El caserío de Saiza ha estado por décadas en el centro de las disputas territoriales de la guerrilla de las Farc, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y ahora de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Foto: Juan Diego Restrepo E.El nuevo año no arranca nada bien para los líderes campesinos, los dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos del Urabá cordobés. En la mañana del pasado 11 de enero, miembros de la Policía Nacional hallaron el cuerpo sin vida de José Yimer Cartagena Úsuga, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) e integrante del movimiento político Marcha Patriótica. Horas antes, miembros de esta organización política habían denunciado públicamente su desaparición forzada.

Según informaron voceros de Marcha Patriótica, José Yimer partió en la mañana del 10 de enero desde la vereda El Cerro, en límites con el municipio de Tierralta, Córdoba, rumbo al casco urbano de Carepa, Urabá antioqueño, pero al llegar al sitio conocido como La Petrolera fue abordado por varios hombres que se movilizaban en una camioneta color blanco, quienes lo obligaron a subirse al automotor. “Y a quienes alcanzaron a ver algo los amedrentaron, que no podían decir nada”, señalaron los voceros del movimiento político.

Tal como lo pudo establecer VerdadAbierta.com con integrantes de la Defensoría del Pueblo, Regional Córdoba, el líder campesino, reconocido por promover diálogos de paz en su región, venía recibiendo intimidaciones desde finales de 2016 por parte de integrantes de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Con su muerte ya son 129 los integrantes de Marcha Patriótica asesinados desde su fundación en 2010. Sin embargo, lo que más preocupa a los integrantes de este movimiento político es que hechos como este se pueden repetir en el Urabá antioqueño y cordobés.

“Todos los integrantes de Marcha Patriótica del sur de Córdoba -Tierralta, Montelíbano- han recibido amenazas en los últimos meses. También hay una situación muy delicada de los miembros de Marcha en (corregimiento) San José de Apartadó, en Carepa, en (corregimiento) Nuevo Antioquia y también se están presentando tensiones en Dabeiba y Peque (occidente de Antioquia)”, declararon voceros de esta organización política a VerdadAbierta.com

Avance ‘gaitanista’

Tres frentes de las Farc se encuentran en fase de preconcentración en la región del Nudo del Paramillo y en sus inmediaciones las Agc están llegando a dominar la región, lo que se convierte en un factor de riesgo para el proceso. Foto: Juan Diego Restrepo E.Para los miembros de Marcha Patriótica, la muerte del dirigente campesino constituye prueba  fehaciente de las denuncias formuladas desde finales de 2016 y las cuales, dicen, no han sido atenidas ni por las autoridades civiles ni militares sobre la creciente expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocidas como ‘Clan del Golfo’, organización criminal que consolidó su presencia en el norte del Urabá antioqueño y ahora busca incursionar en territorios anteriormente dominados por la guerrilla de las Farc, sobre todo en el sur de Córdoba.

Y quienes están padeciendo los efectos de dicha expansión son los líderes campesinos. En efecto, mediante Informe de Riesgo 037-16 de Inminencia del 23 de noviembre de 2016, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre la situación de alta vulnerabilidad en que se encontraban los líderes sociales, dirigentes indígenas, los transportadores fluviales, integrantes de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) y Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) y, en general, todos los habitantes de la zona de confluencia de la represa Urrá I, por cuenta de la expansión de los ‘gaitanistas’ hacia territorios de donde salieron los frentes 5, 18 y 58 de las Farc con el fin de iniciar el camino hacia la legalidad bajo los acuerdos con el gobierno nacional.

De acuerdo con el SAT de la Defensoría, los guerrilleros ya comenzaron a abandonar sus dominios territoriales para preconcentrarse en inmediaciones del corregimiento Crucito, de Tierralta, Córdoba, de donde partirán hacia la vereda Gallo de este municipio, designada por el gobierno nacional y las Farc como la Zona Veredal de Normalización y Tránsito (ZVNT). Esta situación viene siendo aprovechada por los ‘gaitanistas’ para ingresar a tierras del sur cordobés a través las localidades antioqueñas de Carepa, Chigorodó y Mutatá.

“Desde el 9 de septiembre de 2016 se tuvo conocimiento de la llegada de un contingente de hombres vestidos con uniformes camuflados y portando armas largas, con brazaletes de las Agc, provenientes del Urabá antioqueño a las veredas El Cerro, El Llano, La Luna y La Estrella. Este mismo grupo permaneció en la zona unos dos meses y posteriormente se dirigió (el 3 de noviembre de 2016) al centro poblado del corregimiento Saiza, donde permanecieron hasta el 17 de noviembre de 2016 de manera intermitente. Allí abordaron a los campesinos para decirles que no tuviesen miedo, que ellos venían a asumir el control del territorio para evitar la entrada de otros grupos armados a la región.”, según se lee en el Informe.

El hecho generó pánico y zozobra entre los pobladores de Saiza, situación más que entendible si se tiene en cuenta que este caserío, incrustado en el corazón del Nudo de Paramillo, ha sido escenario constante de una guerra que parece perpetuarse. El 22 de agosto de 1988 guerrilleros del Frente 5 de las Farc atacaron la única estación de Policía que han tenido los saiceños; mientras que el 14 de julio de 1999, los paramilitares de Carlos y Vicente Castaño masacraron 14 campesinos, quemaron varias viviendas y obligaron al éxodo de todos los lugareños.

Información recopilada por esta Agencia del Ministerio Público señala que los ‘gaitanistas’ vienen forzando la venta de predios en las veredas Buchegallo, La Luna y La Estrella, en límites con el municipio de Tierrralta, hecho que ha generado la respuesta violenta de miembros del Frente 5 de las Farc, quienes han amedrentado a varios labriegos.

A ello se suman crecientes denuncias de abusos sexuales por parte de miembros de las Agc en veredas como San Felipe de Cadillo y el asesinato del campesino Armando Bedolla Fabra, ocurrida el 10 de septiembre de 2016 a manos de los ‘gaitanistas’ en esta misma vereda. Denuncias consignadas por el SAT de la Defensoría señalan que su cuerpo fue desmembrado.

Interés ‘narco’

Uno de los botines en disputa en el Nudo de Paramillo es la hoja de coca para uso ilícito. Esta región registra aumentos significativos de sembradíos, lo que atrae a grupos armados ilegales. Foto: Juan Diego Restrepo E.¿Por qué el interés de los ‘gaitanistas’ por los territorios que vienen abandonando las Farc? Todas las hipótesis apuntan a asumir el control de la población, del territorio y de la economía  ilegal del narcotráfico que viene creciendo en Córdoba, tal como lo muestra el monitoreo a los cultivos de hoja de coca que anualmente realiza la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

El más reciente informe de esta dependencia muestra un notable incremento en las hectáreas sembradas con hoja de coca en el departamento de Córdoba, que pasó de tener 560 hectáreas en 2014 a 1.363 ha en 2015, lo que representa un aumento de más del 143 por ciento. El 77 por ciento de los cultivos cocaleros se encuentran en jurisdicción del municipio de Tierralta, principalmente en áreas del Parque Nacional Natural Paramillo, siendo a su vez el parque natural del país más afectado por la presencia de cultivos ilícitos: 774 ha aproximadamente.

Lo anterior supone varios  riesgos para el proceso de dejación de armas de las Farc, toda vez que los hechos que viene denunciando el SAT de la Defensoría se registran a varios kilómetros de la vereda Gallo, de Tierralta, designada como una de ZVNT. Si bien en el pasado las Farc y los ‘gaitanistas’ establecieron sendos pactos para el control y manejo de la economía ilegal del narcotráfico en el Paramillo, aún es incierto el futuro de estos pactos -y de la actividad económica como tal- una vez este grupo guerrillero deje sus armas.

Las preocupaciones también giran en torno a las disidencias que pueda generar al interior de las filas de las Farc la creciente presencia de los ‘gaitanistas’ en la región y la permanencia de una oferta de “trabajo ilegal”. ¿Habrá mandos medios o, incluso, guerrilleros rasos, que se opongan a los términos del Acuerdo de Paz y decidan continuar lucrándose del negocio del narcotráfico que viene consolidándose peligrosamente en el sur de Córdoba? Son algunas de las preguntas que se formulan líderes campesinos, movimientos políticos y organismos humanitarios.

Porlo pronto, los miembros de las organizaciones campesinas del sur de Córdoba esperan acciones contundentes de las autoridades de Policía y militares frente a los ‘gaitanistas’; que se esclarezcan los hechos que rodearon el asesinato del líder campesino José Yimer Cartagena Úsuga y que más casos como este no se vuelvan a repetir.

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María Sanabria (derecha) lleva ocho años esperando que lleven a juicio a los militares que asesinaron a su hijo. Foto: Asociación Minga.El pasado 8 de febrero se cumplieron ocho años desde que Jaime Estiven Valencia, un menor de 16 años que vivía en Soacha, fue asesinado por un grupo de militares que entregó su cuerpo como el de un guerrillero herido en combate. Estiven fue una de los 14 jóvenes de Soacha que,  ilusionados con unas falsas promesas laborales, fueron transportados hasta Norte de Santander por militares que luego los mataron en Ocaña.

Para su familia han sido un doloroso y extenso proceso judicial. “Son ocho largos años esperando que haya justicia, ocho años de dilaciones. A nosotras nos han puesto tantas zancadillas”, contó María Sanabria, madre de Estiven.

La investigación comenzó en los juzgados de instrucción penal militar, donde no tuvo ningún avance. El 25 de febrero de 2008, luego de que los medios de comunicación destaparon el escándalo de los ‘falsos positivos’, el proceso fue asignado a un fiscal en Cúcuta y año y medio después fue trasladado a Bogotá al fiscal 97 de la Unidad de Derechos Humanos.

El asesinato de los 14 jóvenes fue asumido por dos fiscales de esta Unidad. En un mismo proceso se investigaba la muerte de Estiven, de  Daniel Alexander Martínez y Diego Armando Marín Giraldo. El 11 de noviembre del 2015, luego de cinco años de investigación, por fin se programó la primera audiencia contra 10 militares (algunos todavía activos), pero solo tres de ellos asistieron y la audiencia tuvo que ser cancelada.

“Dentro del sistema penal acusatorio se supone que estos procesos deberían darse de forma más ágil, pero no ha sido así. Ocho años después y no se ha podido hacer la indagatoria, que es la primera etapa”, dijo Pilar Castillo, abogada de la Asociación Minga que lleva dos de estos casos. 

Algunos de los casos avanzan más rápido que otros. A la fecha, por los ‘falsos positivos’ de Soacha hay 14 militares condenados: 4 oficiales (2 de ellos  en el rango de tenientes coroneles, 2 suboficiales y 8 soldados profesionales. El 19 de marzo de 2014, la Corte Suprema condenó al coronel Wilson Javier Castro y al teniente Eduard Antonio Villani por la muerte de dos de estos jóvenes de Soacha.

El caso de María Sanabria no ha corrido la mismo suerte, el último anuncio fue que el fiscal que hace cinco años llevaba la investigación sería tranferido dentro de la Fiscalía y su caso sería reasignado a otros fiscales que hacen parte de la estrategia de ejecuciones extrajudiciales. “Siento que es volver a empezar de nuevo. Se le cae a uno la moral, nosotras estamos luchando contra poderes muy grandes”, dijo.

Falsos positivos, una herida que sigue abierta

Las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, que son tal vez las más conocidas por la opinión y pública, son unas de las que más han avanzado en el país.  En algunas regiones apartadas del país las familias se quejan no solo de dilaciones en sus procesos,  sino de tener que insistir hasta por cinco años para que la Fiscalía abra una investigación y el proceso no quede en manos de la Justicia Penal Militar. También les preocupa la incapacidad de los fiscales para vincular a los altos mandos militares, la racha de amenazas contra víctimas y testigos y, en algunas regiones del país, han denunciado presuntas las complicidades de los funcionarios judiciales con los miembros de la fuerza pública imputados.

