueron catalogadas de malintencionadas, sesgadas y poco fundamentadas. Los denunciantes recibieron todo tipo de calificativos, ninguno de ellos positivo. Entre ellos estaba la abogada Adriana Arboleda, consumada activista que llegó en 1998 a trabajar en la promoción y defensa de los derechos humanos en la comuna 13. Con su labor supo ganarse la confianza de una comunidad atemorizada por el régimen del miedo que impusieron las milicias.

Fue esa misma comunidad la que habló sobre la verdad que hoy, 10 años después, tratan de desenterrar en la Escombrera, un vasto lote utilizado como botadero de escombros donde se presume están enterradas las personas desaparecidas antes, durante y después de la Operación Orión. El miércoles 5 de agosto, Adriana y el grupo de víctimas, en su gran mayoría mujeres, estuvieron presentes en el inicio oficial de las excavaciones, las cuales se extenderán hasta lo que resta del año.

VerdadAbierta.com dialogó con ella para conocer sus impresiones sobre el más complejo plan de búsqueda de cadáveres en la historia reciente del conflicto colombiano.

“Un mito urbano”   
El proceso de excavación que se llevará a cabo en La Escombrera contará con la veeduría de la organización “Mujeres caminando por la vida”, de la cual Adriana Arboleda hace parte. Foto: Ricardo Cruz.

VA: Han pasado diez años desde que se formularon las primeras denuncias sobre personas desaparecidas en la comuna 13, ¿qué ha cambiado a la fecha?

AA: Lo primero que tuvimos que romper acá fue ese cerco de negación alrededor de este tema. La Operación Orión se presentó como el laboratorio de paz más exitoso de Colombia. Además, fue el inicio de la política de Seguridad Democrática. Entonces, cuando denunciamos que aquí había desaparecidos, nos respondían que era un mito urbano el que aquí se estuvieran desapareciendo personas. Ni el gobierno nacional, ni el gobierno local, ni los medios de comunicación nos creyeron en ese momento”.

VA: Pero ahora, que comenzaron formalmente las excavaciones, ¿se puede decir que el tiempo les dio la razón?

AA: “Esto es como una moneda con dos caras. Por un lado, esto es una vergüenza para el Estado colombiano, para una ciudad como Medellín que se precia de ser innovadora y otras cosas más. Pero, de otro lado, es un triunfo de las víctimas, de esa perseverancia, de esa capacidad de hacerse aún contra la corriente, para decir: aquí estamos”.

VA: En el plano personal, ¿cuál es la sensación?

AA: “Yo siento una sensación bastante contradictoria. Observar a estas mujeres pendientes de cómo remueven la tierra con la esperanza de que sus hijos aparezcan es duro. Pero a la vez me emociona su valentía, porque fueron ellas solas, a veces sin el respaldo de sus propias familias, las que lograron esto. Hoy todo el mundo dice que esto se debe a la Fiscalía, a la Alcaldía de Medellín o a la Unidad Nacional de Víctimas, pero creo que esto se debe a las mujeres que salieron, caminaron, denunciaron, contaron, pidieron, lloraron, exigieron”.

VA: La Corporación Jurídica Libertad, a la cual perteneces, ha sido, quizás, la más juiciosa documentando los casos de personas desaparecidas de la comuna 13, ¿de cuántos casos estamos hablando?

AA: “Nosotros tenemos 104 casos documentados. En algunos solo tenemos los nombres. De esos 104 tenemos reporte de 11 que ya fueron hallados en otras fosas de este sector. No sabemos si hay más o si hay menos, porque el problema es que no ha habido una labor de investigación seria para tratar de determinar cuántas víctimas de desaparición forzada hay. Al día de hoy no lo sabemos”.

VA: ¿A qué se debe ese desconocimiento?

AA: “Porque no se creyó. Y como no se creyó, no se recibieron denuncias, no se documentaron los casos de las personas que reportaban sus familiares como desaparecidos a Medicina Legal, eso no generó procesos penales. Como no ha habido labor de investigación, no se sabe exactamente cuántos son los desaparecidos. Pero además, yo creo que aquí hay poderes muy grandes. Hay señalamientos de que la Operación Orión se hizo entre la fuerza pública y el paramilitarismo  y eso no es tan fácil reconocer. Súmele que muchas víctimas no denunciaron por miedo. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo personas a contarnos casos de los cuales solo teníamos un nombre y hoy ya no están entregando información más completa”.

