‘Jorge 40’, exjefe del Bloque Norte de las Auc, que fue extraditado a Estados Unidos para que responda ante la justicia de ese país por cargos relacionados con el narcotráfico. Foto: archivo Semana.

Durante los ocho años que Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, hizo parte de la justicia transicional en Colombia solo confesó un delito por iniciativa propia. En más de 500 admitió su responsabilidad aclarando que no los cometió él, sino hombres bajo su mando. A las preguntas de las víctimas siempre respondió de forma vaga, imprecisa y evasiva. Comportamiento que la Corte Suprema calificó como “apático y desidioso”.

Los cargos aceptados son mínimos si se tiene en cuenta que la Fiscalía  documentó que el Bloque Norte, grupo paramilitar que estuvo al mando de ‘Jorge 40’, cometió más de 20 mil crímenes en la Costa Caribe.  Desde 2008, luego de ser extraditado a Estados Unidos, el exparamilitar decidió no volver a comparecer más ante la justicia de Colombia.

Con la excusa de no afectar su proceso judicial en Estados Unidos, “’Jorge 40’ nunca aceptó haber cometido crímenes de lesa humanidad como el reclutamiento de menores, el secuestro o los delitos de género. Tampoco habló de los políticos, empresarios ni militares que se aliaron con el Boque Norte. Los magistrados de Justicia y Paz aseguraron que eso no era excusa, pues otros extraditados como Salvatore Mancuso y ‘HH’ han seguido confesado.   (Ver: Los crímenes que ‘Jorge 40’ nunca confesó)

La Corte aseguró que no solo lo excluye por negarse a comparecer ante la justicia, sino por contar verdades a medias. “La obligación de contribuir al esclarecimiento de la verdad (…) no se entiende agotada con la escueta aceptación de responsabilidad, desprovista de detalles y precisión de las circunstancias temporales y modales en las que se cometieron los delitos”, dice el auto de la Corte.  

Un ejemplo fue lo que sucedió en la versión libre del 5 octubre de 2007 cuando le preguntaron por la desaparición de Manuel y Marco Fidel Suárez. ‘Jorge 40’ dijo que no tenía detalles, pero se comprometió a entregarlos en una próxima versión. Compromiso que nunca cumplió.

Lo curioso es que este tipo de respuestas evasivas han sido denunciadas por las víctimas y son comunes en las audiencias de Justicia y Paz, no solo de ‘Jorge 40’, sino de exparamilitares que pertenecieron a otros bloques, incluso algunos que ya están en libertad como Juan Francisco Prada Marquez, alias ‘Juancho Prada’(Ver: Los olvidos de ‘Juacho Prada’ y Las deudas de Justicia y Paz con las víctimas)

A pesar de esto, desde que fue aprobada la ley de Justicia y Paz hace 10 años, ‘Jorge 40’ es el segundo exparamilitar excluido por contar verdades a medias, el primero fue Marco Tulio Pérez, alias ‘El Oso’, quien no aceptó los delitos sexuales que cometió contra las mujeres de la zona rural de San Onofre, Sucre.

La reparación a las víctimas  
Con este auto, la Corte Suprema de Justicia respaldó la decisión de exclusión que tomó la sala de Justicia y Paz del tribunal de Barranquilla en junio de este año. Si Rodrigo Tovar regresa a Colombia ya no tendrá una pena de máximo ocho años de prisión, sino que podría ser condenado a 40 años en la justicia ordinaria, pero esto implica cambios en el proceso judicial de las víctimas.

Los defensores de víctimas se opusieron casi a que sacaran a ‘Jorge 40’ porque, según ellos, “implicaría la obstrucción definitiva a los derechos de verdad y reparación de los perjudicados”. La Corte les recordó que eso no es así, como ha ocurrido en casos anteriores, las víctimas pueden seguir reclamando ante la justicia transicional sin importar que el exjefe paramilitar ya no esté postulado.

En términos de reparación, los bienes que ya entregó Rodrigo Tovar siguen en manos del Fondo de Reparación a las Víctimas. Sin embargo, la mayoría de las fincas que ofreció ‘Jorge 40’ están en disputas de restitución, pues hay reclamantes que aseguran que el exparamilitar los despojó de estas tierras.  Hasta que un juez no tomé una decisión, los predios son intocables.

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Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, exjefe político del Bloque Central Bolívar, quien está buscando su libertad tras llevar más de ocho años vinculado al proceso de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.

En la mañana del martes 18 de agosto, la magistrada de control de garantías Teresa Ruiz, revocó la medida de aseguramiento que tenía en su contra el desmovilizado jefe paramilitar e ideólogo del Bloque Central Bolívar (BCB), Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, al establecer que había cumplido con los compromisos que exige la justicia transicional.

Desde ese momento se empezó a especular con que ‘Báez’ sería el tercer gran jefe de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en salir de prisión, tras las recientes excarcelaciones de Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, y de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. No obstante, una cuenta pendiente con la justicia ordinaria tiene en vilo sus planes de salir de prisión.

La Fiscalía de Derechos Humanos tiene en firme una medida de aseguramiento en su contra por su presunta responsabilidad en la masacre de La Rochela, la cual fue cometida por los paramilitares de Puerto Boyacá el 18 de enero de 1989. Ese día, hombres de las autodefensas de Henry Pérez se hicieron pasar por guerrilleros y fusilaron a 12 integrantes de una comisión judicial que investigaban crímenes del naciente paramilitarismo en el Magdalena Medio.

Durante sus versiones libres, ‘Báez’ negó que tuviera responsabilidad en esta masacre y argumentó que, para la fecha, no hacía parte de las autodefensas. Por esta razón no fue procesado, sin embrago, 26 años después la justicia ordinaria le pide que rinda cuentas.

Jorge Alberto Ruiz, uno de los abogados que representa a ‘Báez’, le dijo a VerdadAbierta.com que solicitarán que la medida sea revocada: “Justiciay Paz hace un análisis mucho más exhaustivo y documenta los casos con los protagonistas. Ellos ya documentaron y evidenciaron que Iván Roberto Duque no tuvo nada que ver y se pudo acreditar que para esa época él se encontraba en locación distinta y que no detentaba ningún mando”.

La Fiscalía de Justicia y Paz reconoce que no tiene pruebas para refutar la versión de Báez sobre La Rochela. “Esto no se ha podido desvirtuar y por tanto, como quiera que no ha confesado el hecho, nunca se llevó a ningún tipo de audiencia ni se pidió suspensión del proceso en la justicia ordinaria”, le contó un funcionario de la Fiscalía a VerdadAbierta.com, quien agrega que esos hechos se deben demostrar en el proceso que lleva la Unidad de Derechos Humanos.

La masacre de La Rochela no es el único crimen por el que el exjefe político del BCB ha sido procesado por la justicia ordinaria. Sobre sus hombros tiene tres condenas, las cuales serán acumuladas en el proceso de justicia transicional porque sí reconoció y confesó esos hechos ante los fiscales de Justicia y Paz. La primera es por concierto para delinquir y las dos restantes por los asesinatos de Alma Rosa Jaramillo Lafourie, defensora de derechos humanos vinculada al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y del sindicalista Jairo Antonio Chimá, de Yondó, Antioquia.

‘Ernesto Báez’ y la justicia
El exjefe político del Bloque Central Bolívar, durante una de sus versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.

Esta no es la primera vez que la justicia tiene posturas diferentes respecto al comportamiento del exjefe político del Bloque Central Bolívar. El pasado 14 de mayo, otro magistrado de control de garantías de Justicia y Paz negó su solicitud de libertad porque estableció que no había cumplido con todos los requisitos que exige la ley, entre ellos los de realizar cursos de resocialización y estudios en la cárcel. (Ver: ¿Por qué está enredada la libertad de los exparamilitares?)

No obstante, tres meses después, la magistrada Ruiz encontró que esto no era así, pues hasta el momento la Fiscalía no tiene argumentos para decir que el exjefe paramilitar no ha cumplido con los requisitos. La decisión, sin embargo, no fue apelada por los defensores de víctimas ni por la Procuraduría.

En otra oportunidad, el 10 de junio de 2010, el Tribunal Superior de Bogotá aceptó la petición de la Fiscalía 14 de Justicia y Paz de expulsar a ‘Báez’ porque se negaba a reconocer su responsabilidad en por lo menos 27 asesinatos porque según él, al ser jefe político, no tenía que responder por los crímenes que cometieron las tropas. Sin embargo, resolviendo un recurso de apelación, la Corte lo reintegró el 25 de agosto de 2011, y volvió a asistir a las versiones libres de la Fiscalía. (Ver: ‘Ernesto Báez’ vuelve a Justicia y Paz)

En total, según cifras de la Fiscalía de Justicia y Paz, el exjefe político del BCB ha reconocido 1.591 hechos en versión libre, en 2015 le han sido imputados 801 de ellos y está a la espera de recibir sentencia por 790 más.  

Diferentes funcionarios judiciales consultados por VerdadAbierta.com que han seguido de cerca el proceso del BCB, coinciden en que los mayores aportes de ‘Báez’ a la justicia han sido verdades sobre el contexto histórico del conflicto armado, la conformación de las autodefensas y los señalamientos contra políticos, que derivaron en varias condenas en medio del escándalo de la parapolítica.

“Dijo muchas cosas y creo que es su mejor aporte, ya que va acorde a lo que él era dentro del grupo paramilitar: el comandante político. Sobre los crímenes, muchos hechos los acepta por línea de mando porque dice que no los recuerda o no los conoce. En la mayoría de los hechos del BCB, los acepta porque los han confesado otros desmovilizados. No quiero decir que se haya dicho todo, pero comparado con los demás, es de los que más ha aportado”, concluyó un funcionario.

