En versiones rendidas ante la Corte Suprema de Justicia en lo corrido de 2012, el segundo jefe político de las Autodefensas en el Atlántico, Mario Marenco Egea, conocido con el alias de ‘El Gordo’, aseguró que Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y sus hombres de confianza, a pesar de estar en plena desmovilización paramilitar, idearon un plan para seguir teniendo cómplices en la clase política de la Costa Caribe en vista que se avecinaban las elecciones al Congreso de 2006. Entre ellos también aparece salpicado el nombre del ex senador Maloof.

 “Tras una pertinente e importante actividad de verificación, no se hallaron pruebas concretas de la participación de Jorge de Jesús Castro Pacheco, José Rosario Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives Lacouture, Salomón de Jesús Saade Abdala, Jorge Luis Caballero Caballero, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Mauricio Pimiento Barrera y Alfonso Antonio Campo Escobar en crímenes de lesa humanidad o delitos contra la vida y la dignidad humana atribuidos al Bloque Norte de las AUC”, se lee en el reciente comunicado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia, fechado el pasado 30 de septiembre.

La decisión revierte la sentencia que esta misma había proferido hace cinco años, en la cual señalaba que los políticos que habían estado vinculados con grupos paramilitares debían responder por las conductas que estos tuvieron en el desarrollo del conflicto armado, entre ellas las masacres y las tomas a pueblos. Con lo cual el delito de lesa humanidad también les aplicaba por pertenecer a la misma estructura ilegal.

Sin embargo, ahora el ente señaló que en lo que respecta a estos ocho políticos no se había encontrado prueba alguna que los relacione directamente con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar, el cual al mando de ‘Jorge 40’ delinquió en la Costa Caribe y es sindicado de haber cometido más de 300 masacres entre 1997 y 2006, de haber desplazado a 700 mil personas y de haber planeado tomarse el poder político y las contrataciones públicas a través de los pactos de Pivijay y de Chivolo.

Varios de los políticos mencionados hicieron parte de lo que se denominó el ‘Plan Caribe’, una estrategia política de ‘Jorge 40’ que consistió en que Guillermo Hoenisgberg, alcalde de Barranquilla para el periodo del 2004, apoyara a candidatos al Congreso que contaban con el respaldo de los paramilitares, entre los que  se encontraban Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento y Dieb Maloof, entre otros.

El plan caribe de ‘Jorge 40’

Aun así, argumenta la providencia que a noviembre de 2013, según la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, no se contaba con información acerca de imputaciones contra ex parlamentarios en relación con ese tipo de delito, información que un mes más tarde sería ratificada por la Unidad de Derechos Humanos. Sumado a ello, la Corte concluyó que no se puede juzgar a los políticos como si fuesen parte de la estructura militar del grupo al margen de la Ley.

La polémica

El Juzgado Único Especializado de Santa Marta lo encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, constreñimiento al elector yfraude electoral. Como el senador renunció a su fuero parlamentario y se acogió a sentencia anticipada, se le redujo la tercera parte de la pena. Foto: archivo Semana

La discusión se desata al ser solo algunos de los parapolíticos investigados los beneficiados. Según fuentes consultadas por VerdadAbierta.com la decisión tiene que ver con la actual composición de la Corte, que en su mayoría es de la región norte del país, con lo cual, a juicio de las fuentes, favorece a los ya mencionados políticos.

A ello se suma, que en varias ocasiones los magistrados han tumbado, en segunda instancia, tutelas a favor de la víctimas, la más reciente, la interpuesta contra el ex senador del partido liberal, Dieb Nicolás Maloof Cuse.

Maloof, quien fue el primer senador condenado por parapolítica, es investigado por el asesinato de Nelson Mejía Sarmiento en 2004, entonces alcalde del municipio de Santo Tomás, Atlántico. Proceso que según la Corte Suprema de Justicia sigue en investigación pero que, a juicio de los abogados de las víctimas, puede ser levantado al considerársele como un crimen orquestado por las Auc.

Ahora bien, ¿es posible que los demás condenados por parapolítica invoquen al principio de igualdad para buscar las mismas condiciones jurídicas de estos ocho? Según Ricardo Cifuentes, abogado del ex congresista Miguel Pinedo (también condenado por parapolítica), sí habría posibilidad de recurrir a esa figura. Esto significaría que 60 ex parlamentarios podrían obtener algún beneficio. Sin embargo, la Corte ha dejado claro que las investigaciones continúan y que si se llega a comprobar la participación de los ex senadores, la decisión se puede reversar.

De la curul a la cárcel

Además, sólo lo podrían hacer quienes no hayan sido condenados, es decir, casos como el del ex senador Álvaro García, condenado por ser responsable de la masacre de Macayepo, seguirán su transcurso normal en la justicia

Cifuentes también señaló que hay mucha gente juzgada que no tiene nada que ver con el proceso de la parapolítica  y que “si el hecho de haber hablado con un ‘para’ o algún actor ilegal da cárcel, pues entonces muchos tendríamos que estar presos. Se usaron una cantidad de falsos testigos para aportar pruebas y con ello llevar a los políticos a la cárcel, con lo cual se marcó un proceso doloroso para la historia de la patria que en buena hora la Corte corrigió”.  

Para Ariel Ávila, investigador la Fundación Paz y Reconciliación, la decisión de la Corte es un retroceso en materia de justicia y un mal mensaje para la mesa de diálogos de La Habana. “Lo que se está haciendo es abrirle una vez más las puertas a la impunidad  para que no se toque a los investigados, quienes han orquestado parte de las acciones militares del Bloque Norte” aseguró.

De igual manera, para el abogado defensor de víctimas José Humberto Torres, la decisión de la Corte atenta contra la gente, “no se están brindando las garantías de no repetición, las relaciones entre políticos y criminales no pueden ser evaluadas como casuales”.

Ambos coincidieron en señalar que de llegar a darse algún caso de impunidad referente al fenómeno de la parapolítica, estos debían ser investigados en la Jurisdicción Especial para la Paz, recientemente creada en el acuerdo de justicia entre las Farc y el Gobierno. “Yo espero que la JEP no deje pasar por alto, en materia de justicia, lo que la Corte ha hecho retroceder” señaló Ávila.

Por ahora, la decisión de la Corte está tomada y solamente puede cambiar en la medida en que la investigación arroje elementos contundentes que demuestren la participación directa de los políticos mencionados con los crímenes cometidos por los ‘paras’.

Las víctimas y sus abogados, por su parte, preparan un documento que expondrán a organismos de derechos humanos a nivel internacional donde pedirán que no se pase por alto la relación que hubo entre los grupos al margen de la Ley con los políticos para cometer crímenes, desplazamientos y asesinatos selectivos.

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Dieb Maloof, el primer congresista en ser condenado por parapolítica. Foto: archivo Semana.

El exsenador Dieb Maloof Cusse fue capturado este miércoles en la clínica La Misericordia, al norte de Barranquilla, por haber sido, al parecer, el determinador del homicidio del alcalde del municipio de Santo Tomás, Atlántico, Nelson Mejía Sarmiento, el 29 de abril de 2004.