¿Qué dice la Corte Penal Internacional?

Aún no existe ninguna sentencia condenatoria contra los miembros de la fuerza pública que presuntamente participaron en las ejecuciones extrajudiciales de 14 jóvenes de Soacha. Foto: archivo Semana.Algunas de estas preocupaciones también son compartidas por la Corte Penal Internacional (CPI), que ha seguido de cerca lo que viene sucediendo con los llamados ‘falsos positivos’. “Si bien parece que las autoridades colombianas han hecho avances en sus investigaciones contra oficiales de alto rango por casos de falsos positivos, la Fiscalía (de la CPI) observa con preocupación los retrasos en facilitar pruebas tangibles y pertinentes que demuestren que las autoridades colombianas competentes están dando “pasos investigativos concretos y progresivos””, dice la Corte en un  informe de diciembre de 2015.

De acuerdo con el documento, la Fiscalía está investigando más de 3.000 casos contra miembros de las fuerzas armadas por presuntos ‘falsos positivos’ cometidos desde 1985, y al menos 837 miembros de las fuerzas armadas han sido condenados por homicidio. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido probar si fue un plan orquestado desde las altas esferas militares, pues desde 2012 solo un coronel (6 desde que comenzaron las investigaciones) y dos tenientes coroneles han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales. Un mayor, dos capitanes y tres tenientes fueron absueltos.

En junio de 2015, la Fiscalía llamó por primera vez a interrogatorio a cuatro generales de la República, incluido el general (r) Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008 cuando estalló el escándalo de los falsos positivos y estuvo al mando de la IV Brigada en Medellín entre 2001 y 2003 en la época en que se presentaron más casos de ejecuciones extrajudiciales.

Esto hizo parte de una investigación que desde 2013 adelantó  la Dirección de Análisis y Contexto por órdenes directas del Fiscal. Más allá de casos particulares repartidos se trató de mostrar que más que “manzanas podridas” en el Ejército, fue una práctica que ocurrió en casi todo el país en un mismo periodo de tiempo y en la que, por acción u omisión, participaron altas esferas de la fuerza pública.

Pero poco se sabe del curso que siguieron estas indagaciones. “A pesar de las reiteradas solicitudes de información, aún no se ha brindado a la Fiscalía (del CPI) información concreta sobre los sospechosos, los alcances de las investigaciones, la naturaleza de las imputaciones o los pasos que se han dado en las investigaciones”, dice el informe de la CPI. La Dirección de Análisis y Contexto está ahora concentrada investigando los crímenes de las Farc y el Eln y los ‘falsos positivos’ quedaron de nuevo a cargo de la Unidad de Derechos Humanos.   

Los ‘falsos positivos´ y la Jurisdicción Especial para la Paz

Las víctimas piden que bajo un sistema de justicia transicional no sea un obstáculo para conocer la verdad. Foto: Asociación Minga.Desde finales de 2015 el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló de la posibilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz estudiaran los casos de militares vinculados en investigaciones por ‘falsos positivos’, bajo el argumento de que se trató de crímenes cometidos en el contexto de la guerra. Aún no se conocen detalles, pero en principio sería una sala de revisión la que entraría a determinar qué casos ocurrieron con ocasión del conflicto y cuáles no.

El país conoció la tragedia de las ejecuciones extrajudiciales a través de los 14 jóvenes de Soacha, donde un grupo de militares los asesinó y los presentó como guerrilleros muertos en combate a cambio de una serie de premios como vacaciones o permisos. Sin embargo, este es sola una de las formas en que funcionó este delito. De acuerdo con la Fiscalía, hay por lo menos siete tipos de ejecuciones extrajudiciales, entre ellos, el asesinato de guerrilleros fuera de combate, el homicidio de líderes sociales señalados de ser supuestos guerrilleros por información de inteligencia y la muerte de civiles a manos de paramilitares que luego fueron entregados a batallones del Ejército.

Delegados de la Corte Penal Internacional han insistido en que  el organismo observará atención  la restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales y a la inclusión de agentes del Estado, para lo cual consultaría no solo con el Gobierno, sino también con organizaciones de víctimas.

La mayor crítica en este asunto ha sido la ONG Human Rights Watch, quien ha insistido en sus informes que es imposible que los altos mandos del Ejército no supieran nada de las más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales cometidas en todo el país. “El acuerdo prevé que el Tribunal aplicará un régimen de sanciones, que no reflejan los estándares aceptados sobre el castigo adecuado frente a abusos graves, y hacen que sea prácticamente imposible que Colombia cumpla con sus obligaciones vinculantes conforme al derecho internacional de asegurar justicia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, dice su más reciente comunicado.

“Los falsos positivos no fueron obra de unas cuantas manzanas podridas”: HRW

Aunque apoyan el proceso de paz, algunas organizaciones que acompañan a las víctimas de ‘falsos positivos’ también están preocupadas con el futuro de los procesos, “Si partimos de lo anunciado y estos militares pueden acceder a un descuento de pena, nos preocupa el tema de verdad. No hay claridad sobre el tipo de verdad que tienen que contar”, dijo a VerdadAbierta.com Byron Góngora abogado de la Corporación Jurídica Libertad. Esta fue una de las conclusiones a las que se en el foro Desafíos de la Jurisdicción Especial para la Paz en los Casos de Ejecuciones Extrajudiciales, convocado por la organización.

La preocupación principal no son los años que pasen tras las rejas, sino el alcance que tenga esta jurisdicción para llegar hasta los altos mandos del Ejército. Los agentes del Estado que entren a ser juzgados por un tribunal especial, deben reconocer su responsabilidad en los hechos y contar toda la verdad, pero, tal como está escrito, el acuerdo no contempla por ejemplo una reducción de penas para quien delate a sus otros compañeros o a sus superiores.

“La Fiscalía ha destinado grandes esfuerzos con Dirección de Análisis y Contexto para investigar a las Farc y el Eln, pero no se ha ocupado igual con los agentes del Estado. Nos preocupa los poco que se ha explorado las líneas de mandos, lo que va a generar que  si los casos llegan a esa instancia el tema de altos mandos no va a estar documentado”, dijo el abogado.  

Sin que esto se sepa es difícil que las víctimas se sientan reparadas. Cuando le preguntan a María qué tipo de verdad espera de este proceso judicial responde sin dudar: “que me digan de dónde vino la orden”. 

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Guzmán Quintero nació en 1965 en El Carmen, Norte de Santander. En 1990 se graduó como Comunicador Social de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla. Foto: cortesía Yuri Quintero.El domingo 12 de septiembre de 1999, Yuri Quintero citó a su hermano Guzmán para tomarse un café bajo la sombra de un palo de mangos en la plaza Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Eran las 4:30 de la tarde y Yuri, visiblemente nervioso, le dijo: “Hey Manzo, vienen por ti, qué esperas, mira cómo se han dado las cosas, hagamos algo”. Guzmán, quien por esos días era al jefe de redacción de El Pilón, el periódico de mayor circulación en la capital del Cesar, le dio dos palmadas en la espalda y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien.

El día anterior, una camioneta con vidrios polarizados se había estacionado frente a la casa de Guzmán en el barrio Guatapurí sin que nadie se bajara de ella. Él y su familia se preparaban para salir a cenar al Vivero, el único centro comercial que había en Valledupar en ese momento. Decidieron no hacerlo. “Era la primera vez que la veía y le dije que por qué no esperábamos un rato más. Todos los vecinos que estaban en sus mecedoras, se entraron para sus casas. Me dio miedo”, recuerda Alcira, su esposa.

En la sala de redacción de El Pilón, le hacían chistes a Quintero. “Oye, Guzmán, deja hacerte una carita… va y te matan y no tenemos ni una foto tuya”, bromeaban sus colegas. O “no seas tacaño Guzmán, y coge un seguro de vida. Mira que te matan y esa plata le queda a tu mujer para que se consiga un mejor marido”.

Los chistes, el miedo y las advertencias no eran gratuitas. Guzmán sabía que su vida corría peligro. Durante los últimos meses había publicado varios artículos sobre violaciones de derechos humanos que implicaban directamente al Ejército y a los paramilitares que, para la época, comenzaban un largo listado de masacres y desaparecidos en el Cesar.

El jueves 16 de septiembre, en una noche lluviosa (10:26pm), dos sicarios asesinaron con tres disparos a Guzmán Quintero en el bar del hotel Los Cardones donde celebraba anticipadamente el cumpleaños de un colega. Tenía 36 años de edad. Una herida en su mano izquierda prueba que antes de morir vio acercarse al asesino y  trató, inútilmente, de detener las balas.

Los antecedentes

Cuatro años antes del atentado que le costó la vida, siendo corresponsal en Valledupar del periódico El Heraldo de Barranquilla, había sido amenazado por la publicación de varios artículos en los que denunciaba la conformación del primer grupo paramilitar del Perijá llamado “Los hijos de la Sierra”. Tuvo que irse de la ciudad varios meses pero regresó y se vinculó como profesor de comunicación social en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

En julio de 1998 le propusieron ser jefe de redacción de El Pilón y el primer tema que le tocó investigar fue el asesinato de su amiga, la periodista Amparo Jiménez. Un caso que aún sigue impune. Pero las notas periodísticas que marcarían la ruta de la muerte de Guzmán iniciaron en 1999. “Con la nota sobre el Conejo, en La Guajira, empezó todo”, dice Dikson Quiroz, quien en ese momento era el director de El Pilón.

El día del entierro, los colegas salieron a la calle con una cinta en la boca. Sentían que con el asesinato de Guzmán, habían silenciado al periodismo en Valledupar. Foto: archivo de prensa propiedad de Yuri Quintero.El titular que abrió el periódico el 10 de mayo era directo, sin adjetivos: “Ejército asesinó a dos mujeres”, y denunciaba cómo varios uniformados dispararon contra un vehículo en el que viajaban 12 personas (8 eran menores de edad) por el corregimiento El Conejo, jurisdicción de Fonseca, Guajira. La nota iba acompañada con la foto de un niño herido de 18 meses de edad. Un sobreviviente entrevistado por Guzmán dijo que uno de los soldados, después de haber disparado, “trató de colocarle objetos militares a uno de los heridos con el fin de hacerlo pasar como guerrillero”.

“Yo le dije: ‘pilas que estás escribiendo muy fuerte y tenemos dos niños –recuerda Alcira- no queremos que te pase nada’”. Guzmán la tranquilizó pero le dijo que su compromiso también era con el periodismo. Según Yuri Quintero, el titular causó tanto disgusto en las Fuerzas Militares, que un miembro del Ejército fue a reclamar hasta las instalaciones de El Pilón. A pesar de la visita, los cuestionamientos y el comunicado de prensa por parte del Ejército en el que lamentaba la muerte de las dos mujeres, Guzmán continuó informando sobre lo que estaba ocurriendo en Valledupar y sus alrededores.

A finales de junio de 1999, casi tres meses antes del asesinato, Saide Maestre, una mujer campesina de Patillal (a veinte minutos de Valledupar), llegó hasta las instalaciones de El Pilón para contar cómo la Fuerza Aérea había confundido su finca con un campo de batalla destruyendo casi en su totalidad la casa donde vivía su papá. Quintero la atendió personalmente y después de escucharla le recomendó ir hasta la Defensoría del Pueblo para denunciar los hechos.

Alcira ahora recuerda cuán indignado quedó su esposo después de haber hablado con Saide. El titular del 30 de junio fue: “La Fuerza Aérea disparó ‘fuera del Polígono’”. Siete días después, la campesina fue desaparecida y luego encontrada muerta en una carretera del corregimiento Las Raíces, a dos kilómetros de su casa. El cuerpo mostraba signos de tortura.

