Putumayo pasó de tener 47.000 hectáreas de coca en 2001 a 13.000 en 2014, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Foto: archivo Semana.El acuerdo firmado por el gobierno y las Farc en mayo de 2014, que busca soluciones al problema de las drogas ilícitas, tiene tres elementos esenciales: la erradicación de  la coca se pactará primero con el campesino; las fumigaciones ya no serán el primer escenario de la lucha contra el narcotráfico y se dará un giro para que se afronte el tema como un asunto de salud pública.

Y aunque la frase repetitiva del equipo negociador del Gobierno reza que ‘nada está acordado, hasta que todo esté acordado’, en Putumayo ya están dialogando un plan para sustituir los cultivos que va muy al son de La Habana.

Si bien es cierto que los acercamientos entre el Gobierno y las comunidades de este último departamento no empezaron a raíz de lo acordado en La Habana ni han tenido como guía máxima el punto pactado en Cuba, sus ejes principales no se contradicen con los acuerdos parciales del proceso de paz.

 “No creo que sea cierto que esto se ha hecho en función de los diálogos de paz. Es una relación dialéctica donde no hay un antes y un después, como la pregunta de si fue primero el huevo o gallina”, aseguró Eduardo Díaz, el director de la Estrategia Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, el programa que lanzó el presidente Juan Manuel Santos hace menos de 6 meses y que ahora está adelantando conversaciones sobre el tema en Catatumbo, Nudo de Paramillo, Nariño, Caquetá y Putumayo.

Precisamente, en este diálogo en el Putumayo cada parte ha cedido y ahora, después de más de un año de conversaciones, tanto el Gobierno como Mesa Regional de Organizaciones Sociales del departamento calculan que en tres meses podrían tener un acuerdo total.

Sin embargo, el tema no es nada fácil en Putumayo pues este ha sido históricamente uno de los departamentos donde más se ha sembrado coca en todo el país.

Los gobiernos que han pasado desde 1978 han intentado erradicar esta hoja manualmente o por vía aérea con herbicidas en todo el país. Este departamento se convirtió en uno de los lugares con más hectáreas sembradas de coca a finales de los 90, luego de que las fumigaciones se concentraran en zonas vecinas de Caquetá y Guaviare, como lo muestra María Clemencia Ramírez en su investigación ‘Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo’.

De hecho, un año después de que empezó el Plan Colombia, en el 2001, sólo en Putumayo estaba la tercera parte de las casi 145.000 hectáreas de hoja de coca que había en el país, de acuerdo a los monitoreos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Diferentes políticos y organizaciones de la región, sostienen que las fumigaciones han continuado en el departamento. Foto: archivo Semana.A medida que han bajado los cultivos de hoja de coca en el departamento (el censo de la ONU de 2014 registró 13.000 hectáreas), ha habido más explotaciones petroleras. Esto se ha dado especialmente en zonas como el corredor Puerto Vega – Teteyé, ubicado en el municipio de Puerto Asís y una de las regiones con más pozos en Putumayo.

La actividad petrolera en ese corredor empezó en 2010, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le permitió al consorcio petrolero Colombia Energy, operado por la compañía Vetra, explotar nueve pozos. Dos años más tarde, eran 48 y en mayo de 2014 la ANLA autorizó explotar 100 pozos más únicamente en el corredor.

“Con la política de que no debía haber nada a 5 km a la redonda de un pozo petrolero, nos íbamos a quedar sin territorio”, aseguró Yuri Quintero, diputada y miembro de la Mesa Regional.

Por estas razones, los campesinos comenzaron un paro desde julio de 2014 y bloquearon el corredor para impedir el transporte de hidrocarburos.

En las condiciones que le pusieron al Gobierno para levantar su protesta, exigieron también que se acabaran definitivamente las fumigaciones aéreas con glifosato y la erradicación forzada de la mata de coca.

Tras dos meses de discusiones y enfrentamientos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, viajó hasta Putumayo para bajar los ánimos. El resultado fue contundente: un pacto de siete puntos en el que se prometió que el Gobierno suspendería las aspersiones y la erradicación forzada en todo el departamento y que, además, reconocería los daños que había causado el glifosato

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“A cambio los campesinos quitábamos la protesta, permitíamos el tránsito de transporte de crudo y empezábamos unas mesas de trabajo para continuar con los diálogos”, explica Quintero. Esas comisiones eran de sustitución de cultivos de uso ilícito, política minero energética y ambiental, inversión social y de derechos humanos.

Lo difícil de llegar a un acuerdo

Uno de los primeros inconvenientes fueron las fumigaciones. El Gobierno venía de una política de asperjar los territorios, con el apoyo del Plan Colombia; mientras que la comunidad insistía en los daños ambientales y en la salud.

Para mostrar el impacto, la Mesa Regional llevó a una delegación del Gobierno por varias de las veredas fumigadas, tanto de Puerto Asís como de Valle del Guamuez, San Francisco, entre otros municipios. En muchos de los casos, las zonas estaban libre de coca y aun así las fumigaban. Por ejemplo, entre 2010 y 2011 hubo fumigaciones en la vereda La Floresta, de San Miguel, a pesar de que ya habían cambiado la coca por ganadería, cacao y pimienta, como aseguró Quintero.

Según ella, fue en esos viajes que los delegados del Gobierno “tuvieron que reconocer que las fumigaciones estaban afectando realmente a la comunidad” y entendieron que había que escuchar a la gente para definir los proyectos. Es así como en el acuerdo parcial que llevan, se prevé que la misma comunidad defina cuáles son sus necesidades en inversión social.

De hecho, el funcionario Díaz asegura que la estrategia de la fumigación “se fue agotando” debido a que el 66% de cultivos de coca actuales en Putumayo está en zonas donde no se puede asperjar por condiciones de terreno.

Durante los dos meses del paro campesino de 2014, hubo varios enfrentamientos con el ESMAD e incluso los policías acamparon en la carretera. Foto: María Clara Calle.“Se pasó de una lógica de confrontación a una lógica de construcción conjunta para cambiar el futuro de quien siembra pero también de las economías donde el recurso central es la coca”, expresó Díaz.

De hecho, a eso apunta lo que hasta ahora han hablado el Gobierno y la Mesa Regional. Después de las confrontaciones que hubo con la Policía a mediados de 2014 y tras varios meses de negociaciones, ambas partes concluyeron que no se trata sólo de arrancar la hoja de coca. Por eso desde febrero de 2015 acordaron un sistema productivo que abarca desde un desarrollo ambiental sostenible hasta tener vías para sacar los productos que reemplacen la coca

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Y es que si un productor de plátanos, por ejemplo, quiere sacar un racimo desde la vereda más distante de Puerto Asís, que queda sobre el río San Miguel ya en el límite con Ecuador, hacia la cabecera municipal se gasta 4.000 pesos, sólo contando lo que le cobren por la mercancía y sin los pasajes: 2.000 pesos por el transporte en caballo desde el cultivo hasta el río; 1.000 por subirlo al bote hasta Teteyé y otros 1.000 por la chiva hasta Puerto Asís. Al final, ese racimo lo vende por máximo 7.000 pesos.

En contraste, actualmente 25 libras de hoja de coca sin procesar cuestan entre 25.000 y 29.000 pesos. Un campesino recibe por un kilo de coca procesada hasta 1.500.000 de pesos.

“El Gobierno ya vio la necesidad de cambiar de estrategia, pues si queremos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo”, explicó Díaz al referirse a que ahora se piensa en transformar los territorios, en atacar los eslabones más fuertes de la cadena productora de cocaína más que a los campesinos y en prevenir el consumo.

La Mesa Regional dice que también a los campesinos les toca poner de su parte pues si el Gobierno garantiza vías, el comercio de los nuevos productos, salubridad, educación, etc., “los campesinos debemos ser conscientes de que por más ganancia que deje la coca, definitivamente vale la pena apostarle a un proyecto diferente”, como explicó la diputada.

Sin embargo, aún quedan temas fundamentales en los que no seponen de acuerdo el Gobierno y la Mesa.

El primero de ellos es la gradualidad, que es la apuesta de las organizaciones sociales. Estas defienden que la coca se sustituya poco a poco y a medida que el Gobierno llega, entre 5 y 7 años. “Es la garantía de que el Gobierno sí invertirá”, sostuvo Quintero.

Pero, como lo explicó Díaz, le tesis del Gobierno es territorios libres coca porque de lo contrario sería hacerse los ciegos frente a “economías relacionadas con ilegales”. “En ningún caso es aceptable que quien haga parte de un programa mantenga cultivos de uso ilícito en su predio”, se planteó en una sesión con los campesinos en agosto de 2015.

Al igual que en La Habana, el Gobierno no da su brazo a torcer y plantea que como última opción tiene que erradicar a la fuerza los cultivos ilícitos, en el caso de que se agoten las vías y los campesinos se nieguen a hacerlo voluntariamente.

El otro punto que todavía los distancia es la propuesta del Gobierno para focalizar las zonas que se van a intervenir. Mientras la Estrategia Integral de Sustitución quiere trabajar territorios completos, con familias cocaleras y no cocaleras a bordo; la Mesa Regional opta porque ellos identifiquen cuáles son las zonas cocaleras con más problemas económicos y concentrar allí las inversiones.

Pero estas discusiones todavía no se han aterrizado en dinero ni en cuántos y quiénes recibirán el beneficio. Sin embargo, tanto Díaz como Quintero aseguran que en tres meses estaría listo el acuerdo.

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Tras varios años de investigación, el periodista Juan Diego Restrepo publicó el pasado 2 de mayo este libro.

La llamada Oficina de Envigado es uno de esos fenómenos criminales colombianos que los medios mencionamos casi a diario sin saber bien qué es y sin preguntarnos por qué ha podido sobrevivir tanto tiempo. En este libro, Juan Diego Restrepo responde las dos preguntas, basándose en cientos de documentos y testimonios recogidos a lo largo de su fructífera carrera periodística.

Restrepo es un reportero como pocos que conozco, que no se contenta con cualquier respuesta, sino que se le mete a los temas con el alma, y hasta que no consigue el dato que le corrobora un relato, no queda contento. Cocinó su periodismo en las aguas bravas del Medellín de los peores tiempos y por eso ni se da cuenta del coraje que se requiere para poder escarbar verdades como las que contiene este iluminador relato.

Además, esta historia no sólo le pone contexto a los hechos, rescata testigos olvidados y consigue nuevos, sino que además apela a estudiosos como Gambetta y sus observaciones de la mafia siciliana y Gayraud que compara diversas estructuras mafiosas en el mundo, para poder entender mejor el carácter de la Oficina de Envigado, cómo encaja con el narcotráfico, cómo coopta y vive en los alrededores de la legalidad, pero también cómo ha conseguido, por períodos, colarse al centro del escenario político.

Explica Restrepo que la Oficina, flexible como una ameba, ha cambiado de forma adaptándose al entorno, según le resulte conveniente; pero siempre conservando la capacidad de intimidar con violencia, y una estructura vertical de mando y la avidez por «maximizar las ganancias y el poder y la reducción de riesgos». Nació hace tres décadas como una agencia de cobro del narcotráfico y sigue viva hoy. Por años, su influencia estuvo limitada al Valle de Aburrá, pero creció y llegó hasta la costa Caribe, a la vuelta del siglo, cuando el conflicto interno volvió a teñir de sangre el campo colombiano como no se había visto desde hacía cincuenta años. La Oficina sirvió para cobrar deudas a las malas, pero luego se volvió servicio de seguridad para el control mafioso de los barrios populares, agente exportador de cocaína, coordinadora de jóvenes asesinos, brazo armado del conflicto político interno e instrumento de expansión territorial. Los jefes de esta singular oficina han sido múltiples: desde Pablo Escobar, a quien se le atribuye su fundación, cuando aún no se llamaba sino la «Oficina», hasta Diego Murillo, alias Don Berna, y siempre se ha alimentado de la corrupción policial y militar.