A raíz de sus confesiones, la Fiscalía ha compulsado copias para que las autoridades competentes investiguen a 45 funcionarios públicos. Algunos de los congresistas que fueron condenados por sus nexos con ‘Ernesto Báez’ son Carlos Alberto Clavijo, Vicente Blel, CarlosHiguera Escalante, Carlos Julio Galvis Anaya, Óscar Josué Reyes, Luis Alberto Gil, Javier Cáceres, Rocío Arias Hoyos, Alfonso Riaño Castillo, Rafael Castillo Sánchez y Miguel Ángel Rangel Sosa. (Ver informe especial: De la curul a la cárcel)

También hizo fuertes declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el fallecido ‘Zar de las Esmeraldas’, Víctor Carranza. Sobre el primero afirmó que las Auc apoyaron sus candidaturas presidenciales de 2002 y 2006; y al segundo lo tildó como el ‘Zar del Paramilitarismo’, por sus presuntos apoyos y financiación a los grupos de autodefensas del Magdalena Medio. (Ver: “Hubo identidad política con Álvaro Uribe Vélez” y “Víctor Carranza es el Zar del Paramilitarismo”)

El hecho de que ‘Báez’ vuelva a la libertad es una posibilidad. Que sea más tarde que temprano, depende de los ritmos de la justicia y de cómo se resuelva su implicación con la masacre de La Rochela, que tiene dos procesos diferentes ante la justicia.

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Salvatore Mancuso fue extraditado el 13 de marzo de 2008. El postulado a Justicia y Paz ha criticado la lentitud de la justicia y en varias ocasiones se negó a seguir versionando. Foto: Revista Semana.

La juez Ellen Huvelle del distrito de Columbia condenó a Salvatore Mancuso, segundo al mando de las Autodefensas Unidas de Colombia, a 15 años y diez meses de prisión. Desde 2002, la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigaba al  exjefe paramilitar por varios envíos de droga que ingresaron a este país.

Los fiscales del Distrito de Columbia habían pedido una pena de 22 años de prisión, a pesar de que, según los defensores de Mancuso, habían negociado no más de 13 años por la colaboración que había prestado a la investigación.

Como último recurso, el pasado 16 de junio, el exjefe paramilitar le envío una carta a la Cancillería colombiana clamando su intervención ante la justicia de Estados Unidos. Pedía que el gobierno de Colombia informara a la juez y a los fiscales norteamericanos que ya había sido condenado por narcotráfico en Justicia y Paz y que había cumplido con las exigencias de la Justicia transicional. (Ver carta)

Salvatore Mancuso obtuvo una pena mucho menor a la que recibieron otros desmovilizados como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ o Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, condenados a más de 30 años de prisión.

Los siete años que el exjefe paramilitar lleva recluido en una cárcel en la ciudad de Warsaw en Virginia, Estados Unidos, cuentan como parte de su condena con la justicia norteamericana, por lo que le restarían ocho tras las rejas, aunque pueden llegar a  ser menos.  (Ver: El paso de Salvatore Mancuso por la guerra)

En Colombia, Salvatore Mancuso ya fue condenado dos veces por la justicia transicional por los crímenes cometidos por cuatro grupos paramilitares que dirigió. Como está postulado a la Ley de Justicia y Paz recibió una penal alternativa de ocho años de prisión, pero lo que no está claro es si el tiempo que lleva en la cárcel de Estados Unidos cuenta como parte de su condena. Los abogados de Mancuso y de otros extraditados han pedido a la Corte Suprema que aclare este asunto, pero aún no hay un pronunciamiento al respecto.  

La justicia colombiana y Mancuso

El exjefe paramilitar ha dicho que todavía falta por detallar por lo menos 5 mil crímenes. Foto: Revista Semana.

En 1994, cuando Salvatore Mancuso era un ganadero cordobés que servía como informante del Ejército, conoció a los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes le propusieron unirse a las recién creadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Un año después conformó su propio grupo paramilitar disfrazado bajo la legalidad de las ‘Convivir’.

Pero fue en 1997, con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que logró mayor protagonismo. Ese año lideró la expansión paramilitar en Cesar, Magdalena y los Montes de María; un año después incursionó en La Guajira; y en 1999 llegó a Norte de Santander con más de 200 paramilitares.

Estados Unidos le seguía ya la pista por los cargamentos de estupefacientes que envío a ese país y en septiembre de 2002 solicitó por primera vez su extradición. Solicitud que fue detenida por el presidente Álvaro Uribe Vélez en medio de las conversaciones para pactar la desmovilización de las Auc.

En 2005, Salvatore Mancuso fue uno de los impulsores de un acuerdo entre los paramilitares y el gobierno en Santa fe de Ralito. En diciembre de ese año se desmovilizó como jefe del Bloque Catatumbo y coordinó la entrega de más de 1.400 paramilitares. Los grupos paramilitares de la Costa que estaban bajo su mando quedaron en manos de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

En agosto de 2006, el gobierno lo postuló a ley de Justicia y Paz y arrancaron las primeras versiones libres donde relató algunos de sus crímenes y señaló a sus aliados, entre ellos, políticos, militares y empresarios. Pero mayo 2008, el presidente Álvaro Uribe aprobó su extradición a Estados Unidos, junto a la de otros trece exjefe paramilitares.

Mancuso no dudo en afirmar que su extradición era una estrategia para acallar las verdades que venía contando ante la justicia transicional. Aunque este fue un tropiezo en el proceso judicial que se adelantaba en Colombia, el exjefe paramilitar continuó versionando ante los fiscales de Justicia y Paz.

A pesar de la distancia y de las condiciones de reclusión, los fiscales colombianos han reconocido que Salvatore Mancuso colaboró con la justicia. Su testimonio fue clave en varios juicios contra parapolíticos y en contra de altos miembros de la fuerza pública como Rito Alejo del Río (Ejército) y Mauricio Santoyo (Policía). Incluso habló en contra de sus propios familiares que manejaron los negocios del narcotráfico para los paramilitares. (Ver: Doménico Mancuso, ficha clave de las Auc en incursión al Catatumbo)

En 2012 fue llevado por primera vez a juicio ante los magistrados de Justicia y Paz, donde le imputaron más de 100 crímenes de lesa humanidad como masacres, desplazamientos masivos y acceso carnal violento que cometió como jefe del Bloque Catatumbo. En ese momento los paramilitares contaron con crudeza cómo construyeron hornos crematorios e Norte de Santander para desparecer los cuerpos de sus víctimas.

La Fiscalía lo eligió como uno de los casos de priorización en 2013, esta es una estrategia que usó el Ente investigador para darle celeridad a la investigación de 16 exjefes paramilitares y guerrilleros con el fin de obtener macrosentencias. Salvatore Mancuso respondió por línea de mando por los crímenes que cometieron cuatro grupos paramilitares: Bloque Norte,  Montes de María, Córdoba y Catatumbo.

En octubre de 2014 fue condenado por más de 100 crímenes cometidos por el Bloque Catatumbo, grupo que él comandaba. Un mes después se conoció la sentencia más grande del proceso de Justicia y Paz en la que el exparamilitar se declaró responsable de más de 1.400 delitos cometidos en ocho departamentos.

En esos dos fallos se incluye el delito de tráfico de estupefacientes entre 1996 y diciembre de 2004. En la carta enviada a la Cancillería, Mancuso pidió que se le haga conocer a la justicia norteamericana que él ya fue condenado previamente por narcotráfico. Sin embargo, ninguna de estas dos sentencias está en firme pues fueron apeladas por las víctimas y se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema en segunda instancia.

Aunque su proceso en Justicia y Paz ha avanzado rápidamente en los últimos años, el exjefe paramilitar está en riesgo de ser excluido. El pasado 22 de junio la Fiscalía le imputó cargos por “lavar” dinero del narcotráfico en las empresas de apuestas de chance de Enilse López, más conocida como ‘la Gata’ tiempo después de haberse desmovilizado. Si el juez que lleva el caso lo encuentra culpable, Salvatore Mancuso no podría acceder a una pena alternativa de ocho años y podría ser condenado a una pena de hasta 40 años en Colombia. (Por qué los familiares de ‘La Gata’ están acusados de lavar plata a los paramilitares)

¿Qué pasó con los demás extraditados?
El proceso judicial de 15 exjefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos entre 2008 y 2009  ha tomados distintos rumbos. Cinco ya fueron excluidos de la Ley de Justicia y Paz en Colombia por no cumplir con los requisitos, y en caso de que regresen, tienen que pagar penas de 40 años de prisión.

La Corte Suprema dio el primer paso pidiendo que depuraran la justicia transicional de “narcos puros” como alias ‘El Mellizo’, ‘Gordolindo’ o el ‘Tuso’ Sierra que se camuflaron como jefes paramilitares para beneficiarse de una pena alternativa en Justicia y Paz, pero después fueron enviados a Estados Unidos.

‘Macaco’ salió por haber delinquido luego de su desmovilización y ‘Jorge 40’ por negarse a comparecer ante la justicia colombiana. Algunos de estos desmovilizados han sido condenados a penas entre 20 a 33 años de prisión, pero no se descarta que negocien con la Justicia a Estados Unidos y no tengan que regresar al país como ocurrió con el ‘Tuso’ Sierra, quien incluso consiguió un permiso de trabajo.

Como Salvatore Mancuso, otros casos fueron priorizados por la justicia transicional en Colombia, como Ever Veloza García, alias ‘HH’,  Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’ y  Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’.

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Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, durante la desmovilización del Bloqiue Élmer Cárdenas de las Auc. Foto: archivo Semana.

Una carta enviada al centro penitenciario de máxima y mediana seguridad de Itagüí, en Antioquia, por una organización armada que se hace llamar ‘Nuevo Epl’, conmina a Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, a abandonar el país cuando abandone este penal, asuntoque está en proceso por cuanto ya fue autorizado por una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz.

La misiva, conocida por VerdadAbierta.com, le llegó al excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) directamente al penal, a su nombre, en días pasados y en ella, inicialmente, le presentan esta nueva organización, la cual se dio a conocer en abril pasado. (Descargue la carta en PDF)

Mario Agudelo, un exintegrante del Epl, ha sido uno de los amenazados en el primer panfleto, descarta que esta organización sea estructurada y lo que le llama la atención es que los contenidos de los panfletos revele contradicciones: aparentan una ideología, pero parecen de derecha. (Descargue el primer comunicado)

Además, Agudelo destacó que en el caso de ‘El Alemán’ le pueden estar cobrando el destape de la parapolítica en Urabá, que llevó a la cárcel a varios líderes de la región.