VA: Es decir que, por cuenta de este proceso de exhumación, ¿se podrían conocer más casos de personas desaparecidas?

AA: “Yo creo que sí. De hecho ya han comenzado a llegar. Nos han buscado personas para contarnos sobre sus casos de personas desaparecidas. Yo tengo la esperanza de que esto ayude también como proceso de esclarecimiento histórico y poder saber de cuántas víctimas estamos hablando”.

Desenterrando justicia
Se estima que el equipo forense de la Fiscalía deberá remover, en este primer polígono, 23 mil metros cúbicos de tierra compactada. Foto: Ricardo Cruz.

VA: Siendo honestos, los resultados de este proceso podrían ser infructuosos y estériles, por la misma complejidad del terreno, ¿están preparadas las víctimas para ellos?

AA: “Las mujeres tienen una frase y es que a los desaparecidos hay que buscarlos toda la vida así no se les encuentre. No será fácil. Nosotros estamos haciendo un proceso de acompañamiento psicosocial de apoyo, de prepararnos y sabemos que hay tantas probabilidades de encontrarlos como de no encontrar nada. Pero estamos en ese ejercicio de prepararnos todos. Y no será fácil, obviamente porque por más apoyo psicosocial, por más trabajo que se haga, un familiar siempre espera encontrar a su ser querido. Lo otro es que hemos presentado un plan de búsqueda integral, porque hemos dicho que si no encontramos aquí, hay que buscar en todos los rincones de La Escombrera”.

VA: Hallar restos de personas desaparecidas en La Escombrera, ¿podría ayudar a esclarecer lo que sucedió en la Operación Orión?

AA: “Nosotros tenemos un lema: escarbando la verdad, desenterrando la justicia. Creo que no tenemos que sacrificar ninguna de las dos. Tiene que haber verdad y tiene que haber justicia. Ahora, el problema es qué entendemos por justicia, si cárcel o procesos de esclarecimiento, de reconocimiento de responsabilidad y de compromisos y garantías de no repetición. Creo que ahí está el tema. Nosotros no estamos pidiendo cárcel, estamos pidiendo, sobretodo, esclarecimiento y justicia. Y obviamente eso pasa porque se reconozca que la Operación Orión fue realmente una estrategia para garantizar el control por parte de los grupos paramilitares y que esa operación la coordinaron altos mandos militares”.

VA: ¿Aún se siguen registrando víctimas de desaparición forzada en la comuna 13?

AA: “Existen denuncias que dicen que sí, pero no las conozco en detalle”.

VA: ¿Qué significa para una ciudad como Medellín este proceso?

AA: “Esto tiene que ser un aprendizaje de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Esto no es una diligencia judicial cualquiera. Esto amerita una participación muy fuerte de las víctimas, que no sea solo venir a ver. Implica hacer veeduría, poder tener claro lo que está pasando, tener claridad sobre el procedimiento, poder hacer acompañamiento con equipos independientes, no como vigilancia sino como un apoyo mutuo a la labor de la Fiscalía. En ese sentido, ha habido una buena disposición de la institucionalidad para sentarnos a discutir. En el inicio se pensó que la Fiscalía hiciera esta labor sola. Pero las víctimasy las organizaciones de derechos humanos hemos indicado un camino y se nos ha escuchado. El que hoy estemos acá, que haya participación de las víctimas, significa que se han tenido que reformar protocolos, incluso, para este proceso, los estamos construyendo. Entonces, ha sido una labor de aprendizaje que debe servir para otros procesos de búsqueda de desaparecidos en todo el país”.

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A pesar de que se trata de pueblos pequeños donde no viven más de 4 mil personas, el terreno montañoso ha dificultado la búsqueda de desaparecidos. Foto:  Equitas

En noviembre de 2002, luego de varios intentos fallidos, los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare, lograron entrar ados municipios a tres horas de Yopal: Recetor y Chámeza. Los ‘Buitragueños’, como conocían en la región a este grupo paramilitar en alusión a la familia que lo creó, quería “ganarse” un territorio donde años atrás había hecho presencia las Farc, luego de que la fuerza pública saliera.