La noticia, también registrada por El Pilón, descompuso a Guzmán Quintero. Por primera vez su miedo era evidente. Le pidió a su esposa que se fuera un tiempo con los niños para Sincelejo (de donde es ella). “Yo noto que la situación está muy tensa, le hago caso y me los llevo –dice Alcira- pero yo regreso al poco tiempo porque no podía dejar solo a Guzmán”.

Por esos días los titulares se repetían: “A cinco se eleva el número de víctimas por incursión armada en Patillal”, “nosotros no merecemos que nos maten”, “41 muertos en Cesar y Guajira en cuatro meses”. Guzmán quizá era el único periodista de la zona que se atrevía a escribir sobre lo que estaba ocurriendo.

En esa época, según la UNESCO, Colombia era el país más violento de América Latina. El departamento del Cesar se estaba convirtiendo, desde la entrada en 1996 de los primeros paramilitares enviados por Salvatore Mancuso, en un hervidero de sangre y plomo.

¿De dónde salieron los ‘paras’ en Cesar?

La noche del asesinato, antes de salir con sus amigos hacia el bar, Guzmán redactó lo que sería su último artículo titulado: “Quiero la paz”. Dos horas después sus compañeros del periódico, desde el teléfono público frente a la entrada del Seguro Social, ordenarían detener las rotativas para cambiar  –a fuerza de lágrimas- la noticia de la primera página.

¿Quién lo mató?

“El caso de mi hijo sigue engavetado” dice Guzmán Quintero, padre del periodista. En septiembre se cumplieron 16 años y hasta ahora nadie sabe quiénes fueron los autores intelectuales, y lo que es peor, nadie pregunta.

Los supuestos autores materiales fueron capturados una semana después del asesinato. Uno de ellos, tras salir de prisión este año, murió de un infarto. Foto: archivo de prensa propiedad de Yuri Quintero.Los periodistas de la ciudad evocan con admiración y cariño a Guzmán: su personalidad (emotivo, comprometido, alegre), su compromiso con el oficio (no le hacía favores a nadie), su legado (siempre le dio voz a las víctimas); pero nadie toca el tema de los asesinos. Está vetado casi como una instrucción autoimpuesta. Ningún colega se ha atrevido a investigar su caso, “¿sabes por qué? –pregunta Ana María Ferrer, la actual directora del Pilón– porque con Guzmán también mataron al periodismo investigativo en el Cesar”.

Una semana después del asesinato, capturaron a Rodolfo Nelson Rosado, alias ‘El Pichi’ y a Jorge Eliécer Espinal, alias ‘El Parce’, quienes según la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía trabajaban para los paramilitares del Cesar y fueron los que dispararon contra Guzmán. Nunca aceptaron la responsabilidad y este año, uno de ellos, salió de prisión pero murió de un infarto 20 días después. Según fuentes judiciales, el segundo está a pocos meses de quedar en libertad. “16 años de cárcel no fueron suficientes para que confesaran quién estaba detrás del montaje”, dice Yuri Quintero.

El proceso judicial ha pasado por las manos de cinco fiscales. Hace un año, en el aniversario número quince de la muerte, Martín Mendoza, un joven periodista de Valledupar, preguntó por el caso pero el Fiscal del momento no sabía de qué le estaba hablando, “se paró de la silla y comenzó a buscar entre carpetas hasta que encontró la de Guzmán y medijo dos o tres cosas que yo ya sabía solo para despacharme” dice Martín. Lo mismo ocurrió hace dos meses cuando Alcira visitó al Fiscal 25 de Derechos Humanos en Bogotá, quien asumió el caso desde enero de este año: “es muy querido, lo vi dispuesto pero no sabía nada sobre mi esposo. Salí indignada… imagínese: faltan cuatro años para que el caso prescriba”.

Hace poco, sin embargo, se abrió una ventana de esperanza en el proceso. Un ex paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas, Luciano Rojas, alias “Alex”, preso en Bucaramanga, dentro de una audiencia de rutina ante fiscales habló sobre la muerte de varios profesores en el Cesar y dijo también que tenía más cosas por confesar, entre ellas, la muerte de un periodista, “un tal Guzmán Quintero”, pero que antes de hablar necesitaba protección para él y su familia. Esto ocurrió hace cinco meses.

Por esta razón, el Fiscal pedirá ampliación de la indagatoria, pues considera que ‘Alex’ puede ser la pieza clave para investigar si hubo participación de miembros de las fuerzas militares en la muerte del periodista. “No es difícil saber quién lo mató pero nadie se atreve a pronunciarlo” dice un periodista en Valledupar que prefiere mantener la reserva de su nombre.

Al indagar por los militares que en esa época estaban coordinando las operaciones en la zona, aparecen dos oficiales con muchos cuestionamientos. Por un lado, el general (r) Luis Roberto Pico Hernández, quien era el Comandante del Comando Operativo N. 7 y en 2008 –siendo comandante de la Séptima División del Ejército- fue retirado de su cargo y de la institución cuando estalló el escándalo de los “falsos positivos”. Cinco años más tarde, Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ (exjefe paramilitar y narcotraficante), en una diligencia judicial desde los Estados Unidos, aseguró que Pico Hernández sostuvo relaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia. Por este motivo, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal en su contra.

Y por otro lado está el nombre de Ciro Hernando Chitiva, comandante de la Policía de Valledupar en aquel entonces y quien es mencionado por Diomedes Díaz, en la canción, “Cabeza de hacha” (“Mi coronel Ciro Hernando Chitiva ¡insignia nacional!”). Según una crónica de Alberto Salcedo Ramos sobre Diomedes, mientras las autoridades buscaban por todos los rincones del Caribe al cantante por el asesinato de una joven, Díaz y El Policía estaban de parranda. Además, alias ‘Daniel’, excomandante del bloque Tolima de las Auc, habló sobre Chitiva en versión libre, acusándolo de pasar información de inteligencia para ubicar a sus víctimas y ayudar con la entrada de los ‘paras’ en poblaciones de control guerrillero. En 2002, Ciro Hernando Chitiva fue relevado de su cargo y dos años después, sufrió un atentado en Bogotá del que salió vivo. La misma semana del asesinato de Guzmán, Chitiva insinuó en una emisora que aquel había sido un crimen pasional. Esto produjo la indignación no solo de la familia sino del gremio en Valledupar y le exigieron retractarse.

El presidente Andrés Pastrana Arango, se comprometió de manera telefónica con la esposa y el padre de Guzmán: “nuestro compromiso es que estos crímenes no queden impunes, por eso he dado instrucciones directas para que se trabaje rápidamente con el fin de esclarecer los hechos. Este es el compromiso del Gobierno”. Han pasado 16 años desde aquella llamada.

La mordaza

Fue una época oscura para las salas de redacción, “El Ejército hizo lo que quiso. Decía algo y nosotros lo publicábamos tal cual. No cuestionábamos. Los ‘Falsos Positivos’ que ocurrieron acá, pasaron desapercibidos para la prensa”, recuerda un colega. Los años duros de la guerra en el Cesar no fueron cubiertos por los periodistas. Trabajaban con la imagen viva de su colega ensangrentado.

En “La palabra y el silencio”, informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre periodistas asesinados se menciona que entre 1993 y 2000 se produjeron en Colombia 43 asesinatos de periodistas, una de las cifras más altas del mundo. Para el año de la muerte de Guzmán, el país era solo superado por Sierra Leona y la antigua Yugoslavia.

Guzmán Quintero, padre del periodista, sentado en el parque que lleva el nombre de su hijo en el mismo barrio donde viven desde hace más de treinta años, Los Fundadores. Foto: Mauricio Builes.

El informe habla además de un total de 152 periodistas asesinados desde 1977 y solo en cuatro casos se ha podido sentenciar a toda la cadena criminal, desde su determinador hasta quienes llevaron a cabo de manera material los crímenes. No es el caso de Guzmán. Asesinar a periodistas ha sido tarea fácil en Colombia. La impunidad es el común denominador en la mayoría de los casos y las consecuencias para la democracia han sido demoledoras. La sociedad se ha quedado sin información, sin investigación, sin conocer la verdad.

“Hacen falta más guzmanes” dice Dikzon Quiroz, y aunque suene a frase de cajón revela una necesidad en un departamento que hoy vive en relativa calma pero con un pasado que aún no cicatriza. El solo hecho de que los periodistas más aguerridos de la región teman seguirle el rastro a la familia de Saide Maestre de Patillal, por ejemplo, es un indicio de lo que produjo el asesinato de Guzmán. La prensa del Cesar aún no se atreve a convertir a Quintero en lo que debería ser: el símbolo de la libertad de expresión de esa región.

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Daniel Abril fue asesinado a tiros el 13 de noviembre a las 6:40 de la tarde mientras estaba en una panadería en el municipio de Trinidad, en Casanare. Foto: suministrada Cospacc.

Las comunidades de Trinidad, Casanare, y Tierralta, Córdoba, están consternadas. El pasado viernes (13 de noviembre) dos de sus líderes, de quienes recibían consejo y representación en distintas organizaciones sociales de derechos humanos, fueron silenciados por las balas de sicarios que los buscaron en sus propios barrios. Uno de ellos era Daniel Abril; el otro, Luis Francisco Hernández. Pese a que sus crímenes fueron reportados por oenegés, sus historias no tuvieron despliegue en los medios nacionales. Abril era un asiduo defensor del medio ambiente y Hernández un defensor de los derechos afros.

Ambos eran voceros de comunidades que, aunque están distantes una de la otra, tienen una historia similar, marcada por el conflicto armado. Daniel Abril trabajaba con varias organizaciones sociales como la Voz de la Tierra, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Congreso de los Pueblos; el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, la Corporación Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc) y la Corporación Claretiana NPB.

Según un comunicado elaborado en conjunto por varias de estas organizaciones y publicado en la página web del Movice, Abril denunció la corrupción de varios funcionarios públicos, los intereses por la tierra de varias multinacionales del petróleo y múltiples casos de despojos de tierras. Sus amigos recuerdan que era un defensor incansable de los derechos humanos y del medio ambiente, razón por la que participó “en todas las protestas contra las petroleras, develando y denunciando los graves impactos de éstas en la región” y advirtió sobre la “inoperancia de Corporinoquía (la autoridad ambiental)”, indica el comunicado.

Léalo el comunicado

Las organizaciones sociales advierten que Abril había sido intimidado por integrantes de la fuerza pública y aunque sus amigos aseguran que no había recibido una amenaza directa recientemente, sí expresaba preocupación por su seguridad. “Daniel era muy querido por la comunidad. Era un hombre con capacidad de denuncia, que apoyaba a las víctimas con diligencias en Bogotá y Villavicencio”, relata un habitante de la zona, de quien se reserva su nombre por razones de seguridad.

En Trinidad, como en el resto del Casanare, el Estado está en deuda con las víctimas. Allí ni siquiera ha llegado la justicia transicional pues los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc), más conocidas como ‘los Buitragueños’ o los paramilitares de ‘Martín Llanos’, no se desmovilizaron. Es decir, las víctimas de esta región no tuvieron la oportunidad de ser reparadas dentro del proceso Justicia y Paz.

De momento, tampoco en temas de restitución de tierras, pues el único municipio ‘microfocalizado’, avalado por el Ministerio de Justicia para que la Unidad de Restitución documente casos es Villanueva. Ni siquiera el departamento cuenta con sede de la Unidad de Tierras, pues ésta se encuentra en Villavicencio, en el vecino departamento del Meta. Según datos del Cinep y de Cospacc, que en 2009 publicaron el informe Casanare: exhumando el genocidio, en Casanare hay por lo menos 2 mil 500 desaparecidos.