“Sea este el momento para presentarle a nuestro movimiento revolucionario”, le dicen a alias ‘El Alemán’ y a renglón seguido escriben que el Epl “ha resurgido” y se ha “reestructurado”, y de paso cuestionan a sus supuestos compañeros del pasado, de quienes advierten que “por llamarse constituyentes o legisladores nos vendieron a todos, nos sometieron al genocidio silencioso y nos expusieron a la vergüenza de ser desmovilizados en un país donde ser desmovilizado es sinónimo de ser el otro enemigo”.

Luego de recordarle las dificultades que conlleva ser desmovilizado, sobre todo en su relación con las comunidades, le advierten que vendrán muchas agresiones, entre ellas las del ‘Nuevo Epl”: “Señor Alemán, solamente queremos decirle que algunas de esas agresiones vendrán de nuestra parte. Y no serán muchas, nos hemos propuesto que sea una pero definitiva. Por eso le informamos y lo conminamos a abandonar el país inmediatamente sea puesto en libertad”.

Además, le advierten que “no queremos verlo a usted y a ninguno de sus hermanos, o a sus cómplices porque son un verdadero peligro para las víctima y para la restitución de tierras”.

El panfleto lo firma la “Dirección de contraataque” y en uno de los apartes le dicen que a él “no lo cuidarás el ejército, ni la policía, como sí cuidan a los traidores que vemos hoy en La Habana negociando hoy a sus compañeros, ni cómo cuidan a nuestros ‘compañeritos’ desmovilizados que hoy fungen como adalides de la moral impunemente”.

Esta “organización revolucionaria” se reivindica la defensas delos reclamantes de tierras y dice actuar desde el parque nacional Nudo de Paramillo: “no nos detendremos de forma alguna para defender a los campesinos y a las víctimas de las zonas donde tenemos influencia”.

A ‘El Alemán’ le recuerdan que él y sus cómplices “son idiotas útiles de un Estado militarista” y por ello, “lamentablemente nos corresponde declararlos nuestro objetivo militar prioritario. Blancos del máximo interés”.

Luego le reiteran la amenaza: “no nos obliguen a pasar de la acción política a la acción militar porque lo haremos sin vacilar. No nos importan los costos, porque desde la clandestinidad permanente que hemos asumido, tenemos toda la disposición de actuar cuando sea necesario por la vía de las armas”.

Finalmente le notifican de nuevo la exigencia: “lo tendremos en la mira durante algún tiempo, dándole tiempo a confesarse y a comprar el pasaje para irse del país. Le insistimos por su seguridad y la de su familia, váyase a gastar sus milloncitos a otro país porque aquí no le vamos a dar tiempo de disfrutarlos”. Incluyen en la amenaza asupuestos testaferros de los departamentos de Antioquia, Sobre todo de Urabá, Córdoba y Chocó.

La amenaza llega en momentos que este exjefe paramilitar espera los trámites necesarios para abandonar el penal, pues de acuerdo con las normas de la Ley 975, de Justicia y Paz, ya cumplió con los ocho años de carcel que contempla los beneficios de este proceso de justicia transicional.

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Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, antigua mano de derecha de los hermanos Castaño Gil, seguirá vinculado al proceso de justicia transicional de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.

Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, continuará en Justicia y Paz, según la decisión de primera instancia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Superior de Medellín, que rechazó la solicitud de exclusión presentada por la Fiscalía 8 de Justicia y Paz el pasado mes de octubre. Según la Fiscalía, Roldán Pérez faltó a su compromiso de revelar toda la verdad porque apenas el pasado 14 de agosto reconoció en una versión libre su responsabilidad en el despojo de la finca ‘La Holanda’, ubicada en el corregimiento Leticia de Montería.

Alias ‘Monoleche’ admitió en dicha diligencia que en noviembre de 2003 él y otro paramilitar, conocido con el alias de ‘Chico’, llegaron hasta ese predio con el fin de usurpárselo a su propietaria, la señora Yaneth Arango García, como represalia por una deuda contraída por su esposo, Hugo Berrío, con el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’.

Esta declaración resultó bastante sorpresiva para la Fiscalía, pues en diligencias judiciales rendidas el 24 de enero de 2008 y el13 de agosto de 2009, Roldán Pérez había negado su participación en este despojo. Para el ente investigador, esto evidencia una falta de compromiso con la verdad, y amerita que se le excluya de los beneficios que da la Ley de Justicia y Paz.

A eso se suma que en agosto pasado la Fiscalía 30 Especializada contra Bandas Criminales abrió una investigación contra el exparamilitar por su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior homicidio de los hermanos Juan y Diego Vélez Ruiz, así como del contador público Luis Fernando Claros, ocurridos en 2007 y 2009 respectivamente. Estos hechos se cometieron, presuntamente, para que alias ‘Monoleche’ se apoderara de unos predios en el Urabá antioqueño que pertenecieron a Vicente Castaño.

¿Por qué no prosperó la exclusión?
La Sala de Justicia y Paz de Medellín consideró que la presunta falta a la verdad por parte del postulado no se puede considerar absoluta, y que poco o ningún daño sufrió la administración de justicia con el reconocimiento tardío de su participación en el despojo de ‘La Holanda’. Si bien el alto tribunal reconoce serias contradicciones en las versiones libres rendidas por Roldán Pérez en los años 2008 y 2009 con la rendida el 14 de agosto del presente año, también señala que dicha situación no puede analizarse de forma aislada ya que: “lo acontecido obedece más a un reconocimiento tardío de la verdad por parte del desmovilizado Roldán Pérez y no a un acallamiento de la misma o, por lo menos, ello no se encuentra demostrado”, expuso el magistrado ponente Juan Guillermo Cárdenas.

De acuerdo con el magistrado Cárdenas, en el proceso de justicia transicional la verdad se va construyendo a medida que transcurren las diferentes etapas de versiones libres y audiencias públicas. Ello explica por qué las imputaciones, los cargos y las sentencias que son proferidas por los tribunales de Justicia y Paz tienen un carácter parcial, “resultando válido y legítimo que los excombatientes, de manera progresiva y a medida que avanza la causa adelantada en su contra, vayan colaborando con la justicia y reparando a sus víctimas a través de sus dichos”, expuso Cárdenas.

Así, a juicio del magistrado, este reconocimiento tardío por parte de alias ‘Monoleche’ encarna una colaboración con la administración de justicia más que un ocultamiento a la verdad, toda vez que fue el propio desmovilizado quien, de manera libre y voluntaria, acudió ante los fiscales de Justicia y Paz a esclarecer los hechos que rodearon el mencionado despojo, hecho que debió motivar la formulación de una nueva imputación de cargos y no la solicitud de su exclusión, toda vez que el proceso judicial aún no ha culminado.

Los magistrados también encontraron improcedente la solicitud de exclusión de la Fiscalía, si se tiene en cuenta que ya se han agotado una serie de instancias en las que el ente investigador ha dado cuenta del cumplimiento de los requisitos del postulado para optar a los beneficios de la justicia transicional.

“Este proceso ya lleva siete años de recorrido, en los cuales se ha venido contextualizando el accionar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en aquellas zonas donde tuvieron injerencia, se admitió por parte del postulado la comisión de pluralidad de conductas punibles, se acreditaron víctimas que están ad portas de ser reconocidas y reparadas, no siendo razonable que previo a la lectura del fallo, presente el ente investigador una solicitud de exclusión que claramente no beneficia a nadie”, señaló el magistrado Cárdenas.

Es así como el próximo martes se empezará a dar lectura a la sentencia que condenará a Roldán Pérez. Mientras tanto la Fiscalía 8 de Justicia y Paz apelará la decisión del Tribunal y será entonces la Corte Suprema de Justicia quien resuelva en última instancia si alias ‘Monoleche’ podrá gozar de una pena alternativa, o no.

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‘Don Antonio’ se hizo conocido porque al momento de su captura las autoridades le incautaron un computador de ‘Jorge 40’ que tenía información de parapolíticos y numerosos crímenes.Edgar Ignacio Fierro Flores, alias ‘Don Antonio’, quien fue la mano derecha de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, en el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), fue el primer exjefe paramilitar en solicitar su libertad tras cumplir ocho años, luego de su desmovilización y posterior reclusión el 28 de marzo de 2006. Sobre su libertad se expidieron dos decisiones judiciales que en principio son opuestas.

Por un lado, hace una semana, la Corte Suprema de Justicia le concedió a alias ‘Don Antonio’ la sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad, es decir que consideró que el postulado cumplió con sus compromisos y que, por lo tanto, podía quedar en libertad condicional. (Ver fallo de la Corte Suprema). En este fallo de segunda instancia los magistrados de la Corte respaldan la decisión de la magistrada del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla tomó hace dos meses. (Ver: Por qué alias ‘Don Antonio’ no va a quedar aún en libertad)

Por otro lado, en un auto que se conoció ayer, la juez de ejecución de sentencias de las Salas de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, no solo le negó la libertad por pena cumplida a alias ‘Don Antonio’, sino que le revocó la rebaja de pena, lo que significa que Fierro Flores pasaría de estar recluido 8 años a 40 años en la cárcel. Esto porque consideró que el exparamilitar no les pidió perdón públicamente a sus víctimas, como se lo exigió una condena de la Corte Suprema en junio de 2012. La defensa del postulado apeló esta decisión que ahora está en manos de los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. (Ver decisión del Tribunal de Justicia y Paz)

Aunque las dos decisiones resultan contradictorias, el fallo de la Corte Suprema aclara que para solicitar la libertad hay dos figuras diferentes: una es la libertad por pena cumplida que la concede una juez de ejecución de sentencias y que aplica a los postulados que ya tengan una condena en la Ley de Justicia y Paz; y la otra es la sustitución de medida de aseguramiento que la concede un magistrado de control de garantías de Justicia y Paz a quienes aún no han sido condenados por delitos que cometieron mientras hicieron parte del grupo.