Porque este despacho de crímenes múltiples estuvo tan atado al comienzo del Cartel de Medellín, este libro revela una historia poco conocida del origen del narcotráfico. Rescatando expedientes empolvados en los despachos judiciales, reconstruyendo testimonios a partir de distintos casos, cruzando fuentes, Restrepo hace una vivisección de cómo esta oficina fue central en la formación misma de ese cartel. Era la «oficina de Pablo» porque, como dice uno de los testigos del libro, Escobar, «como todo doctor, quería tener su oficina». A esta singular oficina acudían múltiples aventureros de la época, incluso algunos empresarios legales que pasaban por malos tiempos, llevando dinero o cocaína.  Allí se les anotaban como aportes a un embarque clandestino de la droga, y una vez «coronaban» y la cocaína era vendida en las calles de Miami, la Oficina pagaba las jugosas utilidades. Cuando había pleitos, la Oficina hacía de árbitro. Cuando un jefe del Cartel ordenaba pena de muerte para un díscolo, la Oficina cumplía la tarea. Y también en sus móviles instalaciones se abrían nuevos mercados y líneas de negocios oscuros.

Diversos documentos y testimonios le atribuyen a Pablo Escobar la creación de la llamada ‘Oficina de Envigado’, un espacio de narcotraficantes en el que se dirimían problemas entre ellos, muchas veces de forma violenta. Foto: archivo Semana.

Después esa trenza entre narcotráfico, oficina de cobro y seguridad fue mutando: a ratos la Oficina era meramente un aparato armado al servicio de las necesidades de violencia del otro negocio, el de los embarques y la apertura de las rutas; pero tiempo después, cuando Escobar se enfrentó al Estado, las «oficinas de trabajo» fueron dos: una que se dedicó a desarrollar y explotar la ruta principal de la cocaína hacia Estados Unidos, y la otra que alimentó la guerra por la cual querían doblegar al gobierno para abolir la extradición. Entre el negocio y la guerra al Estado, Escobar y su oficina consiguieron reclutar miles de jóvenes de las barriadas de Medellín que ya se organizaban en combos y bandas a comienzos de los ochenta, y después de ganarse a sus padres con sus obras sociales. También corrompieron a miembros de la fuerza pública, al punto que, por ejemplo, la entidad creada para liberar a los secuestrados se volvió un agente de Escobar para secuestrar industriales antioqueños, cuyas recompensas fueron a financiar su terrorismo.

La revelación más interesante de este libro, sin embargo, es que constata que una de las razones por la cual la Oficina de Envigado ha conseguido sobrevivir por tres décadas, es que ha sabido ponerse al servicio de poderosos en el mundo legal cuando éste, miope, con el pragmatismo que los ha caracterizado en Colombia, han decidido que la necesitaban para cumplir una misión urgente. Así, cuando empresarios y finqueros antioqueños comenzaron a sufrir por la extorsión y el secuestro hacía mediados de los noventa, muchos de sus parientes acudieron al jefe más conocido de la Oficina, Gustavo Upegui para que los ayudara a recuperar a sus parientes. Upegui «se valió de los contactos que adquirió durante la persecución contra el jefe del Cartel de Medellín, no sólo entre la fuerza pública, sino entre las organizaciones ilegales que hicieron parte de los Perseguidos por Pablo Escobar», entre ellos Carlos Castaño, emergente jefe del paramilitarismo. El mismo Castaño luego contó que la banda La Terraza, la más grande banda de sicarios de Medellín, le fue muy funcional a la Policía y al Ejército para liberar secuestrados.

Esta misma banda, cuenta Restrepo, asesinó civiles desarmados cuando el paramilitarismo y sectores de la fuerza pública se embarcaron en su cruzada anticomunista. Y cuando se necesitó doblegar a las milicias guerrilleras en la capital antioqueña, fue Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, amo y señor de los grupos armados en Medellín luego de la muerte de Escobar a la que él mismo había contribuido, quien cumplió la tarea con la Oficina de Envigado como su estructura de soporte.

Entonces, la Oficina de Envigado, dice Restrepo, «dejó los márgenes de la sociedad para instalarse en su núcleo de poder. Se ubicó temporalmente allí en la medida en que esa criminalidad se volvió complementaria o funcional a las estructuras de poder y autoridad…».

De la estructura criminal de la Oficina desprendieron, por orden de Murillo Bejarano, los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada. Murillo resintió que los Castaño apoyaran a Carlos Mauricio García, alias Doble Cero para que entrara a expulsar las milicias guerrilleras de Medellín y se metieran en su territorio. Para enfrentarlo, mandó a su hombre de confianza, Daniel Mejía, a convocar a más de 300 líderes de bandas armadas del Valle de Aburrá para notificarles que ingresarían oficialmente al conflicto armado. «Nos mandaron a decir que no podíamos seguir con los fleteos, ya que nosotros pasábamos a ser autodefensas», dice un insólito testimonio citado en el libro y con ello revela el fondo criminal que siempre caracterizó al paramilitarismo. En otras palabras, lo que documenta Restrepo, es que la Oficina otra vez mutó y se acomodó a los tiempos para poner bajo su yugo nuevos territorios y riquezas.

Por varios años, este hombre, Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, fue uno de los principales integrantes de la ‘Oficina de Envigado’. Su cercanía con alias ‘Don Berna’ lo llevó a cubrirse con el ropaje de “paramilitar” al servicio del Bloque Héroes de Granada de las Auc. Foto: archivo Semana.

Don Berna y su Oficina se impusieron ante Doble Cero y emergieron como el gran poder criminal de la ciudad. Y habían contribuido a forjarlo oficiales de la fuerza Pública, empresarios y comerciantes legales, quienes, sin medir las consecuencias de sus actos, optaron por hacerse temporalmente del aparato criminal para sacar de la región a las guerrillas que los venían chantajeando o secuestrando.

Por eso, en tiempos de paz, luego de los acuerdos de Santa Fe de Ralito entre el gobierno Uribe y las AUC, cuando Murillo Bejarano oficialmente desmontó sus bloques paramilitares, no se acabó la Oficina. Mientras entregaban armas en las pantallas de la televisión y anunciaban la creación de la Corporación Democracia, que supuestamente ayudaría a la reintegración política de sus hombres, la Oficina seguía tras bambalinas operando el crimen de la ciudad, entonces ya sin contrincantes. A mi modo de ver, que es una lectura un poco distinta de la de este libro, le hicieron trampa a los gobernantes locales, quienes, genuinamente, vieron en la caída en los índices de violencia de la ciudad y su entorno una oportunidad para reintegrar a los violentos y comenzar a desterrar la sombra de miedo que había sometido a los habitantes más pobres de la ciudad por demasiado tiempo.

No sólo sirvió la Oficina de brazo armado de las inútiles guerras ideológicas que llevamos librando los colombianos por medio siglo; también operó como arma eficaz para corromper las elecciones, infiltrar la política y camuflarse en la economía legal y expandir sus negocios clandestinos hasta África y Oriente Medio. Desde sus comienzos en Envigado, municipio al que le debe su apellido, puso alcalde y años después, relata el libro, salieron múltiples evidencias de enlaces entre miembros de la Oficina y políticos de diversa índole, desde dirigentes locales hasta funcionarios nacionales.

La buena noticia que trae el libro, con su sana dosis de escepticismo, es que después de que los mandamases de la Oficina de Envigado, entre ellos el otrora poderoso Murillo, fueran extraditados y otros de sus jefes cayeran asesinados por sus viejos compañeros por pugnas internas de poder o a manos de la Policía, este aparato criminal entró en decadencia.  Y si no muta y revive a la próxima oportunidad, será quizá porque los poderes legales, políticos y económicos, por fin hayan aprendido la lección de que no se pueden resolver problemas de seguridad, ni ganar batallas ideológicas, ni asegurar fortunas fáciles, usando a las organizaciones criminales.

Las luchas intestinas de esta empresa criminal llevaron a Ericson VargasCardona, alias ‘Sebastián’, a enfrentarse a sus antiguos socios para erigirse como el jefe de la ‘Oficina de Envigado’, sin que lo lograra. Fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Foto: archivo Semana.

Este es, en síntesis, el valor de este Las vueltas de la Oficina de Envigado, que a quien lo lea le quedará claro por qué cuando los poderes legales apelan a estructuras criminales, como la Oficina de Envigado para impulsar sus causas, por justificables  que sean, creen estarlas poniendo a su servicio, cuando en realidad siempre termina siendo al revés.

—María Teresa Ronderos
Febrero 25 de 2015

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1’600.000 hectáreas han sido asperjadas con glifosato según cifras oficiales. Foto: archivo Semana.

Desde que el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le envió al Consejo Nacional de Estupefacientes la recomendación de suspender el uso de glifosato por los posibles efectos nocivos en la salud, son varias las voces que se han levantado en pro y contra de la sugerencia. El ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró por ejemplo que la fumigación ha sido una herramienta exitosa en la lucha contra el narcotráfico. El procurador Alejandro Ordóñez ha dicho que por razones de seguridad en algunas regiones del país las aspersiones son la única herramienta contra los cultivos ilícitos y que su suspensión “conducirá a crear santuarios para el narcotráfico”. Para el expresidente Álvaro Uribe es una concesión a las Farc que podría desencadenar en que Colombia “se inunde de droga”.

Sin embargo, estudios académicos coinciden en que las fumigaciones con glifosato no han sido una herramienta eficiente contra la erradicación de la droga, pues no han dado los resultados esperados para los billones de dólares invertidos y se enfocan en atacan a los pequeños cultivadores de coca, el eslabón más débil de la cadena.

Los habitantes de las zonas con mayores cultivos aseguran que desde 1996, cuando se dieron las primeras movilizaciones campesinas en contra de las fumigaciones, han sido cada vez más estigmatizados en medio de la guerra antisubversiva y el gobierno no ha cumplido con condiciones justas para la sustitución de cultivos.

Las fumigaciones y la guerra
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez; y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazaron que se suspendan las fumigaciones. Fotos: archivo Semana.

Las aspersiones aéreas con glifosato en Colombia llevan más de 30 años, pues el 22 de mayo de 1984 en un consejo de ministros del gobierno de Belisario Betancur se aprobó el uso de este pesticida en aspersiones áreas para erradicar cultivos de coca, amapola y marihuana. Esto a pesar de las advertencias de varios organismos de control que cuestionaban los efectos nocivos para la salud dichas fumigaciones.

Sin embargo no se trató de una fumigación a gran escala, pues, según señalan estudios académicos, los cultivos de coca en el país eran relativamente bajos comparados con países vecinos como Perú y Bolivia. Es a mediados de los 90 cuando Colombia pasó a ser el principal productor de hoja de coca en la región Andina.

En 1996, bajo el gobierno de Ernesto Samper, mientras aumentaban las hectáreas de coca y se impulsaban aún más las fumigaciones con glifosato, tuvo lugar la movilización campesina más grande del sur del país: la marcha cocalera en Putumayo, Guaviare y Caquetá. Entre junio y agosto cerca de 200 mil campesinos cocaleros llegaron a los cascos urbanos para rechazar las aspersiones áreas.

“Los paros son percibidos como una puesta en escena que develó al país la importancia de los cultivos de coca en esta región, frente a lo cual el gobierno respondió criminalizando al pequeño cultivador y adoptando medidas represivas en el marco de la lucha contra las drogas, sin considerar las condiciones socioeconómicas que llevaron a los campesinos del Putumayo a su aceptación”, asegura el informe ‘El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo’ del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). La investigación agrega que la marcha, igual que paros que se habían presentado previamente, contaba con el visto bueno de las Farc.

Ese mismo año, y luego en 1998, también se levantaron los campesinos que sembraban coca en el Catatumbo. Llegaron desde Tibú, el Tarra, Convención y Teorama a Cúcuta pidiendo es el cese de las fumigaciones, mayor inversión y presencia del Estado y programas de apoyo para la sustitución de plantaciones de hoja de coca. Demandas que no distan de las exigidas en el reciente paro de 2013.

La investigación del CNMH asegura que las marchas de los cultivadores de coca fueron las que alertaron a Carlos Castaño del poder alcanzado por las Farc en el suroccidente. En 1997 ordenó la incursión de los primeros grupos paramilitares que se concretó en 1999 con algunas de las peores masacres perpetradas en Putumayo y Meta.

Alejandro Gaviria, ministro de Salud, alertó sobre los posibles efectos nocivos en la salud del glifosato. Foto: archivo Semana.