El crimen fue cometido por Juan Carlos Rodríguez, alias ‘El Gato’, sicario del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas, quien purga una condena por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa De Andréis.  

A mediados de 2013 ‘El Gato’ le contó a la Fiscalía que él asesinó a Mejía con dos tiros, en un restaurante de Barranquilla, y que su muerte fue ordenada porque dicho alcalde “no se plegó a las políticas de las AUC”,  según dijo el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Misael Rodríguez.

Maloof sufrió un infarto durante su captura y tuvo que ser hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de La Misericordia, donde se desempeña como director científico. La Fiscalía trabaja en la hipótesis de que el crimen de Mejía se produjo porque este se negó a entregar la contratación de salud del municipio al frente José Pablo Díaz, comandado por Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’. (Ver: ‘Don Antonio’ y el crimen del alcalde de Santo Tomás)

El mandatario había sido alcalde de Santo Tomás en 1995, y luego fue elegido nuevamente en 2003, paradójicamente, con el aval de Colombia Viva, el partido político creado por Maloof, y que terminó fuertemente cuestionado por sus vínculos con la para-política.  

De hecho el excongresista, quien es un reconocido médico, fue uno de los primeros senadores investigados por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, él renuncio a su investidura y su caso pasó a la justicia ordinaria. El 16 de enero de 2008, el Juzgado único de Santa Marta lo condenó a 58 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, constreñimiento al elector y fraude electoral, convirtiéndose así en el primer congresista condenado en el sonado caso de los vínculos de la clase política con los paramilitares. (Vea su caso de la parapolítica)

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía anunció también que hay otras personas vinculadas a la investigación, que está en etapa de instrucción; y que Maloof está siendo valorado por Medicina Legal para luego ser recluido en una prisión en la capital del Atlántico.  

En 2011 el abogado José Humberto Torres, quien ha sido defensor de varias víctimas del Bloque Norte de las AUC, pidió que se excluyera de Justicia y Paz a ‘Don Antonio’ justamente porque a su juicio estaban mintiendo cuando dijo que el homicidio de Mejía había sido un error.  Según dijo Torres, en esa ocasión, existen pruebas y testimonios de que el asesinato fue una decisión premeditada de los paramilitares y que Maloof estaría involucrado en ella.

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Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Élmer Cárdenas de las Auc.Si algo tenía claro Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, era su proyecto político regional. El movimiento ‘Por una Urabá Grande, Unida y en Paz’ fue una de sus iniciativas e involucró a un significativo número de líderes políticos locales que comenzaron a ser capturados para ser procesados por la justicia. (Lea: Cómo se tejió la filigrana del poder ‘para’ en Urabá)

Bajo el lema “Con pujanza y fortaleza construiremos para el año 2020 el progreso del futuro y de la tierra del futuro en la propia esquina de América, Urabá grande, solidaria, trabajadora y en paz”, este movimiento constituyó una plataforma ideológica y programática desde pequeñas organizaciones locales con el fin de conquistar cargos de elección popular, desde las alcaldías hasta el Congreso de la República. (Lea: El ‘Para-Estado’ del Urabá y La sombrilla legal de los paramilitares en Urabá)

Quienes hicieron parte de esa plataforma y aquellos que se vieron favorecidos a comienzos de la década del dos mil por sus respaldos, sobre todo electorales, están siendo capturados para que respondan ante la justicia por el delito de concierto para delinquir. La última redada se realizó en las ciudades de Medellín, Turbo, Carepa, San Juan de Urabá, San Pedro del Urabá, Necocli, Apartado, Caucasia y Montería. (Ver mapa de origen de políticos capturados)

Por esos vínculos fueron juzgados en el pasado los caciques políticos antioqueños del partido Cambio Radical Humberto Builes Ortega, Antonio Valencia y Rubén Darío Quintero; asimismo, otros 25 dirigentes del Urabá antioqueño, y varios políticos del departamento del Chocó. (Lea: Nuevas condenas para aliados políticos de ‘paras’ en Urabá)

Origen de las detenciones
Las acciones políticas del Bloque Elmer Cárdenas de las de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) comenzaron en 1998, según los relatos de Rendón Herrera a la Fiscalía, y se prolongaron hasta el año 2000 bajo el nombre de Movimiento Poder Popular Campesino; sin embargo, a partir del 2000 se convierte en el movimiento ‘Por una Urabá Grande, Unida y en Paz’. (Entrevista: “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”)

‘El Alemán’, entonces comandante militar de esa facción paramilitar, trabajó desde las juntas de acción comunal para construir una base social que le permitiera consolidar su movimiento político. Apalancado en lo que llamó Promotores de Desarrollo Social (PDS), con presencia en áreas de dominio armado en los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, influenció partidos políticos a través de los cuales alcanzó cargos en alcaldías, concejos, asambleas departamentales y el Congreso de la República en las elecciones de los años 2001 y del 2003, apoyando políticos afines a su ideología y a su proyecto contrainsurgente.

Una de las curules de más alto nivel logró este movimiento por elección popular fue en el Senado de la República, llevando hasta allí al político antioqueño Humberto Builes Correa para el periodo legislativo del 2002 al 2006.

¿Y qué se comprometían los políticos que aceptaban la propuesta de ‘El Alemán’? Lo dijo él mismo en una audiencia judicial realizada en junio de 2009: “defender los intereses de la democracia. Para nosotros era importante que se tuvieran personas que pudieran trabajar porque hubiera seguridad en las zonas, porque hubiera desarrollo en las zonas, esos eran los objetivos generales”.

Las pretensiones de este movimiento político fueron presentadas en el año 2000 en una reunión celebrada en la finca La Virgen del Cobre, en Necoclí, a la que asistieron numerosos líderes sociales, convocados previamente por Jorge Pinzón, quien coordinaba las actividades de ese grupo.

“Se le dice a Jorge Pinzón váyase reúnase con ellos en la región de Urabá, instintivamente de cualquier partido político, se delega al señor Pinzón para que haga la elección de los líderes de la región que tenían poder en el eje bananero, entre estos líderes se encontraban alcaldes, concejales, sindicalistas, aspirantes a la Asamblea y esperanza, Paz y libertad, todos estos líderes fueron convocados a una gran reunión en el municipio de Necoclí donde se les vendió por primera vez la idea del proyecto político regional”, evocó el exparamilitar en una audiencia en junio de 2009.

Según consta en procesos, esa reunión en Necoclí se hizo con el fin de crear los comités municipales del proyecto político, de igual forma se crea la junta directiva organizada por Pinzón, se le da vida a las diferentes oficinas del proyecto, una en cada uno de los municipios de Urabá, en parte con financiación del Bloque Elmer Cárdenas.

Una vez se concretó la participación en política para las elecciones del 2001, este movimiento se concentró en seleccionar a los candidatos. La estrategia, según ‘El Alemán’, era tener dos candidatos por municipio, uno con muchas opciones y el otro con pocas, para simular una actitud democrática.