Los ‘paras’ reunieron a la gente y en medio de comilonas prometieron que no les harían daño, pero al mismo tiempo se tomaron las dos únicas escuelas que había en los pueblos, sacaron a los alumnos y a los profesores y las convirtieron en centros de tortura. Los habitantes fueron citados en las nuevas bases paramilitares, pero solo algunos regresaron. Los hombres al mando de Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, estuvieron cuatro meses en los pueblos y se calcula que en ese tiempo desaparecieron a por lo menos 100 personas.

En ese entonces, las familias denunciaron las muertes en las fiscalías locales pero nunca hubo avances reales en las indagaciones. En febrero de 2003, Geiner Munive Rodríguez, un joven médico de Valledupar, que luego de hacer su rural decidió quedarse en Chámeza, convocó un consejo de seguridad con las autoridades locales, entre ellos el exgobernador William Pérez (condenado por parapolítica) para denunciar las torturas, homicidios y desplazamientos que estaban causando las Autodefensas del Casanare. Días después fue citado en una de las escuelas paramilitares y lo asesinaron junto a Nayro Chaparro, el conductor de la ambulancia.

Según han contado algunos exparamilitares, ‘Los Buitragueños’ salieron de estos pueblos en marzo de 2003 porque organismos internacionales y miembros de la fuerza pública insistieron en la búsqueda de los restos de médico. Alexander Urbina, alias ‘Careloco’, quien estaba al mando de los ‘paras’ en estos municipios, ordenó desenterrar el cuerpo y arrojarlo a un río para que no lo encontraran nunca.

En el resto del país, los paramilitares desmovilizados y postulados a la ley de Justicia y Paz señalaron coordenadas exactas de la ubicación de fosas en sus versiones libres y el número de exhumaciones creció aceleradamente a partir de 2007. Pero esto no ocurrió para la mayoría de los pueblos del Casanare, pues ‘Los Buitragueños’ no se desmovilizaron colectivamente con las Autodefensas Unidas de Colombia, entre otras razones, porque no hacían parte de esa confederación delictiva.

Por eso, la comunidad se apersonó de la búsqueda y de la identificación de sus muertos. Así ocurrió con los restos de uno de los primeros desaparecidos, Adonai Romero, un joven a quien los paramilitares retuvieron cuando se adentraron en las montañas de Chámeza el 16 de octubre de 2002. Cansados de esperar una respuesta de la Fiscalía, a finales del año pasado sus familiares se entrevistaron con testigos, visitaron la escuela donde lo mataron e identificaron el lugar exacto de la fosa, ellos mismos sacaron picas y palas hasta que dieron con los huesos de Adonai. “Ya nos resignamos a encontrarlos muertos, pero somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo de investigación, no la Fiscalía”, dijo Marcela Granados, prima de la víctima.

En este trabajo ha sido clave el acompañamiento de Familiares Colombia, una organización que ayuda a las víctimas de desaparición forzada y que las representa judicialmente, y de Equitas, una organización no gubernamental experta en temas forenses. Los investigadores se concentraron en la información que las familias y los testigos de la misma comunidad pudieran entregar, “nos dimos cuenta que es importante llegar hasta las casas, generar confianza y no entrevistar solo a uno de los familiares. Hicimos junto a ellos el recorrido que hicieron sus familiares antes de que los mataran”, aseguró Ana Carolina Guatame, investigadora forense de Equitas.

Los pocos perpetradores que hay en la cárcel y las víctimas coinciden en que son más de cien los desaparecidos, pero solo hay registro de 49 personas, seis de ellas son mujeres.Hasta el momento se han encontrado 30 cuerpos, 14 de ellos han sido identificados y entregados a sus familias, gracias a la información recolectada.

“Los casos de Recetor y Chámeza nos enseñan que no podemos conformarnos con la versión de los perpetradores, las comunidades también tienen una versión que debe que ser recuperada y valorada. Es una forma de mostrarle a la Fiscalía que hay distintas formas de hacer investigación”, dijo Diana Arango, directora ejecutiva de Equitas.