Los impulsores de las marchas en contra de la fumigación en Norte de Santander también fueron víctimas de los paramilitares. Según denunció la Defensoría del Pueblo en mayo 1999, a su llegada a Tibú,  las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a los líderes de la marcha cocalera, en su departamento son recordados como las primeras víctimas que fueron brutalmente descuartizadas con motosierras.

Ese mismo año, en septiembre, el gobierno anunció el Plan Colombia como la nueva estrategia en la lucha contra las drogas que sería financiada por el gobierno de Estados Unidos. Sus objetivos eran reducir la producción de drogas ilegales en un 50 por ciento en seis años y mejorar las condiciones de seguridad en el país, atacando zonas donde hacían presencia grupos armados ilegales. El gobierno norteamericano y el colombiano, de manera conjunta, gastaron 1.1 billones de dólares por año, entre el 2000 y el 2008 para fortalecer a las fuerza pública.

Para combatir la producción y tráfico de drogas la principal estrategia fue la aspersión aérea de los cultivos de Coca. “La novedad del programa de fumigaciones del Plan Colombia era la intensidad de su aplicación y la nueva mezcla utilizada. Ahora se trataba de eliminar en corto tiempo el mayor número de hectáreas posible, para lo cual se aplicaría (de hecho, había comenzado a aplicarse ya) una nueva y más eficaz concentración de Roundup, la mezcla comercial sobre la base de glifosato patentada por la firma Monsanto”, asegura un estudio del Transnational Insititute (TNI), una red internacional de investigación que ha estudiado detalladamente el tema de las fumigaciones en Colombia.

Sin embargo, según el investigador del TNI Ricardo Vargas, fue en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en el que se utilizaron con más fuerzas las fumigaciones como una estrategia dentro de la lucha antisubversiva. El argumento fue que atacando los cultivos de coca se atacaban las fuentes de financiación de la guerrilla.

“Más que de la política de reducción de los cultivos, la erradicación aérea hizo parte de una estrategia contrainsurgente que une al pequeño productor como parte de la cadena criminal y de apoyo a la guerrilla. Sobre los pequeños productores recae el estigma de la criminalización”. Agrega que bajo ese estigma varios de los productores se vieron obligados a unirse a programas como el que en 2003 creó la extinta Acción Social llamado ‘Familias Guardabosque’, donde asegura, eran utilizados como informantes.

Una herramienta ineficiente
Los objetivos del Plan Colombia fueron reducir la producción de drogas ilegales en un 50 por ciento en seis años y mejorar las condiciones de seguridad en el país. Foto: archivo Semana.

A pesar de los billones de dólares invertidos y de que más de un millón 600 mil hectáreas de cultivo de coca han sido fumigadas y otras 400 mil erradicadas manualmente, las investigaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed) han revelado que la producción potencial de cocaína entre el 2000 y el 2008 se mantuvo estable, pues los cultivadores se adaptan con facilidad y diseñan mecanismos para ser más eficientes en la producción.

Estudios de la Universidad de California muestran además que por cada hectárea asperjada, la reducción es de solo el 0,035 del cultivo, es decir, que para eliminar una hectárea de cultivo de coca, es necesario que se fumiguen 30. A esto hay que sumar los altos costos de la aspersión, según la misma investigación, eliminar un sola hectárea de hoja de coca cuesta alrededor de 72.000 dólares, mientras que la venta de esa hoja de coca sembrada en una hectárea es de 400 dólares.

Daniel Mejía, director del Cesed, ha insistido en que parte de los pobres resultados de la política antidroga se debe a que se ha enfocado en atacar al cultivador, que es el eslabón más bajo de la cadena del narcotráfico y quien menos se lucra del negocio. De acuerdo con este centro de estudios los recientes resultados en la reducción de la producción de coca son producto de un esfuerzo cada vez mayor en la incautación del producto y la destrucción de laboratorios.

Los cultivadores en las mismas
A mediados de los 90 Colombia pasó a ser el principal productor de hoja de coca en la región Andina. Foto: archivo Semana.

Han trascurrido más de 20 años desde que ocurrieron las principales marchas cocaleras del país, donde el gobierno se comprometió a apoyar los proyectos de sustitución de cultivos y mejorar la situación de los cultivadores. VerdadAbierta.com habló con algunos líderes en los departamentos donde hay mayores cultivos de coca y corroboró que dos décadas después las demandas siguen siendo las mismas.

En 1996 para poner fin a la movilización campesina en Putumayo, Guaviare y Caquetá, el gobierno se comprometió a no fumigar los pequeños cultivos, sino a mejorar los programas de sustitución de cultivos que se habían creado un año atrás, construir nuevas carreteras, programas de electrificación, hospitales y puestos de salud.

Aunque los putumayenses se muestran optimistas con la recomendación de suspender el uso del glifosato, también son conscientes de que sin una adecuada infraestructura estatal no es posible erradicar los cultivos ilícitos. “Esperamos que con la manifestación del Ministerio de Salud el gobierno cambie su política de fumigación por una de siembra. Pero eso sí, de nada sirve que paren las aspersiones si no hay inversión en todo porque en Putumayo no hay carreteras y la salud es mala. Así no habrá cambio total”, aseguró Marco Rivadeneira, líder de la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo (Acsomayo), que está en el corredor Puerto Vega – Teteyé que lleva a Ecuador.

En Tumaco, municipio nariñense que en su zona rural está sembrado con varias hectáreas de cultivos de coca y sufre las consecuencias de ser un corredor estratégico de tráfico de drogas, la mirada va en ese mismo sentido. “Recibimos complacidos una noticia de esas pero no es suficiente con que no haya fumigación. El Gobierno también tiene que anunciar apoyo al campesinado para que podamos tener una forma de vida. De cierta manera no queremos sembrar más coca”, aseveró Martín Cabezas, presidente de la comunidad afro Asomiruma, en Tumaco, Nariño.

Hay que agregar que el presidente Juan Manuel Santos ordenó que en Putumayo fuera el centro de una experiencia piloto de sustitución integral de cultivos sin el uso de las fumigaciones. Sin embargo, los habitantes aseguran que las aspersiones no han cesado, “Las fumigaciones paran un mes y vuelven nuevamente. Sólo paran cuando la gente empieza a manifestarse. La zona más afectada es el corredor Puerto Vega – Teteyé (en Puerto Asís) que comunica con Ecuador. Allá, no cesan las fumigaciones”, dijo a VerdadAbierta.com Hernán Tabares, concejal de Puerto Asís, Putumayo.

Unos y otros coinciden en que hasta ahora los programas de sustitución de cultivos no han dado los resultados esperados. En la siembra de caucho, arazá y pimienta los productores se sienten abandonados por el gobierno porque no les aseguraron un comercio en el interior del país, ni hay una continuidad en la producción. Insisten en que la sustitución debe ser voluntaria y los productos a cultivar no pueden ser impuestos por las instituciones, sino que debe ser un trabajo conjunto. “Muchos ya definieron qué van a sembrar en la sustitución pero no siembra por las fumigaciones”, contó Rivadeneira.

Los campesinos también se preguntan quién va a responder por los centenares de personas a quienes las fumigaciones les deterioraron la salud y la calidad de sus predios. Este es el caso de Rodolfo Guerrero, un campesino de 60 años que trabajaba en la vereda Libertad en San Vicente del Caguán, Caquetá. El 16 de agosto de 2014 fumigaron un pedazo de la finca de un vecino y cayó en sus linderos.

Solángel Gómez, esposa de Roldolfo, asegura nueve días después de la caída de glifosato su esposo quedó inmóvil y con su capacidad mental disminuida. “Las plataneras y las yucas que sembramos, nos las secaron. El paso se quemó y por eso me tocó sacar el ganado. He intentado vender la tierra pero nadie la compra porque es pequeña y porque ya no hay pasto por las fumigaciones”.

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Pedro Arenas, investigador del Observatorio de cultivos y cultivadores de Indepaz. Foto: archivo Semana.

Histórica noticia del Ministerio de Salud de Colombia de recomendar la suspensión inmediata del injusto, inconveniente y anti-ambiental programa de fumigaciones aéreas que utiliza de forma masiva el cancerígeno glifosato producido por la compañía Monsanto, desde hace más de 21 años.

La recomendación del Ministro Alejandro Gaviria, acoge la petición de la Corte Constitucional que hace dos años le pidió contemplar el principio de precaución en el caso de que exista evidencia científica que permita deducir que este agrotóxico causa daño a la salud animal, vegetal o las personas (es decir, campesinos, indígenas y afrodescendientes). En medio de la falta de actuación de las autoridades sanitarias colombianas, apareció el reporte de la Agencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud (de la que Colombia es signataria) que estudia los riesgos de cáncer. Esta Agencia elevó a la categoría 2A el químico glifosato considerándolo posible causante de cáncer en las personas y con evidencia convincente de que lo causa en animales de laboratorio.

Esta decisión implica a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, la que debería inmediatamente cancelar la licencia ambiental con que cuenta el Pecig, pues compete al Ministerio dar las recomendaciones técnicas al respeto. También el concepto del Ministerio de Salud debe ser acogido por el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el que su secretario Javier Flórez (director de política de drogas) quiere continuar esa estrategia y del que forma parte la Policía Antinarcóticos cuyo director el general Ricardo Alberto Restrepo también quiere mantenerla. Pero el Presidente de la República puede tomar la decisión de suspender el Programa debido al mandato de la Corte, a la recomendación del Ministerio de Salud y a los pedidos nacionales e internacionales de que haga algo concreto para demostrar su compromiso con las reformas de políticas de drogas.

El próximo 7 de Mayo en Nueva York el Ministro de Justicia Yesid Reyes puede liderar el Segmento de Alto Nivel Interministerial en Naciones Unidas preparatorio de la Cumbre especial sobre drogas, Ungass, que se realizará dentro de un año. Colombia ha pedido tomar decisiones centradas en el ser humano y en los derechos de las personas antes que en las sustancias o las plantas, por lo que se avizora que la clasificación de la Iarc daría la oportunidad, a pesar de que “existe información divergente”, al Gobierno de traducir en hechos sus posturas reformistas.

Protesta de cultivadores de coca en Tarazá, Antioquia. Foto: archivo Semana.

Curiosamente, horas antes de que se pronunciara el Ministro de Salud, el subsecretario de Estado William Bronwsfield había dicho que no estaba de acuerdo con que Colombia suspendiera las fumigaciones alegando que este veneno es inofensivo y que no hay quejas ni daños que afecten la salud de las personas, lo cual es falso, por cuanto hay miles en 21 años de aspersión ininterrumpida (hasta 4 veces en el año, sobre la misma zona), que no se investigaron nunca seriamente, por falta de aprestamiento de hospitales públicos y del Instituto Nacional de Salud. El señor Bronwsfield, además dijo que las fumigaciones no se debían suspender hasta que no se firme un acuerdo con las Farc, lo que muestra que los Estados Unidos impusieron este programa para quitarle finanzas a la guerrilla pero pisoteando los derechos humanos de las comunidades rurales y abriéndole campo a proyectos de extracción de recursos naturales luego de “limpiar el terreno” expulsando comunidades.

Hay que decirle a la Embajada de Estados Unidos y al Departamento de Estado que su fondo de indemnizaciones por los daños colaterales de las fumigaciones (lo que supuso en medio del Plan Colombia que éstas sí causaban daños) nunca se implementó seriamente, y por ello menos del 4% de todas las quejas a nivel nacional fueron atendidas, llegando a la ridícula cifra de haber atendido en un departamento como el Guaviare menos de 10 casos en dos décadas.

Las aspersiones acabaron con docenas de cultivos de café de Cosurca en Cauca; mataron cultivos de piña en Nariño; afectaron cultivos de caucho en Caquetá y Guaviare establecidos como parte de proyectos de sustitución por la Onudc; incluso se aplicaron contra los pequeños plantíos de palma de cooperativas chicas de Nariño, mientras que en Putumayo inversiones de Usaid también fueron arrasadas por el veneno de las avionetas. Más recién en Anorí y en otras zonas del norte del país han vuelto los reclamos por el uso “indiscriminado” del químico.

