La Defensoría del Pueblo en el Cesar alertó sobre el rearme de grupos armados ilegales en los corregimientos del norte de la ciudad; no obstante, el Alcalde lo niega. VerdadAbierta.com recorrió la zona y encontró testimonios que indican que sí hay presencia de hombres armados que ofrecen seguridad a cambio de una cuota y controlan el contrabando que ingresa de Venezuela a la capital cesarense.
Por el corregimiento de La Mesa inicia un corredor estratégico con otros pueblos de la Sierra Nevada y municipios cesarenses. En Río Seco el negocio de la gasolina se ha apoderado del pueblo. Desde la entrada del pueblo hay puntos de venta, visibles a los ojos de las autoridades.Los antiguos enclaves paramilitares del Frente ‘Mártires del Cesar’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en los corregimientos del norte de Valledupar son los mismos que ahora utilizan los grupos armados ilegales que se han reorganizado en la zona con distintos nombres para ofrecer seguridad y proteger a la comunidad de supuestos ataques guerrilleros.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades de la capital cesarense sobre la presencia en dos caseríos que vivieron la violencia paramilitar -La Mesa y Río Seco- de hombres que dicen pertenecer a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), también conocidos como ‘Los Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’.
Un campesino del corregimiento de La Mesa, ubicado a 20 minutos de Valledupar, dijo que un grupo de más de diez hombres se la pasa en las afueras del pueblo y un día, a comienzos del mes de agosto, repartieron unos “papelitos” en los que anunciaban que venían a proteger la zona.
VerdadAbierta.com conoció que el grupo de hombres que denunció la Defensoría en su carta al Alcalde y a los comandantes de la Policía y el Ejército llegó una tarde de los primeros días de agosto, justo el mismo día que, en la mañana, estuviera en el pueblo el alcalde Fredys Socarrás y miembros de su equipo de gobierno trabajando con la comunidad.
Aunque fue la misma Defensoría del Pueblo la que hizo la alerta sobre el rearme de grupos postdesmovilización en La Mesa, líderes de esta población, al igual que el Alcalde, desmintieron lo dicho por esta agencia del Ministerio Público. “Por aquí toda está tranquilo, en las parcelas estamos trabajando tranquilos y no ha aparecido nadie a cobrarnos a nada”, dijo a VerdadAbierta.com un líder de la comunidad. (Ver facsímil de la carta de la Defensoría del Pueblo).
El corregimiento de La Mesa-Azúcar Buena conecta con el municipio de Pueblo Bello, ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, área que es considerada como corredor clave que facilita la movilidad entre la vía nacional Valledupar-Bosconia y Valledupar-La Guajira. Por allí trasiegan contrabandistas y narcotraficantes.
Esta región estuvo bajo el dominio de grupos paramilitares liderados por Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, y sus pobladores padecieron los estragos de la violencia paramilitar. Allí se desmovilizaron 2.800 hombres del Frente Mártires del Cesar del Bloque Norte de las Auc en marzo de 2006 bajo los acuerdos con el gobierno nacional. (Ver: ‘La Mesa: del sometimiento paramilitar a la libertad’).
Un líder de víctimas del Cesar contó que “es muy difícil que los campesinos o los habitantes de los corregimientos reconozcan ante las autoridades que sí hay presencia de grupos armados. El rearme si se ha dado y ha sido poco a poco, eso lo sabe todo el mundo, lo que pasa es que no hay total confianza con la institucionalidad por lo que pasó antes, cuando había una relación muy estrecha entre ‘paras’ y autoridades”.
Por su parte, un campesino que pidió la reserva de su nombre, como todas las personas consultadas sobre el tema, dijo que llegan en grupos pequeños que no superan los 15 hombres, unas veces van vestidos de civily otras de uniformes camuflados, diciendo que brindarán seguridad en la zona.
“Nosotros no queremos que vuelva el miedo de antes, ni las muertes, masacres, desapariciones, el terror que vivimos fue suficiente”, afirmó, especialmente porque siente que en el caserío habían recobrado la tranquilidad.
Hasta ahora solo se tiene la denuncia de la Defensoría del Pueblo, que pidió “se tomen oportunamente las medidas que se requieran, encaminadas a prevenir y proteger a los pobladores locales de los corregimientos de La Mesa-Azúcar Buena y Río Seco de la probable ocurrencia de eventuales hechos victimizantes cometidos por dos estructuras de un grupo armado ilegal postdesmovilización que han sido vistas circulando y actuando en la zona”.