La escasa verdad de la justicia
No se sabe el total de desaparecidos, pero se calcula que son más de 100. Foto: Revista Semana.

‘Martín Llanos’ y su papá, Héctor Buitrago, alias ‘Tripas’, decidieron no desmovilizar a su grupo y fueron capturados años después. Esa decisión enterró gran parte de la verdad, porque padre e hijo se han negado a hablar de sus crímenes. Los pocos subalternos que fueron capturados han entregado verdades parciales a la justicia ordinaria y los dos desmovilizados que hacen parte de la justicia transicional aseguran que no delinquieron en el occidente de Casanare. Hasta ahora ha sido imposible que confiesen los delitos sexuales que cometieron contra las mujeres desaparecidas.

“El aporte a la verdad ha sido precario y la justicia generosa. Calcularon que lo poco que dijeron les sirviera para rebajar su pena y ya. Además, dentro de la justicia ordinaria hay menos vocación para encontrar los desaparecidos. Algunos fiscales son buenos, pero en general ha sido un trabajo muy fuerte lograr que las exhumaciones pasen a un primer plano”, dijo Ulianov Franco, director de Familiares Colombia.

La mayoría de las exhumaciones se hicieron entre 2007 y 2009, después de que se creó una comisión de fiscales para agrupar las investigaciones y no tratarlas caso a caso. Allí fue importante el testimonio de Nelson Florentino Vargas, alias ‘Azulejo’, un paramilitar que hacía parte de las fuerzas especiales, un subgrupo encargado de torturar y desaparecer a las víctimas. Sin embargo, ‘Azulejo’ no ha asumido responsabilidad por esas muertes, porque según él, solo estaba encargado de enterrarlas.  (Ver: ‘Paras’ que no están en Justicia y Paz ayudan a esclarecer crímenes en el Casanare)

Ante esa falta de colaboración de los excombatientes, la Fiscalía ha detenido las exhumaciones y desde hace tres años no ha programado ninguna diligencia en Recetor y Chámeza. “Si no tienen al paramilitar que les diga dónde está el cuerpo no lo buscan. Mi mamá de 73 años que no sabe ni leer ni escribir ha sido la que ha recolectado todos los testimonios y se los ha entregado a la Fiscalía”, dijo Marcela Granados que sigue buscando los restos de su papá, José Roselino Granados, desaparecido el 11 de marzo de 2003. La familia entregó las coordenadas, pero la diligencia que tenían planeada para el pasado mes de marzo fue aplazada casi un año.

Sin información, ¿qué queda?
Los investigadores de Equitas son conscientes de que las fuentes de información comenzaron a agotarse, que los paramilitares no van a hablar más y que las comunidades han hecho su mayor esfuerzo, pero no por ello la búsqueda debe parar. “Si bien se han encontrado algunos cuerpos, sabemos que los que hacen falta no los podemos buscar por los mismos medios, es necesario aplicar la investigación académica forense”, señaló Guatame.

La fundación le ha propuesto a la Fiscalía que se implemente una metodología más científica que incluya modelos matemáticos y la delimitación de las zonas cercanas a las escuelas, que es donde más se han encontrado fosas comunes. Aseguran que hasta el momento en Colombia no se ha hecho ningún ejercicio sistemático y científico sobre una zona delimitada.

“Es un ejercicio que se ha hecho en otros países y que en Colombia no se ha aplicado, esta puede ser la ‘prueba piloto’ para encontrar los cuerpos de los que no se tienen información testimonial”, dijo la investigadora.

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Sector de La Escombrera en la comuna 13 de Medellín. Foto: archivo Semana.

En las próximas tres semanas, la Fiscalía General de la Nación dará inicio al más complejo plan de búsqueda de cadáveres realizado por esta Entidad desde que decidió desenterrar los muertos que la violencia dejó regados por todo el país.

Se trata de las labores de exhumación que tendrán lugar en la denominada Escombrera, un extenso lote que bordea los cerros sobre los que se erigen decenas de barrios de la comuna 13 de Medellín,sitio que por espacio de más de una década sirvió como botadero de escombros pero que tanto sus pobladores como defensores de derechos humanos de la capital antioqueña denuncian como la fosa común en suelo urbano más grande de Colombia.