Además, la Contraloría General de la República en 2001 con información documentada había pedido el fin de las fumigaciones y varias universidades como la Unillanos probaron que el glifosato causa malformaciones en peces. Varios debates en el Congreso y el Instituto IDEA de la Nacional también. Actualmente, en el Tribunal de Cartagena se tramita una acción de grupo por los daños de las fumigaciones a las comunidades del Sur de Bolívar; en el Tribunal de Popayán hay otro caso con casi 35.000 demandas contra el Estado por lo mismo; en La Haya avanzaba la demanda internacional de Ecuador por daños en la frontera a causa de la deriva de la aspersión, pero el Gobierno nacional indemnizó y se detuvo ese litigio; la Corte ordenó consulta previa con comunidades indígenas (y afros) y prohibió la fumigación en parques naturales; el Consejo de Estado en los años 90s hizo pronunciamientos similares; en varias entidades reposan quejas de posibles afectaciones a indígenas y niños, los últimos casos registrados en 2014 en Chocó, Nariño y Cauca, entre otros; y se agrega que el Sistema de Población Desplazada (aunque haya cambiado de nombre) recibió y recibe miles de familias que son victimizadas por las aspersiones con la pérdida de su seguridad alimentaria.

Es de mencionar que en los diálogos para finalizar el conflicto armado en La Habana, las fumigaciones han sido parte de la discusión. A esto se suma que el Presidente Juan Manuel Santos había ordenado en Putumayo el adelanto de una experiencia piloto de sustitución integral de cultivos sin el uso de las fumigaciones. Se han dado decenas de paros (como el del Catatumbo) solicitando la suspensión. En los Foros sobre el tema en el marco del proceso de paz, la petición fue unánime. Y finalmente, la Cumbre agraria que ayer se reunió con los ministros del Interior y de Agricultura también reclama que se suspendan las fumigaciones de inmediato en el marco de la mesa de concertación que constituyeron con el gobierno después del último paro agrario del año anterior. Por todo ello, muy a propósito de la filosofía del buen gobierno, detenga este vicioso envenenamiento señor Presidente.

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Rostro de Gustavo Upegui estampado en una bandera de la barra del Envigado Fútbol Club. Foto: archivo Semana.

La inclusión del Envigado Fútbol Club en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en lavado de activos para la llamada ‘Oficina de Envigado’, abrió la caja de Pandora del oscuro pasado de quien fuera su máximo accionista, Gustavo Upegui López. Este empresario, asesinado el 3 de julio de 2006 en San Jerónimo, Antioquia, se convirtió en el “dueño” del cuestionado equipo a finales de la década del ochenta.

La inclusión en esta lista parece una medida tardía ya que desde los años ochenta las autoridades asociaban al empresario del fútbol con el Cartel de Medellín. Así consta en el expediente número 100UDH, abierto el 19 de noviembre de 1995 a raíz de la desaparición forzada de Juan Carlos Gómez Arango, Fabio Eduard Gómez Arango y Javier Rúa Rivera,quienes fueron señalados de ser secuestradores de uno de los hijos de Upegui.

Al respecto, en un documento fechado el 11 de abril de 1997, la Sección de Información y Análisis del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía dice que: “se pudo conocer de una serie de asesinatos, desapariciones forzosas y secuestros que se han venido presentando en el municipio de Medellín y sectores aledaños sucedidos entre noviembre 1 de 1995 a marzo 20 de 1996 (…) la desaparición de estas personas fue ordenada por Upegui López a raíz del secuestro de sus dos hijos”.

Meses más tarde, en un informe del CTI de Bogotá con fecha del 9 de agosto de 1997, se dice que Upegui fue el sucesor de Pablo Escobar en el Cartel de Medellín. “Luego de que éste se fuga de la cárcel de La Catedral de Envigado y cuando es dado de baja en el año 1993 (…) asume el poder de la organización delictiva Gustavo Upegui López, alias ‘Mayor Upegui’, Jairo Santamaría y otros. Así mismo, desde 1992 hasta 1996, el señor Jorge Mesa Ramírez ejerce su cargo como Alcalde del municipio de Envigado, para luego ejercerlo su hijo Ignacio Mesa” dice el documento.

En otro informe titulado “El nacimiento de los nuevos capos de la mafia”, los analistas del CTI dicen que Upegui se había favorecido con la muerte de Escobar, quedando “primero al mando de la tenebrosa organización” que era el Cartel de Medellín. Así mismo le atribuyen la participación, en calidad de fundador, en el grupo criminal ‘Perseguidos por Pablo Escobar’, conocidos como ‘Los Pepes’.  Y agregan que: “Este nuevo poder colocó a disposición suya la estructura política existente en el municipio de Envigado la cual es absoluta y sin oposición de ninguna fuerza política por obvias razones”.

En el documento “Composición de la estructuras delincuenciales que operan en Envigado”, el CTI crea una jerarquía y pone en su máxima escala a Upegui, de quien asegura “posee al parecer un dominio total en las administraciones de Envigado y Sabaneta, sus brazos políticos se encuentran en Jorge Mesa Ramírez, Ignacio Mesa Betancur y Jairo Santamaría”.  Según los funcionarios judiciales, la totalidad de las dependencias de la Alcaldía estaban a su servicio. Secretarías como Salud, Educación y Hacienda, Planeación Municipal, Tesorería y el Transito, tenían que rendirle cuentas. La cooptación abarcaba a entidades estatales del orden nacional, como la Registraduría, de la que se estableció que “por información documental parece ser que se han perdido documentos de identidad de personas inscritas allí de manera extraña y desconociendo su destino”.

Pero no solo el CTI tenía referenciado a Upegui. El DAS también sabía algo de él. De ello se pudieron haber dado cuenta investigadores de la Fiscalía que realizaron una inspección judicial a esta entidad el 9 de octubre de 1998. El resultado fue el hallazgo del Oficio N. 222 emitido por la oficina del DAS en Antioquia el 2 de abril de 1998. En el documento se lee que “debido al alto grado de penetración con que cuenta Upegui López en los diferentes estamentos oficiales, políticos y organismos de seguridad, las investigaciones a cubierta han resultado lentas, con el fin de evitar contraposiciones ante la carencia de mayores fundamentos jurídicos”.

Ese nivel de influencia fue corroborado por Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, y alias ‘Don Berna’, ambos desmovilizados como jefes paramilitares. El primero aseveró desde Estados Unidos en 2010 ante la Corte Suprema de Justicia que “Upegui manejaba el municipio de Envigado”; y el segundo se refería a Upegui como “el Alcalde mayor” de esa administración municipal.

Los investigadores del CTI también consignaron que este empresario tenía como socios de sus actividades ilícitas a Carlos Castaño Gil; Francisco Cifuentes Villa, alias ‘Pacho Cifuentes’, y Héctor Mario Cifuentes Villa, dos poderosos narcotraficantes antioqueños, el primero de ellos asesinado en abril de 2007 en una finca del Bajo Cauca antioqueño, y el segundo al parecer dejó el negocio y se fue a vivir a Uruguay.

De ‘Oficina’ a bloque paramilitar
Pablo Escobar, ‘Don Berna’ y Carlos Castaño, narcotraficantes y paramilitares implicados con la Oficina de Envigado. Fotos: archivo Semana.

A mediados de los años noventa la llamada ‘Oficina de Envigado´ pasó de ser un apéndice del Cartel de Medellín a convertirse en una estructura paramilitar ligada a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en particular a los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, comandados por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien hoy purga una condena de 31 años en Estados Unidos por narcotráfico.

En ese contexto tuvo lugar un episodio que compromete a Upegui López y a su hijo Juan Pablo, actual propietario del Envigado Fútbol Club, quien fue secuestrado el 29 de enero de 1996 en una casa en Sabaneta, Antioquia. De inmediato se activaron las alarmas y su rescate se produjo el 1 de abril de ese año en zona rural del municipio de Valdivia, en el Bajo Cauca de Antioquia. Inicialmente se anunció que la liberación se logró gracias a una acción del Unase, pero en diciembre de 2010, la fiscal Patricia Hernández reveló otra versión del asunto ante magistrados de Justicia y Paz. Según ella, fueron hombres del Bloque Mineros los que rescataron al muchacho, matando a sus captores, siguiendo órdenes de alias ‘Don Berna’. (Ver: Miembros de la Fuerza Pública salpicados en masacres de ‘Cuco’ Vanoy)

Upegui López fue asesinado el 3 de julio de 2006 en zona rural del municipio de San Jerónimo, occidente antioqueño. De este crimen se ha sindicado al desaparecido Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, quien, a pesar de ser un reconocido narcotraficante de Envigado y uno de los jefes de la “Oficina”, se incorporó al Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), liderado por alias Don Berna, y se desmovilizó el 1º de agosto de 2005 como uno de los comandantes del grupo paramilitar.

La vinculación de Mejía Ángel al asesinato de Upegui López fue interpretada por los investigadores policiales como una pugna entre sectores del paramilitarismo en el Valle de Aburrá que querían hacerse al dominio de la organización criminal. Pero por alguna razón, que aún no es clara, las autoridades no pudieron judicializar a alias ‘Danielito’.

Una larga impunidad
Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, narcotraficante que se desmovilizó como jefe paramilitar en el proceso de Justicia y Paz, durante la entrega de armas de Bloque Héroes de Granada. Foto: archivo Semana.

Esa incapacidad de judicialización tiene algunos antecedentes, algunos de ellos evidenciados a mediados del 2005. El 8 de junio de ese año el propio comandante de la Dijin, coronel Óscar Naranjo, dirigió en Medellín un operativo de grandes proporciones contra la ‘Oficina de Envigado’. En esa ocasión, se realizaron 18 allanamientos y por lo menos 1.200 registros a vehículos blindados y con vidrios polarizados que transitaban por las calles de Envigado.

Allí se capturó al paramilitar Diego Alejandro Morales Fernández, a quien se sindicó de pertenecer a la ‘Oficina’ y estar vinculado por un juez de Manizales al crimen de Óscar González, Representante a la Cámara, ocurrido en esa ciudad el 18 de marzo de 2005.

Además, según fuentes judiciales, el alto oficial aprovechó su paso por Medellín para llevarse por lo menos 16 procesos relacionados con una serie de asesinatos por asfixia mecánica y por estacas ocurridos en el Valle de Aburrá entre los años 2003 y 2004, en los cuales estarían involucrados Upegui y Mejía, y que dejaron por lo menos 70 muertos. Hoy nada se sabe de los resultados de las investigaciones.

En declaraciones divulgadas por la Agencia de Prensa de la Casa de Nariño horas después de los procedimientos policiales, el coronel Naranjo aseguró que “los operativos en esta región continúan con el propósito de desvertebrar esta estructura criminal y de dar con el paradero de alias ‘Danielito’, quien para las autoridades es el jefe de la organización”.

No obstante, el 1º de julio de 2005, tan solo 23 días después de la sindicación del coronel Naranjo, el Gobierno nacional le dio a Daniel Alberto Mejía Ángel estatus de “miembro representante de las Autodefensas Unidas de Colombia” a través de la Resolución 158, lo que le permitió hacer parte del grupo de jefes paramilitares que negociaban constantemente con el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz.

Tal decisión sugiere varias preguntas: ¿Por qué si había claridad en la autoría intelectual del crimen contra Upegui López y en su pertenencia a la ‘Oficina de Envigado’, el Gobierno nacional, mediante comunicado fechado el 8 de noviembre de 2006, le permitió a Mejía Ángel abandonar el centro de reclusión especial de La Ceja, donde estaba detenido desde el 24 de agosto de ese año junto a los jefes paramilitares desmovilizados? ¿Si los investigadores de la Dijin tenían certeza de las actividades ilegales por qué se argumentó, a la hora de explicar su salida del centro de reclusión, que no había órdenes de captura en su contra? ¿En qué instancias se frenaron los procedimientos?

Una semana después de abandonar el centro de reclusión especial de La Ceja, Mejía Ángel desapareció y se cree que ello obedeció a retaliaciones entre facciones de paramilitares que le cobraron el asesinato de Upegui López.

Valga recordar que los operativos que adelantó la Dijin en Medellín en 2005 no le fueron anunciados a las autoridades locales. Al respecto, fuentes consultadas, que solicitaron la reserva de la identidad, explicaron que desde finales de los años 90 el poder paramilitar y narcotraficante, representado por alias ‘Don Berna’, Upegui López y Mejía Ángel, corrompió diversas instancias judiciales y de investigación con el fin de impedir que los procesos en contra de ellos y otros miembros de la “Oficina” llegaran a instancias que los involucrara penalmente.