Esa alerta fue analizada durante un consejo de seguridad al término de la cual el alcalde Fredys Socarrás dijo en rueda de prensa que “el tal rearme no existe” porque personalmente fue hasta La Mesa y constató la situación, así como lo verificó la Policía y el Ejército Nacional (Ver: ‘No hay tal rearme paramiltar en La Mesa: Alcalde’).
Revive el miedo
Lo peor sucede en el corregimiento de Río Seco, un pueblo de la etnia Kankuama que, en el pasado, también fue base de las Auc.
En la época paramilitar instalaron allí un retén en el que revisaban a todos los vehículos que subían o bajaban de la Sierra Nevada, pedían cédulas a sus ocupantes y si alguno estaba en la lista ‘negra’, lo bajaban y luego aparecía muerto. De esa manera perdieron la vida cientos de kankuamos y campesinos de la zona.
El pueblo, que vivía tranquilo luego de la desmovilización de las Auc, poco a poco se fue llenando de puntos de venta de gasolina de contrabando traída desde Venezuela, lo que hizo que muchos vallenatos lo visitaran por ese motivo, además de que es paso obligado para llegar a sitios turísticos como los corregimientos de Patillal, La Vega, La Mina, Atanquez (capital de los pueblos kankuamos), Guatapurí y Chemesquemena.
El comercio del combustible reactivó su vida económica y social, pero quizás el hecho de quedar sobre la carretera nacional Valledupar-San Juan del Cesar, que comunica a los dos departamentos y disminuye el trayecto a solo media hora de camino, fue el detonante para que las llamadas bandas criminales llegaran a controlar ese negocio.
VerdadAbierta.com conoció que a Río Seco se desplazaron los grupos armados que controlan el contrabando de gasolina en el municipio de La Paz, a 20 minutos de Valledupar. En este pueblo del norte del Cesar hacen presencia las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y ‘Los Rastrojos’, que se dividieron el negocio. Ellos cobran a cada vendedor de gasolina 100 mil pesos diarios y prestan dinero al interés o conocido como ‘pago diario’.
Ahora centraron su base en Río Seco, donde citan a las personas que contrabandean gasolina, arroz, electrodomésticos o cualquier producto que entré del vecino país. VerdadAbierta.com habló con una de las personas que fue citada a ese corregimiento, quien confirmó que en efecto los convocan al patio de una de las casas de ese poblado y allí les dan un ficho con el que, luego de pagar, pueden transitar tranquilamente por las carreteras del Cesar y La Guajira hasta llegar a su destino.
“Como La Paz está tan saturado, se fueron a Río Seco para dejar descansar la vía, porque es visible que en La Paz hay grupos paramilitares, tanto que los arriendos de 100 mil pesos pasaron a 500 mil, y no solo es el negocio de la gasolina, también de drogas. Y esto se está pasando para Río Seco, allá hay como 100 ‘paras’ dirigidos por un aliado de ‘Marquito’ Figueroa”, relató el consultado.
Figueroa es señalado de dirigir un grupo de contrabandistas y narcotraficantes que opera entre los departamentos de El Cesar y La Guajira.Actualmente seencuentra prófugo de la justicia.
La fuente consultada asegura que cuando a él lo citaron en dos ocasiones a ese corregimiento no fue y dio a conocer su caso ante la Defensoría del Pueblo. “A Río Seco han llegado excombatientes de las Auc que ahora hacen parte de estos nuevos grupos, ellos son de otros corregimientos cercanos y están ahí porque se les facilita más el transporte de la gasolina de contrabando por esta vía que por La Paz”.
Las Agc organizaron a los transportadores de gasolina venezolana. Así lo reveló una fuente consultada: “Si una persona compra al por mayor le cobran cinco mil pesos, si compra una camioneta 350, son 50 mil pesos, y a los que tienen puntos de venta les toca pagar cien mil diarios. Incluso, las mismas Gaitanistas prestan la plata a la gente que quiere vender, les dan diez millones y con eso compran el carro (generalmente automóviles de modelos viejos), en los que traen 60 pimpinas, que acá pueden estar vendiendo a 38 mil pesos cada una”.