Según la Unidad de Víctimas, en Trinidad han sido desplazadas forzosamente 1.428 personas en los últimos 30 años; y hay reclamaciones por casi 30 mil hectáreas. Esta cifra puede ser superior si se tiene en cuenta que este fue el último reporte de la Unidad de Tierras en mayo de 2013, cuando era accesible la información sobre número de solicitudes y hectáreas reclamadas en restitución por municipio y departamento.

“No esperen a que nos maten”

Luis Francisco Hernández González era líder de la comunidad afro en Tierralta, Córdoba. Fue asesinado por sicarios el viernes 13 de octubre a las siete de la noche cerca de su vivienda. Foto: suministrada El Heraldo.Esta frase la reitera un habitante del municipio de Tierralta, Córdoba, y añade con nostalgia que su región sólo es noticia cuando sucede alguna calamidad. Conocía a Luis Enrique Hernández, un hombre de 48 años, dedicado al trabajo comunitario de la vereda Nuevo Tay. Sus familiares, de quienes se protege su identidad por razones de seguridad, explican que aunque Hernández había decidido participar de la Mesa de Víctimas de forma reciente, su trabajo se enfocó en las reclamaciones del pueblo afro.

“La gente lo consultaba. Le preguntaba que cómo podía reclamar sus derechos y él los orientaba”, dice un vecino de la zona. Hernández fue tres veces Presidente de la Junta de Acción Comunal, miembro del frente de seguridad promovido por la policía comunitaria e integrante del Consejo Consultivo Municipal y Departamental en representación de la población afrodescendiente.

Según la comunidad, en 2010 el líder fue amenazado, se desplazó de la vereda y buscó refugio en el casco urbano de Tierralta, recibiendo medidas de protección del Estado que luego le fueron retiradas al considerar que ya no corría riesgo. “No había vuelto a recibir amenazas. La comunidad está indignada. Era un hombre muy importante para la comunidad afro”, reitera uno de los pobladores.

Tierralta ha sido escenario de una cruenta guerra. En este municipio el jefe paramilitar Salvatore Mancuso mandaba a sus anchas y fue un punto clave desde donde se expandió el modelo paramilitar hacia Norte de Santander, se ordenaron asesinatos, desapariciones y desplazamientos en Córdoba. El corregimiento de Santa Fe de Ralito fue epicentro del Pacto de Ralito, una alianza criminal firmada en 2001 entre paramilitares y políticos locales y nacionales para garantizar su poder en las urnas.

Allí, según el Registro Único de Víctimas, el conflicto armado desplazó a 94 mil 487 personas desde 1985 a la fecha y hasta mayo de 2013 por lo menos 301 familias reclaman la restitución de 22 mil 616 hectáreas que tuvieron que abandonar o que les fueron despojadas por violencia. A la fecha, la Unidad de Tierras ha radicado ante los jueces especializados 40 demandas de restitución de casos de Tierralta, seis ya tienen sentencia.

Trinidad y Tierralta reclaman justicia. La próxima semana una delegación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) visitará el primer municipio con el propósito de constatar la situación. Las familias exigen celeridad a la Fiscalía en investigación, acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y atención por parte de las distintas autoridades.

Los casos de Abril y Hernández no han sido los únicos de líderes asesinados en noviembre. En un comunicado emitido el martes pasado (17 de noviembre), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, una red de 265 organizaciones que promueve y defiende los derechos humanos, recordó que John Jairo Ramírez Olaya, un líder afrodescendiente de procesos juveniles, fue asesinado el 9 de noviembre en Buenaventura, Valle.

Las organizaciones sociales rechazaron, además, el reciente atentado contra el líder indígena nasa Feliciano Valencia, quien fue condenado a 18 años de cárcel por la justicia ordinaria por el secuestro y tortura a un cabo del ejército en hechos ocurridos en noviembre de 2008. Aunque la Policía descarta un atentado contra el líder, la comunidad indígena habla de cuatro hombres que llegaron este martes hasta Gualanday, en Santander de Quilichao, donde está recluido Feliciano, y dispararon en seis ocasiones con armas de largo alcance.

18 años de prisión para Feliciano Valencia: ¿justicia?

“El Comité condena profundamente estos hechos, se solidariza con las familias de los defensores asesinados y con Feliciano Valencia, y hace un llamado urgente al gobierno nacional a implementar medidas efectivas para proteger la vida de los dirigentes ambientales, líderes y lideresas de procesos en defensa de la tierra y el territorio y defensores de derechos humanos en general”, reiteran las organizaciones sociales.

 Lea el comunicado

VerdadAbierta.com solicitó información a la Unidad de Víctimas sobre los casos de Daniel Abril y Luis Francisco Hernández, así como de la intervención de este organismo del Estado en los municipios de Trinidad y Tierralta, quedando a la espera de una respuesta oficial. De momento, en su página web rechazó el asesinato del líder afro y pidió a la Fiscalía investigar el crimen.

“Sin tierra no somos nada”

Feliciano Valencia es uno de los líderes más visibles de las comunidades indígenas del norte de Cauca. Foto: archivo Semana.En otras regiones como el Magdalena Medio persisten las amenazas contra las comunidades campesinas reclamantes de tierras de origen baldío. Es el caso de 60 familias del corregimiento de El Guayabo, en Puerto Wilches, Santander, que reclaman desde hace tres décadas la posesión sobre 200 hectáreas de una antigua hacienda.

Líderes de la comunidad le contaron a VerdadAbierta.com que el viernes 30 de octubre varios hombres escondidos entre matorrales dispararon contra cinco campesinos que trabajan en cultivos de pancoger. “Nos dijeron que nos teníamos que ir, que esas tierras no eran nuestras. Luego vino la amenaza: ‘miren lo que les va a pasar’ y nos comenzaron a disparar”, relata un campesino.

La historia detrás del desalojo de campesinos de El Guayabo, Puerto Wilches

Los campesinos de El Guayabo denunciaron estos hechos ante la Fiscalía sin que de momento haya pesquisas para averiguar quiénes fueron los responsables del tiroteo y brindarles medidas de protección. El Incoder tampoco se ha pronunciado frente a la reclamación de titulación de la comunidad. Aunque resultaron ilesos, uno de los campesinos quedó psicológicamente afectado al punto que tuvo que ser hospitalizado. “Esto es vivir en medio de la zozobra. Volvimos a los cultivos bajo riesgo. Esta es una tierra muy productiva y por eso nos la quieren quitar”, dice un campesino, quien explica que los campesinos desarrollan ganadería pequeña y cultivos de plátano, yuca, ahuyama, maíz, fríjol además de variedad de frutas.

El más reciente estudio del Programa Somos Defensores advirtió que durante el primer semestre de 2015 cada cinco días asesinaron a un defensor de derechos humanos. Durante los primeros seis meses del año, 332 defensores fueron amenazados, 34 fueron asesinados, 25 recibieron atentados, cuatro fueron detenidos arbitrariamente, tres fueron víctimas de uso arbitrario del sistema penal y se registró un caso de hurto de información.

Primer semestre de 2015: cada cinco días asesinaron a un defensor de derechos humanos

Las organizaciones sociales advierten que el Estado debe poner atención a los riesgos que persisten sobre los defensores de derechos humanos de cara al proceso de paz. Por ejemplo, el punto de víctimas, que es el que ha llevado más tiempo de negociación entre las partes, propone crear un Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, en el que la no repetición de las violaciones a los derechos humanos es un factor medular para que el conflicto armado termine.

Por otro lado, el punto agrario propone crear un Fondo de Tierras para la Paz, que mejore la distribución de la propiedad rural entre comunidades sin tierra pero, como se ve en terreno, estas comunidades siguen siendo amedrentadas sin que el Incoder tome una decisión de fondo para solucionar los conflictos por la tierra. Sin salvaguardar la integridad de quienes defienden los derechos de campesinos, indígenas y afros,con dificultad podrá concretarse la llamada “paz territorial” que promete el acuerdo final de paz.

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En los últimos meses, han aparecido letreros y banderas del Eln en Tumaco, aunque el fuerte de esta guerrilla en Nariño es Samaniego.. Foto: archivo Semana.

Genaro García murió abaleado en una carretera de la vereda El Aguacate, en Tumaco. Lo bajaron del carro en el que iba a reunirse con la guerrilla. Lo acostaron en el piso. Le dispararon. A Genaro lo mataron las Farc, trece días después de que inició la más reciente tregua guerrillera.

Él no es el único ni el último líder afro que asesinan en Tumaco. Del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, al que Genaro representaba legalmente, han matado a tres más en las últimas décadas. Y según el gobernador de Nariño, Raúl Delgado, han asesinado a otros dirigentes comunitarios en las últimas semanas.

Uno de ellos fue Wilson Arboleda. A este hombre de casi 60 años lo mataron el 25 de agosto en la vereda Trujillo, una zona que pertenece al Consejo Comunitario Unión Río Rosario, aunque él vivía en el Consejo Gualajo. “No se sabe qué estaba haciendo en ese lugar. Parece que lo sacaron de su lancha a otra y lo llevaron más allá para asesinarlo”, afirmó una habitante de la zona que pidió la reserva de su nombre.

El otro caso que se rumora pero que todavía no está confirmado por las autoridades es la muerte de un líder del consejo comunitario Bajo Mira en Vaquerío, un pueblo que hace parte del corregimiento de Llorente, en Tumaco.

“Hay una gran amenaza a todos los líderes de los consejos comunitarios. Lo que pasa es que nos movemos por la zona y los grupos armados no están de acuerdo con que cuidemos el territorio”, señaló un líder afrodescendiente.

Esta presión lleva a que lo ocurrido se quede en rumores y nadie se atreva a denunciar. “Los hechos siguen ocurriendo sólo que uno no se da cuenta. Muchos asesinatos y desapariciones no se registran y la información cambia de boca en boca”, explicó una líder que vive en Llorente.

Las amenazas no son sólo para los consejos comunitarios y tampoco provienen exclusivamente de la guerrilla. Varios habitantes de Llorente en conversación con VerdadAbierta.com sostienen que el 10 de agosto algunas personas se desplazaron desde Vaquerío y Llorente hasta Inda, Cuanapí o Gualtal porque supuestamente las Autodefensas Gaitanistas llegarían al corregimiento luego de la masacre que habrían cometido en El Diviso, un pueblo del municipio de Barbacoas.

Sin embargo, en El Diviso sólo había una tensa calma. “En la tarde empezó la alarma porque la gente vio personas armadas en el monte. Casi no dormimos del susto, pero nada pasó”, comentó un líder indígena que estaba allí el 10 de agosto. El rumor era que los “paramilitares” venían desde Llorente.

Paramilitares, Gaitanistas, Rastrojos o Úsuga. El nombre no les interesa mucho a los pobladores pues afirman que es el mismo grupo, sólo que cambia de denominación. Pero recalcan que ellos sí están en el sur del departamento.

De hecho, un panfleto a nombre de los Gaitanistas recorre las calles de algunos municipios de Nariño desde principios de agosto.

Este panfleto empezó a circular desde la primera semana de agosto de este año.

Aunque la amenaza va desde Tumaco hasta Pasto, la Policía sostiene que los Gaitanistas sólo están en la vía Junín – Barbacoas y que ya esa estructura está golpeada con las 26 capturas que han realizado, como explicó el coronel Hugo Márquez, comandante de la Policía en Nariño.

Sin embargo, desde Llorente hasta Altaquer se escuchan historias de asesinatos, extorsiones e incluso desapariciones.Personas que viven allí y conocen muy bien esos territorios sostienen que el 11 de agosto los “paramilitares” retuvieron por lo menos 4 carros durante una hora en El Diviso y le quitaron el celular a una persona. Además, un grupo que se identificó como ‘Los Paisas’ hicieron otro retén el 22 de agosto a seis kilómetros de ese pueblo.