“En apartamentos lujosos de El Poblado y en fincas de Llanogrande, en el Oriente antioqueño, se hicieron varias reuniones con funcionarios y políticos para que a la gente de la “Oficina de Envigado” no la tocaran. Daniel Mejía siempre aparecía en estos encuentros, insistía en advertir que su problema era la guerrilla y no losorganismos de investigación judiciales del Estado y repartía varios millones de pesos entre los asistentes”, narra la fuente, quien agrega que del asunto sabían en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá desde comienzos del 2005.

Hoy ni Gustavo Upegui ni Daniel Mejía están vivos. Y la ‘Oficina de Envigado’ ha vuelto a cobrar vida judicial, décadas después de saberse de su existencia. En este caso, se perdió mucho tiempo y gran parte quienes infringieron terror ya están muertos.

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En el Bajo Cauca antioqueño se percibe un aumento de los cultivos de hoja de coca.Pese a los esfuerzos que tanto el gobierno nacional como la Gobernación de Antioquia han hecho en los últimos años para erradicar los cultivos de coca en el Bajo Cauca, la zona rural de varios municipios de esta región está viviendo un rebrote de ellos.

Según el SistemaIntegrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, que hace parte de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, Undoc, esta región alcanzó en 2005 su pico más alto cuando llegó a tener 3.740 hectáreas cultivadas, equivalentes al 58 por ciento del total de la coca sembrada en Antioquia. A partir de ese año, debido a la erradicación manual, las fumigaciones, y el auge minero ocasionado por los altos precios del oro, esa cifra empezó a caer.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, destaca que en la última medición realizada por el Simci para el 2013 este departamento arrojó una reducción del 64 por ciento pasando de 2.725 hectáreas en 2012 a 991 hectáreas en 2013. “Esto se debe a que la minería desplazó a los cultivos ilícitos y a que existen mayores controles”, dice el funcionario.

En esa apreciación coincide el informe del SIMCI sobre el 2013: “Desde hace tres años, la disminución de área sembrada en coca se hace muy marcada en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar, donde zonas con presencia de cultivos de coca han dado paso paulatinamente a diferentes estadios de regeneración natural, con la adición que al margen de los ríos se empezaron a observar huellas mineras”.

Pero Londoño teme que las buenas cifras del año pasado se reviertan en 2014. “Con la Policía Antinarcóticos hicimos una medición milla a milla, en helicóptero, de la zona Taraza, Cáceres y Valdivia, y allí encontramos que había un crecimiento aproximadamente del 30 por ciento con respecto a 2012”. Londoño destaca que una de las regiones más afectadas es el Cañón de Iglesias, una cadena montañosa que une a Tarazá e Ituango, que da salida al Parque Nacional Nudo de Paramillo, y por donde transitan regularmente las Farc, el Eln, y las bandas criminales.

¿Qué explica la resiembra? “La disminución del precio internacional del oro y el control a la minería ilegal” dice Londoño, quien cree que los cultivos de hoja de coca están en tierras baldías, es decir, de la Nación, y los predios afectados no coinciden con tierras despojadas.

Un funcionario del Plan Nacional de Consolidación (PNC), que actúa en el Bajo Cauca, y que pidió la reserva de su nombre, confirma que la resiembra de hoja de coca es un hecho. “He constatado a través de algunos de nuestros beneficiarios que en veredas vecinas a las suyas están empezando a sembrar hoja de coca”, y descartó que en aquellas zonas donde actúa el PNC haya resiembra: “Si hay resiembra tenemos que suspender la intervención por exigencia de Naciones Unidas”, precisa el funcionario quien además coincide con el Secretario de Gobierno de Antioquia en que la pérdida de valor del oro es la principal explicación del retorno de la coca.

Aurelio García, un administrador de fincas que tiene bajo su cuidado varios predios entre Caucasia y Nechí, advierte que en zonas de este último municipio, que colindan con el Sur de Bolívar, tales como La Trinidad y Cargueros, hay nuevamente cultivos ilícitos. “También hay coca y ya se ve mucha en Puerto Colombia, la única vereda de Caucasia que tiene de esos cultivos”, advierte García, quien explica que esa región tiene límites con Cáceres y Zaragoza, y es una salida a las montañas de Anorí. Por esta región, confirma el administrador, trasiegan facciones de las Farc y el Eln.

Una líder rural, quien ha trabajado en diversos proyectos de sustitución de cultivos con campesinos, coincide con García en el tema de la resiembra y señala que en zonas como Puerto Raudal, corregimiento del municipio de Valdivia, en frontera con el Bajo Cauca, ya son visibles los plantíos de hoja de coca. “Se duplicó la cantidad de lo que habían erradicado hace algunos años”, señala.

¿Quién maneja el negocio?
Históricamente los cultivos de coca se desarrollaron en áreas dominadas por la guerrilla de las Farc, fundamentalmente bajo el control de los frentes 18 y36, que hacen parte del Bloque Iván Ríos. Uno de los enclaves tanto para los cultivos como para los entables de procesamiento de la hoja para convertirla en pasta es el parque nacional Nudo del Paramillo, al cual se accede desde Tarazá por caminos montañosos. (Ver: La guerra por la coca que no deja en paz al Bajo Cauca)

Pobladores de estas regiones explican que los cultivos de coca son inventariados por la guerrilla, “por eso ya saben cuántos kilos va a producir la de tierra de cada campesino hectáreas y los campesinos deben vender exactamente esa cantidad producida la guerrilla”, explica uno de los labriegos consultados. “Ellos tiene designada una persona para hacer este tipo de control. Muchas veces a la gente ni siquiera se les paga inmediatamente; se les debe fiar y esperar el pago cuando ellos quieran y los precios son muy bajos”.

Estudios sobre el tema citados por la Unidad de Fiscalías de Justicia y Paz en el proceso que se le sigue a la exjefe guerrillera Elda Neyis Mosquera García, alias ‘Karina’, indican que el Frente 36 controla buena parte de los cultivos en zonas como Zaragoza, que dan salida a Anorí y Amalfi. Según estimativos de la Fuerza Pública, el narcotráfico le deja a este frente de las Farc por lo menos 10 mil millones de pesos al año.

Sus transacciones de drogas con las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’, llevaron a las autoridades estadounidenses a solicitar en extradición a Adán de Jesús Jiménez García, alias ‘Conejo’, Omar de Jesús Restrepo Correa, alias ‘Olmedo Ruíz’, y a Ovidio Antonio Mesa Ospina, alias ‘Anderson’, jefe de este frente subversivo. Los dos primeros hacen parte de la comisión negociadora en La Habana.

La otra facción guerrillera inmiscuida en el negocio de la coca es el Frente 18, comandado por Alfredo Chacón Machado, alias Román Ruiz, y cuya presencia es muy fuerte en el Parque Natural Nudo de Paramillo, donde controla los cultivos de la hoja y también sostiene relaciones “comerciales” con ‘Los Urabeños’, tal como lo corroboró un informe de la Fundación Ideas para la Paz: “Por su parte, el Frente 18 hace presencia exclusiva en Ituango y realiza transacciones con ‘Los Urabeños’ en los límites de ese municipio hacia el noroccidente, en la ruta que va desde Santa Lucía hacia el corregimiento Juan José, en Montelíbano; y por el occidente en límites con Briceño, Valdivia y Tarazá”.

Contener resiembra
Para contrarrestar los cultivos de hoja de coca y contener la resiembra, entidades nacionales y departamentales, con el apoyo de la cooperación internacional, trabajan desde hace varios años con por lo menos 65 organizaciones de campesinos que antes se dedicaban a la siembra de hoja de coca y a su procesamiento; y ahora, tienen en sus tierras caucho y cacao.

“Se tienen 221 proyectos ejecutados con la participación de USAID – Colombia Responde, gobernación, municipios, comunidad y Consolidación que son ejecutados por las organizaciones territoriales por 97.662 millones de pesos”, destaca un documento de la Secretaría de Gobierno de Antioquia. Estas inversiones están concentradas en los 10 municipios que hacen parte de la política de Consolidación, entre ellos los seis municipios del Bajo Cauca -Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza- así como tres del Norte -Briceño, Ituango y Valdivia- y uno del Nordeste –Anorí-. Con esos recursos se han fortalecido por lo menos 43 organizaciones de productores de café, caucho, cacao, apicultura, piscicultura, caña y ganadería.

“Estas organizaciones se han resistido a retornar a la hoja de coca. Por eso hay que seguir dándoles oxígeno” dice Londoño, quien admite que las Farc mantienen la presión sobre los campesinos para que vuelvan a sembrarla.

No obstante estos esfuerzos, la Gobernación reconoce que para que la actividad agropecuaria sea una alternativa real para la gente del Bajo Cauca se requieren con urgencia estudios de tenencia, formalización, legalización, restitución y ordenamiento territorial. Hasta el momento se ha avanzado en formalización de 800 predios urbanos y más de 1.000 predios rurales, pero aún falta mucho por hacer.

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VerdadAbierta.com conoció que para evadir los controles que hace el gobierno venezolano para evitar el contrabando de gasolina, ingresaban las canecas con el combustible por el mar.“No creo que esto termine aquí. Ahora pueden venir cosas peores”, sentenció un hombre oriundo de la Guajira quien fue amenazado en el pasado por Marcos Figueroa García, al enterarse de la captura, en Brasil, del jefe del narcotráfico y el contrabando de gasolina en La Guajira.

La noticia de la captura de ‘Marquitos’, como popularmente se le conoce en el país, revolucionó todos los pueblos de La Guajira y el Cesar, departamentos claves para el negocio de la gasolina de contrabando y que sirven a su vez de ruta para el envío de cocaína al exterior y por cuyas zonas ingresan armas para grupos armados ilegales.

El emporio criminal que durante más de tres décadas construyó Figueroa, en el que comenzó como sicario y escaló hasta llegar a ser el jefe de las bandas que controlaban el ingreso y salida de gasolina de contrabando y droga, no será fácil de acabar.

La razón, según aseguraron a VerdadAbierta.com pobladores de La Guajira y familiares de algunas de sus víctimas, es que su estructura delincuencial siempre ha estado blindada por los lazos familiares que existen entre ‘Marquitos’ y sus hombres claves.

“Él (‘Marquitos’) siempre ha trabajado con sus sobrinos y por eso es que nunca han podido acabar con su negocio y con su estela de muertos”, dijo el hombre que se protege de las amenazas de ‘Marquitos’ con un chaleco antibalas y que hoy es cuidado por un guardaespaldas de la Unidad Nacional de Protección.

En La Guajira, especialmente en la Alta Guajira, donde el desierto teje una maraña de caminos que se convierten en un laberinto para quien no lo no conoce, nunca hubiese sido posible capturar a ‘Marquitos’ Figueroa, a pesar que sobre él pesaban múltiples órdenes de captura por los delitos cometidos: homicidios, narcotráfico y contrabando.

“El motivo es que él ahí era el rey, todos le temen, su maldad no tiene límites, y nadie se atrevería a delatarlo o entregarlo”. (Ver: ‘Águilas Negras’ amenazan de muerte a indígenas Wayúu de la Alta Guajira’)

Los enredos de ‘Marquitos’
En La Guajira siempre se ha dicho que la vida de ‘Marquitos’ Figueroa es de película. “Comenzó como un delincuente más y mire todo lo que hizo”, dijo una mujer guajira que conoce la historia. “Un mal ejemplo para nuestros jóvenes, una figura a la que muchos le han seguido los pasos, pero gracias a Dios que ya lo capturaron”.

En efecto, Figueroa logró convertirse en el jefe de una banda criminal que a punta de “balín”, como dicen los guajiros, se convirtió en el más temido, al punto que no se movía una hoja en el desierto guajiro sin su voluntad.

“Él se atrevió a desafiar a los más poderosos, fue aliado de los paramilitares en su momento, ha trabajado solo, con otros poderosos del contrabando y ahora con ‘Los Urabeños’ o ‘Autodefensas Gaitanistas’, y de manera estratégica siempre ha jugado a dividirse el territorio. Por eso hoy se conoce cuáles son los municipios claves para sus negocios ilícitos”, dijo un investigador judicial.