A todo ello se suman los graves problemas sociales que afrontan los jóvenes: “Ellos han recogido a muchachos sin oportunidades, desempleados, y a los desmovilizados, y los ponen a manejar los carros pequeños”, precisó la fuente.
VerdadAbierta.com también se enteró que esos nuevos grupos entregan ‘panelas’ de cocaína (bloques de un kilo cada uno) a algunos comerciantes de gasolina para que, en la frontera con Venezuela, cambien por gasolina. La droga al parecer es procesada en la Sierra Nevada, en aquellas zonas que estuvieron bajo el dominio del excomandante paramilitar Hernán Giraldo, extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008.
El Defensor del Pueblo en el Cesar, Omar Contreras, afirma en la carta enviada a las autoridades el pasado 25 de agosto, que “…La presencia de hombres que se identifican como integrantes de las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), aunque en esta ocasión vistiendo de paisano y portando mimetizadas armas cortas, se ha hecho extensiva al corregimiento de Río Seco, en donde aproximadamente desde abril de 2014 han estado citando a diferentes personas, varias de ellas vinculadas al transporte y comercialización del combustible introducido desde Venezuela, para que paguen la correspondiente cuota que como tributación forzada periódicamente les están exigiendo”.
Al respecto, el alcalde Socarrás reconoce que el negocio de la gasolina ilegal sí ha llegado a este corregimiento y representa un peligro para la comunidad, por lo que su gobierno trabaja para recuperar la vocación campesina de la zona, pero no confirma la presencia de este grupo armado ilegal.
La Defensoría, por su parte, se mantiene en su afirmación, pues las víctimas de las extorsiones confirman que son ‘Los Urabeños’ quienes los están acosando: “por medio de las llamadas telefónicas que han realizado a sus víctimas para fijar las citas, el interlocutor ha manifestado taxativamente hacer parte de este grupo armado ilegal postdesmovilización y, en segundo lugar, porque en algunas ocasiones los hombres de esta estructura abiertamente llevan un brazalete identificatorio”.
La encrucijada
Valledupar vuelve a sentir el miedo, esta vez por culpa de grupos armados ilegales que surgieron tras la desmovilización de las Auc. La violencia que se creía en el pasado, alarma hoy a los pobladores de las áreas rural y urbana, en un momento en que hay un repunte económico a través del turismo.
Un líder veredal del municipio de Pueblo Bello dijo a VerdadAbierta.com “que cuando se desvirtúa un rumor como éste por completo, se corre el riesgo de que se fortalezcan los grupos, se crezca el enano y después salga el monstruo nuevamente”. Nadie, en esta región, quiere volver a las épocas violentas impuestas por las Auc.
Por su parte uno de los voceros de la Mesa Departamental de Víctimas les recordó a las autoridades locales, regionales y nacionales que la Ley 1448 de 2011, conocida como Leyde Víctimas, contiene normas que hablan de las garantías de no repetición, con el fin de proteger a quienes, en el pasado, padecieron los estragos de la guerra.
“Antes de negar una denuncia como ésta, debe existir plena certeza de que los rumores son falsos, porque en este caso el Alcalde se basa en lo que dice la Policía y el Ejército, y un campesino que vivió la violencia que pasó en tiempos anteriores no va a decirle nada a la Fuerza Pública, por eso hay que verificar si son ciertas las denuncias, no ser tan ligeros para afirmar que no hay nada”, afirmó.
Valledupar es una ciudad de 500 mil habitantes, de los cuales 117 mil están registrados como víctimas de la violencia, por lo que reciben diversos beneficios contemplados en la ley y están cobijados por los programas de vivienda del Gobierno Nacional, que ya ha entregado más de tres mil viviendas en esa ciudad.
Algunos ciudadanos opinan que la presencia de grupos armados ilegales es muy soterrada, pero se siente. Uno de ellos aseguró que “los comerciantes de Mercabastos y del Mercado Público de Valledupar están pagando a las bacrim y estas están prestando plata al interés y además están con el contrabando de gasolina”.
Mientras las autoridades siguen con las investigaciones para atender la denuncia de la Defensoría del Pueblo, las comunidades rurales de Valledupar ruegan para que lo que se está gestando sea fácil de acabar porque quienes seguir con la tranquilidad que venían desde hace varios años.