En junio de 2009 Rendón Herrera precisó los alcances de esos acuerdos: “Después de las sensibilizaciones y capacitaciones, se inicia en cada uno de los corregimientos de los municipios de Urabá y córdoba, la realización de asambleas con el fin de escoger según el censo electoral los candidatos por corregimiento que iban a aspirar a una curul al concejo municipal, presentándose uno o dos candidatos por corregimiento”.

Una vez escogido el candidato afín a la ideología del grupo armado ilegal, se hablaba con él y se le precisaban los alcances de la participación en política bajo esos acuerdos.

Según ‘El Alemán’, siempre hubo un candidato al que le apostaban: “decíamos, éste va a ser la persona indicada como administrador de ese municipio y en muchos casos nos sentamos con él, mire la comunidad quiere votar por usted, nosotros vamos a apoyarlo, y cómo lo apoyábamos, a las comunidades las apoyábamos con reses, en dinero para contratar el transporte para el día de las elecciones, para pagar propaganda, todo lo que se hace en una campaña política”.

Sobre algunos de los capturados
Con base en esas declaraciones, la Fiscalía General de la Nación expidió por lo menos 51 órdenes de captura, de las cuales hizo efectivas por lo menos 32 de ellas contra personas vinculadas supuestamente al movimiento político respaldado por el Bloque Elmer Cárdenas. Entre ellos se encuentra el actual alcalde del municipio de Turbo, William Palacio Valencia, y un significativo número de políticos locales. (Ver mapa)

Sobre el mandatario de Turbo, alias ‘El Alemán’ explicó en audiencia ante fiscales en junio de 2009 que en las elecciones del 2003 apoyaron a Palacio Valencia, quien para esa época tenía el respaldo del movimiento Equipo Colombia y ganó con el 51,6% de la votación: “surgen dos candidatos, el señor William Palacio y el señor Alberto Jiménez a la alcaldía, y gana William Palacio, quien contó con el apoyo nuestro con tema de transporte, recursos, etc”.

Alias ‘El Alemán’ aseveró ante fiscales que su grupo armado también respaldó a candidatos en diversas elecciones a la Alcaldía de Necoclí, entre ellos a Edison Yañez, otro de los capturados: “seguro que los alcaldes conozco a muchos, yo conocí por ejemplo en esa época a Alberto Garcés, a Hugo Galeano, a Benjamín Díaz, a Edison Yanez, conocí a 5 alcaldes hasta el último que está hoy en el Municipio de Necoclí, y seguramente que más adelante le voy a mostrar cuando el proyecto político, no solamente me reuní con muchos de los que hoy están ejerciendo sino con muchos de los de atrás o los conocí dentro de ese proyecto político”.

La Fiscalía también reportó la captura de Roberto Martínez, quien fue candidato a la Alcaldía de San Juan de Urabá en las elecciones del 2000. De acuerdo con el exjefe paramilitar, Martínez compitió por el cargo con Miguel Ángel Zuluaga y perdió, entre otras razones porque el grupo armado veía en este último a un mejor candidato.

“Zuluaga era la persona que previamente se había reunido con nosotros, con los líderes comunitarios, con los presidentes de Junta de acción comunal y que nosotros consideramos que era la mejor carta para ser el administrador de ese municipio, y Roberto Martínez era la otra persona con más alta probabilidad, y no se le prohibió a los otros candidatos que hicieran proselitismo, ganando el señor Zuluaga para el 2001. A todos se les brindó el mismo apoyo”, aseveró ‘El Alemán’ en su momento.

Preocupa Turbo
La captura del actual alcalde de Turbo preocupa a la Gobernación de Antioquia. El Secretario de Gobierno, Santiago Londoño, explicó que apenas quede en firme la medida de aseguramiento contra el mandatario local se procederá a nombrar un encargado y, posteriormente, se solicitará una terna al movimiento de ciudadanos por el cual salió elegido el alcalde Palacio. “Si esa terna cumple, el señor gobernador elige un alcalde encargado hasta tanto se decida la situación jurídica del señor Palacio”, precisó el funcionario.

Sobre su reacción a la noticia de la captura, Londoño dijo que “a uno lo entristece que haya que presenciar una situación como ésta, pero al mismo tiempo hay que decir que es un mensaje muy importante y que es muy necesario en este país: la institucionalidad y la justicia tienen que llegar y llegarán allí donde de manera real o presunta hayan relaciones entre las instituciones públicas, los funcionarios públicos y las organizaciones criminales”.

Frente a más capturas, el temor es que en una región como Urabá, que luego de muchos esfuerzos está superando la violencia que la ha azotado por más de 20 años, se afecte la gobernabilidad.

Al respecto, Londoño espera que eso no ocurra, y ante el año y medio que falta para concluir el actual periodo de alcaldes, se aseguren las metas propuestas. “Nuestra responsabilidad como gobernación y la del gobierno nacional es asegurar que haya institucionalidad y que haya un liderazgo de parte de las alcaldías en los temas de desarrollo”, puntualizó.

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Si tiene dificultades para acceder al contenido, por favor actualice su navegador de Internet o use otro. Foto de Salvatore Mancuso: archivo Semana.

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Ex congresista Efrén Hernàndez“Carlos López dijo que me dejaran a mí y enfilaran contra Germán Vargas Lleras”, aseguró Milton Álvarez Alfonso, ex diputado de Casanare y ex alcalde de Tauramena, al explicarle a la Corte de Suprema de Justicia que López fue el artífice de las denuncias que desembocaron en varios procesos judiciales que lo involucraron a él, al Vicepresidente electo y al ex representante a la Cámara, Efrén Hernández.

Álvarez Alfonso, citado como testigo de la defensa del ex congresista, afirmó que con estas falsas denuncias se abrió en su contra un proceso por concierto para delinquir del cual fue absuelto en agosto de 2013 y que, como los demás políticos, era señalado por ex paramilitares de tener vínculos con las Autodefensas Campesinas de Casanare (Acc). Por otra parte, la investigación contra Vargas Lleras fue archivada por la Corte en mayo de 2013.

Las declaraciones del político casanareño fueron dadas durante el juicio que lleva la Sala Pena de la Corte Suprema de Justicia contra el ex representante a la Cámara Efrén Hernández por sus presuntos vínculos con el ex jefe de las Acc, Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’.

Álvarez Alfonso le dijo a los magistrados que Carlos López es un ganadero del Casanare conocido como ‘el Negro’ López, quien, según él, apoyó a varios candidatos en la política local y a través de anónimos comenzó a crear falsas denuncias contra sus contradictores para afectar sus trayectorias políticas.

El ex alcalde de Tauramena aseguró bajo juramento que López aprovechó la amistad con Santiago Uribe, hermano del senador electo Álvaro Uribe Vélez, para que sus denuncias llegaran directamente a la Presidencia de la República, las cuales tuvieron eco en la Fiscalía y en la oficina de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado.

Álvarez Alfonso dijo que Santiago Uribe apoyó a sus opositores y que ésta era una de las razones por las que seEsta foto del periódico el Nuevo Oriente muestra a Santiago Uribe (de sombrero) con el ex candidato a la alcaldía de Tauramena, Leonardo Mendoza, y su familia. le unió ‘el Negro’ López. El ex alcalde mencionó una fotografía del periódico Nuevo Oriente, de Yopal, donde aparece el hermano del Senador electo junto a Leonardo Mendoza, candidato por el movimiento Apertura Liberal a la Alcaldía de Tauramena en 2007.