Eso quiere decir que como Fierro Flores fue condenado en junio de 2012 debe solicitar la libertad por pena cumplida. En término prácticos implica que la libertad que le concedió la Corte no tiene ningún efecto hasta que no se resuelva el proceso de libertad por pena cumplida con los magistrados de Justicia y Paz. (Ver: La primera sentencia de ‘Don Antonio’ en Justicia y paz)

Por lo pronto, alias ‘Don Antonio’ seguirá en la cárcel condenado a 40 años de prisión y cualquier decisión que se tome al respecto será un referente para las demás solicitudes de excarcelación de otros exjefes paramilitares que llevan ocho años tras las rejas.

Estos dos proceso jurídicos (el de la sustitución de medida de aseguramiento que terminó en la Corte Suprema y el de libertad por pena cumplida que se decidió a manos de un juez) corrieron paralelamente porque el abogado de alias ‘Don Antonio’ solicitó la libertad de su cliente por las dos vías.

Al mismo tiempo, la Fiscalía inició un proceso contra Fierro Flores por falso testimonio en contra de Silvia Guette, exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe a la que se le sindica de haberse aliado con las Auc, pero esto no tiene relación alguna con la negación de la libertad, pues aún no existe una decisión judicial sobre este asunto.

Al respecto, VerdadAbierta.com obtuvo copia de la carta que alias ‘Don Antonio’ le remitió el pasado martes al Fiscal General de la Nación, en la que rechaza esa sindicación del Ente acusador, calificándola de “falsa acusación”. En uno de sus apartes, el exparamilitar dice que “Teniendo en cuenta que he recibido de parte de mi abogado de confianza copia de la denuncia que en mi contra instaurara el abogado Luis Arturo Jiménez Cely defensor de Silvia Guette Ponce el día 19 de febrero de 2014, es mi deber hacer algunas precisiones para dar claridad a falsas acusaciones que ha hecho el abogado Jiménez Cely en mi contra, omitiendo convenientemente para los intereses de su defendida, información que obra en el proceso que se adelanta en mi contra y en contra de la Guette por el homicidio de Fernando Cepeda Vargas”. (Ver copia de la carta)

¿De dónde surgió este enredo?
La ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz establecía que cuando los exparamilitares cumplieran su pena debería solicitar su libertad ante un juez de ejecución de penas utilizando la figura de la libertad por pena cumplida, pero en  2012, cuando  el Congreso de la República reformó la Ley de Justicia y Paz se creó la figura de la sustitución de medida de aseguramiento.

La preocupación en ese entonces era que muy pocos postulados tenían una sentencia en firme y por lo menos 50 de ellos cumplirían con los ocho años de cárcel en diciembre de 2014. Por tal razón, la idea fue crear estemecanismo para que estos desmovilizados pudieran pedir su libertad sin necesidad de haber sido condenados.

Eso quiere decir que postulados como alias ‘Don Antonio’, que ya tienen una condena en firme, deben pedir su libertad ante un juez de ejecución de penas; en cambio, quienes no tengan una condena, como ha ocurrido en el caso de los cinco exparamilitares que ya se encuentran en libertad, deben pedir su libertad con un magistrado de control de garantías.

La Corte Suprema aclaró en su reciente fallo que las exigencias de una y otra medida son diferentes, mientras que para un desmovilizado que no ha sido condenado se le debe mirar “su grado de lealtad para con el proceso de Justicia y Paz, así como su conducta en el establecimiento de reclusión”, para quienes ya fueron condenados como ‘Don Antonio’  es necesario revisar no solo que haya pasado 8 años en la cárcel sino que haya cumplido con la obligaciones impuestas en su sentencia.  

El perdón que no llegó a las víctimas
Aunque la Juez de ejecución de sentencias reconoce que Fierro Flores ya cumplió ocho años de prisión desde que fue condenado a Ley de Justicia y Paz, aclara que no cumplió con las obligaciones que le impuso la sentencia de la Corte Suprema en junio de 2012. En dicho fallo le exigieron que en un plazo de seis meses debía publicar unas disculpas públicas en un diario de alta difusión nacional y hacer un evento en  público en los municipios de Atlántico, Cesar y Magdalena  donde delinquió.

El fallo muestra que, en efecto, dos años después de haber sido condenado, ‘Don Antonio’ no ha cumplido con sus obligaciones y por eso le quitó los beneficios de una pena alternativa de ocho años. El exparamilitar se defiende diciendo que remitió un borrador de las disculpas públicas a la Unidad de Víctimas el 28 de enero de 2013 con el fin de que le ayudara a la socializarlo con las víctimas, pero que le contestaron un año y cinco meses después la entidad le respondió diciendo que dicha socialización era responsabilidad del victimario. Sobre la logística del evento para pedir perdón también culpa a la Unidad de Víctimas.

La juez encontró que no era justificación suficiente para cumplir con un compromiso que en principio era del postulado. Agregó que tampoco ha cumplido a cabalidad su compromiso de reparación, pues se rehusó a entregar bienes, pues los únicos bienes que están en manos del Fondo de Reparación a las Víctimas son los que le fueron incautados al momento de su captura.

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Miguel Ángel Mejía Múnera.Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía solicitó la exclusión de los beneficios de la justicia transicional a Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘ El Mellizo’, quién se desmovilizó como el jefe máximo del Bloque Vencedores de Arauca, una de las facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

El ente investigador argumentó que Mejía Múnera no cumple con los requisitos para acceder a los beneficios de una pena alternativa de ocho años, pues su actividad criminal dentro del grupo tuvo como finalidad el tráfico de estupefacientes. “’El Mellizo’ es un narco puro y no merece estar en Justicia y Paz”, aseguró la Fiscalía.

Los cuestionamientos sobre alias ‘El Mellizo’ datan de 2004, cuando junto a su hermano Víctor Manuel, fueron incluidos en la lista de los 12 narcotraficantes más buscados por la Policía Nacional. Poco tiempo después, en diciembre de 2005, ‘Los Mellizos’, como eran conocidos, se desmovilizaron con sus hombres del Bloque Vencedores de Arauca en la vereda Puerto Gaitán, municipio de Tame, en Arauca.

Pese a dejar las armas bajo los acuerdos de las Auc con el gobierno nacional, los hermanos se negaron a ser recluidos en una cárcel, huyeron y crearon la banda ‘Los Nevados’, una de las primeras estructuras criminales surgidas después de la desmovilización, con el fin de apropiarse del negocio del narcotráfico de la Costa Caribe.

El 29 de abril de 2008 Víctor Manuel murió en un operativo de la Dijín realizado en zona rural del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Tres días después Miguel Ángel fue capturado en vías del departamento del Tolima, cuando viajaba escondido en la cabina de una tractomula. Posteriormente, en febrero de 2009, fue extraditado a Estados Unidos, donde responde por delitos asociados al tráfico de drogas. (Ver Extraditado ‘Mellizo’ Mejía Múnera)

Alias ‘El Mellizo’ fue postulado por el gobierno nacional a los beneficios de la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, y por varios años no solo rindió versiones ante fiscales, sino que entregó bienes para reparar a las víctimas y confesó varios crímenes cometidos supuestamente por hombres bajo su mando.

Sin embargo, en mayo de este año la Corte Suprema de Justicia pidió a la Fiscalía que solicitara la exclusión de Mejía Múnera porque consideró que se trataba de un “narco puro” cuya finalidad “al vincularse como integrante del Bloque Vencedores de Arauca, fue principalmente encubrir y facilitar su negocio ilícito de tráfico de estupefacientes”. (Ver: Corte Suprema depura Justicia y Paz de “narcos puros”)

El ente investigador ya había pedido por estas mismas razones la exclusión de otros narcotraficantes como Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ y Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordolindo’,pero no había procedido de la misma forma en la caso de Mejía Múnera.

La Procuraduría respaldó la solicitud de la Fiscalía argumentando que estaba de acuerdo con lo expuesto por la Corte Suprema, mientras los defensores de víctimas se opusieron a la medida por cuanto consideraron que la posible expulsión de ‘El Mellizo’ vulnera los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación, entre otras cosas porque Mejía es el postulado que más bienes y dinero ha entregado.

Los argumentos de la Fiscalía
Para sustentar su posición, el ente investigador tomó como punto de partida los cargos que existen contra Mejía Múnera en Estados Unidos y España. Según la justicia ibérica, ‘los Mellizos’ se aliaron con los hermanos Castaño para proteger sus negocios de narcotráfico, que tenían desde 1994.

En una investigación que se sigue en ese país contra Jorge Enrique García Molinares, parte del ‘clan de los mellizos’, se aseguró que el llamado zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, ya fallecido, hizo parte de la organización y fue mediador en la relación entre paramilitares y narcotraficantes. También se menciona como parte de la red criminal a Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, quien está detenido, y un paramilitar pagado por Carranza conocido solo con alias de ‘El Tigre’.

En versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz, Mejía Múnera ha dicho que el Bloque Vencedores de Arauca se lo entregaron a él y su hermano como una especie de “premio” por el dinero que durante años les dieron a los paramilitares y que en ese departamento el tráfico de estupefacientes era manejado por las Farc y el Eln. Pero según las investigaciones españolas, el ‘Clan de los Mellizos’ traficaba droga a Venezuela desde la frontera.

El papel que cumplió Miguel Ángel Mejía fue el de recolectar la droga para enviársela a su hermanos a Barranquilla y desde allí la sacaban en embarcaciones hacia Estados Unidos, para ello ‘El Mellizo’ aprovecho su mando paramilitar. En una versión libre de julio de 2008, el postulado dijo “como paramilitar se me facilitaba conseguir la droga y enviársela a mi hermano a Barranquilla”.

Según contó Mejía, él no producía la droga sino que estaba en contacto con otros paramilitares como Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’ y Antonio Londoño, alias ‘Rafa Putumayo’, para comprarles la base de coca. Esas transacciones tuvieron la autorización de Vicente Castaño.

‘El Mellizo’ no abandonó sus funciones como narcotraficante mientras fue jefe del grupo paramilitar y por eso solo fue en muy pocas ocasiones hasta Arauca, entregándole totalmente el control a Orlando Villa Zapata, alias ‘La mona’.