En junio apareció un trailer rojo abandonado en un sector cercano a Altaquer y lo que se comenta es que al conductor lo encontraron muerto tiempo después. Por esa misma época, un grupo armado ilegal retuvo a un hombre “y no se sabe más: si lo mataron, lo devolvieron o se perdió”, comentó una habitante.

El coronel Márquez señaló que la vía Tumaco-Pasto está vigilada con 13 puestos de verificación. “Afectaciones a la carretera o sobre la vía no hemos tenido”, dijo.

Más siembra de coca
Lo que sí conoce la Policía es el asesinato de una señora y su yerno en Llorente hace pocas semanas. Actualmente, tienen capturados a dos guerrilleros de las Farc por estos hechos pero no se conoce oficialmente el motivo del crimen. “Al parecer fue por no pagar vacuna”, explicó una habitante.

La información que tiene la Fuerza Pública es que no hay una disputa de territorios en el sur de Nariño ni tampoco un recrudecimiento de la violencia. Los líderes coincidieron en esto pero afirmaron que la tensión ha crecido porque la siembra de coca se fortaleció otra vez, especialmente en Llorente.

“Los cultivos ilícitos habían bajado bastante. Era como un desierto porque la gente estaba desocupando. Ahora se ve mucho movimiento en el pueblo, de gente y cantinas. Y uno sabe que la coca volvió a coger fuerza”, relató un líder comunitario de Tumaco, quien asistió al Encuentro Regional para la Paz, en Sibundoy, Putumayo.

En El Diviso (Barbacoas) se habla de varios retenes en el último mes. Foto: Cortesía del Consejo Noruego de Refugiados – Suroccidente.

Desde hace décadas, Llorente y el camino hasta Altaquer han sido manejados por diferentes grupos armados ilegales, desde el Cartel de Cali en los 90, el Bloque Libertadores del Sur de las Auc en el 2000, hasta las Farc en los últimos años y el Eln en ciertos momentos y lugares. Todos han utilizado a esos pueblos como centro de acopio de cocaína, según reseñó la Fundación Ideas para la Paz en su informe de 2014 sobre Tumaco.

Este es un corredor estratégico para transportar armas e insumos químicos que sirven para procesar la coca, pues está ubicado sobre la vía Tumaco-Pasto; es cercano al piedemonte de la cordillera occidental de los Andes, que comunica a varios departamentos del Pacífico, y tiene salidas a Ecuador.  

Además, es uno de los lugares con más coca sembrada en Tumaco, que ha sido por años el municipio de Colombia con más hectáreas de esta planta, según la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito.

Pero allí no sólo están los grupos armados. También viven campesinos, afrodescendientes e indígenas Awá. Ellos han padecido los homicidios selectivos de los paramilitares, especialmente entre 1999 y 2001, y las masacres de las Farc, como la que cometieron en 2009 en el resguardo Tortugaña-Telembí.

“Allá existe un conflicto interétnico porque han llegado colonos que quieren esconder el cultivo de la coca. La guerrilla acude a ellos para que diriman el conflicto con las comunidades negras y los Awá”, sostuvo Javier Dorado, director del Comité Permanente para la Defensa de Derechos Humanos en Nariño e integrante del Congreso de los Pueblos.

Esta situación ha hecho que la Gobernación de Nariño haya citado a varios consejos de seguridad extraordinarios y que la Defensoría del Pueblo se reúna con los líderes a analizar la situación. El Congreso de los Pueblos, de mano de la Gobernación, programó para esta semana una caravana en homenaje a Genaro García, desde Pasto hasta Tumaco.

Pero hasta ahora el silencio ha predominado en estos pueblos de Nariño. “Aquí el control lo ponen otros grupos que no son ni la Alcaldía ni la Policía. Ni siquiera el Ejército, que transita constantemente, porque ni ellos controlan estos hechos de violencia”, concluyó una líder de Llorente.

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La tragedia de los falsos positivos cobró relevancia en el país por los jóvenes desaparecidos de Soacha que fueron presentados como guerrilleros muertos en combates en Ocaña. Foto: archivo Semana.

Ante el elevado número de casos de ejecuciones extrajudiciales en las que miembros del Ejército presentaron como guerrilleros muertos en combate a cientos de civiles, esta organización no gubernamental extranjera concluye que hay “evidencias sustanciales de que los falsos positivos no fueron obra de unas “manzanas podridas”, sino que fueron cometidos por la gran mayoría de las  brigadas en distintas regiones de Colombia a lo largo de varios años”. Y cuestiona que “cuanto mayor es la cantidad de asesinatos y más parecen responder a un patrón sistemático de ataques, menor es la probabilidad de que los superiores no supieran sobre ellos”.

Tras analizar expedientes penales, consultar declaraciones de testigos y entrevistar a más de 40 fiscales y familiares de las víctimas, HRW publicó un informe de 112 páginas en el que considera que “los comandantes de brigadas, batallones y otras unidades tácticas necesitaban adoptar una serie de acciones concretas, sin las cuales estos crímenes no habrían sido posibles”. Dentro de ellas determina tres procedimientos clave: la documentación oficial, la autorización para mover soldados y la autorización de pagos y premios. (Descargue el informe)

1. Hay órdenes de operaciones que propiciaron ejecuciones

Sobre el primer punto, el informe indica queen casi todos los casos de falsos positivos, los comandantes de brigadas o de unidades tácticas emitieron “órdenes de operaciones”, los cuales son documentos donde el Ejército autoriza operativos militares y se imparten instrucciones a las tropas sobre dónde, cómo y contra quiénes deben actuar. “Las órdenes de operaciones y las misiones tácticas fueron esenciales para que hubiera casos de falsos positivos, debido a que proveían el fundamento para que los soldados se movilizaran hasta las zonas donde cometieron las ejecuciones, y daban sustento al señalamiento de que las ejecuciones ocurrieron en el marco de una operación dispuesta legalmente”, señala.

2. Las movidas de tropas fueron claves para los falsos positivos

En cuanto al traslado de tropas, ahonda que para la comisión de falsos positivos fue necesaria una importante movilización de los soldados, primero para detener o reclutar a las víctimas, y luego para ejecutarlas en otros sitios. HRW reseña los testimonios de varios militares procesados por estos asesinatos, los cuales “sugieren de manera contundente que, en numerosas instancias, para la movilización de soldados fue necesaria la autorización de los comandantes de unidades tácticas y/o brigadas”; y como ejemplo presenta el de un soldado del Batallón Efraín Rojas Acevedo quien declaró que los soldados no podían trasladarse sin la autorización del entonces comandante del batallón, el coronel Óscar Orlando Gómez Cifuentes.

3. Los pagos de recompensas y premios llevaban la firma de los comandantes

Respecto a los pagos y los premios que recibieron los uniformados por las supuestas bajas que le dieron a las guerrillas en combate, el informe apunta que diversos testimonios de testigos, investigaciones judiciales y documentos militares, “sugieren de manera convincente que los pagos efectuados a informantes en casos de falsos positivos exigían la autorización de comandantes de brigadas y batallones”.

Y para argumentar lo anterior reseña un caso ocurrido el 17 de marzo de 2008, cuando “el entonces comandante de la Octava Brigada, el General Emiro José Barrios; el entonces segundo comandante de la brigada, el General Jorge Enrique Navarrete Jadeth; y el entonces comandante de la BCG N.º 57, el Mayor Josué Linares, firmaron todos un documento en el cual certificaban el pago de 2 millones de pesos (USD 1.000) a un informante por “la muerte en combate de dos (02) terroristas”49. La Fiscalía posteriormente demostró que los “terroristas” eran en verdad civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados en una ciudad cercana”.

4. Crímenes cometidos a gran escala

Además de esos tres puntos en particular, HRW reseña varios hechos que les debieron permitir a los encargados de las compañías militares enterarse de las ejecuciones extrajudiciales que cometieron los hombres que tenían bajo su mando.

Uno de ellos es la comisión de estos crímenes a gran escala, de los cuales, según el informe, hay evidencias convincentes de que numerosas unidades tácticas y brigadas fueron individualmente responsables de múltiples casos de falsos positivos. “Algunos ejemplos son la Décima Primera Brigada, cuyos soldados están siendo investigados en relación con al menos 214 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2004 y 2008, y el Batallón Juan José Rondón, de la Décima Brigada, cuyos soldados están siendo investigados en relación con al menos 60 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2003 y 2008”, indica.

5. Fueron ejecuciones sistemáticas

A este organismo de derechos humanos también le llama la atención la sistematicidad con la que se cometieron los asesinatos de civiles, puesto que hay casos en distintas regiones del país que ocurrieron en similares circunstancias; el modus operandi con el cual soldados o reclutadores civiles engañaron a las víctimas para que fueran a determinados sitios donde fueron asesinadas; el perfil de las víctimas que en su gran mayoría eran personas que vivían regiones apartadas y pertenecían a sectores marginados de la población; y las presiones que los superiores ejercían sobre sus tropas para que obtuvieran bajas en combates, y sus consecuentes premios traducidos en días de descanso o cursos de formación.

6. No hicieron control sobre graves irregularidades

Por si todo esto fuera poco, HRW considera que al recibir los informes sobre las supuestas bajas de guerrilleros en combate, los comandantes de las unidades militares debieron percatarse de grandes irregularidades en los supuestos operativos y sospechar que éstos en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales. Resalta la falta de control para evitar estos hechos.

Las más notorias son que las armas que los soldados declararon haber encontrado tras los combates “con frecuencia no eran del tipo que los grupos armados utilizan habitualmente contrala fuerza pública (como por ejemplo, pistolas y revólveres), e incluso armas que ni siquiera funcionaban, conforme indicaron fiscales y se expresa en el testimonio ofrecido por autores de estos hechos”. También la ubicación y la función de las unidades militares, puesto que algunas que se encontraban en regiones sin presencia guerrillera o que debían hacer controles territoriales o proyectos de ingeniería, terminaron reportando civiles como muertos en combate.

Otra evidente irregularidad que no fue advertida es que delincuentes comunes y extorsionistas fueron presentados como muertos en combate, cuando es la Policía quien tiene la función de lidiar con éstos. “Las estadísticas oficiales muestran que, entre 2004 y 2007, la cantidad informada de delincuentes comunes muertos en operaciones militares a manos del Ejército aumentó un 1.200 por ciento, y ascendió a 325 muertes. Llamativamente, en 2007 el Ejército informó casi 100 casos más de muertes en combate de delincuentes comunes que de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más numerosa de Colombia”, advierte el informe

Por todas estas razones, HRW realiza fuertes cuestionamientos sobre el papel de los comandantes de las tropas, pues considera  que es “improbable que soldados rasos puedan haber engañado en forma reiterada a tantos comandantes, y en tantos casos, durante un período tan prolongado”.

A continuación VerdadAbierta.com presenta las ejecuciones extrajudiciales que les son atribuidas a once brigadas del Ejército entre los años 2002 y 2008, sugún el informe:

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Alfredo Araujo Castro se desempeñó como  exgerente del Departamento de Relaciones con la Comunidad de la multinacional del carbón. Foto: archivo Semana.

Alfredo Araujo Castro, exgerente del Departamento de Relaciones con la Comunidad de la Drummond, es el primer funcionario de esta firma multinacional capturado por las autoridades colombianas para que rinda indagatoria por el asesinato de dos sindicalistas que prestaban sus servicios a esa compañía.

El exdirectivo fue detenido por funcionarios de la DIJIN de la Policía Nacional el lunes pasado en la capital cesarense. Un juez especializado de Bogotá solicitó en septiembre de 2009 que se le investigara a él y a otros tres directivos de la empresa carbonera por ese mismo caso, pero solo hasta ahora un fiscal de la Dirección de Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos ordenó su captura.  (Ver: Juez pide investigar a funcionarios de Drummond por caso de sindicalistas)

Araujo deberá responder por su presunta participación en los homicidios del presidente y vicepresidente de Sintramiernegética, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, respectivamente, ocurridos el 12 de marzo de 2001.