En el proceso contra el electo Vicepresidente de la República, Santiago Uribe rechazó los señalamientos en su contra y nego toda relación con grupos paramiltiares del Casanare.

Sobre cómo López influyó en los ex paramilitares postulados a Justicia y Paz, el también ex diputado explico que éste se apoyó en dos ex funcionarios de la Dijín de la Policía, a quienes señaló de redactar las entrevistas a los postulados de las Acc encarcelados para que en sus declaraciones ante los fiscales relacionara a los políticos locales con la organización de ‘Martín Llanos’.

Además de López,la defensa de Efrén Hernández también llamó a otros ex mandatarios locales del Casanare, cercanos a su carrera política, quienes coincidieron en señalar que nunca se reunieron con ‘Martín Llanos’ y, que al igual que Hernández, alegaron que nunca recibieron su apoyo para una campaña política.

Estas versiones también coincidieron con las entregadas hace varios días por ‘Martín Llanos’ a la Corte, quién confesó que sí influyó en las elecciones en Casanare, pero que respaldó a los candidatos opositores de Hernández.

Los reclamos de ‘Martín Llanos’
Al comparecer al juicio del ex representante a la Cámara, alias ‘Martín Llanos’ aseveró que es un perseguido político y aprovechó para reclamarle a los magistrados sobre lo que él ha considerado el apoyo que le dio la Fuerza Pública y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a los integrantes del Bloque Centauros. Según él, esa ayuda fue determinante en la lucha que sostuvo entre 2003 y 2004 con ese grupo ilegal, que era patrocinado por la llamada Casa Castaño. (Ver: Carranza, los Castaño y la llegada de los ‘paras’ al Llano)

Buitrago aseveró que fue excluido de los acuerdos que adelantó en su primer periodo de gobierno el presidente Uribe Vélez con el Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), lo que impidió desmovilizar sus tropas y, por el contrario, fuera atacado por facciones de esa organización paramilitar en una guerra que dejó decenas de muertos en el Casanare.

A finales del 2003 y el 2004 los enfrentamientos entre los hombres de las Acc comandadas por ‘Martín Llanos’ y el Bloque Centauros dejaron cerca de 3 mil víctimas, entre menores de edad, civiles y paramilitares. Al final de esta lucha, el primer grupo se desintegró y se rearmó en el 2005, mientras que el segundo se acogió al proceso con el gobierno nacional y varios de sus integrantes fueron postulados a los beneficios de la ley de Justicia y Paz.

Buitrago indicó que el 8 diciembre 2002 inició las reuniones con representantes del gobierno para planear la reinserción de sus hombres, pero después de varios encuentros “no vimos con buenos ojos la propuesta del gobierno”.

‘Martín Llanos’ precisó que uno de los hechos que los hizo apartarse de las negociaciones con el gobierno y que agravó sus diferencias con el Bloque Centauros fue que “quisimos hacer la paz con este movimiento, pero fue imposible porque la organización de Autodefensas del Casanare designó su vocero y estando en dicha labor regresando de Boyacá fue asesinado en Guaduas por las Auc lideradas por ‘El Pájaro’ lo que dio el rompimiento de los diálogos”.

El ex jefe paramilitar fue más allá y señaló que funcionarios del gobierno fueron aliados del Bloque Centauros asegurando que “nosotros denunciamos todo esto ante el Gobierno con vídeos, pero esto no sirvió para finalizar el conflicto. El objetivo era acabar con las Acc por no querer unificar la mesa de negociaciones”.

Según Buitrago, el Gobierno tomó partido en esa guerra, lo que llevo a la suspensión del proceso: “no pudimos volver a reunirnos con el gobierno porque nunca quiso intervenir en la agresión de esa organización a nuestro movimiento. Nosotros nos dimos cuenta que realmente el gobierno tenía una estrategia era para la eliminación de nuestra organización porque no nos permitió la desmovilización”.

Durante su comparecencia a la Corte, Buitrago se negó en varias ocasiones a responder las preguntas de los magistrados del alto tribunal argumentando que eran hechos “privados” de su grupo y que solo hablará de ellos dentro de un proceso de justicia transicional, como el que se les aplica a los demás paramilitares bajo la Ley 975 de 2005. “Queremos decir lo que sabemos. No depende de mí sino del Gobierno que la verdad pueda salir a la luz pública, una verdad colectiva y no parcial”, precisó ‘Martín Llanos’.

El ex jefe paramilitar huyó por varios años de las autoridades colombianas y fue detenido en Venezuela en febrero de 2012 junto con su hermano Nelson Orlando, alias ‘Caballo’, razón por la cual está siendo juzgado por la justicia ordinaria. /Ver: ‘Martín Llanos, el capturado ex jefe para del Casanare)

Las Acc y la política
Efrén Antonio Hernández Díaz enfrenta un juicio por el delito de concierto para delinquir ante la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con las Acc. El ex representante a la Cámara y ex gobernador de Casanare fue detenido por agentes del CTI el 8 de febrero de 2013 en Yopal, ciudad de la que también fue alcalde.

Una de las pruebas que vinculan a Hernández con la organización de alias ‘Martín Llanos’ es un video que fue divulgado en el 2007, cuando el procesado hacía campaña para la Gobernación del Casanare. La filmación muestra a Efrén Antonio en una fiesta realizada en el municipio de Monterrey en el 2004. Al parecer, en la celebración se festejaba el cumpleaños de Ricardo Ramírez, señalado narcotraficante de la zona. (Vea aquí el video: https://www.youtube.com/watch?v=p3IM-0NE9yM)

Una vez fue revelado públicamente el video, Hernández se defendió alegando que “los Ramírez eran conocidos en la región por todo el mundo y uno como político va a lugares donde no sabe a quién se encontrará”. Además, se habían convertido en enemigos de ‘Martín Llanos’, al punto que Ricardo y su hermano fueron asesinados.

Buitrago relató que antes del 2004 sí se reunió en varias ocasiones con el ex congresista Efrén Antonio Hernández Díaz para hablar acerca del proceso de desmovilización y las negociaciones de paz que adelantaban las autodefensas y el gobierno nacional, pero aclaró que en esas ocasiones el político solo servía como mediador y no ocupaba ningún cargo público, y precisó que estos encuentros tampoco se hicieron para hablar de apoyos a campañas políticas.

Por el contrario, ‘Martín Llanos’ confesó que desde la dirección política de las Acc “se prohibieron las elecciones de Efrén” en su aspiración a la Cámara de Representantes en el 2002, de la cual fue ganador. “Se le dijo a él (Efrén Hernández) que no hiciera campaña”, agregó Llanos.

Los magistrados le preguntaron al ex jefe de las Acc si él había cedido ante las pretensiones de un tío suyo llamado Walter Buitrago Rodríguez, quien le pidió que apoyara a Hernández en su campaña, a lo que respondió que la prohibición siempre fue una determinación tomada por la cúpula de la organización.