La Fiscalía concluyó que Mejía Múnera no se unió a las Auc para hacer parte de la una lucha antisubversiva sino que perseguía un interés personal de proteger sus negocios ilícitos.

Debate sobre narcotráfico
En septiembre de 2012, cuando tuvo lugar la legalización de cargos del Bloque Vencedores de Arauca, comenzó una controversia entre los magistrados de Justicia y Paz y la Fiscalía sobre qué delitos deberían ser amparados por la Justicia transicional. En ese momento, los magistrados se opusieron a legalizar los cargos de tráfico de estupefacientes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito para el postulado Miguel Ángel Mejía.

El principal argumento fue que Justicia y Paz debería enfocarse en crímenes que violarán Derechos Humanos y el narcotráfico no era uno de ellos. La Fiscalía dijo en ese entonces que esos negocios ilícitos estaban muy ligados al accionar de dicho grupo, que se financió en su totalidad por dineros del narcotráfico (Ver: Corte decidirá si ‘El Mellizo’ es Juzgado por narcotráfico)

Algo similar ocurrió el caso del Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, exjefe paramilitar del Bloque Sur del Bloque Central Bolívar. En esta oportunidad la Fiscalía argumentó que los delitos de narcotráfico fueron un medio para financiar la guerra y no un fin para enriquecerse personalmente. (Ver: ‘Julián Bolívar, otro jefe paramilitar condenado)

La Corte Suprema medió en el debate y dejo claro que no le concederá los beneficios a los narcotraficantes que se ‘colaron’ en las filas paramilitares como el caso de ‘El Mellizo’ o ‘Gordolindo’, pero por otro lado permitió que paramilitares que usaron el narcotráfico para financiar la guerra, como ‘Julián Bolívar’ siguieran en Justicia y Paz (Ver: Exparamilitares podrán ser juzgados por delitos de narcotráfico)

La audiencia de exclusión continuará en los primeros días de noviembre y se espera que ese momento ‘El Mellizo’ y su defensor expongan sus argumentos. Una vez escuchados unos y otros, los magistrados de Justicia y Paz deberán tomar una decisión; en caso de que haya apelaciones, el caso se resolverá en la Corte Suprema de Justicia, instancia que, como se ha dicho, ya dejó claro que no está dispuesta a darle beneficios de la justicia transicional a “narcos puros”.

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Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, ex jefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc.“Yo no voy a volver a las armas”, dijo con su característico tono Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, uno de los pocos exjefes paramilitares que no fueron extraditados a Estados Unidos, al hablar de lo que será su vida una vez quede en libertad, luego de purgar los ocho años de cárcel estipulados en la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, que se cumplen este año.

En entrevista con VerdadAbierta.com, Rendón Herrera explicó que en agosto próximo comienzan a correr los días en los cuales podrá solicitar su excarcelación por pena cumplida, tal como lo establecieron las normas de justicia transicional. Sin embargo precisó que no será éste el caso de todos los 33 hombres que estuvieron bajo su mando en el Bloque Elmer Cárdenas y que hoy están postulados a los beneficios de la ley. Por tanto, no será una salida masiva, como equivocadamente se ha venido difundiendo.

Alias ‘El Alemán’ tuvo amplio poder armado ilegal en el norte del Urabá chocoano, antioqueño y cordobés, y con sus hombres llevó el terror por más de 10 años a numerosas comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, en su afán de atacar las posiciones de la guerrilla, particularmente de las Farc, que tenían una presencia histórica en aquellas regiones.

Además de la promesa de no volver a las armas, Rendón Herrera se ha trazado dos propósitos una vez alcance la libertad: trabajar por la ubicación de las fosas comunes donde yacen los restos de decenas de las víctimas que dejaron los hombres bajo su mando y ayudar a encontrar a cientos de hombres que fueron reclutados por su grupo como menores de edad para que reciban asistencia sicosocial y logren superar algunas de las secuelas que les haya dejado la guerra de la que él fue protagonista.

En diciembre de 2011, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, condenó a este ex jefe paramilitar por los delitos de reclutamiento de menores de edad, concierto para delinquir, porte de armas y uso de insignias de uso privativo de las Fuerzas Militares, secuestro y homicidio. Este tribunal le concedió una pena alternativa de ocho años, porque cumplió con las condiciones que establece la Ley 975 de 2005. (Lea informe especial: ‘El Alemán’, el primer ‘peso pesado’ condenado en Justicia y Paz)

A continuación, apartes de la entrevista:

VerdadAbierta.com: ¿Cuál es la reflexión que hace ahora, cuando le faltan cuatro o cinco meses para alcanzar su libertad?
Fredy Rendón Herrera: Más que reflexión es lo que manda la ley, y la ley manda que a los postulados que están dentro del proceso de Justicia y Paz tendrán una pena de cinco a ocho años, que después con las reformas posteriores manda que son ocho años.

VA: ¿Habrá una salida masiva de paramilitares de las cárceles a partir de agosto de este año?
FRH: Del universo de por lo menos 2.200 desmovilizados que estamos postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, no todos cumplen la pena de ocho años para agosto, yo pensaría que seguramente vamos a ir solicitando la libertad a medida que se vaya cumpliendo la pena.

VA: En el caso de los hombres que estuvieron bajo su mando en el Bloque Elmer Cárdenas y que están postulados a la Ley 975, ¿cuál es su situación?
FRH: Usted ve aquí a 30 muchachos, en su gran mayoría no cumplen para agosto los ocho años, algunos cumplirán para 2015, 2016, muchos irán hasta el 2021, porque es a partir de la privación de la libertad que cuenta el tiempo en la cárcel y muchos de esos muchachos se postularon posteriormente.

VA: Preocupa a varias organizaciones de derechos humanos y sociales que no se conozcan programas oficiales de resocialización para los ex paramilitares que están en las cárceles y van a salir, ¿usted comparte esa apreciación?
FRH: Eso es totalmente cierto y es la mayor preocupación que tenemos. Y seguimos esperando al gobierno. Hemos enviado las comunicaciones que usted quiera y nos hemos puesto en contacto con la ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración) y le hemos preguntado al doctor Eder (Alejandro Eder, su director) qué va a pasar con el tema de reinserción. Pero qué pasa, no se ha llevado a cabo ningún programa de reinserción distinto a lo que manda el Inpec: si usted estudia, rebaja; si usted trabaja, rebaja.

En un patio donde hay 200 internos rebajan cinco por estudio o trabajo, pero el estudio nos lo tenemos que pagar nosotros mismos, o sea, no hay ningún programa del gobierno que diga si usted va a la universidad el Estado le va a pagar la carrera, nosotros tenemos que recurrir a las familias para que nos paguen el semestre.

Hemos hablamos con un grupo de sicólogos que vino a hacer un análisis del proceso de reinserción. Yo les dije: no se preocupen por Fredy Rendón porque tiene un compromiso con esta sociedad, con este país, con mi familia, yo no voy a volver a las armas, pero preguntémosle a estos muchachos qué se ha hecho con ellos. ¿Será que tienen la preparación? Frente al proceso de reinserción para que estos hombres no regresen a hacer el mal cuando recuperen su libertad, el Estado está en entredicho.

VA: Otro sector que ha expresado temores frente a la posible salida masiva de ex paramilitares es el de las víctimas, quienes creen que podrían ser nuevamente victimizadas. ¿Qué tiene para decirles a ellas?
FRH: En la cárcel, gracias a nuestro esfuerzo, hemos aprendido cosas que no tuvimos la oportunidad de aprender afuera, hemos estudiado, por eso creemos que las víctimas no deben sentir temor, nosotros queremos regresar a esas comunidades porque somos de allá, porque nuestras familias viven allá, nuestras esposas viven allá. Las víctimas no deben sentir temor por nosotros; al contrario, queremos trabajar con ellas. Si bien no les queremos pedir que olviden, sí que nos perdonen.

VA: En su caso, ¿volverá Necoclí, en el Urabá antioqueño?
FRH: Yo diría que a establecerme no, porque el proceso como tal no termina con la condena que me puedan imponer este año ni con la liberación, el universo de hechos tipificados en el Código Penal como delitos quese le pueden imputar al Bloque Elmer Cárdenas es un universo muy grande. En ese sentido, el tema de los desaparecidos será nuestro compromiso de trabajo en adelante: en la búsqueda y ubicación de esos desaparecidos para que sus familiares puedan tener la oportunidad de darles un entierro digno.

VA: ¿Durante estos años de presidio esa búsqueda y ubicación no fue efectiva?
FRH: El proceso no nos permitió poder ubicar con certeza cada una de esas osamentas que están sepultadas en esa región. Desde aquí hemos salido a una o dos exhumaciones y no se han dado resultados, hemos encontrado algunos cuerpos, pero no es lo mismo estando ya afuera, con el tiempo suficiente para ir a los terrenos, de poder conversar con desmovilizados que podemos encontrar en la zona, con los mismos campesinos, que saben dónde se ubicaron los grupos, entonces queremos trabajar en ese tema como compromiso nuestro y de la mano del establecimiento, claro está porque nosotros no somos ni antropólogos, ni topógrafos; simplemente es ir, ubicar y enseguida comenzar a trabajar con la Cruz Roja Internacional y con la Fiscalía para ir recuperando esas osamentas y que se puedan identificar por pruebas de ADN.

VA: En su caso particular, ¿cuál es la situación hoy?
FRH: Yo sigo esperando a que se haga presente aquí el Estado porque seguramente para agosto o septiembre de este año estaré solicitando mi libertad condicional o a prueba. En ese sentido, espero que, primero, me garantice la seguridad frente a una agresión de alguien que considera que yo soy enemigo de él o que está resentido por una acción que haya cometido la organización cuando estaba en armas, algún miembro de la Fuerza Pública del que se haya aludido por alguna declaración de cualquiera de los postulados en este proceso de verdad histórica; y segundo, para que coadyuve en ese trabajo de ubicar a los desaparecidos y ponerles nombres, yo solo no soy capaz de hacerlo, nosotros solos tampoco, tenemos que hacerlo de la mano del Estado y de organizaciones sociales que nos puedan apoyar en lo económico, en lo logístico.