Además del negocio del narcotráfico y contrabando de gasolina, se le ha relacionado con las apuestas hípicas en Venezuela, y con el cartel de los Zeta en México, con el cual hizo alianza después de tener problemas con el también cartel mexicano de Sinaloa, con el que hizo negocios que no terminaron muy bien.

‘Marquitos’ esquivó por años la justicia. Fue arrestado en 1998 por contrabando de gasolina y estuvo preso en una cárcel de Santa Marta, de donde huyó.

A este hombre lo vinculan con los homicidios que también tienen en la cárcel al exgobernador de La Guajira, Francisco ‘Kiko’ Gómez, como el de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, y su esposo Henry Ustariz Guerra. Además, los asesinatos de Wilson Martínez, secretario de gobierno de Fonseca; Wiston Araujo Ramírez, procurador judicial de Riohacha; Dina Luz López Oñate y su hija Lila Luz Paz López y sus dos escoltas, Deibis Enrique Correa Villazón y Fabio Sandoval Galvis.

También se le acusa de participar en los homicidios del asesor jurídico del Ministerio de Transporte, Dilger Elkin de Jesús Becerra Ramírez, y de sus acompañantes Iván Martínez Aroca y Alejandro de Jesús Bonivento Barros, de Marta Dinora Hernández, una reconocida profesional del Cesar; del neurólogo Jorge Daza Barriga, hermano del excandidato a la gobernación de La Guajira, Bladimiro Cuello Daza; del líder político de La Paz, Efraín Ovalle Oñate, muerte por la que es investigado el cantante vallenato Jorge Oñate, quien solía saludar en sus canciones a ‘Marquitos’ Figueroa como ‘El perrero de los malcriados’.

Todas estas muertes ocurrieron entre el 2000 y 2014 en Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena.

Un año de mala racha
El 2014 ha sido el peor año para el clan Figueroa. Desde la captura del exgobernador de La Guajira, la estructura criminal bajo su mando comenzó a tambalear.

El 8 de mayo capturaron a su hijo Marcos Francisco Figueroa, alias ‘Pachito’, en el municipio de Fonseca, acusado de varios homicidios, quien por poco escapa por la intervención de la comunidad que quiso impedir la detención.

En ese momento el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, dijo que “a alias ‘Marquitos’ Figueroa también le llegará su hora”, y ya pesaba sobre él una recompensa de 200 millones de pesos que, inmediatamente, subió a 350 millones.

El 12 de mayo, las autoridades capturaron en Valledupar a Luis Felipe Figueroa Zapata, sobrino de Marquitos’, conocido con el alias de ‘Pipe Película’, quien fue judicializado por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

A esa captura también se le sumó, al día siguiente,la del exalcalde de Barrancas, Juan Carlos León Solando, acusado de homicidio y de participar en el asesinato de la exalcaldesa de ese mismo municipio, Yandra Brito Carrillo.

Otras capturas claves que afectaron esta empresa criminal fue la de Diego Luis Parodi Peralta, abogado del hijo de ‘Marquitos’, quien tenía orden de captura por concierto para delinquir con fines de homicidio y la de Yeiner José Fonseca Peñaranda, alias ‘Yeiner’, quien aparecía como testigo en el proceso en contra del exgobernador ‘Kiko’ Gómez.

Ya para ese entonces estaba en la cárcel de Valledupar otro miembro del clan delictivo, Dainer Paul Corrales Figueroa.
 
En agosto pasado la Policía arrestó al ganadero y empresario de gasolina del municipio de La Paz, Armando Gnecco Vega, más conocido como ‘Mandarina’, por ser el presunto coautor del homicidio del dirigente político Efraín Ovalle Oñate, y de ser señalado como financiador de la banda de ‘Marquitos’ Figueroa.

Alias ‘Mandarina’ fue capturado al mismo tiempo, pero en diferentes operativos en Valledupar y Barranquilla, que Orlando Mendoza, alias ‘Guanábano’ y su hermana Victoria Mendoza, funcionaria del CTI de la Fiscalía, quienes fueron detenidos tras una operación de la Dijín en Valledupar y en el Atlántico, vinculados al mismo proceso.

Pero la captura, por la cual se cree que se desestabilizará su organización, es la de su sobrino Milton Figueroa, quien estaba con él en Brasil, en el momento de su captura.

Milton controlaba todo el negocio de la gasolina de contrabando y su centro de operaciones era en el municipio de La Paz, norte del Cesar, que poco a poco han ido corriendo al corregimiento de Río Seco (Valledupar), donde cobran vacunas y extorsiones a comerciantes (Ver: ‘Autodefensas Gaitanistas’ reviven el miedo en zona rural de Valledupar’)

¿Qué viene ahora?
En las vías de La Guajira, hombres de ‘Los Urabeños’ hacen retenes a plena luz del día.La captura del narcotraficante y contrabandista más temido de La Guajira abre dos hipótesis sobre lo que pueda pasar en el futuro. De acuerdo con el análisis de investigadores judiciales, la primera es que puede darse una serie de retaliaciones entre bandas criminales por el control del territorio, porque la estructura delincuencial de ‘Marquitos’ Figueroa sigue funcionando, de hecho se cree que “todo seguirá igual”, aún con él en la cárcel.

La noche del miércoles 22 de octubre, día de la captura de ‘Marquitos’, hubo una movilización en toda La Guajira de los vehículos (grandes y pequeños) que transportan la gasolina de contrabando, que son los mismos que usan para llevar la droga y traer armas. Se supone que se concentraron para conocer las indicaciones que moverán en adelante el negocio, teniendo en cuenta que ya su jefe está tras las rejas.

Aunque las autoridades sabían que ‘Marquitos’ no estaba en territorio colombiano (muchos pensaban que se escondía en Venezuela o en una zona entre Riohacha y Maicao), los guajiros nunca dejaron de sentir su presencia. Por eso presienten que lo que viene no es bueno.

Sin embargo, otros consideran que puede ser el fin del mundo criminal de ‘Marquitos’, que seguramente estarán pendientes de heredar otras bandas criminales que hacen presencia en La Guajira. La tesis de que sería el fin, se desprende de la posibilidad de que Figueroa García ‘prenda elventilador’ y delate a los más poderosos que siempre han estado detrás de él.

VerdadAbierta.com conoció que la situación en La Guajira y el norte del Cesar es complicada. Además del estricto control que ejercen los hombres de ‘Marquitos’ Figueroa en la Alta y Media Guajira, donde dominan fácilmente el tráfico de narcóticos y de combustible venezolano, sus acciones se han extendido de manera abierta hasta las afueras del municipio de La Paz, donde ya Los Urabeños hacen retenes a las afueras del pueblo.

“’Marquitos’ era el duro, pero arriba de él siempre ha habido más duros, políticos y empresarios’, que ahora deben estar asustados por lo que pueda contar su aliado”, dijo una fuente consultada en La Guajira.

Si esto pasa, el capítulo de sus vínculos con el ex gobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, hoy preso en Bogotá, puede esclarecerse, así como el del líder político Efraín Ovalle. Sin embargo, en el mundo criminal, son impredecibles las lealtades y deslealtades. (Ver: Un gobernador de miedo en La Guajira)

Mientras la justicia colombiana inicia un nuevo proceso para investigar y condenar a Marcos de Jesús Figueroa García por todos los delitos cometidos, los habitantes de La Guajira y la parte norte del Cesar esperan que las autoridades garanticen la seguridad en la zona, donde se podría presentar retaliaciones o guerras por el control del negocio.

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El antes y el después de Doménico Mancuso.Doménico Antonio Mancuso Hoyos, más conocido en el Catatumbo con los alias de ‘Lucas’, ‘Alejandro’ o ‘David’, fue capturado en la provincia italiana de Imperia, según el director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino. El exparamiltar tenía una circular roja de Interpol por homicidio agravado múltiple y concierto para delinquir en calidad de coautor. (Ver: Justicia aún no llega hasta Doménico Mancuso, ficha clave de las Auc en incursión al Catatumbo)

Un fiscal de la dirección de Derechos Humanos solicitó la medida de aseguramiento por la participación de Doménico Mancuso en la masacre de la Gabarra de mayo de 1999. Las autoridades italianas están confirmando si el exparamiltar tiene nacionalidad italiana, pues en ese caso el gobierno colombiano tendría que pedir su extradición; de lo contrario, sería deportado a Colombia.

Aunque Doménico Mancuso fue parte del Bloque Catatumbo y también delinquió en la Costa Caribe con el Bloque Norte, no hizo parte de la desmovilización colectiva en diciembre de 2004 (Ver: El paso de Salvatore Mancuso por la guerra). Según dijo Salvatore Mancuso en audiencia de Justicia y Paz en 2012 no lo hizo porque “había presiones de altos mandos militares para que no confesara nada”.

En las versiones libres del proceso de Justicia y Paz, los desmovilizados del Bloque Catatumbo dijeron que alias ‘Lucas’ contactó a los paramilitares en Norte de Santander con miembros de la Fuerza Pública y por un tiempo manejó las finanzas del narcotráfico en esa región. Por eso desde 2010, la Unidad de Justicia y Paz compulsó copias de este caso, es decir le notificó a la justicia ordinaria para que evaluara si se iniciaba una investigación y ésta fue asumida por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos.

Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar del Bloque Catatumbo que fue extraditado a Estados Unidos en 2007, había sido interrogado por la Fiscalía sobre Doménico pero en varias oportunidades negó que un familiar suyo hiciera parte de las filas las Auc. Fue hasta 2012, en una audiencia el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, cuando Mancuso confesó que su primo decidió ingresar a las Autodefensas luego de que la guerrilla atentó contra su padre, Pascual Mancuso, en su finca La Madera, zona rural del municipio de San Pelayo, en Córdoba.

Los nexos con la Fuerza Pública
El testimonio de Doménico Mancuso es crucial para conocer quiénes fueron los miembros de la fuerza pública que facilitaron la entrada de los paramilitares a Norte de Santander. Cuando los hermanos Castaño planearon la incursión al Catatumbo en 1999, eligieron a Doménico Mancuso como el enlace entre los ‘paras’ y miembros de la Fuerza Pública en la zona. Los detalles de las reuniones con los militares y qué fue lo que supuestamente se acordó en cada una de ellas solo los conoce Doménico Mancuso.

Fue elegido como la ficha de enlace no solo por ser una persona de confianza de Salvatore Mancuso, sino porque conocía algo del mundo castrense dado su breve paso por la Escuela Militar de Cadetes y, posteriormente, por la Escuela Naval.

Según Salvatore Mancuso, Carlos Castaño contactó al general (r) Iván Ramírez Quintero, quien en ese entonces era comandante de la Primera División del Ejército, con sede en Santa Marta, y con el general (r) Mario Fernando Roa, comandante de la Segunda División del Ejército, con sede en Bucaramanga, para coordinar la entrada de los paramilitares en Norte de Santander.

De acuerdo con las versiones de los desmovilizados, a su vez Roa designó al Coronel (r) Víctor Hugo Matamoros y al Mayor (r) Mauricio Llorente para que se reuniera con Doménico Mancuso en Bucaramanga y Cúcuta. En el caso de Matamoros, en diciembre de 2009 el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió por falta de pruebas.

Llorente fue condenado a 40 años de prisión por nexos con paramilitares tras admitir que se reunió con alias ‘David’, quien es el mismo Doménico Mancuso, en el hotel Bolívar de Cúcuta donde le informó quiénes eran los miembros del Ejército y de la Policía que les iban a colaborar a los paramilitares en Norte de Santander.

Según Mancuso, Doménico también se reunió con el general (r) Alberto Bayardo Bravo Silva,en ese entonces comandante de la Quinta Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga, quien fue destituido luego de la masacre de la Gabarra en julio de 1999. Después de ello fue designado el fallecido general Martín Orlando Carreño, a quien Mancuso dice conoció en Córdoba y con quien él mismo puso en contacto con Doménico.

Además de estos militares, Doménico tuvo encuentros con altos mandos de la Policía en Norte de Santander. “Cuando se dio incursión al Catatumbo eso fue de frente, ellos sabían, no fue a escondidas, hubo omisión deliberada. Todo fue en coordinación con ellos, era pedido que ellos venían haciendo desde 1996”, dijo Salvatore Mancuso.