Las labores comenzarán en terrenos de lo que hoy que se conoce como “Agregados San Javier”, en la parte más encumbrada del barrio Eduardo Santos. Este sitio, junto a otro vasto lote utilizado para depositar escombros conocido como “Terrígenos”, ubicado en inmediaciones del barrio El Salado, fueron señalados por antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como lugares donde eran enterradas sus víctimas luego de ser torturadas.

Quien primero habló del tema fue Luis Adrián Palacio Londoño, alias ‘Diomedes’, antiguo integrante del Bloque Metro. ´Diomedes´ aseguró ante fiscales de Justicia y Paz que existía una fosa común en la parte alta de la comuna 13, utilizada por los paramilitares para desaparecer a sus víctimas. Pero serían las declaraciones entregadas por Juan Carlos Villa Saldarriaga, excombatiente del Bloque Cacique Nutibara conocido con el alias de ‘Móvil 8’, quien afirmó ante funcionarios de la Fiscalía haber sepultado él mismo varios muertos allí.    

Con estas declaraciones, sumadas a las entregadas por decenas de pobladores de la comuna 13 que padecieron el accionar del Bloque Cacique Nutibara, el Ente Investigador definió los polígonos para avanzar en la búsqueda de cadáveres. No será tarea fácil si se tiene en cuenta que, según estudios técnicos, se calcula que solo en “Agregados San Javier” deberán removerse poco más de 23 mil metros cúbicos de escombros y tierra.

Sin embargo, este no será el principal reto que tendrá que afrontar la Fiscalía en esta labor de exhumación. La pregunta que tanto autoridades civiles, de Policía y habitantes de esta comuna en particular se formulan es: ¿cuántos cuerpos realmente pueden haber enterrados allí?

Fosa común
Foto: archivo Semana.

“Se dice que allá puedenhaber 300 cadáveres”, señala Luz Elena Galeano, habitante del barrio 20 de Julio de la comuna 13 e integrante de la Organización Caminando por la Verdad, que agrupa a 130 víctimas, mayoritariamente mujeres, que han padecido todas las violencias que históricamente han azotado a este sector del suroccidente de la ciudad.

En la última década ha escuchado cientos de relatos de pobladores de sectores aledaños a “Terrígenos” y “Agregados San Javier” que afirman haber visto cómo las milicias, primero; y los paramilitares, después, llevaban jóvenes a esos sectores para asesinarlos y luego enterrarlos, aprovechando que la zona era un botadero de escombros.  

Sobre el particular, ya existen antecedentes de hallazgos de fosas comunes en la zona. El 1 de agosto de 2003, miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) exhumaron 10 cuerpos en la finca Bellavista, corregimiento San Cristóbal, predio que funcionó como base de operaciones de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada. De los cadáveres hallados, la Fiscalía logró la identificación plena de seis de ellos. Se trataba de personas que habían sido reportadas como desaparecidas.

Quizás por ello es que hoy, Luz Elena, al igual que sus compañeras de organización, aguarda con moderadas ansias las labores de exhumación. “Llevamos más de 13 años exigiendo que se desentierre la verdad para que salga a la luz pública”, afirma. Ella, en lo profundo de su alma, también espera encontrar allí pistas que le permitan saber qué pasó con su esposo.

“Desapareció en 2006”, relata. Para esos años, alinterior de la comuna 13 se libraba una guerra silenciosa entre estructuras no desmovilizadas de los paramilitares con nuevos grupos de delincuencia organizada. Los bandos enfrentados impusieron férreos controles a la movilidad así como al ingreso de personas extrañas a los barrios escenario de confrontación. Fue lo que se conoció después como las llamadas “fronteras invisibles”.

“Me llamó cuando salió del trabajo. Que ya venía para acá. Pero nunca llegó”, recuerda. La única información que ha logrado recabar de tanto indagar es que ese día, unos hombres armados abordaron un bus que se dirigía al barrio 20 de Julio y obligaron a descender a uno de los pasajeros, a quien se llevaron con rumbo desconocido. “Puede que esté allí, no se puede descartar”, dice Luz Elena.