VA: Usted también ha hablado de buscar a quienes fueron reclutados como menores de edad para hacer parte de su bloque paramilitar. ¿Qué pretende con ese propósito?
FRH: En el tema de menores, muchos de los niños y jóvenes que reclutamos en el curso de la guerra para convertirlos en niños soldados, muchos de ellos ha podido ubicarlos la Fiscalía, pero a otros no porque regresaron al campo. Qué bueno que estas personas nuevamente las podamos ubicar y visibilizarlas frente a las autoridades y puedan recibir ayuda, más en lo sicológico, que en lo económico, porque de una u otra manera les quedan muchas secuelas de su paso por la guerra.

VA: Pero todos son ya son mayores de edad.
FRH: Si, claro, pero dicen los investigadores y los sicólogos que llevan años trabajando en el tema que ese estrés postraumático vivido desde niño por una situación como la guerra necesita que se acompañe sicológicamente porque quedan unas secuelas de por vida. Así sean mayores de edad me parece que el Estado y la sociedad, y más nosotros que tuvimos un mando sobre ellos, podernos acercarnos para que puedan de alguna manera tener esa ayuda en lo sicológico, en lo sicosocial, para nivelar algunas secuelas que quedaron después de haber participado en la guerra. Seguramente será una labor muy difícil, pero trataremos de hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo porque se puedan ubicar muchas de estas personas.

VA: ¿Conversa usted de estos temas con otros comandantes que comparten celda o prisión con usted?
FRH: Frente a los compañeros que están aquí y tuvieron un nivel de comandancia, cada uno de ellos maneja sus propios miedos, sus propias angustias, sus propias necesidades con respecto a sus familias, sus expectativas,pero en su gran mayoría son personas que, sin temor a equivocarme, jamás regresarán a hacer parte de algo que puede avergonzarlos a ellos y a sus familias. La sociedad puede esperar de mí, de mis muchachos, de esta gente, por lo que yo es auscultado en ellos y visto durante todos estos años, que van a salir a hacerle bien a la sociedad.

VA: Sobre usted pesa una solicitud de extradición, suspendida desde hace varios años por la Corte Suprema de Justicia a la espera de su colaboración en el desarrollo de su proceso en Justicia y Paz. ¿Qué va a pasar con esa situación, una vez esté en libertad?
FRH: Para entender la situación, se la quiero explicar de la siguiente manera: a mis dos hermanos y a mí nos abren un indictment (una acusación), a Jairo, que no tuvo participación en la guerra, y a Daniel, que sí tuvo participación en la guerra en los Llanos Orientales, por un avión que en 2003 aterrizó en el aeropuerto de Necoclí cargado con una droga que fue tomada por efectivos del Bloque Elmer Cárdenas. Posteriormente, el señor Vicente Castaño nos llama y nos dice que esa droga es del señor ‘Rasguño’ (Hernando Gómez Bustamante), se le entrega a ese señor y paga un recurso para recuperar su droga. Con base en la manipulación de esa droga, el gobierno de Estados Unidos solicita la extradición de mis hermanos.

Mi hermano Jairo va a Estados Unidos y la justicia encuentra que, después de escuchar las explicaciones, no tenía nada que ver con esta situación y lo condenan por un lavado de activos por el tema de una maquinaria y regresa nuevamente al país. En el caso de mi hermano Daniel, estaba dentro del proceso de Justicia y Paz, pero no se presenta a dar cumplimiento a la Ley 975, hace parte –de la mano de Vicente Castaño – de un rearme, es capturado y el gobierno de Estados Unidos lo solicita por otro indictment nueva.

VA: ¿Una vez libre, se presentaría ante la justicia estadounidense para dar esas explicaciones?
FRH: La Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia al no aprobar mi extradición dijo que por los hechos que me estaban solicitando la justicia norteamericana me deberían juzgar en Colombia y ese juzgamiento está en proceso en nuestro país.

VA: Los reclamantes de tierras tienen miedo del regreso de los ex paramilitares a zonas que les han sido restituidas o están en proceso, porque creen que se exacerbarán los conflictos y podrían ser afectadas nuevamente. ¿Qué les responde? ¿Se pueden sentir tranquilas una vez que hombres como usted estén en libertad?
FRH: El fenómeno de tierras que han perdido los campesinos en Colombia es una situación de muchísimos años, que la guerra, de una u otra manera, acrecentó. Pero ante el temor de los campesinos que hoy están haciendo las reclamaciones, yo digo todos los días, Dios mío que les regresen la tierra en derecho al campesinado que la perdió. En estos días celebrábamos cómo el gobierno nacional les va a devolver a los campesinos las tierras en las Tulapas, las cuales había comprado irregularmente el Fondo Ganadero de Córdoba. Ojalá las devuelvan.

En mi caso y en el caso de los 33 desmovilizados del Elmer Cárdenas postulados a la Ley de Justicia y Paz, es gente que no tiene un centímetro de tierra ni tenemos aspiraciones de ir a la región y pretender quitarle un centímetro de tierra a ningún campesino.

VA: Al respecto, siempre se ha dicho que usted posee tierras sembradas de palma en el bajo Atrato chocoano. ¿Es eso cierto?
FRH: Cuando yo llegué a este proceso en el año 2007 desde mi primera versión a la Fiscalía me decían “es que usted tiene 34 mil hectáreas en la zona del Jiguamiandó, que usted le robó a los campesinos y que tiene 24 mil hectáreas sembradas de palma”. Por ahí tres o cuatro años después, de tanto explicar de que si es una tierra que está allí y que está sembrada en palma, se necesita abonar la palma, sacar el fruto, sacar el aceite, vender el aceite, recibir el cheque, pagar los trabajadores, la seguridad social, los impuestos, y nada de eso lo hago yo. Así se los expliqué a fiscales y a jueces y hace por ahí dos años me dijeron “usted tiene la razón, usted no era el dueño de esas tierras, usted no desplazó la gente para robarles la tierra, usted no sembró la palma, usted no explota económicamente eso”. Se ha demostrado que quienes tenían intereses allí eran los señores ‘Don Berna’ (Diego Fernando Murillo Bejarano), Vicente Castaño, Raúl Hasbún, Jesús Ignacio Roldán, entre otros, y señores de la clase empresarial antioqueña y urabaense.

VA: Pero en el municipio de Mutatá, particularmente del corregimiento Bejuquillo, los afectados alegan que Elkin Castañeda, miembro de su grupo, presionó el despojo y aún hoy, a través de testaferros, posee tierras en esa zona.
FRH: Elkin llegó a hacer parte del Bloque Elmer Cárdenas por allá a finales de 2001 y antes hacía parte del Bloque Bananero. Yo le he hecho preguntas sobre esas denuncias y él me ha dicho: “Vea señor, usted sabe cómo ha sido mi situación, que eso lo definan los jueces y los investigadores, que encuentran que alguna finca es mía y que yo le he mentido a este proceso, entonces que se aplique todo el rigor de la ley”. Elkin no es mi subalterno sino un compañero de presidio, y le he dicho, como dice mi papá, que cada cual haga con su camisa un saco, entonces será él que dé las respuestas y que la justicia falle en derecho quién tiene la razón.

VA: ¿El Elmer Cárdenas, como estructura armada que alcanzó tanto poder en sus áreas de influencia de Chocó, Antioquia y Córdoba, no tuvo como práctica el despojo de tierras?
FRH: Jamás. Y sabe una cosa, no solo la Fiscalía ha tenido acceso a los 33 desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz, sino a los 2.533 desmovilizados a quienes les han preguntado varias veces si el despojo era una práctica nuestra y nadie ha dicho que sí.

Eso sí, una vez si le quitamos mil hectáreas a un tipo. En una oportunidad comenzaron a llegar campesinos a hacer ranchos en la carretera entre Necoclí y San Pedro, aprovechando que la situación estaba segura. Yo comencé a conversar con ellos y me decían que no tenían tierra. Un señor amigo del señor Vicente Castaño, llamado Fernando Mafioli, había comprado unas tierras alrededor de los predios del Fondo Ganadero de Córdoba; el tipo tenía como 3 mil hectáreas, abandonadas y en rastrojo, entonces yo fui y medí mil hectáreas y se las entregamos de a diez hectáreas por familia, y lo registramos con nombres y números de cédula. Todo eso lo entregué a la Unidad de Justicia y Paz. Un día aquíen la cárcel me encuentro con un abogado representante de Mafioli que me estaba reclamando porque yo le había robado su tierra. Yo le expliqué que él compró esas tierras aprovechando que el campesino, por la violencia que se vivió en esa zona, vendió supremamente barata. Deberá ser la justicia colombiana la que determine si le quita la tierra a esos campesinitos, que ya tienen su casita, su platanito, su yuquita y viven de eso, y llevan los niños a la escuela el Tuntun, y también deberá decir si yo cometí un delito, y decidir si se la devuelve a ese señor.

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En los registros de la justicia ordinaria el nombre de Rafael Ignacio Ramírez corresponde al de un miembro más del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que se desmovilizó el 20 de enero de 2006 en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, y sobre quien no se tiene ninguna investigación penal. Sin embargo, otro expediente muy distinto reposa en la Fiscalía 15 de Justicia y Paz.

Gracias a las confesiones hechas por postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, se ha establecido que Rafael Ignacio Ramírez no era ningún patrullero raso; por el contrario, no solo fue el comandante del frente Barro Blanco, una facción del Bloque Mineros, sino que además es un poderoso narcotraficante de vieja data, que logró acumular una apreciable fortuna producto de esta actividad ilegal durante los años que estuvo como jefe paramilitar.