Los negocios de la droga y los asesinatos
A su llegada al Catatumbo, los Castaño encargaron los negocios del narcotráfico a un grupo conocido como ‘Los azules’, pero muy pronto hubo sospechas de que estaban robando dinero, entonces desde comienzos de 2000 le pidieron a Doménico Mancuso que se encargara de fiscalizar los dineros que dejaba la producción de narcóticos en esa región del país. A Doménico le pagaron una mensualidad por fiscalizar esos dineros y presentarle reportes a su primo en Córdoba.

“Yo conocí a alias ‘Lucas’, en ese momento no sabía el nombre y uno se cuidaba de hacer ciertas preguntas, cuando fundé el Frente Tibú lo que vi es que él llevaba las cuentas de ‘los Azules’ y también revisaba los gastos y la plata del Frente”, dijo en audiencia de Justicia y Paz el exparamiltar José Bernardo Lozada, alias ‘Mauro’.

Por su parte Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, exjefe paramilitar del Frente Fronteras, dijo que se reunió en seis oportunidades con Doménico revisar las cuentas de su grupo.

Otros postulados han asegurado que Doménico Mancuso también ordenó algunos asesinatos en el Catatumbo. “Él dio la orden de varios homicidios que los urbanos cumplimos”, dijo Edilfredo Esquivel Ruiz, alias ‘El Osito’. Lo mismo ha dicho Albeiro Valderrama Machado, alias ‘Piedras Blancas’.

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Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolìvar’.Una solicitud de captura con fines de extradición expedida por una Corte Federal de Estados Unidos le enredará la solicitud de libertad que dentro de doce días presentará el exjefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’. La medida se conoció a finales de la semana pasada, lo que significa que deberá continuar detenido hasta que la Corte Suprema de Justicia avale o no ese pedido judicial, decisión que puede tomar desde 8 hasta 24 meses.

“Es una herramienta muy inteligente para evitar su salida”, consideró su abogado defensor, el jurista Alberto Ruiz, al hablar con VerdadAbierta.com sobre la nueva situación que afronta su apoderado, quien tuvo por varios años el mando militar del Frente Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar (Bcb) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con presencia armada en los departamentos de Bolívar, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander, en el eje del río Magdalena.

Sustentado en una decisión de una Corte Federal del Distrito Sur de La Florida, el gobierno estadounidense solicitó la detención provisional con fines de extradición de ‘Julián Bolívar’ a través de una nota diplomática fechada el pasado 4 de junio. La medida fue autorizada por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, el 10 de julio y le fue notificada al exparamilitar en su sitio de reclusión en el patio de Justicia y Paz de la cárcel La Picota, de Bogotá.

De acuerdo con su abogado, la justicia estadounidense le imputa a su defendido el cargo de conspiración para traficar estupefacientes hacia ese país desde Colombia, delito que surgió del proceso por el cual fue procesado y condenado en ese país el también exparamilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, quien fue el jefe máximo del Bcb, organización de las Auc que alcanzó a tener por lo menos 7 mil integrantes que operaron, bajo diversas facciones, en por lo menos 11 departamentos y dejaron sus armas en diferentes actos colectivos durante el año 2005 amparados en los acuerdos del gobierno nacional con el Estado Mayor de las Auc de junio de 2004.

Alias ‘Macaco’ fue extraditado a Estados Unidos el 7 de mayo de 2008 por orden del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y se convirtió en el primer exjefe paramilitar enviado a ese país para que respondiera por delitos asociados al tráfico de drogas, lo que le valió una pena de 33 años de prisión. Una semana después seguirían ese mismo camino una docena de exparamilitares más, entre ellos a Guillermo Pérez Alzate, hermano de ‘Julián Bolìvar’. (Ver Condenan a alias ‘Macaco’ en EE.UU)

De acuerdo con Ruiz, el proceso contra Pérez Alzate se desprende de la Acusación N. 07 – 20794- CR – LENARD, proferida el 2 de octubre de 2007 contra alias ‘Macaco’, en la que se le imputan 21 cargos, entre ellos concierto para importar cinco kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína), lavado de dinero y posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína) “la cual se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos”.

“El cargo número 21 hacía alusión a conspiración con fines de importar sustancias estupefacientes a Estados Unidos y en él se nombraba a Rodrigo Pérez Alzate, pero nunca enviaron comunicación al respecto ni nota verbal diplomática solicitando la captura con orden de extradición. Sabíamos que estaba mencionado y la Fiscalía también conocía de esa mención”, precisó el abogado defensor y agregó que de la solicitud de extradición solo se vino a saber doce días antes de cumplirse el tiempo de los ocho años para solicitar su libertad.

De acuerdo con la defensa de alias ‘Julián Bolívar’, los pormenores de las actividades del tráfico de drogas en las que incurrió su apoderado y el grupo bajo su mando fueron dados a conocer durante las diversas versiones libres que rindieron ante fiscales de Justicia y Paz durante su proceso de juzgamiento bajo normas transicionales.

“Nosotros, dentro de la presentación que hicimos en Justicia y Paz, no podíamos callar y no pretendíamos tampoco ocultar una realidad que es absolutamente diáfana, que era ese fenómeno del narcotráfico”, indicó Ruíz y advirtió que esa actividad ilícita se constituyó en “una fuente principal de ingresos para abastecer el requerimiento del ejercicio de cualquier forma de guerra, de cualquier actor armado del conflicto en este país”.

Cálculos de investigadores judiciales determinaron que el Frente Surde Bcb, bajo el mando de ‘Julián Bolívar’, se financió desde 1998, cuando se consolidó su conformación, hasta 2005, cuando se desmovilizó, en un 80 por ciento con ganancias del tráfico de cocaína que era enviada a los mercados internacionales, especialmente a Estados Unidos.

Corte se enfrentará a sí misma
Los hechos relacionados con el tráfico de cocaína para financiar la guerra cometidos por el grupo armado que comandó este exparamilitar, junto con otras acciones como masacres, homicidios selectivos y desplazamiento forzado, fueron presentados para su legalización ante los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, autoridad judicial que emitió el 30 de agosto de 2013 sentencia condenatoria contra ‘Julián Bolívar’ a la pena alternativa de 8 años de prisión.

En esa decisión, el tribunal no legalizó los cargos por narcotráfico y lavado de activos tras considerar que ambos delitos no eran susceptibles de ser juzgados bajo las normas de la Ley 975 y normas posteriores, entre ellas la Ley 1592 de 2012; además, respaldó su decisión en procesos de justicia transicional de países como Argentina, Chile y Perú, donde delitos comunes y narcotráfico no fueron contemplados en las sentencias; y alegó que las leyes que cubren este proceso fueron claras al establecer que no se utilizarían para “lavar” el pasado de narcotraficantes y evadir sus responsabilidades. Por tanto, estos hechos los debía procesar la justicia ordinaria.

Esa decisión fue apelada por la Fiscalía y por la defensa del postulado, razón por la cual el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, instancia que determinó que, contrario a lo dicho por el Tribunal Superior de Bogotá, los delitos asociados al tráfico de sustancias ilegales sí podrían ser juzgados en los distintos tribunales de Justicia y Paz siempre y cuando tuvieran conexión con la lucha contrainsurgente adelantada, en este caso, por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), organización a la que perteneció el Bloque Central Bolívar y de la cual hizo parte alias ‘Julián Bolívar’. (Ver Exparamilitares podrán ser juzgados por narcotráfico en Justicia y Paz)

Con ponencia de la magistrada María del Rosario González Muñoz, fechada el 30 de abril de 2014, la Corte estableció que de acuerdo con algunos artículos de las leyes transicionales a través de las cuales se juzga y procesa a los exmiembros de las Auc, “en Justicia y Paz es posible abordar cualquier conducta punible, siempre que haya sido cometida durante y en ocasión de la pertenencia al grupo”.

El Alto Tribunal aclaró que uno de los requisitos de elegibilidad contemplados en la Ley 975 para acceder a los beneficios de la justicia transicional era que el grupo armado organizado al margen de la ley no se “haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito” o que el postulado, individualmente hablando, no haya tenido dicha finalidad, y en ese sentido consideró que ‘Julián Bolívar’ cumplió con ese requisito.

En relación al lavado de activos, la Corte concluyó que este exparamilitar “adquirió directamente y por interpuesta persona varios bienes con el producto de diversos delitos ejecutados como miembro del Bloque Central Bolívar, circunstancia que viabiliza legalizar el cargo por cuanto se cumple la condición de haber sido ejecutado el lavado de activos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo organizado al margen de la ley”.

Al respecto, el abogado Ruiz reconoció que la decisión de la Corte Suprema de Justicia lo tomó por sorpresa. “La verdad, llegamos a pensar que los magistrados no nos iba a avalar el contenido de la apelación”, dijo, pero se mostró satisfecho con la decisión por cuanto el alto tribunal desligó a su defendido de aquellos que sí son considerados “narcotraficantes puros” como Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordolindo’, y a Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, ya excluidos de Justicia y Paz luego de considerar que intentaron protegerse en las Auc para evadir sus responsabilidades como traficantes de drogas. (Ver A alias ‘Gordo Lindo’ le crearon un bloque para desmovilizarlo y ‘El Mellizo’ no será juzgado por narcotráfico en Justicia y Paz)

Al respecto, el apoderado de ‘Julián Bolívar’ hizo dos consideraciones: de un lado, aseveró que con la sentencia parcial de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ya se condenó a su cliente por concierto para delinquir, decisión que recoge el delito de narcotráfico, por lo tanto no puede ser juzgado nuevamente por esos hechos, en aplicación a la norma del Derecho que dice que nadie puede ser procesado por el mismo hecho dos veces.

Y de otro, recordó lo establecido por la Corte en relación con los requisitos de exclusión de un postulado de Justicia y Paz, particularmenrte aquellas normas que establecen que para que una persona pueda ser excluida de los beneficios de la justicia transicional se le tiene que encontrar responsable de un delito posterior a la desmovilización, que en este caso sería después del 2005, y ser condenado por ello, “situación que no es la de mi defendido porque contra él no hay absolutamente nada”, indicó.

Al evaluar lo que sucede con su defendido y contrastarlo con la decisión de la Corte, el abogado Ruiz se preguntó “¿con qué argumentación va a establecer la Corte un viraje conceptual en el caso de mi cliente si ya se pronunció y dijo que el narcotráfico sí es un elemento esencial dentro de la problemática del conflicto interno y es el combustible que alimenta la guerra?”.

Si bien el alto tribunal ha negado la extradición de exparamilitares como Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y Fredy Rendón Herrera, argumentando que primero deben responderle a la víctimas en Colombia, el defensor de ‘Julián Bolívar’ consideró que su caso es distinto y reiteró que “los hechos por los que ha sido solicitado en extradición ya fueron juzgados en el país, fue condenado y pagó su pena alternativa de 8 años, él ya cumplió”

A su juicio, si se aplicase la regla que impone la justicia norteamericana en relación con el delito de conspiración para traficar drogas e introducirlas en su país, son cientos de exmiembros de los grupos armados ilegales que tendrían que ser extraditados. “Bajo ese concepto, ¿cuántos se salvan? Muy pocos”, afirma este abogado. “Si miramos la realidad, están comprometidos desde el patrullero que custodia los cultivos, hasta aquel que ayuda al transporte del alcaloide y todos aquellos que intervienen en la actividad del narcotráfico, todos incurrieron en lo mismo”.

La Corte se enfrenta ahora a sus propias decisiones, pues tendrá que resolver si permite o no la extradición de Pérez Alzate a Estados Unidos. Si el concepto es favorable, pasará a sanción presidencial, quien autoriza finalmente si el postulado se remite a las autoridades judiciales de ese país.

Lo que se decida, en un sentido u otro, sentará un precedente no solo con los exparamilitares que están pendientes de cumplir sus penas alternativas en las próximas semanas y meses, algunos de los cuales tienen cuentas pendientes con la justicia norteamericana, sino con los subversivos en un posible escenario de desmovilización si se firman los acuerdos de paz con las guerrillas de las Farc y el Eln. El dilema es de hondo calado.

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Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’.Argumentando que en realidad nunca hizo parte de las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y que sus delitos están más relacionados con el negocio del narcotráfico con fines de enriquecimiento personal que con hechos que guarden relación con la guerra entre guerrillas, paramilitares y Ejército, La Fiscalía 45 de la Unidad de Justicia y Paz solicitó la exclusión de Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, de los beneficios de la justicia transicional.