Además de ‘Martin Llanos’, al juicio contra Efrén Hernández fue llamado como testigo de la defensa Alexander Vargas Buitrago, alias ‘Junior’, un ex paramilitar que fue vocero político entre mayo de 2001 hasta mediados de 2003 en el sur del Casanare. Al igual que ‘Llanos’, sostuvo que el político no fue apoyado por su organización para las elecciones al Congreso.

Vargas explicó que su función era la de contactar a líderes, como presidentes de las juntas de acción comunal, de los municipios del sur de Casanare, incluida Yopal (la capital); agregó que la organización definía las listas para los concejos y otros cargos públicos en los municipios sobre los que tenía injerencia; y negó tener conocimiento de la prohibición de votar a favor de Hernández y se ésta se mantuvo hasta elfinal de las elecciones.

El juicio continuará en las próximas semanas ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá que definir si el político casanareño entrará a la lista de los congresistas condenados o, por el contrario, quedará excluido de ella.

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La audiencia en la que la Corte Suprema de Justicia definiría cuáles pruebas se incluirían y se declararían nulas en el proceso que se lleva contra la ex congresista por el Partido la U Piedad Zuccardi, por sus presuntos nexos con miembros de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaron en los departamentos de Bolívar y su natal Sucre fue suspendida este miércoles por varias semanas.

La decisión se tomó luego de la recusación presentada por William Adán Rodríguez Castillo, abogado de Zuccardi. El jurista explicó que esta solicitud se hacía ante la “falta de imparcialidad que podrían tener los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes investigaron y conocieron hasta esta etapa el proceso que se le sigue a Zuccardi”.

La recusación, es decir, la solicitud para que se declaren impedidos en este proceso, recayó sobre siete de los nueve magistrados que componen la Sala Penal: José Leonidas Bustos Martínez, Fernando Alberto Castro Caballero, Eugenio Fernández Carlier, María del Rosario González Muñoz, Gustavo Enrique Malo Fernández, Luis Guillermo Salazar Otero y José Luis Barceló Camacho.

Para los defensores de la excongresista “la norma, de manera taxativa, señala que una persona que con antelación haya conocido el proceso y emitido decisiones, como ocurrió en este caso, no puede estar desprendido del conocimiento previo porque ya han hecho un prejuzgamiento. Esta es una causal establecida en el Código Penal como una causal para que recusar o que el funcionario se declare impedido”.

La defensa de Zuccardi, apoyada por dos abogados delegados ante la Corte de París y dos abogados españoles expertos en derecho internacional, sostiene que esta forma de juzgamiento viola las normas internacionales y que, independiente de las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia, este caso será llevado a tribunales extranjeros.

En un comunicado, la oficina de abogados señaló que “en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por Colombia, se establece como derecho fundamental, que las personas sean juzgadas por un juez imparcial. Es decir, que quien vaya a juzgar, llegue al juzgamiento ajeno a lo que ha ocurrido en la etapa investigación”.

Mariana de Sevin, abogada ante la Corte de París y miembro de la organización Unidad Parlamentaria, informó que desde hace 9 meses se avisó a esta última institución que los magistrados que investigaban a Zuccardi iban a ser los mismos que la enjuiciarían y que una de las decisiones tomadas era la de designar un delegado para acompañar toda la etapa de juzgamiento para hacer una veeduría internacional.

Las interceptaciones
La defensa de la ex senadora, que permanece detenida desde de febrero de 2013, volvió a reclamar por la inclusión, como pruebas, de las interceptaciones telefónicas que ordenó la Corte contra Rodríguez y sostuvo que han sido varias las faltas al debido proceso por parte de los magistrados.

Se trata de por lo menos 20 grabaciones telefónicas en las que aparecen las conversaciones que tuvo Zuccardi con el abogado Rodríguez para preparar su estrategia defensiva. (Ver El expediente de la Corte contra Piedad Zuccardi)

Los abogados que acompañan a la ex senadora sostuvieron que estas acciones son una violación al derecho de defensa. Rodríguezcomentó que “con las interceptaciones se desquició la imparcialidad jurídica”.

En diciembre del año pasado, cuando se dio a conocer la resolución de acusación contra su representada, Rodríguez le dijo a VerdadAbierta.com que “esas comunicaciones entre la defensa y cliente han sido utilizadas por la Corte para efectuar el juicio de reproche y responsabilidad de mi cliente. La ley procesal dice que la interferencia de las comunicaciones entre cliente y defensor no pueden hacerse”.

Gonzalo Baye Tuset, abogado español que apoya la defensa de Zuccardi, indicó que las interceptaciones de la Corte son “como ir a un combate de boxeo atado de pies y manos” y que estas actuaciones demuestran que “se ha investigado a las personas y no a los hechos (…) Esta es una investigación tendenciosa. No se sabe siquiera el dónde, el cuándo y el cómo de los hecho, eso es lo mínimo que tiene una persona para defenderse”.

El proceso
Según la acusación que formuló la Corte, la ex senadora participó en reuniones secretas con paramilitares para pactar arreglos electorales a su favor e incurrió en posible manipulación de testigos.

El alto tribunal sostiene en su acusación que la ex senadora, del Partido de la U, se reunió en varias ocasiones con paramilitares, junto con Alfonso Hilsaca, apodado ‘el Turco’, gran contratista del Estado en obras públicas, y hoy investigado por asesinato, además de Enilse López, conocida como ‘La Gata’, empresaria del chance en la Costa condenada por sus vínculos con grupos paramilitares.

A algunas de esas citas, indicaron los magistrados, también fue el esposo de Zuccardi, el ex congresista Juan José García Romero, quien fuera condenado por peculado por apropiación en 2002 y hoy es también investigado por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.

En dichos encuentros, según la Corte, se cuentan las reuniones sostenidas en Casaloma, convocada por Diego Vecino; Barranco de Loba, por ‘Ernesto Báez’; y el Caramelo, por Salvatore Mancuso, entre los años 2001 y 2003. Según los hallazgos del Alto tribunal, allí definieron el apoyo de los paramilitares para las campañas electorales de los García-Zuccardi y el apoyo económico que les daría para estas gestas políticas el empresario Hilsaca.

Los investigadores de la Corte encontraron, además, que García y sus hijos son socios de Promotora El Campín, una firma que ha contratado con el Estado en diversas ocasiones en asuntos de infraestructura y también ha obtenido títulos de concesión minera, en uno de los cuales, al parecer, tuvo como socia a Betty Castro Espinosa, líder política de Córdoba y abogada de varios ex paramilitares. Esta mujer fue capturada en 2012 por su presunta relación con ‘Los Rastrojos’ en el Bajo Cauca antioqueño. Meses después, según los hallazgos de los investigadores de la Corte, su parte de la sociedad fue traspasada a una firma de un hijo del empresario Hilsaca.