Las indagaciones judiciales apuntan a que Ramírez también estaría involucrado en el asesinato de Vladimir Vanoy Cifuentes, hijo del extraditado jefe del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, acribillado en octubre de 2008 cuando se disponía a ingresar a su conjunto residencial, ubicado en la localidad de Tenjo, Cundinamarca; así como en el de José Nelson Vanoy, hermano de ‘Cuco Vanoy’, quien fue asesinado en agosto de 2008 en la vereda Santa Clara de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con las pesquisas de los investigadores de Justicia y Paz, Ramírez tendría nexos con la llamada ‘Oficina de Envigado’. Su paradero, por ahora, es incierto. La pregunta que surge es: ¿cómo hizo este hombre para mantener tan bajo perfil, pese a ser un temido narcotraficante? Y ¿por qué solo hasta ahora se descubre su importancia dentro de las Autodefensas?

Versiones rendidas en febrero de este año por Rolando Lopera, alias ‘Milton’, y Roberto Arturo Porras, alias ‘La Zorra’, quien fuera presentando como el segundo comandante del frente Barro Blanco, dan a entender que Rafael Ignacio Ramírez también habría intimidado a antiguos subordinados suyos recluidos en centros penitenciarios de Antioquia para que no revelaran aspectos relacionados con su identidad.

“Rafael Ramírez era un narcotraficante que daba plata para la guerra. Él se encargaba del manejo de las platas, a él había que entregarle toda la mercancía de narcotráfico que se producía en la zona”, reveló la Fiscal 15 de Justicia y Paz ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, quien señaló además que ambos excombatientes del Bloque Mineros de las Auc reconocieron que no habían revelado tal información antes por temor.

“Ellos manifesaron que si fue capaz de asesinar al hijo del máximo comandante del Bloque Mineros, al hijo ‘Cuco Vanoy’, y secuestrar a cuatro hijos más, qué no podrían hacer con ellos, que tenían familias. ‘La justicia tenía que saber la verdad sobre este señor, pero no quedamos para nada tranquilos’, fue lo que manifestaron”, reveló la Fiscal en desarrollo de audiencia de control de legalidad.

La historia de los Ramírez
Según lo documentado por la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, el Bloque Mineros lo conformaban, además de sus columnas móviles y sus grupos especiales, los frentes Briceño, Anorí y Barro Blanco. Estos dos últimos, creados entre 1996 y 1997 y comandados por Luis Fernando Arroyave, alias ‘Nano’, y los hermanos Gabriel y Rafael Ramírez, respectivamente, y mantuvieron independencia financiera y militar.

Todo indica que tanto alias ‘Nano’ como los hermanos Ramírez ya se encontraban en la región desarrollando actividades de narcotráfico cuando llegaron las Autodefensas. Y contrario a lo que pasó en otras regiones, donde también incursionó el paramilitarismo, estos no se subordinaron al nuevo ejército irregular, pero tampoco entraron en franca confrontación con él.

“Ellos manejaban autonomía, tenían su propia economía pues la zona era muy cocalera. Lo que sí hicieron fue asumir la ‘chapa’ de Bloque Mineros”, explicó un investigador judicial, quien añadió que “si bien fueron grupos contrainsurgentes, pues combatieron fuertemente con la guerrilla de esa zona, tuvieron estructura militar, lo que terminaron haciendo fue convertir esa región en un fortín para actividades de narcotráfico”.

Bastión que, según ha logrado precisar la autoridad judicial, se extendía desde el corregimiento Barro Blanco, de Tarazá, hasta el corregimiento Liberia, conocido también como El Charcón, del municipio de Anorí, Nordeste antioqueño. En esta última localidad, los paramilitares al servicio de alias ‘Nano’ llegaron a tener un cristalizadero de base de coca, una armería en la cual construían y reparaban armas para diversas facciones de las AUC y una base de operaciones.

Con el dinero del narcotráfico se sostuvieron los frentes Barro Blanco y Anorí. “Ellos eran los encargados de todo lo que tenía que ver con narcotráfico; recogían la base, inyectaban dinero. Él era el que traía las armas, los camuflados. Ellos usaban un helicóptero para traer la plata de la nómina”, dijeron conjuntamente ante fiscales de Justicia y Paz alias ‘Milton’ y alias ‘La Zorra’.

El frente Barro Blanco no estuvo exento de las vendettas que se dieron en otros bloques paramilitares. Prueba de ello fue el asesinato de Gabriel Ramírez en el año 2004, quien murió a manos de sus propios hombres cuando intentaban robarle un dinero producto del tráfico de estupefacientes. La muerte de Gabriel consolidó el poder de Rafael entre sus hombres, tal como lo aseguró alias ‘La Zorra’: “ellos siempre fueron los comandantes del frente Barro Blanco. ‘Cuco Vanoy’ sabía que ese grupo no era del (bloque) Mineros”.

Entonces, ¿cómo logró desmovilizarse como parte de esta poderosa estructura paramilitar? Lo que ha logrado establecer la Fiscalía 15 de Justicia y Paz es que fue Vicente Castaño, previa recomendación del exAlto Consejero para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien le pidió a ‘Cuco Vanoy’ que desmovilizara como integrantes del Bloque Mineros a los frentes Barro Blanco y Anorí.

Efectivamente, Luis Fernando Arroyave, alias ‘Nano’, y Rafael Ramírez se presentaron a la hacienda Ranchería ese 20 de enero de 2006 como dos patrulleros más de los 2.790 que dejaron las armas aquel día. En su lugar, fueron presentados como jefes de los frentes Anorí y Barro Blanco Rolando Lopera, alias ‘Milton’, y Alexander Bustos Beltrán, alias ‘W’, respectivamente.

Claridades necesarias
Alias ‘Nano’ fue capturado el 30 de enero de 2009 en el restaurante Hatoviejo de la Vía Las Palmas, en Medellín, y condenado a 37 meses de prisión por el Juez Segundo Penal Municipal de Medellín por el delito de concierto para delinquir. Sobre él pesa un pedido de extradición por parte de los Estados Unidos, acusado de conspirar para introducir cocaína a ese país. Por su parte, poco o nada se sabe sobre el paradero de Rafal Ramírez.

Para la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, el asunto va más allá de localizar a un narcotraficante. Todo porque en versión rendida en 2008, alias ‘Cuco Vanoy’, máximo comandante del Bloque Mineros, manifestó que no aceptará responsabilidad alguna en los crímenes cometidos por los frentes Anorí y Barro Blanco dado que estos eran autónomos financiera y militarmente y que “tenían sus propios comandantes”, en este caso alias ‘Nano’ y Rafael Ramírez.

La pregunta entonces es, si ‘Cuco Vanoy’ no reconoce los cientos de crímenes cometidos tanto el corregimiento Barro Blanco de Tarazá, como en el municipio de Anorí, ¿quién le responderá a las más de cinco mil víctimas?

Para Marta Lucía Duque, fiscal 15 de Justicia y Paz, resolver esta situación es de tal urgencia que para las próximas semanas su despacho programó una versión conjunta con varios de los postulados de este bloque, a fin de determinar, según ella, “si estos frentes eran independientes, si tanto el señor Arroyave y Rafael Ramírez eran narcotraficantes y no tenían ningún vínculo con Ramiro Vanoy. Esto para evitar que estén en el proceso de Justicia y Paz personas que no deberían estar”.

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	Tras la muerte de Fidel Castaño, sus hermanos Carlos y Vicente asumen la comandancia de las Accu.

¿Quiénes ayudaron a financiar a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en sus primeros años? ¿Qué entidades financieras y cuáles funcionarios bancarios se prestaron para lavar dineros de los hermanos Castaño? ¿Cómo la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) canalizó dinero para la expansión del paramilitarismo? ¿Quién y por qué se frenó la investigación judicial que había comenzado a descubrir los movimientos financieros del paramilitarismo desde 1998?

Estos y otros interrogantes sobre el aparato financiero de las Accu son los que aún faltan por responder, según concluyeron los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. Por ello, este alto tribunal le ordenó a la Fiscalía General de la Nación elaborar un detallado informe sobre los funcionarios bancarios que tuvieron relación con los grupos de autodefensa durante los años 1988, 1989, 1994, 1995 y 1996. Asimismo, le solicitó avanzar en la investigación sobre Funpazcor, organización creada por los hermanos Carlos y Fidel Castaño en 1990.

Para los magistrados de la Sala, lo hallado en dicha investigación debe cotejarse y completarse con lo consignado en el expediente 34.986, que contiene los resultados de un allanamiento realizado por la entonces Fiscalía Regional el 30 de abril de 1998 en un parqueadero situado en el centro de Medellín conocido como ‘Padilla’. En esta diligencia judicial se halló abundante material sobre los movimientos financieros de las Accu entre 1995 y 1998

Esa oficina clandestina en el parqueadero era manejado por Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, quien fue capturado en el operativo y cinco meses después se fugó de la cárcel Bellavista empleando una boleta de libertad –al parecer en regla – emitida mediante maniobras administrativas fraudulentas que no fueron investigadas en su momento. Tras la huida, Soto se trasladó al Urabá antioqueño, adoptó el nombre de ‘Leonardo’ y le llevó por varios años las cuentas a Vicente Castaño.

VerdadAbierta.com constató a través de diversos archivos judiciales que en los registros contables de las Accu aparecen cheques girados por los paramilitares desde cuentas que tenían en los bancos Occidente, Popular y el entonces Banco Industrial Colombiano (BIC), hoy Bancolombia. Asimismo, la investigación sobre los registros hallados en el Parqueadero Padilla determinó que entre 1995 y 1998 se hicieron movimientos de dinero a través de 497 cuentas de 60 titulares, entre los que se encuentran empresas públicas y privadas. (Ver la lista de los titulares de las cuentas, según lo documentó la justicia).

La posibilidad de adelantar las investigaciones penales correspondientes a finales de la década del noventa se vio entorpecida por el asesinato de varios funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entre ellos Sergio Humberto Parra Ossa, quien estuvo al frente del operativo en el Parqueadero Padilla.

Lo que se sabe de las finanzas de las Accu
Lo revelado por los ex paramilitares Jorge Humberto Victoria, alias ‘Capitán Victoria’; Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’; y Ornán Pérez Gómez, entre otros, deja entrever que los hermanos Castaño no tuvieron reparos en recurrir al narcotráfico, secuestroextorsivo, robo de ganado y hasta la venta de batallones de hombres entrenados y equipados para la guerra, para sostener el naciente grupo de autodefensas y convertirlo en un poderoso ejército irregular que asoló regiones enteras, aterrorizó a la población civil, persiguió las guerrillas y cooptó varias instituciones estatales locales y nacionales.