Los sindicalistas fueron asesinados por paramilitares bajo el mando de Oscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, segundo al mando del Frente Juan Andrés Álvarez de las Auc que operaba en el corredor minero del Cesar. A Araujo Castro lo señalan algunos exparamilitares, entre ellos John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, Alcides Mattos Tabares, ‘El Samario’, Libardo Duarte, alias ‘Bam Bam’ y Jairo Charris Castro, alias ‘El viejo Miguel’, de tener conocimiento y eventualmente participar en la decisión de atacar a los sindicalistas.

La reunión donde se habría decidido el doble homicidio se realizó el 6 de marzo de 2001 en La Loma del Porterillo, sede del casino de empleados. En ella estuvieron Jaime Blanco Maya, propietario de la firma Industrial de Servicios y Alimentación (ISA) y un directivo de la compañía llamado James Adkins. Allí también estuvo presente Jairo Charris Castro, entonces jefe de seguridad de la firma proveedora de alimentos, quien narró lo sucedido ante la justicia luego de su captura en julio de 2008, acusado de participar en el doble homicidio, razón por la cual fue sentenciado el 4 de agosto de 2009 a 30 años de cárcel.

El pasado
Víctor Hugo Orcasita Amaya y Valmore Locarno Rodríguez, sindicalistas asesinados por paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez. Ambos directivos sindicales fueron asesinados en medio de una aparente persecución contra el movimiento sindical del Cesar perteneciente a la Drummond. Foto: archivo Semana.

De acuerdo con las versiones que reposan en la Fiscalía, el sindicato estaba protestando por el servicio de alimentación suministrado por ISA al casino de los empleados de la Drummond, razón por la cual tenía un contrato por 600 mil dólares al año. Locarno y Orcasita habían denunciado ante el Ministerio del Interior que eran víctimas de amenazas por su posición frente a este tema. Por ambos homicidios, Blanco fue condenado en 2013 a 38 años de prisión y el entonces jefe de las Auc en la costa Caribe, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, también fue sentenciado, en su caso a 30 años de prisión.

Según el testimonio de Charris Castro ante la justicia, en esa reunión del 6 de marzo se habló de los problemas que estaba teniendo no solo ISA sino la Drummond por la constante voladura de sus vías férreas por parte de la guerrilla, la presión sindical y los reclamos por los alimentos. “James Adkins le dijo a Jaime Blanco que si tenía relaciones con las Autodefensas del Cesar, Jaime Blanco le respondió que tenía relación con el comandante Juan Carlos, alias ‘Tolemaida’; James Adkins le dijo a Jaime Blanco que hablara con el comandante ‘Tolemaida’ para que le presentaran seguridad a la línea férrea y para que hiciera unos trabajos”, narró Charris Castro durante su juicio.

Luego, según este testimonio, la conversación giró hacia el sindicato y fue allí donde el empresario Blanco habría recibido de manos de Adkins los nombres de varios líderes sindicales de la Drummond para que se los entregara al jefe paramilitar alias ‘Tolemaida’. En la lista estaban los nombres de Gustavo Soler, William Lizcano, Yuris Pareja, Víctor Guerra, Valmore Locarno, Victor Hugo Orcasita, Alejandro Vergara y Raúl Sossa.

Charris Castro recordó durante su juicio que en esa reunión “Jaime Blanco le dijoa James Adkins que quiénes de los directivos sabían de ese trabajo con los sindicalistas de la Drummond. El señor James Adkins le dijo que estaban de acuerdo Mike Tracy, Augusto Jiménez y Alfredo Araujo, entre otros, como personas de suma confianza de la empresa y que ellos estaban de acuerdo para que las Autodefensas les quitara la vida a los sindicalistas”.

Pero no solo Araujo ha sido señalado por este caso. John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘El Tigre’, excomandante del Frente Juan Andrés Álvarez de las Auc, afirmó que en noviembre de 1999 el entonces Gerente del Departamento de Relaciones con la Comunidad de Drummond, se reunió con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, para discutir cómo la compañía minera financiaría a unos 200 paramilitares que prestarían seguridad en la mina y en la línea férrea de la multinacional.

Ese señalamiento fue incluido en el libro “El lado oscuro del carbón”, publicado por la organización holandesa PAX. Apartes del texto publicado el año pasado revelan que en enero de 2001 Araujo afirmó “que los ‘gringos’ querían que los líderes del sindicato de Drummond fueran asesinados”. (Descargue versión en PDF del libro).

En respuesta, la multinacional carbonífera difundió una carta abierta a los lectores dirigida a los lectores de esa publicación, fechada el 1 de julio de 2014, en la cual rebate cada uno de los señalamientos de PAX y cuestiona las versiones de los exparamilitares consultados porla organización holandesa. (Leer carta abierta de la Drummond)

El caso de la Drummond y su supuesta alianza con paramilitares de las Auc fue llevado a los tribunales estadounidenses, donde tiene sede la multinacional, fundada en 1935 por Herman Drummond, en Alabama, con el fin de que los jueces responsabilizaran a dos de sus directivos de tener nexos con las Auc.

Ante autoridades judiciales de ese país compareció el paramilitar Libardo Duarte, alias ‘Bam Bam’. Allí reiteró que las Auc asesinaron campesinos porque el tren de la Drummond pasaba por sus tierras, y que se había reunido en varias ocasiones con el exgerente del Departamento de Relaciones con la Comunidad de la empresa carbonera para hablar sobre el tema. (Los nexos de la Drummond y los ‘paras’ según ‘Bam Bam’).

Alcides Mattos Tabares, ‘El Samario’, aseguró que poco antes de que mataran a los sindicalistas se conocieron cartas de los trabajadores pidiendo un cambio en el proveedor de alimentación, liderado por Sintramiernegética y fundamentado en la convención colectiva. (La versión de ‘Samario’ sobre la Drummond y los ‘paras’).

Sin embargo, el caso ante la justicia estadounidense no prosperó y el pasado 25 de marzo, la Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito sentenció, en segunda instancia, que no había evidencias claras que vincularan a los directivos de la Drummond con las Auc. (Leer Víctimas en el Cesar, decepcionadas con fallo a favor de la Drummond) Pese a ello, con la captura de Araujo Castro, se abre un nuevo capítuloen Colombia y se esperan entonces las decisiones judiciales que determinen si hay o no responsabilidad de altos empleados de esta multinacional en los crímenes contra el movimiento sindical cesarense.

Reacciones
La firma Drummond en Colombia ha sido cuestionada por sus supuestos nexos con las Auc. La justicia norteamericana no ha encontrado méritos en esas denuncias. Foto: archivo Semana.

La familia de Alfredo Araujo Castro se mostró sorprendida por su detención, pues consideran que es una decisión extrema si se tiene en cuenta que exdirectivo de la Drummond venía acudiendo a la justicia frecuentemente para saber sobre su proceso y en ningún momento se negó a los requerimientos.

“Estamos muy sorprendidos por la medida, primero porque es una medida para indagarlo; segundo, porque siempre ha estado presto a colaborar con las autoridades; tercero porque mi padre ya fue investigado por ese tema y existe un auto inhibitorio de 2010”, aseguró a VerdadAbierta.com Andrés Araujo, hijo del exdirectivo.

Además, recordó que las denuncias por esos crímenes que se interpusieron ante la justicia norteamericana todas fueron falladas a favor de la multinacional del carbón, entre otras razones porque no encontraron válidos los señalamientos de los exparamilitares que involucran a su progenitor.

“En esos procesos se demostró que la firma de abogados que hizo la denuncia había pagado a los testigos colombianos para que declararan y dijeran cosas que no son ciertas”, aseveró Araujo hijo, quien agregó que esperan poder demostrar, una vez más, en los estrados judiciales la inocencia de su padre y develar los falsos testimonios que hoy lo tienen a órdenes de un fiscal especializado de la Unidad de Derechos Humanos.

De otro lado, Carmen Josefa Amaya, madre de Víctor Hugo Orcasita Amaya, uno de los sindicalistas asesinados, afirmó que sintió cierta tranquilidad cuando supo que el exdirectivo de Drummond fue capturado, pero advierte que todavía falta que se conozcan los nombres de los demás responsables de la muerte de su hijo.

La mujer, de 70 años de edad, lamenta que el Gobierno haya indemnizado a las víctimas indirectas de Víctor Hugo y ella, como su madre, no recibió un peso: “Cuatro de ocho mujeres que estuvieron con mi hijo se quedaron con el dinero. Yo incluso hasta demandé al abogado que supuestamente me estaba representando, pero todavía no ha pasado nada”.

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Elías Joaquín Gutiérrez se desempeñaba como supervisor de despacho en Calenturita desde octubre de 1989. Fotos: archivo particular y Semana.

El pasado 13 de abril Rubén Gutiérrez viajó en un bus por más de cuatro horas desde Valledupar hasta Barranquilla, para escuchar la versión libre del exparamilitar José Gelves Albarracín, alias ‘El Canoso’, quien fuera jefe político del Frente Resistencia Tayrona de las AUC. Ese día se enteró por fin, 19 años después, por qué motivo asesinaron a su hermano Elías Joaquín Gutiérrez Lengua, el 3 de septiembre de 1996, cuando viajaba entre la mina Calenturita, donde trabajaba, hacia su casa, en la Jagua de Ibirico, Cesar.

Según ‘El canoso’, Manuel Gutiérrez, jefe del Departamento de Protección Industrial de Prodeco; y el entonces gerente supervisor de seguridad de la mina Calenturitas, Luis Ochoa, habrían dado la orden de asesinar a Gutiérrez, quien era el supervisor de despacho del lugar.

“Él fue el primer sindicalista que mató la gente de la compañía”, reveló Gelves. La razón que habría motivado el crimen, según el exparamilitar, es que éste se había convertido en un obstáculo para el proyecto de Calenturitas, pues no estaba de acuerdo con que se desviara el río; pedía devolver la tierra removida; y que se le diera trabajo a la gente de la región.

“Lucho (Luis Ochoa) me pidió en agosto que le sacara información a Elías. Un día estuve durante casi una hora hablando con él, y me contó que era sindicalista y que estaba preocupado por la gente que había muerto en los últimos días en el corredor minero (unas 10 personas). Pero él no tenía vínculos con la guerrilla, como Lucho le hacía creer a todos”. Según el libro El Lado Oscuro del Carbón, por aquel entonces Gelves trabajaba de manera encubierta para el departamento de seguridad de Prodeco. (Descargue versión en PDF del libro)

El asesinato se produjo en la vía que de Chiriguaná conduce a la Jagua de Ibirico. Según relataron testigos, Gutiérrez fue bajado del carro, y obligado a tenderse en el piso, donde le dispararon en la cabeza. Los paramilitares también asesinaron a Carlos Guardia, uno de los trabajadores que tenía a su cargo; y de otro que estaba con ellos, y que salió huyendo del vehículo en el que se transportaban, nunca más se supo.

Después de los hechos, “me encontré con Lucho, y me enteré que Elías y otro hombre habían muerto. Lo interrogué en varias ocasiones, y él me contestó: ’El que mucho pregunta, menos vive’”, confesó Gelves.

Según el hermano de la víctima, ya hace varios años otro exparamilitar, Jesús Velasco Galvis, alias Chucho, del Bloque Central Bolívar, aceptó su participación en el homicidio de Elías, por órdenes que venían supuestamente de personas vinculadas a Prodeco.