La solicitud fue presentada ante los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín durante una audiencia pública que contó con la participación del ‘Tuso’ Sierra a través del sistema de Skype desde su actual lugar de residencia en los Estados Unidos, país al que fue extraditado en mayo de 2008 para que respondiera por cargos de narcotráfico y con el que logró acuerdos que hoy le permiten gozar de la libertad y ser parte del programa de protección de testigos. (Ver Permiso de E.U. al ‘Tuso’ Sierra va contra las víctimas)

Además de su exclusión, el titular de ese despacho, Albeiro Chavarro, solicitó su deportación inmediata al país y el inicio de procesos de extinción de dominio a por lo menos 34 propiedades que aún están bajo su nombre.

Aunque el ‘Tuso’ Sierra ofreció 10 bienes para reparar a sus víctimas, el fiscal señaló que cuatro de ellos no tienen vocación reparadora mientras que otro se encuentra en proceso de extinción de dominio. Los cinco restantes se encuentran bajo la tutela del Fondo de Reparación para las Víctimas.

Durante la audiencia, el delegado del Ente Investigador argumentó que Sierra Ramírez nunca participó ni coordinó ni diseñó, y mucho menos comandó acción militar alguna, tampoco tuvo hombres bajo su mando ni fue miembro orgánico de bloque paramilitar alguno.

Asimismo, el funcionario judicial afirmó que los 11 delitos confesados por Sierra Ramírez en las diligencias de versión libre que participó están más relacionados con el narcotráfico y que estos no se cometieron durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal, una de las razones para ser postulado a los beneficios que otorga la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, entre ellos una pena alternativa de 8 años de cárcel.

“Sierra Ramírez se dedicó a financiar a las autodefensas con el narcotráfico en las zonas de Córdoba y sur de Bolívar y no en el norte de Antioquia a donde fue llevado para que se desmovilizara con el Bloque Héroes de Granada, por orden del Estado Mayor de esa organización. Así, es evidente que el postulado Sierra Ramírez no hizo parte de este bloque y su vinculación tardía obedece a la búsqueda de beneficios personales y por ello es claro que no cumple con los requisitos de elegibilidad”, adujo el funcionario.

Si bien el fiscal recordó anteriores sentencias de la Corte Suprema de Justicia donde señala que la actividad del narcotráfico, por sí sola, no constituye causal de exclusión de un postulado siempre y cuando se demuestre que se desarrolló como medio para financiar una guerra contrainsurgente, también apuntó que “no puede considerarse como pretexto la pertenencia a las autodefensas para dedicarse al tráfico de cocaína con fines de enriquecimiento personal”. (Ver Exparamilitares podrán ser juzgados por narcotráfico en Justicia y Paz)

El funcionario precisó que el ‘Tuso’ Sierra estuvo vinculado a las autodefensas como socio estratégico en el negocio del narcotráfico y el lavado de activos gracias a sus avezados conocimientos en esta actividad ilegal, la cual le reportó enormes dividendos económicos para su beneficio personal y no a los bloques paramilitares pues sus intereses eran totalmente disímiles de los que perseguían las Auc.

Recordó, además, que el ‘Tuso’ Sierra integró la llamada ‘Oficina de Envigado’, organización criminal que estuvo bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y que pese a tener nexos con el paramilitarismo, su principal actividad ilegal fue el narcotráfico.

En expedientes judiciales conocidos por VerdadAbierta.com que datan de comienzos de la década del noventa, el nombre de Juan Carlos Sierra Ramírez ya era citado por autoridades y narcotraficantes en relación a la exportación de alcaloides a los mercados internacionales.

Su irregular postulación
Parte de los argumentos de la Fiscalía para solicitar la exclusión se sustentan en declaraciones entregados por otro narcotraficante expulsado de Justicia y Paz como Francisco Zuluaga Lindo, alias ‘Gordolindo’, quien dijo que traficó con Sierra Ramírez en el año 2002.

Pero sin duda los testimonios más contundentes para el Ente Investigador los entregaron los exjefes paramilitares Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, e Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, quienes señalaron en 2012 que conocieron al ‘Tuso’ Sierra como un “narcotraficante puro” y que tanto ellos como los comandantes del Estado Mayor de las Auc no ocultaron su asombro al verlo en Santafé de Ralito, Córdoba, sentado en la mesa de negociaciones con el gobierno nacional en el año 2003.

“Uno de los hechos más insólitos que vi en Santafé de Ralito fue ver al señor Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra. Nadie lo había visto, nadie lo conocía y (alias) ‘Don Berna’ lo presenta como su jefe de finanzas, diciendo que un integrante más de la organización”, declaró en 2012 alias ‘Ernesto Báez’, quien en ese mismo año le declaró a fiscales de Justicia y Paz que la postulación del ‘Tuso’ Sierra se dio en extrañas circunstancias y por instrucciones del Alto Gobierno, presidido en aquel entonces por el hoy senador Álvaro Uribe.

En esa versión, ‘Ernesto Báez’ recordó el episodio que tuvo lugar en Santa Fe de Ralito en 2004, cuando el entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, llegó a la zona de concentración donde se desarrollaban los diálogos con el Estado Mayor de las Auc, exigiendo el retiro inmediato de la mesa del ‘Tuso’ Sierra. “Ustedes un narcotraficante pedido en extradición, y no tengo noticia de que haya pertenecido a la organización de las Auc. Si no se retira no inicio la reunión’. Y Sierra salió como perro regañado”, narró ‘Ernesto Báez’ en aquella ocasión y fue expulsado de Santa Fe de Ralito.

Pero dos años más tarde mediante Resolución Ejecutiva N° 200 del 18 de agosto de 2006, firmada por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se revocó la orden de extradición de alias ‘El Tuso’, la cual había sido aprobada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de septiembre de 2002, y subordinó esta decisión al cumplimiento por parte del narcotraficante de una serie de requisitos, entre ellos el cumplimiento de la Ley 975.

“El Comisionado nos anunció que el Gobierno Nacional acababa de admitir a Sierra Ramírez en el proceso y lo acreditaba como miembro de las Auc. Y nos dijo que le hiciéramos saber al ‘Tuso’ que se presentara en Puerto Berrío para que lo recogieran. Y efectivamente, al día siguiente el narcotraficante llegó a la sede de La Ceja, en compañía de Pérez Alzate”, le dijo ‘Ernesto Baez’ a los fiscales de Justicia y Paz. (Ver Contradicciones sobre inclusión del ‘Tuso’ Sierra en Justicia y Paz)

El Fiscal 45 de Justicia y Paz también hizo alusión al hecho y agregó que el propio Sierra Ramírez, en versión entregada a la Corte Suprema de Justicia en el año 2010, reconoció haberle entregado una gruesa suma de dinero a las exsenadoras Eleonora Pineda y Rocío Arias, ambas condenadas por la Alta Corte por tener nexos con grupos paramilitares, para que mediaran por él ante el Alto Comisionado para la Paz con el fin de que lo postularan como beneficiario de la Ley de Justicia y Paz, lo que le daría sólo ocho años de cárcel y, de esa manera, limpiaría su hoja de vida criminal.

Procuraduría se opuso
De acuerdo con la visión del delegado del Ministerio Público presente en la audiencia, la argumentación de la Fiscalía no fue convincente en probar que el ‘Tuso’ Sierra era un narcotraficante puro con fines de enriquecimiento personal.

“En gracia de discusión, el postulado se dedicó al narcotráfico, pero la Fiscalía no logró demostrar que sus ganancias las dedicara exclusivamente a sus fines personales y no al cumplimientos de los objetivos del grupo”, adujo el funcionario, quien también manifestó que “la Fiscalía tampoco pudo demostrar que el postulado Sierra Ramírez no perteneció a las Auc”.

Para el abogado defensor del ‘Tuso’ Sierra, la solicitud de exclusión carece de todo fundamento pues contrario a lo planteado por la Fiscalía, este fue un “autodefensa puro”, que su vinculación con las autodefensas se dio por invitación de alias ‘Don Berna’ en el año 1998, justo cuando Carlos Castaño y Salvatore Mancuso deciden crear el frente financiero.

“Prueba de ello es que antes del año 1997 no pesaba sobre él ningún tipo de requerimiento judicial. De hecho, sus problemas judiciales comenzaron cuando se vinculó a las autodefensas”, expresó el jurista.

Para sustentar su afirmación, el profesional exhibió un informe elaborado por agentes de la DEA en el año 2002, en donde señalan que en diciembre de 1998, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso le entregaron a Juan Carlos Sierra Ramírez 8.500 kilos de cocaína para que éste las llevara hasta aguas internacionales y, una vez en ellas, las introdujera a los Estados Unidos en una embarcación de nombre Nativa. Según el informe presentado por el abogado, la misma operación se repetiría en 2002 y allí señalan al ‘Tuso’ como integrante de la “fuerza armada ilegal conocida como Autodefensas Unidas de Colombia bajo el mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso”. (Ver Así traficó ‘el Tuso’ Sierra para los Castaño y Mancuso)

“Como se puede ver -agregó el abogado- Juan Carlos era un soldado más, él obedecía órdenes. Su labor era supervisar el envío de drogas a los Estados Unidos; él había tenido una brillante carrera profesional en el Banco de Occidente ypor eso le encomendaban este tipo de tareas, por su conocimiento”, indicó el jurista, quien reiteró: “su tarea era supervisar y monetizar, porque la otra parte de la cadena: siembra y procesamiento la tenía ya montada Carlos Castaño”.

Y continuó: “tampoco es cierto que no haya contribuido con la verdad, pues han sido múltiples las compulsas de copias que ha proferido la Corte Suprema de Justicia a partir de las informaciones entregadas por Juan Carlos. Él ha desenmascarado a muchas personas que posan de señores y no son tales”.

Buena parte de los testimonios que ha dado Sierra Ramírez se han centrado en precisar qué funcionarios estaban en la nómina de la llamada ‘Oficina de Envigado’, es decir, eran pagados por esta estructura ilegal para que los protegiera y les garantizaran impunidad. Entre los señalados están varios exoficiales del Ejército y la Policía, así como políticos y funcionarios judiciales. (Ver El ‘Tuso’ Sierra salpica a dirigentes antioqueños con la ‘Oficina de Envigado’)

Por su parte, para el propio ‘Tuso’ Sierra son paradójicas las afirmaciones de ‘Ernesto Baez’ y ‘Julián Bolívar’, pues según sus palabras, a ambos los conoció en el marco del conflicto armado, cuando los tres hacían parte de las Auc. “Yo al señor ‘Julián Bolívar’ lo conocí en (corregimiento) Jardín, de Cáceres, en el año 2002, a donde llegó a esconderse porque lo iban a matar. A ‘Ernesto Báez’ lo conocí en Santa Fe de Ralito, muchos años antes, en la finca llamada O6”, manifestó el narcotraficante.

Y añadió que tales declaraciones en su contra por parte de esos dos jefes exparamilitares obedecen a retaliaciones “porque yo le conté al magistrado Iván Velásquez lo que sabía sobre el ‘caso Tasmania’ y los involucré a ellos, porque ellos tienen que ver. Y desde eso se me vinieron lanza en ristre”.

Lo que se conoce como el ‘caso Tasmania’ es el intento desde la cárcel de máxima y mediana seguridad de Itagüí de desprestigiar, en 2007, al entonces investigador auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez, quien tenía bajo su coordinación las indagaciones por parapolítica en el país. Para ello se recurrió a José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’, quien fue presionado para que redactara y firmara una carta en la que dijo que estaba siendo presionado por Velásquez para que involucrara al presidente Uribe en un crimen. Al final se descubrió que todo era un engaño. (Ver Báez dice que lo de ‘Tasmania’ fue un montaje)

La decisión de dejar o no al ‘Tuso’ Sierra en Justicia y Paz la tendrá que tomar la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín en las próximas semanas. En su fallo de primera instancia deberá establecer si es un narcotraficante “químicamente puro”, como se les conoció en el argot de la guerra, o si, por el contrario, ayudó a financiar la guerra contrainsurgente con los excedentes de la droga y no ejerció esa labor con objetivos de enriquecimiento personal.

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