En sus testimonios dentro del proceso de Justicia y Paz, los desmovilizados coincidieron en afirmar que entre los años 1988 y 1990, el propio Fidel Castaño era el jefe de las finanzas de su organización y que el dinero para pagar la nómina de los integrantes de las Accu era enviado desde Medellín en los mismos camiones que salían desde las fincas de los Castaño en San Pedro de Urabá y Valencia (Córdoba), repletos de ganado para subastar en la capital antioqueña.

“Fidel tenía mucho ganado”, Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’. “Semanalmente se despachaban de sus fincas por lo menos 20 camiones para la feria en Medellín. Varios de esos camiones tenían unas caletas en las que se mandaba la plata para pagar la nómina. Esa plata era producto del narcotráfico porque Fidel, para esos años, ya era uno de los grandes narcotraficantes en Colombia”.

El secuestro extorsivo también se convirtió en una importante fuente de recursos para las Accu en sus primeros años, tal como lo manifestó el propio ‘Monoleche’: “Yo supe que Fidel secuestró a uno de los dueños de la finca Las Tangas, un señor de apellido Ballesta. (Ver nota en VerdadAbierta.com: Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada). También supe que secuestró al dueño de una finca en Necoclí llamada ‘La Virgendel Cobre’. Si no estoy mal el señor se llamaba Santiago Ocampo y le decían Pelusa”.

En realidad, ‘Monoleche’ se debe referir a José Ocampo, un narcotraficante, que según el libro Los Jinetes de la Cocaína del periodista Fabio Castillo era un taxista de Medellín que, después de viajar con frecuencia a Estados Unidos, volvió a la ciudad con mucho dinero, compró y convirtió el estadero Las Lomas en la discoteca Kevin’s que dio mucho de qué hablar en los años ochenta. Compró la gran hacienda de La Virgen del Cobre, y otra llamada Villa Milena en Necoclí. Según Castillo, Ocampo patrocinaba La Fiesta del Coco en la región, y un párroco se refirió a él en el diario local con admiración: “Las gentes han fijado la mirada en este hombre (Pelusa) que como obra de Dios llegó a Necoclí para ayudar en torno a las obras de desarrollo”.

En el manejo de las cuentas de la organización para esos primeros años fueron de vital importancia alias ‘Capitán Victoria’ y dos miembros de la familia Castaño: Héctor, hermano de Fidel; y John Henao, esposo de otra hermana, Adelfa Castaño. Mientras Henao era encargado de llevar desde Medellín, en los camiones con caletas especiales, el dinero a la finca Las Tangas, Héctor y el ‘Capitán Victoria’ se encargaban de pagarle a los patrulleros.

La contabilidad de las Accu dejó de manejarse informalmente, con camiones repletos de billetes, y adquirió un carácter más ‘empresarial’ con la creación, el 5 de octubre de 1990, dela Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).

El caso Funpazcor
En sus objetivos misionales Funpazcor se autoproclamaba como “un ente en el que tendrán representación todas aquellas personas atropelladas por la violencia (…) y que tiene el propósito de contribuir de manera eficaz a la obtención de una paz duradera en el departamento de Córdoba”. No obstante, años después quedó en evidencia cómo, desde esta organización, los Castaño lavaron dinero del narcotráfico, usurparon tierras y ganado a los campesinos y finqueros del norte de Urabá y sur de Córdoba, y financiaron las Accu (Ver nota: El fraude de los Castaño para despojar).

En todo ello fue fundamental Sor Teresa Gómez, quien fuera presidenta de Funpazcor durante sus primeros años. Según ‘Capitán Victoria’, el responsable de los pagos a las estructuras paramilitares de Córdoba entre 1989 y 1992, “cuando llegó Sor Teresa, los dineros le llegaban a ella y ya ella se los entregaba a los comandantes. Estas nóminas eran elaboradas y recibidas por alias ‘J.L’, que estaba en Medellín”.

De acuerdo con lo documentado por la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, con cheques del Banco de Occidente girados por Sor Teresa se compraron cientos de hectáreas de tierra en San Pedro de Urabá y Valencia. El encargado de esta tarea era alias ‘Monoleche’, quien le declaró a la Justicia que “Sor Teresa hacía muchos sobregiros de esa cuenta del Banco de Occidente. Con esos cheques se les pagaba a los trabajadores de las fincas de Fidel, que eran por lo menos unos 600”.

Estas compras en el norte de Urabá y sur de Córdoba coinciden, según la Fiscalía 13, con la ocurrencia de decenas de desplazamientos masivos y el hurto de miles de cabezas de ganado, destinadas, en parte, para el sostenimiento de la organización. Así lo reconoció en versión libre alias ‘Monoleche’: “mucho de ese ganado hurtado se vendió y eso fue para sostener la organización”.

Lo inspeccionado hasta ahora por esta Fiscalía indica que para 1995 el patrimonio líquido de Funpazcor era de 728 millones de pesos (equivalente en esa época a unos 900 mil dólares); para 1996 bajó a 234 millones de pesos; y para los años 1997 y 1998 se redujo a 31 millones de pesos (unos 23 mil dólares del momento).

En los documentos encontrados por el CTI en el Parqueadero Padilla en 1998 también había aparecido el nombre de Sor Teresa Gómez. Ella figuraba endosando varios cheques girados desde diferentes cuentas, una de ellas perteneciente a Pedro Ortega Lora, primo de Ricardo López Lora, de quien hoy sabemos era miembro del Bloque Bananero de las Auc. Esta investigación llevó a las autoridades a allanar la sede de Funpazcor, el 24 de mayo de 2001. En el operativo judicial fueron capturados Tarquino Morales y Adonis González, quienes fueron procesados por el delito de concierto para delinquir.

La llegada de nuevos narcos
Tras la desaparición de Fidel Castaño en 1994, su hermano Vicente asumió el manejo de las finanzas de las Accu mientras que Carlos se erigió como el vocero político y militar de esta organización. “Carlos pensó que podía financiar al movimiento sin tocar dineros del narcotráfico, pero al ver que no es capaz, le dice a Vicente que buscara a los narcotraficantes”, dijo en versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz alias ‘Monoleche’.

En su testimonio, ‘Monoleche’ contó que al primero que llamó Vicente fue a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. “Lo que acordaron fue que Vicente le daba el control de una zona cercana al Sur de Bolívar, donde el Eln era fuerte. Allá había coca y oro, y él tenía que financiarse con eso. Cuando le sobraran finanzas, el 50 por ciento era para Vicente. El encargado de recoger esos dineros era (alias) ‘Gordopepe’ (Bayron Alfredo Jiménez Castañeda)”.

El acuerdo entre Vicente y ‘Macaco’, según dijo ‘Monoleche’, incluyó otra fuente de financiación de las Accu poco conocida hasta ahora. “Macaco’ le pidió hombres a Vicente. Entonces Vicente le dijo a (alias) ‘Rodrigo Doble Cero’ (Carlos Mauricio García) y él se encargó de reclutarlos y entrenarlos. Vicente le mandó a ‘Macaco’ 100 hombres, con su respectivo camuflado, fusil y granadas de mano, pero le pidió 100 millones de pesos. Así era con todos los comandantes de todas las zonas: pedían hombres y Vicente mandaba, pero cobraba 100 o 200 millones de pesos”, reveló alias ‘Monoleche’.

Vicente terminó acumulando una gran fortuna tanto por la “venta” de hombres entrenados y equipados,  como por el tributo que le exigía a cada comandante que enviaba a hacerse cargo de una zona: el 50 por ciento de los excedentes de los negocios ilícitos presentes en sus territorios.

Las pesquisas de la Fiscalía 13 han permitido establecer que Vicente hizo inversiones en obras sociales, entre ellas Colombia sin Hambre, organización no gubernamental que tiene como propósito ayudar a las comunidades más vulnerables del norte de Urabá con la entrega de tierras a campesinos pobres, para que siembre cultivos de pancoger que les aseguren por lo menos su alimentación.

No obstante las revelaciones de los desmovilizados, tal como lo señaló la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín aún quedan preguntas por resolver. Entre otras, si existe alguna investigación contra Jacinto Soto Toro, el primer capturado en el Parqueadero Padilla que luego se fugó de la cárcel; si existe una orden oficial de extinción de dominio contra los bienes de Sor Teresa Gómez o sustestaferros; si la justicia reabrirá el expediente conocido como “Parqueadero Padilla”, para poder encontrar y hacer responsables a quienes le dieron la financiación original a las Accu y a sus cómplices en empresas y bancos.

En una investigación realizada por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad y publicada en octubre de 2010 bajo el título Memoria de la impunidad en Antioquia, lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo, un investigador judicial consultado al respecto de los hallazgos en el Parqueadero Padilla dijo: “Con toda la información que había allí fácilmente podría haberse desmantelado el paramilitarismo. Todo lo del parqueadero Padilla quedó en silencio y es lo que yo reprocho: ¿por qué la Fiscalía no asumió el compromiso que tenía que asumir? Le atribuyo yo esa situación a presiones de origen político por la calidad de gente podría aparecer involucrada, desde luego que eso no justifica una posición de esa naturaleza. Por más presiones que haya la administración de justicia no puede obviarse”.

De acuerdo la investigación realizada por el IPC y la Corporación Jurídica Libertad, el tratamiento judicial que se le dio a finales de los noventa al expediente 34.986 demostraría que “la correlación de fuerzas condensada en la Fiscalía General de la Nación fue favorable al funcionamiento del dispositivo paramilitar, de ahí la activación de distintos mecanismos para asegurar que expedientes tan significativos como éste no culminaran en acusación y sanción penal contra los responsables de la financiación de las Accu”.

Si la justicia hubiera hecho su trabajo, es muy probable que se hubiera cortado de raíz la expansión paramilitar y con ello, se hubieran evitado miles de asesinatos, desapariciones, masacres y desplazamientos forzados en el Caribe y Antioquia.

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