Alias ‘El Canoso’ fue postulado a Justicia y Paz en agosto de 2006 y está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Según lo ha documentado VerdadAbierta, tuvo a su cargo las relaciones con políticos y empresarios, alrededor del Parque Tayrona, en el Magdalena, zona controlada por el bloque paramilitar hasta mediados de la década pasada. (Ver: “Antes nos servían whisky ahora nos llaman bandidos”: ‘El Canoso’)

De otro lado, la familia del sindicalista no ha logrado que se le incluya en el Registro Único de Víctimas. Además de conocer la verdad y saber quiénes lo mataron, busca que la multinacional les pague un seguro de vida. Sin embargo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia les negó dicha indemnización con el argumento de que la vía en la que ocurrieron los hechos no era la que recomendaba la empresa a sus empleados, y porque, según la empresa, no se trató de un episodio vinculado a la actividad laboral.

Prodeco es una compañía subsidiaria de Glencore, que tiene sede en Suiza y exportacarbón térmico y metalúrgico a varios países de América, Asia y Europa. Es una de las cinco empresas mineras más grandes del mundo y ha sido señalada, junto con la Drummond, de financiar a miembros de grupos paramilitares que operaban en el eje minero del Cesar, conformado por los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguaná y Codazzi.

Según el libro El Lado Oscuro del Carbón, “los departamentos de seguridad de ambas empresas jugaron un papel crucial en el establecimiento de los primeros contactos entre las fuerzas paramilitares y los ejecutivos de las empresas en 1996. Este contacto supuestamente llevó a la llegada del primer grupo de cien combatientes para operar en la zona minera”.

No obstante, hace tres semanas un tribunal de Atlanta, en Estados Unidos, desestimó estas denuncias para el caso de Drummond, lo cual generó inquietud entre las víctimas. (Ver: Víctimas en el Cesar, decepcionadas con fallo a favor de la Drummond)

VerdadAbierta.com se contactó con Prodeco para conocer su opinión acerca de las declaraciones del exjefe paramilitar José Gelves Albarracín, pero no obtuvo respuesta.

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Manifestación de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Bogotá, marzo de 2009. Foto: archivo Semana.

El martes 14 de abril será una fecha trascendental para Herminia Rosa Arias. Ese día, un juez de la ciudad de Medellín ordenará practicar una serie de pruebas mediante las cuales buscará determinar si un grupo de soldados que pertenecieron al Batallón de Artillería No 4 de la IV Brigada del Ejército, con sede en la capital antioqueña, fueron los responsables de la muerte de su hijo, José Alfredo Botero, y su acompañante, Albeiro Giraldo García. Será el primero de muchos pasos que deberá dar la justicia para tratar de esclarecer un crimen que cambió para siempre la vida de su familia.

Todo comenzó un 26 de septiembre de 2003. Por aquel entonces, las montañas del Oriente antioqueño eran un campo de batalla donde los guerrilleros de las Farc y Eln, los paramilitares del Bloque Metro y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio; y las tropas del Ejército se disputaban a sangre y fuego su hegemonía en el territorio. Los constates combates y bombardeos que sacudían la región obligaban a los pobladores, en especial aquellos de las zonas más encumbradas, a mantener la cautela, la prudencia y el cuidado cuándo se trataba de moverse entre veredas.

Eso lo sabían muy bien Herminia, su hijo José Alfredo y Albeiro, un amigo en común. El 25 de septiembre de ese año coincidió que los tres salieron más tarde de lo habitual de sus sitios de trabajo y la oscuridad del campo los sorprendió aún caminando. Aunque todos vivían en la misma vereda Villanueva, municipio de San Luis, a pocos kilómetros de distancia entre sí, sabían que era mejor evitar encontrarse a los hombres de camuflado que se movían permanentemente por el lugar y decidieron pasar esa noche en casa de Rafael, un vecino más de la vereda.

Con las primeras luces del día partieron juntos, cada uno a su destino. No habían caminado más de cinco minutos cuando fueron interceptados por una patrulla del Ejército. Los soldados se identificaron como pertenecientes al Batallón de Artillería No 4 y de inmediato procedieron a requisar a los hombres y verificar sus documentos de identidad. A Herminia la dejaron libre, “pero a ello se los llevaron, los empujaban con los fusiles, los insultaban y a me gritaban que me fuera”, recuerda la mujer, quien no volvió a tener noticias de su hijo.

Días después, un periódico regional publicó la noticia de que el Batallón de Artillería No 4 del Ejército sostuvo combates con una columna del frente Bernardo López Arroyave del Eln, en la vereda Buenos Aires del municipio de Granada, Oriente de Antioquia. Y que en el operativo fueron dados de baja dos subversivos. Herminia se enteró de la noticia y su corazón de madre comenzó a palpitar con la fuerza de quien teme lo peor. Y comenzó a indagar.

Campesinos de la región le contaron que en la tarde de ese 26 de septiembre se escucharon sendas ráfagas de fusil varios kilómetros adentro de la vereda Villanueva. Horas después, un grupo de soldados del Ejército pasó por el sitio conocido como El Charquito, en límites de los municipios San Luis y San Carlos, llevando unas mulas y sobre ellas, los cuerpos sin vida de dos hombres. Que permanecieron en dicho paraje hasta el sábado 27 de septiembre, cuando abordaron una volqueta, con cadáveres y todo, con dirección al municipio de San Carlos. Y allá, en dicha localidad, le contaron que los cadáveres de dos hombres que responden a las características físicas de José Alfredo y Albeiro, fueron dejados por el Ejército en la morgue municipal y posteriormente sepultados como N.N en una fosa del cementerio.

Herminia no pudo seguir averiguando más. Semanas después, hombres armados vestidos de camuflado le dijeron que dejara la “preguntadera”, que lo mejor era que se fuera del pueblo. Y así fue. Partió con sus siete hijos con destino al municipio de Granada. Allá le aguardaba otra tragedia. En los primeros días de septiembre de 2004, dos de sus hijos, Humberto y Carlos Mario, desaparecieron en extrañas circunstancias mientras cortaban caña en un paraje de la vereda Gaviota de esta localidad. Días después, su familia se enteró que los dos hombres yacían en una bóveda del cementerio de San Luis con una inscripción que decía N.N.  Cuando intentó indagar con las autoridades militares presentes en la región qué fue lo que pasó, la respuesta que encontró fue que “era mejor que no me preguntara más por ese par de guerrilleros”.

Semejante señalamiento la llenó de tanto miedo que decidió desplazarse nuevamente, con los cinco hijos que le sobreviven, a la localidad de Bello, norte del Valle de Aburrá, donde aguarda con paciencia bíblica que el litigio jurídico que entabló en 2007, por fin levante el manto de impunidad que cubre la muerte de sus hijos; muertes que son atribuidas principalmente a miembros del Ejército Nacional.

Trabas legales
Madre de uno de los jóvenes asesinados en Ocaña, Norte de Santander, y presentado como supuesto positivo o baja en combate del Ejército. Foto: archivo Semana.

Sergio Arboleda Góngora es abogado. Trabaja para la Corporación Jurídica Libertad, organización no gubernamental con sede en Medellín que acompaña y asesora víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Actualmente es el apoderado de por lo menos 80 personas que decidieron iniciar procesos judiciales para tratar de probar que sus seres queridos fueron asesinados por miembros activos de las Fuerzas Militares y posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Entre los casos que lleva está el de Herminia.

En este, como en los demás casos, Sergio debe enfrentarse a una serie de obstáculos dentro del sistema judicial que no permiten que las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales avancen con la celeridad que las víctimas demandan. “El primero de ellos está en la justicia penal militar”, advierte el abogado. A lo largo de su experiencia profesional se ha topado con jueces militares que abiertamente, y contrariando el debido proceso, le niegan la posibilidad de acceder a los expedientes, lo que le obliga a recurrir a mecanismos excepcionales como el derecho de petición o la tutela.

Eso sin contar la dificultad que implica que los juzgados de instrucción penal militar se encuentren al interior de las guarniciones militares. “Eso se vuelve intimidante para las víctimas y hasta para uno, porque, de todas formas, el Ejército cree que le estamos haciendo un juego político a la guerrilla y la actitud de los militares no es la más cordial”, dice. Actualmente, 15 de los 80 procesos donde funge como apoderado judicial se encuentran bajo esta jurisdicción. El resto ya fueron trasladados a la justicia ordinaria, pero ello tampoco ha sido prenda de garantía para lograr avances significativos.

“Los despachos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se encuentran atestados y faltan investigadores conocedores de la doctrina militar. Eso dificulta aún más las investigaciones y hace que el trámite de las mismas sea muy lento”, señala Sergio. Un alto porcentaje de los casos que representa que ya se encuentran en la justicia ordinaria están en etapa de investigación previa; es decir, el paso que antecede a la apertura de una investigación formal. Para tener una dimensión del problema, el jurista señala que en 2014 fueron proferidas cuatro sentencias condenatorias contra miembros del Ejército nacional, dos en primera instancia y dos en segunda instancia, que no constituyen ni el 0.1 por ciento de acceso al derecho de justicia de las víctimas que representa.  

Pero, el verdadero atranque de estos procesos, según Sergio, está en la falta de voluntad de la Fiscalía General de la Nación: “primero, son procesos muy complejos y eso demanda que los investigadores se dediquen de lleno al caso, algo que no se ve; y de otro lado, pienso que los casos no avanzan para no minar la legitimidad de las Fuerzas Militares por el alto número de denuncias”.  

Al respecto, un conjunto de organizaciones no gubernamentales agrupadas en el colectivo denominado Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEUU), logró documentar un total de 3.512 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas entre los años 2002 y 2010. La cifra no dista mucho de la reportada en 2011 por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que señaló que a esa fecha tenía a su cargo 1.633 investigaciones que involucraban 2.832 víctimas, mientras que en las diferentes Fiscalías Seccionales se llevaban 392 casos que involucraban a 525 víctimas.  Ese mismo año, la Justicia Penal Militar indicó que a 2011 se estaban adelantando unas 400 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales.   

Si bien la documentación realizada por la CCEEUU muestra que en 31 de los 32 departamentos se reportaron denuncias referentes a la comisión de este crimen de guerra, un alto porcentaje de estas se concentra en Antioquia, con 936 víctimas registradas, seguido por Meta (251 víctimas), Huila (202), Cesar (176), Norte de Santander (172), Caquetá (170), Tolima (137), Arauca (127) y Cauca (119). De acuerdo con la CCEEUU, en  95 por ciento de los casos no se ha proferido ninguna decisión judicial y en aquellos donde se han dictado sentencias condenatorias, están han recaído sobre militares de rango medio y bajo.

¿Justicia transicional para militares?
Más de mil uniformados están siendo investigados por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Foto: archivo Semana.

A Herminia se le corta la voz y gruesas lágrimas ruedan por sus mejillas cuando recuerda lo que le pasó a sus hijos. Mucho más cuando es consciente que los culpables de su tragedia no han sido castigados por la justicia. Pero prefiere ya no desgastarse pensando en ello. Por ahora solo espera que el próximo martes 14 de abril, un juez de Medellín le permita realizarse varias pruebas de ADN para confirmar, de una vez por todas, que los cuerpos enterrados en una fosa del cementerio de San Carlos, Antioquia, bajo la inscripción de N.N., corresponden a los de su hijo José Alfredo y su amigo Albeiro.

“Por lo menos para tener la tranquilidad de darle cristiana sepultura y no dejarlo ahí. Con los otros dos muchachos se confirmó que sí son ellos, pero nos tocó dejarlos enterrados allá en San Luis”, relata. En el extremo norte del país, en la Costa Caribe, Marta Díaz contó con suerte distinta, pero no por ello menos dolorosa. Dos años atrás, un juez de Riohacha condenó a nueve militares del Batallón La Popa de Valledupar por la muerte de su hijo Douglas Tabera Díaz, de 27 años, en hechos ocurridos el 2 de abril de 2006 en San Juan del Cesar, Guajira.