Lo mismo siente la familia de Hermey Mejía. Su caso fue documentado por la  Corporación Jurídica Libertad, organización de derechos humanos de Medellín. El recuento de hechos muestra que Hermey, un joven de 18 años de edad, fue sacado a la fuerza de su residencia, en el barrio Nuevos Conquistadores, por varios hombres señalados de pertenecer al Bloque Cacique Nutibara de las Auc, quienes lo condujeron al sector conocido como “Terrígenos”, en el barrio El Salado. Nunca más se ha vuelto a saber de él. Se cree que fue enterrado allí.

Los hechos sucedieron el 18 de diciembre de 2002, tan solo dos meses después de ejecutada la Operación Orión, el recordado operativo militar llevado a cabo en octubre de 2002 por fuerzas conjuntas de Policía, Ejército, DAS, CTI y Fuerza Aérea, mediante el cual se expulsaron las milicias de las Farc y el Eln de la comuna 13.

Al respecto, en febrero de 2012, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, excomandante del Bloque Cacique Nutibara, declaró desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos que dicho operativo fue planeado conjuntamente por paramilitares a su servicio y los generales Mario Montoya, entonces comandante de la IV Brigada del Ejército; y Leonardo Gallego, excomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación destituyó al exgeneral Gallego y la Fiscalía abrió investigación preliminar contra el general (r) Montoya. (Ver más en: “Don Berna’ volvió a señalar a Montoya y Gallego”)

Será la justicia quien controvierta o ratifique las declaraciones del exjefe paramilitar. Lo que sí se ha logrado esclarecer gracias al proceso de Justicia y Paz es que, pocas semanas después de ejecutada la Operación Orión, comenzaron a tener lugar una ola de desapariciones forzadas al interior de la Comuna 13 que se extendieron incluso hasta el año 2005.

¿Cuántos son?
Desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. Foto: archivo Semana.

Paradójicamente, no existe un consenso sobre cuál es la cifra exacta de personas que fueron desaparecidas entre octubre de 2002 y diciembre de 2005. Según la Unidad de la Fiscalía para la Justicia Transicional (antes Justicia y Paz) fueron cerca de 70 las personas desaparecidas.

Lo extraño es que, en versión libre rendida por alias ‘Don Berna’ en enero de este año, aseguró ante fiscales de esta unidad que dichas personas fueron sacadas de la ciudad, para luego asesinarlas y arrojarlas al río Cauca. Sin embargo, organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad apuntan a que la cifra de desaparecidos puede oscilar entre 70 y 80 y que estos muy probablemente pueden estar enterrados bajo las toneladas de escombros de la Escombrera.

“Esta fue la primera tarea que se realizó: definir cuántos cuerpos puede haber allá. Existen diferentes cifras, pero el consenso, entre unos y otros, es que pueden haber 80 cuerpos enterrados allí”, explica Jorge Mejía, consejero de la Alcaldía de Medellín delegado para el tema de la Escombrera, quien agrega que las labores de exhumación serán complementadas con otra serie de actividades que apuntan a construir la memoria de lo que fue el conflicto armado en esta zona de Medellín.

“Estamos diseñando un plan de acompañamiento psicosocial para las víctimas; también vamos a construir un mausoleo para depositar allí los cuerpos que se logren hallar y la idea es avanzar en la reconstrucción de la memoria de la comuna 13”, afirma el funcionario, quien añade además que “en este primer polígono se invertirán 1.100 millones de pesos, solo en las labores de excavación, sin contar con las labores de depósito e identificación”.

¿Y si no se llegan a encontrar cadáveres? Frente al interrogante, que para diversos sectores de opinión es válido dada la complejidad del terreno, el funcionario es bastante claro: “sabemos las dificultades que encierra estas labores. Ya en 2010, un grupo de expertos forenses internacionales habían hecho unas recomendaciones. Los fiscales nuestros dijeron que ellos eran capaces de realizar esta tarea, que solo les faltaban los recursos. Pues bien, los recursos ya están así que vamos a empezar”.

Luz Elena también es consciente de la complejidad de la labor que empezará dentro de pocas semanas: “las víctimas estamos preparadas para cualquier escenario. Lo importante es que esta tarea, que la llevábamos exigiendo hace años, por fin se haga, y se haga bien”.

Así las cosas, llegó la hora de desenterrar la verdad en la comuna 13 de Medellín.

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