En su resolución de acusación, la Corte aseguró que en este caso “política, paramilitarismo y negocios parecen ser el común denominador del ejercicio del poder en el departamento de Bolívar y todo parece indicar que los vínculos entre Piedad Zuccardi, La ‘Gata’ y ‘el Turco’ Hilsaca, no son circunstanciales, ni están ligados por un Acuerdo Programático, una Concesión Minera o unas convergentes reuniones con paramilitares, sino a un proyecto para conservar el poder que en grado sumo cada uno de ellos detenta, convenientemente ligado a los grupos armados ilegales”.

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Pasadas las elecciones a Senado y Cámara de Representantes, y con cerca del 100% de las mesas de votación escrutadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el fantasma de la ‘parapolítica’ rondará el nuevo Congreso de la República.

De las 268 curules en disputa, 102 en el Senado y 166 en la Cámara, 26 serán ocupadas por congresistas que repetirán legislatura y que están siendo investigados de manera preliminar en la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos del pasado con grupos armado ilegales.

Inicialmente, VerdadAbierta.com estableció que se presentaron 35 candidatos investigados, pero tras los resultados las cifras revelan que al Senado llegaron 15 políticos quienes, están siendo investigados porque se sospecha que hicieron pactos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y otras organizaciones armadas, mientras que a la Cámara de Representantes 11 lograron su curul. (Ver: Aspiran al Congreso 35 investigados)

El partido con el mayor número de congresistas que tienen abiertas investigaciones por sus supuestos nexos con organizaciones al margen de la ley es el Partido de la U (con 8), le siguen el Liberal (7), Cambio Radical (4), Conservador (4) y, por último, Opción Ciudadana (3).

Sin embargo, si se hace la relación entre el número de curules obtenidas y el de candidatos electos investigados el porcentaje más alto lo tiene el partido Opción Ciudadana, con un 27% de los 11 puestos que obtuvo para el Senado y la Cámara, seguido de Cambio Radical (16%) y el Partido de la U (14%).

Rodrigo Uprimny Yepes, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), aseveró que los congresistas investigados por ‘parapolítica’ elegidos para la legislatura 2014-2016 son una demostración de que existen “enormes debilidades del sistema electoral que permiten que esos vínculos entre la política y organizaciones criminales persistan”.

Añadió el jurista que “es razonable que hasta que una persona no le hayan derrotado su presunción de inocencia pueda gozar de sus derechos políticos. La vía que hay que seguir es la de ver cuáles son las debilidades del sistema electoral. Por ejemplo, repensar la financiación de las campañas, pues en la medida en que se admite una financiación alta puede haber tanto dineros legales como ilegales”.

Los supuestos vínculos
A continuación aparecen los perfiles de los 10 candidatos que obtuvieron la mayor votación entre los 26 investigados por la Corte Suprema de Justicia. (Para más información puede ver el gráfico interactivo que aparece al final del artículo)

1. Musa Abraham Besaile Fayad (Senador – Partido de la U) Votos: 145.402. 
Durante el proceso de Justicia y Paz, el desmovilizado Carlos Andrés Padilla Gonzáles, alias ‘Visaje’, afirmó que Besaile había tenido nexos con las Auc. A esto se le suma que en 2008, versiones incriminatorias del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Este político de Córdoba llegó al Congreso en 2002, apoyado por el cacique regional Juan Manuel López Cabrales. Esta es su tercera legislatura.

2. Mauricio Aguilar Hurtado (Senador – Opción Ciudadana) Votos: 100.159.
Uno de los hijos del ex gobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo, quien fue condenado en agosto de 2013 por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares que operaron en el pasado en este departamento. La Corte lo investiga en el mismo proceso con otras dos personas cercanas al círculo político de su padre: Didier Alberto Tavera Amado y Doris Clemencia Vega Quiroz.

3. Óscar Mauricio Lizcano Arango (Senador – Partido de la U) Votos: 96.525.
En enerode 2009, la Corte Suprema de Justicia comenzó una investigación en su por presuntos vínculos con grupos armados ilegales del departamento de Caldas. Denuncias de anónimos afirman que el congresista recibió financiación para su campaña de narcotraficantes del cartel del Norte del Valle. Ante esta acusación, Lizcano ha respondido con la negación de dichos vínculos.

4. Nora María García Burgos (Senadora – Partido Conservador) Votos: 86.047.
La Corte investiga si esta congresista cordobesa tuvo nexos con el paramilitarismo en su departamento. Llegó al Senado en 2002 como segundo renglón de Miguel de la Espriella, condenado por sus vínculos con grupos de autodefensa. El alto tribunal sospecha que ella no fue al apoyo paramilitar recibido por su jefe político.

5. Olga Lucía Suárez Mira (Senadora – Partido Conservador) Votos: 70.435. 
Es hermana del condenado por parapolítica Óscar Suárez Mira. Se le investiga en la Corte Suprema de Justicia por supuestos vínculos en su natal municipio de Bello, Antioquia, con el paramilitarismo y grupos armados surgidos tras la desmovilización de las Auc. En las elecciones del 2010, obtuvo la mayor votación de su partido, con 112 mil votos.

6. Martín Emilio Morales Diz (Senador – Partido de la U) Votos: 69.818. 
La Corte investiga si los posibles nexos ilegales con paramilitarismo de los que está acusada Zulema Jattin también favorecieron a Morales Diz. Para el período 2010-2014, este político cordobés recibió el respaldo de Zulema Jattin, investigada por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con paramilitares. El proceso de Jattin está en etapa de instrucción, y ella recobró la libertad por vencimiento de términos.

7. Daira De Jesús Galvis Méndez (Senadora – Cambio Radical) Votos: 65.426.
En el pasado esta abogada cartagenera fue defensora de la empresaria del chance de Enilse López, conocida como ‘La Gata’, condenada por nexos con paramilitares de la Costa Atlántica. Galvis habría sido clave en la Fundación Wendy Vanessa, creada en honor a la sobrina de ‘La Gata’ y dedicada a obras sociales. Llegó por primera vez al Congreso, en 2007, en reemplazo de jefe del partido Convergencia Ciudadana, Luis Alberto Gil, quien renunció tras ser llamado por la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de la parapolítica.

8. Luis Eduardo Díazgranados Torres (Representante a la Cámara – Cambio Radical) Votos: 62.303. 
El congresista es investigado por la Corte Suprema de Justicia desde septiembre de 2012 por presuntos nexos con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), estructura paramilitar que estaba al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y que opero en el departamento del Atlántico.

9. Armando Alberto Benedetti Villanada (Senador – Partido de la U) Votos: 60.980. 
Es investigado por la Corte Suprema de Justicia desde mayo de 2008, tras ser señalado de asistir a una reunión con el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en el corregimiento Santa Fe de Ralito, municipio de Tierralta, Córdoba, a finales de 2002, en una supuesta reunión equiparada al llamado ‘acuerdo de Santa Fe de Ralito’. Benedetti ha aclarado que no recibió apoyo ilegal y que quienes lo señalaron inicialmente, los paramilitares Mario Marenco Egea y Edgar Fierro, alias ‘Don Antonio’, luego aclaron ante el alto tribunal que no le habían dado ningún respaldo al político al político costeño.