“A él se lo llevaron el 28 de marzo de 2006 de Barranquilla a Valledupar. Jugaba fútbol cuando le propusieron irse a trabajar a esa ciudad”, cuenta Marta. Las versiones entregadas por el Ejército Nacional luego de su muerte indicaban que se trataba de un integrante del Frente 59 de las Farc. La justicia demostró todo lo contrario. Marta logró recuperar los restos de su hijo el 11 de diciembre de 2010 en un cementerio de San Juan del Cesar, luego de hacerse varias pruebas de ADN. Hoy día lidera la Asociación Familias Unidas por un Solo Dolor (Afusodo), que agremia a más de 400 personas en el Atlántico que alegan que sus seres queridos fueron asesinados por miembros de las Fuerzas Militares.

“El 90 por ciento de los casos que lidera Afusodo se le atribuyen al Batallón La Popa”, dice, aunque agrega que también se han conocido víctimas del Batallón Córdova de Santa Marta, “como el de Rubén Junior Villa Padilla, de 22 años. A él lo mataron el 25 de septiembre de 2007, pero su familia se enteró de que había muerto un año después. A su padre Rubén Villa, de 56 años, le dijeron que había muerto en medio de un combate en la vereda Paraíso Nueva Colombia de Tenerife, un municipio del Magdalena. Él trabajaba como ayudante de ebanistería en Barranquilla antes de que desapareciera. Es ilógico pensar que tenía nexos con la guerrilla”, afirma.

En este caso, como en los demás registrados en todo el territorio nacional, la pregunta que surge entre víctimas y defensores de derechos humanos es si se trató de actos ilegales cometidos por unas cuantas “manzanas podridas” al interior de las Fuerzas Militares o si el tema va más allá. Es lo que se pregunta, por ejemplo, Iván Cepeda Castro, senador e integrante del Movimiento Nacional de Crímenes de Estado (Movice), quien si bien señala que con la promulgación de la Ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) el Estado colombiano reconoció la responsabilidad de sus agentes en la violación de derechos humanos, la discusión actual gira en torno a un tema de mayor calado.  

“La discusión hoy día es otra: si se trató de ‘crímenes de agentes del Estado’ o de ‘crímenes de Estado’. Y no es una discusión menor, porque no es posible pensar que hayan pasado 50 años de guerra en Colombia y que algunas personas se desviaron de sus deberes y actuaron como criminales. En el contexto de esta guerra se han presentado conductas que son el resultado de políticas, planes y patrones de carácter sistemático de violaciones de derechos humanos”, señala el senador Cepeda.

Aesta discusión se le suma una pregunta que ya ha sido ventilada en diferentes escenarios públicos: ¿se debería incluir a los militares inmersos en investigaciones por ejecuciones extrajudiciales en un sistema de justicia transicional? La respuesta del senador Cepeda es categórica y controversial: “Imposible ignorar un delito como las ejecuciones extrajudiciales, ignorar la reparación a las víctimas de este delito. Por el contrario, al final de un conflicto armado no se podría olvidar semejante situación”.

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Varios han sido los señalamientos en Cesar sobre presuntos vínculos que tuvo esta multinacional carbonífera con grupos paramilitares de las desaparecidas Auc. Foto: Semana.com.

Decepcionadas, así quedaron las víctimas que impulsaban en Estados Unidos un proceso en contra de la multinacional Drummond Company Inc., Drummond Ltd., que adelanta explotaciones de carbón en el departamento del Cesar, por sus presuntas relaciones del pasado con facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), tras conocer que la Corte de Apelaciones del estado de Atlanta determinó que esas denuncias “carecían de fundamento”, según lo anunció la firma estadounidense.

Durante diez años, familiares de víctimas del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Auc, que operó en el centro del Cesar, señalaron que la firma internacional financió y apoyó este grupo armado en su afán de proteger sus intereses de ataques de la guerrilla y de las reclamaciones de los sindicalistas, algunos de los cuales fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos.

Uno de esos casos es el de Jowes Nieto Cuello, asesinado la noche del 14 de noviembre de 2002 en el corregimiento Rincón Hondo, del municipio de Chiriguaná. Esa noche un amigo suyo vino a buscarlo para que le ayudara a desvarar un vehículo cerca de su casa. De acuerdo con la demanda presentada ante los tribunales norteamericanos, “una vez llegó al sitio, fue agredido, torturado y su brazo se rompió cuando luchaba por su vida. Le dispararon tres veces en la cabeza, una vez en el tórax y una vez en la médula espinal”. El cuerpo sin vida del joven fue encontrado al día siguiente por su familia

En diálogo con VerdadAbierta.com, Jerardith, hermana de la víctima, expresó su inconformidad con el fallo proferido en Estados Unidos. “La decisión que tomaron en Atlanta es una burla. Tenemos pruebas para confirmar que la Drummond financiaba a los paramilitares, es que uno de los hombres que mató a mi hermano comía en el casino y se transportaba en los vehículos de esa empresa”, indicó Nieto, coordinadora regional del Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales y Transnacionales.

Amarilis Aroca también sufrió con rigor la violencia paramilitar. Ella, sus tres hijos y siete nietos comen una o dos veces al día. La plata no les alcanza desde que huyeron en 2002 de Los Brasiles, corregimiento del municipio de San Diego. A su esposo Manuel Antonio Sierra Vergara lo asesinaron el 14 de junio de ese mismo año en la finca que administraba.

“Unos 10 hombres armados llegaron y nos pidieron que nos tiráramos en el suelo, nos llamaron por el nombre a cada uno y a mi compañero le dijeron que saliera. Al cabo de un rato lo asesinaron delante del menor de mis hijos, que tenía 7 años, y nos desplazamos a Valledupar”, afirma Aroca, quien se dedica a lavar y planchar ropa para ganarse la vida y sostener a sus hijos. “Por eso me duele muchísimo que en esa corte nieguen a las víctimas, porque al fin y al cabo eso es lo que están haciendo”.

La firma norteamericana cuestionada fue fundada en 1935 por Herman Drummond en Alabama. A Colombia llegó en 1995 a explotar las minas de La Loma; en 1997 adquirió El Descanso; y en 2003 El Rincón Hondo y Similoa, todas ellas en el centro del departamento del Cesar.

¿Qué dice el fallo?
El caso fue abordado por la Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito en Atlanta tras conocer una apelación de los representantes de las víctimas que cuestionaron el fallo de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Alabama, proferido en mayo de 2009, que desestimó el caso contra la empresa carbonífera tras considerar que no tenía responsabilidad alguna en las muertes y desapariciones de algunos trabajadores de la empresa en el Cesar y no hallar evidencias de los supuestos nexos de directivos de esa firma con las Auc.

Al tramitar el caso, la Corte Federal de Apelaciones revisó tanto las pretensiones de los demandantes como los alegatos de defensa de los abogados que representaron a Drummond Company Inc., Drummond Ltd., y después de su contrastación determinó que quienes señalaban a la empresa multinacional no presentaron evidencias concretas que comprometieran James Michael Tracy y Augusto Jiménez, directivos en Colombia y en la sede central, Alamaba, con las Auc.

“En concreto, no hubo evidencia admisible de que Tracy oJiménez tenían conocimiento de un presunto esquema corporativo de financiar o apoyar el Auc”, indicó el fallo, fechado el 25 de marzo de este año y cuya decisión fue conocida a través de un comunicado de prensa de la multinacional del carbón.

La decisión cuestionó a los demandantes luego de someter a examen sus argumentos y señaló que “no aportaron ninguna prueba” que comprometiera a los directivos de la Drummond en “hechos materiales” relacionados con los crímenes perpetrados por hombres de las Auc contra sindicalistas y trabajadores de la firma norteamericana. (Ver decisión, en inglés)

Supuestas evidencias

Durante el proceso de Justicia y Paz, a través del cual se juzga penalmente a aquellos jefes paramilitares y mandos medios que fueron postulados por el gobierno nacional a los beneficios de la justicia transicional, se conocieron varias versiones que hacían referencia a los supuestos vínculos de las Auc con la Drummond.

Uno de los postulados en hacer referencia a esa presunta alianza fue Alcides Mattos Tabares, alias ‘Samario’, quien hizo parte del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Auc, bajo el mando de Oscar José Ospino, alias ‘Tolemaida’. En declaraciones entregadas a un juzgado especializado de Bogotá, aseveró que los asesinatos de los líderes sindicales Valmore Locarno y Victor Orcasita, perpetrado el 12 de marzo de 2001, fue coordinado “con una persona de la Drummond”. (Ver: ‘Samario’ reiteró que funcionarios de Drummond participaron en asesinato de dos sindicalistas y La versión de ‘Samario’ sobre la Drummond y los ‘paras’)

Varias de las versiones de los postulados a Justicia y Paz sirvieron como base para elaborar el informe ‘El lado oscuro del carbón’, escrito y difundido por la organización holandesa Pax en junio de 2014.  Entre los testimonios se encuentra el de José Gélves Albarracín, alias ‘El Canoso’, jefe político del Frente Resistencia Tayrona de las Auc. Este exparamilitar declaró que “la llegada y el estacionamiento de la nueva fuerza paramilitar (un grupo de 100 hombres en enero de 1997 y un segundo grupo de 100 hombres en mayo de 1997) fueron organizados por empleados de seguridad de Prodeco y Drummond y por los militares”. (Descargue el informe El lado oscuro del carbón)

Un eslabón más en la cadena de presuntas evidencias contra la multinacional del carbón lo representa el empresario Jaime Blanco Maya, proveedor de alimentos de la Drummond, quien paga una condena de 38 años en la cárcel La Picota de Bogotá por el asesinato de los líderes sindicales Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita. Durante su proceso penal, reconoció que colaboraba con las Auc, particularmente con los comandantes del Frente Juan Andrés Álvarez, entre ellos con alias ‘Tolemaida’. (Descargue la sentencia en PDF)

Camino a seguir
El abogado Francisco Ramírez, quien representa a varias de las víctimas del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Auc aseveró que en Colombia es poco lo que se ha hecho sobre este caso y por eso se recurrió a la justicia norteamericana. “El gobierno no ha hecho nada por las víctimas porque es un gobierno corrupto, y el aparato de la justicia es inoperante”.

Tras conocer la decisión de Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito en Atlanta, Ramírez le dijo a VerdadAbierta.com que el grupo de abogados que representa en ese país a las familias afectadas por las acciones paramilitares estudia una solicitud de revisión para ser presentada ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

De otro lado, también han iniciado labores de cabildeo en Europa para pedirle a empresas del sector minero-energético e industrial, varias de ellas de Holanda que son las mayores compradoras del carbón de Colombia que se abstengan de adquirirlo. Similar petición hizo el año pasado la organización Pax al advertir que si la no reparaban a las víctimas del paramilitarismo le solicitaría a las empresas de energía más grandes de Europa que dejen de comprarle el mineral. (Ver “Esperamos que Drummond y Prodeco reparen a las víctimas del Cesar”: Marianne Moor)

Finalmente el abogado Ramírez destacó lo que para él son evidencias concretas de las alianzas ilegales entre la firma carbonífera y las Auc: “El 80 por ciento de la financiación del Bloque Norte de las Autodefensas salió de compañías mineras y bananeras de la región Caribe, estamos hablando de unos 400 millones de dólares. Pero eso fue más una inversión que cualquier otra cosa para ambas multinacionales, porque además de sembrar terror, montaron a varios políticos que crearon el Código Minero, una legislación de saqueos con el que han recuperado 10 veces el dinero con el que financiaron a los paramilitares”.

En contraste, la compañía expidió un comunicado, una vez conoció la decisión, en la que expresó su satisfacción por la decisión: “Con la empresa y sus ejecutivos liberados de cualquier mala acción, Drummond acoge con satisfacción esta sentencia como una reafirmación de que hacemos negocios obedeciendo la ley. En ningún momento hemos estado involucrados en actividades ilegales o en las relaciones con los grupos ilegales”.

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