Con el último acuerdo logrado en la Mesa de Diálogos, Colombia empieza a cerrar una de las heridas más profundas que le deja la guerra: los desaparecidos.
La falta de registros sobre los desaparecidos de las guerrillas es uno de los principales porblemas. Según cifras de la Procuraduría son 2.760 personas de las que no se sabe su paradero. Foto: archivo Semana.
En el escritorio del Alto Comisionado, Sergio Jaramillo, hay una carpeta donde reposan cerca de 50 cartas que ha recibido a lo largo de estos tres años de diálogos con las Farc. La mayoría de ellas es de familiares de personas secuestradas que murieron en poder de la guerrilla, que les claman a los insurgentes que les devuelvan los cuerpos para darles sepultura.
Este clamor ya empieza a tener respuesta. El más reciente acuerdo de la Mesa de Conversaciones de La Habana es la creación de una unidad especializada para la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra, que comenzará con la puesta en marcha de un mecanismo inmediato que aliviará a muchas víctimas y ayudará a construir confianza en la seriedad del proceso de paz.
Por un lado, la guerrilla entregará información que permita la ubicación e identificación de cuerpos de víctimas de los que tenga conocimiento. Esto incluye a secuestrados, a combatientes propios o miembros de las fuerzas armadas, o civiles. Del otro lado, el Gobierno se compromete a inhumar e identificar a los guerrilleros muertos en operaciones de la Fuerza Pública y que han sido enterrados como N.N. Ambas partes se comprometen a garantizar una entrega digna de los restos a los familiares. Todo el proceso estará apoyado por Medicina Legal y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, quien actuará con la información que le den por un lado los insurgentes, y por el otro, los militares.
Los enredos de las cifras sobre los desaparecidos por las Farc
Aunque parece sencillo, llegar a este acuerdo no fue fácil. Para el Gobierno era claro que las Farc debían empezar a entregar sobre todo los cuerpos de los secuestrados como un gesto de confianza y buena voluntad. Para los insurgentes era necesario que el Estado reconociera que las familias de los guerrilleros muertos en combate también tienen derecho a recuperar los cuerpos de sus hijos, pues muchos no los reclaman por miedo a ser judicializados y, por tanto, viven un duelo solitario e inconcluso.
Que se haya dado una medida en los dos sentidos demuestra que hay un reconocimiento de ambas partes sobre el daño que el conflicto le ha ocasionado no solo a los civiles sino también a los combatientes, y su entorno. Eso es importante porque aleja el debate sobre las víctimas de la creencia moralista que solo los inocentes pueden ser considerados como tales.
Ese doble drama lo encarna por ejemplo Henry Castellanos, ‘Romaña’. En el año 2000, hombres bajo su mando secuestraron y luego asesinaron a un par de ancianos que vivían en La Calera, Cundinamarca: Gerardo y Carmenza Angulo. Hoy sus hijos le han pedido a ‘Romaña’ públicamente que devuelva sus restos, para darles el funeral que se merecen. Al mismo tiempo, el jefe guerrillero aspira a encontrar el cuerpo de su hermano, guerrillero muerto en combate, a quien no le pudieron dar sepultura, lo que según cuenta él mismo, le causa un profundo dolor a su madre. Esta es apenas una de las paradojas típicas que empezará a vivir el país como parte del fin del conflicto.
Una unidad independiente
En diferentes ocasiones los familiares de los secuestrados les han exigido a las Farc que los liberen o les digan qué les ha pasado. Foto: archivo Semana.
Buscar a los desaparecidos después de una guerra puede durar no años, sino décadas. No será fácil y por eso la unidad de búsqueda será transitoria y excepcional, y contará con mecanismos de participación de las comunidades y organizaciones de derechos humanos. Será un organismo extrajudicial para la ubicación, identificación y entrega de restos de personas desaparecidas que hará parte del sistema integral de justicia que se está diseñando en La Habana, y se coordinará con la Comisión de la Verdad, sin detrimento de que las autoridades judiciales actúen sobre los cuerpos hallados.
A pesar de la magnitud que tiene la desaparición en Colombia esta unidad se concentrará solamente en las víctimas de desaparición forzada en el contexto y en razón del conflicto, sea cual sea el autor. Hasta ahora no hay una cifra confiable sobre cuál puede ser ese universo de víctimas, por eso la primera tarea será cruzar y depurar las 19 bases de datos públicas que hay en el país.
Lo más interesante del acuerdo es que más allá de la labor forense de encontrar cuerpos, y usar todas las técnicas judiciales para ello, habrá un enfoque de verdad y reparación muy fuerte. La información básica la darán los guerrilleros y militares, pero la idea es que las comunidades participen también, y se priorizarán algunas zonas y cementerios donde la guerra fue más aguda.
Dado que el colombiano ha sido un conflicto largo, y muy degradado, es posible que muchos cuerpos jamás se encuentren. Por eso, el acuerdo contempla que se hagan todos los esfuerzos posibles para saber qué pasó con la persona, y poderle entregar a las familias un reporte lo más detallado posible sobre qué ocurrió, y por qué es imposible encontrar el cuerpo. Este es el caso de personas que fueron lanzadas a los ríos, o que llevan varias décadas bajo las piedras, sobre las cuales la información puede ser muy precaria. Pero en todos los casos, el cierre del duelo con los parientes de las víctimas será central.
En Colombia, según el informe Basta ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, se calculan en 25.000 los desparecidos. Aunque hace unos meses el Procurador envió a la Corte Penal Internacional una carta denunciando a las Farc por más de 2.700 desapariciones -que es la cifra que maneja la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía- en la práctica, la desaparición forzada ha sido más un modo operandi de los paramilitares y las mafias que de los guerrilleros.
El Estado también tiene casos graves en su contra. De hecho desde el gobierno de Julio César Turbay Ayala, cuando existía el Estatuto de Seguridad, en Colombia se empezó a hablar de detenidos-desaparecidos. El más emblemático sin duda ha sido el de la personas que salieron con vida del Palacio de Justicia en 1985.
Esta búsqueda seguramente también hará emerger realidades como la de los guerrilleros fusilados por sus propios jefes, o nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales. Por eso la idea de desenterrar a los muertos, identificarlos y saber en qué circunstancia cayeron, levanta ampollas. Cada cuerpo trae consigo una verdad de la guerra y eso lo saben mejor que nadie quienes participaron en ella. Sin embargo, pocas acciones son tan reparadoras para una sociedad en posconflicto, como esta.