10. Antonio del Cristo Guerra de la Espriella (Senador – Cambio Radical) Votos: 59.637.
En noviembre de 2010 la Corte abrió investigación en su contra por su presunta relación con Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”. Es señalado por el escolta de ‘Cadena’, Alí Therán Ricardo, alias ‘El Negrito Osorio’. El proceso se archivaen octubre de 2011. Se reabre el 29 de enero de 2014, ya que el paramilitar José de Jesús Gélvez Albarracín, alias ‘el Canoso’, confirma esos señalamientos.

Elige las pestañas azules de la parte superior del gráfico para vertodas las estadísticas 

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VerdadAbierta.com presenta un gráfico en el que se cruzan las listas de actuales y anteriores congresistas que están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia con el listado de candidatos a Senado y Cámara inscritos por los diversos partidos en la Registraduría.

Las estadísticas muestran por ejemplo que Atlántico es el departamento con el mayor número de aspirantes investigados con 5, le siguen Antioquia y Santander con 4 cada uno. Los partidos que tienen en sus listas a estos sospechosos de haber hecho alianzas con el paramilitarismo son el Liberal, la U, el Conservador y Cambio Radical.

En la parte superior del siguiente gráfico encontrará dos pestañas en las que podrá buscar por nombres y apellidos los candidatos de su región, los supuestos vínculos con los grupos ilegales, todos los datos de su paso por el Congreso y las cifras de las investigaciones por departamentos.

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Luis Fernando Almario, ex representante a la Cámara por Caquetá, durante una sesión del Congreso de la República. Foto: archivo Semana.En la reanudación del juicio que se lleva contra el ex congresista caqueteño Luis Fernando Almario, la defensa  llamó a siete testigos,entre ellos dos personas que fueron señaladas de hacer parte de un complot para vincular a Almario con miembros del Frente Sur de los Andaquíes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que delinquió en ese departamento.

Almario es procesado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de constreñimiento al elector y concierto para delinquir. Varios testigos, entre ellos ex paramilitares, han manifestado en ocasiones anteriores que recibió el apoyo político, electoral y militar del Bloque Central Bolívar, estructura a la que pertenecía el Frente Sur de los Andaquíes (Ver nota Testigo se ratifica en señalar vínculos de Almario con los ‘paras’) 

A estas nuevas audiencias fueron llamados también otras personas cercanas al ex Representante,quienes negaron que el político hubiera recibido el apoyo de grupos armados ilegales para obtener altas votaciones en el departamento.

Durante las audiencias se reprodujeron apartes de una grabación que fue hecha por Efrén Hurtatis España, un taxista quien dice ser testigo del asesinato de miembros de la familia Turbay el 29 de diciembre del 2000. En esta masacre, cometida por las Farc, fueron ejecutados Diego Turbay Cote, entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, su madre Inés Cote de Turbay, el arquitecto Jaime Peña Cabrera, Edwin Angarita Alarcón, Mail Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y el conductor del vehículo, Rafael Ocasiones Llanos. El crimen ocurrió en la vía que conduce de Florencia a San Vicente del Cagúan (Caquetá).

Por este hecho la Corte también tiene un proceso en contra de Almario, por sus presuntos vínculos con las Farc. (Ver nota: ¿Se reactiva el caso contra Almario?)

Según se dijo en la audiencia, Hurtatis estaba dispuesto a rendir declaración en el juicio de Almario, con la condición de recibir protección, pues según él había recibido amenazas desde comienzos del año 2000 y seis taxistas que habían sido testigos del homicidio fueron asesinados con posterioridad a la masacre.

En marzo de 2010, ante la Fiscalía, Hurtatis aseguró que Juan Anuario Valderrama y el procurador de Florencia Alirio Calderón Perdomo “le estaban montando un complot” a Almario. El taxista contó que Valderrama le había planteado que dijera a la justicia que Almario “había dado la orden” de ejecutar a los Turbay Cote y a cambio recibiría asilo en Canadá, trámite que facilitaría Calderón, quien, a su vez, había trabajado como abogado de la familia Turbay.

El conductor aseguró que antes de que Valderrama lo llevara a la oficina de Calderón, se encontró con el ex congresista en el parque de Florencia (Caquetá) a mediados de 2009. Allí le contó del supuesto complot. Almario le recomendó que se contactara con un amigo que tenían en común. Después de esa reunión Hurtatis tomó la determinación de grabar con su celular la conversación que tendría con Valderrama y con Calderón.

En los apartes de esos audios, que fueron leídos durante el juicio en la Corte Suprema, se escucha a los tres hombres hablando acerca de las declaraciones que Hurtatis iba a entregar en contra del ex congresista y las personas que serían contactadas en Bogotá, para que rindiera el testimonio.

Juan Valderrama, quien fue llamado al juicio por la defensa de Almario, manifestó que fue Hurtatis quien lo contactó a él para hablarle acerca de la supuesta participación del procesado en el crimen de la familia Turbay Cote. “Yo lo que hice fue ayudarlo porque él decía que quería salir del país, y porque era de los pocos taxistas que estaban vivos (…) él fue el que dijo que había sido testigo de la familia Turbay y que había escuchadoa la guerrilla nombrar a Almario”, respondió Valderrama.

El testigo al mismo tiempo pidió que se investigara si esas grabaciones no fueron alteradas y pidió a la Corte que no fueran tenidas en cuenta, pues no habían sido realizadas bajo una orden judicial. En estas mismas peticiones coincidieron la representante de la Procuraduría y el otro testigo, Calderón.

La defensa del ex congresista solicitó en varias ocasiones a los magistrados que recibieran los CD con otra versión mejorada de las grabaciones, en las que según Almario, se había hecho una modificación del ruido que aparecía en el audio original.

La magistratura informó que en la sentencia se referirán sobre si aceptan o no todos los audios como pruebas, ya que no fueron anexadas por la defensa en la etapa probatoria. Indicaron que se harán los estudios técnicos para determinar si los audios originales no fueron editados, como lo aseguraron los testigos.

Testigo denuncia intimidaciones
Cuando atestiguó, Calderón dijo que ha estado siendo víctima de seguimientos en los últimos días y los atribuyó a las declaraciones que ha dado en los procesos que se llevan contra Almario en la Corte por sus presuntos nexos con la guerrilla y los paramilitares.

Calderón aseguró que iba a declarar el pasado 31 de enero ante la Corte, y desde el día anterior se había desplazado desde su residencia en Florencia a Bogotá. “Sólo las partes del proceso lo sabían y desde el 30 de enero empezaron a perseguirme”, indicó, sin dar más detalles.

El testigo señaló que a estos seguimientos se suman dos robos de sus computadores personales en su oficina. “Entraron por el techo, había otras oficinas de mis colegas y sólo entraron a la mía. Mis computadores no eran costosos y fue lo único que se llevaron”.

Calderón también le recordó a los magistrados el asesinato de su hermano, el ex alcalde de Puerto Rico (Caquetá), Jorge Hernando Calderón Perdomo, el 13 de febrero de 2009. “Mi hermano era testigo en el proceso por la muerte de la familia Turbay (…) Lo único que yo tengo que decir ahora es que no es con el calvario mío que tienen que demostrar su inocencia”. 

Los presuntos vínculos
En el juicio declararon tres personas a favor del ex congresista. Uno de ellos fue el ex gobernador del Caquetá (2004-2007), Juan Carlos Claros Pinzón. 

Claros recibió el apoyo de Almario en varias campañas políticas a la Gobernación y perteneció a la UTL de Almario entre los años 2002 y 2003 cuando éste fue representante entre los años 2002 y 2006.

El ex gobernador, que también es investigado por presuntos nexos con los paramilitares, negó que durante las campañas políticas el sindicado hubiera tenido relaciones con los paramilitares. Al mismo tiempo rechazó que el ex congresista se hubiera reunido con miembros del grupo ilegal durante el tiempo que trabajó en la unidad legislativa.

Otro de los testigos, Harry Giovanni González García, quien hizo parte de la oficina jurídica durante el mandato de Claros, aseguró que nunca entregó información sobre los contratos del departamento a los paramilitares. Señaló que los contratos de carreteras a los que se ha hecho referencia en el proceso contra Almario, en los que los acusadores han asegurado tuvieron participación los paramilitares, eran obras que pertenecían al Invías y no había injerencia de la Gobernación.

En octubre de 2012 la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años al ex representante. El organismo señaló que Almario fue respaldado por el Frente Sur de Andaquíes delBCB política y financieramente para alcanzar una curul en el Congreso para el periodo 2002 – 2006. El juicio en la Corte tendrá que establecer si además el ex congresista es culpable o no de haberse aliado con los paramilitares del BCB para delinquir.

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Luis Fernando Almario, ex representante a la Cámara por Caquetá. Foto: archivo Semana.El pasado miércoles 29 de enero llegó una carta del ex paramilitar del Frente Sur Andaquíes, José Germán Senna, alias ‘Nico’ a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia donde se iba a realizar en la mañana de este jueves una nueva audiencia pública del juicio contra el ex representante a la Cámara Luis Fernando Almario Rojas por su presunta relación con los paramilitares, pero que fue aplazada hasta el próximo lunes.

En su carta, Senna desmiente al ex congresista al afirmar que él no se ha retractado de los testimonios entregados a la justicia con anterioridad “en referencia a su caso particular o en lo relacionado con la parapolítica en el departamento del Caquetá”. El postulado ha confesado que Almario se reunió con “la comandancia del BCB”, o Bloque Central Bolívar, estructura de la que hizo parte el Frente Sur de Andaquíes. (Descargue el documento completo aquí)

En noviembre de 2013, durante las primeras audiencias del juicio que se adelanta en su contra, Almario le dijo a los magistrados que su proceso era el producto de una persecución política en su departamento y recordó que desde el comienzo de su carrera política en 1991 se encargó de denunciar los crímenes de la guerrilla y las relaciones de los grupos armados ilegales con políticos y personalidades del departamento. (Ver artículo: Luis Almario se declara víctima en inicio de juicio por parapolítica)

Sostuvo además que ha sido víctima de un cartel de testigos falsos que han intentado enlodar su nombre para sacarlo del escenario político caqueteño. Agregó que testigos como el mismo José Germán Senna Pico, alias ‘Nico’, han reversado sus declaraciones durante la investigación que lo incrimina con paramilitares.

En una carta que Almario envió a VerdadAbierta.com a fines del año pasado, el ex representante aseguró que “ni inicialmente, ni nunca, alias ‘Nico’ y/o alias ‘Paquita’ han señalado dentro de la investigación que se me adelanta, que yo hubiera recibido apoyo político, electoral y militar del Bloque Central Bolívar y mucho menos que yo me hubiera reunido con Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’; por el contrario ambos han sostenido que nunca se reunieron conmigo, ni tuvieron conocimiento de que esto hubiera sucedido con comandantes del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas”.

El ex congresista dice además que “en el caso de alias ‘Nico’ en sus versiones iniciales manifestó que esto nunca ocurrió en el Caquetá”. También aclara que “cuando posteriormente ‘Nico’ es contactado para que declare en mi contra a cambio de recibir ayudas de todo tipo, de lo cual existen pruebas al respecto, incluyendo un audio de una conversación telefónica, cambia su versión inicial y dice que escuchó en una reunión de mayo de 2003, en el sector rural del municipio de Morelia, Caquetá, que alias ‘Peruano’ entonces comandante del Frente Sur Andaquíes que operaba en el Caquetá, cuando le ordenó a alias ‘Chiqui’ que se reuniera conmigo para que sirviera de garante de que se diera la contratación de la Gobernación a ingenieros y arquitectos relacionados con las autodefensas y amigos de alias ‘Paquita’ y alias ‘Chiqui’, para que de esta manera ellos apoyar a Juan Carlos Claros como candidato a la gobernación del Caquetá; pero que no se acuerda de ningún nombre de los profesionales antes nombrados y que el único contrato del que sí recuerda es la construcción del puente sobre el río Pescado de Valparaíso” y que además esa contratación no la hizo la administración departamental sino el “Invías a nivel nacional”.

El ex parlamentario también asegura que alias ‘Nico’ se retractó de su declaración inicial en la que aseguró que había participado en esa reunión de mayo de 2003, porque entre el 25 de abril y el 22 de junio de ese año se encontraba en Bogotá recuperándose de una herida en una mano.

Acerca de estas afirmaciones ‘Nico’ respondió que los cambios en sus testimonios son un “caso que jamás ha ocurrido de mi parte”. Y ratifica su versión de que “el señor Luis Fernando Almario Rojas, sí tenía cierta influencia manifiesta ante la comandancia del BCB en el Frente Sur Andaquí zona Caquetá, ya que cuando fue declarada objetivo militar la aspirante a la Alcaldía del municipio de Milán, doctora Francy Helena Díaz, ésta buscó al ex representante Almario para poder obtener una cita con el comandante del Frente Sur Andaquí, Julio Miguel Lobo Moreno, “alias Uriel Henao” y con este suscrito, para aclarar la intervención que se presentó por un operativo militar y bombardeo realizado por el Ejército desde la Base Militar de Larandia en la vereda la Rastra de Milán, Caquetá”. ‘Nico’ aclara que el bombardeo se presentó el 15 de febrero de 2005.

Sobre el contenido de la grabación a la que hace Almario, el ex paramilitar señala que durante una diligencia realizada ante la Fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia “él (Almario) me hace alusión a estas conversaciones con la doctora Constanza Turbay, al cual yo le respondí que sabía que él tenía las grabaciones de esas conversaciones entre la doctora Turbay y este suscrito (…) Siempre me he preguntado ¿cómo tuvo acceso el ex representante Almario a las grabaciones de las conversaciones? (…) Pregunto esto porque es de público conocimiento, el dominio que el ex representante Luis Fernando Almario tenía sobre los organismos de seguridad en el departamento de Caquetá y que tenían acceso a equipos de comunicación de inteligencia técnica”.

Ante las versiones encontradas, sólo la Corte Suprema de Justicia podrá esclarecer la verdad de lo que sucedió en el juicio, que si no hay más dilaciones, continuará el próximo 3 de febrero.

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