Uber Enrique Banquéz Martínez, alias ‘Juancho Dique’, exjefe paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc. Foto: archivo Semana.

El exjefe paramilitar Uber Enrique Banquéz Martínez, alias ‘Juancho Dique’, no quedará en libertad de manera inmediata. Si bien así lo dispuso una magistrada con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, las apelaciones presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría, y otros procesos en su contra frenan su salida del penal.

Alias ‘Juancho Dique’ estuvo al mando del Frente Canal del Dique, una facción del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que operó en varias regiones del departamento de Bolívar y dejó cientos de víctimas. Su desmovilización, junto con sus hombres al mando, se produjo en julio de 2005 y está detenido desde el 30 de octubre de 2006.

Las normas señalan que una vez los desmovilizados hayan cumplido una pena de ocho años, que se cuentan desde el momento en que el gobierno nacional los postuló a La ley 975, conocida como Justicia y Paz, existen dos procedimientos para solicitar su libertad: el primero es la libertad a prueba por pena cumplida, que aplica para aquellos que ya hayan sido sentenciados; el segundo advierte que quienes aún no han sido condenados pueden recurrir a una figura conocida como la sustitución de medida de aseguramiento. En ambos casos los magistrados de Justicia y Paz evalúan que los postulados hayan cumplido con sus compromisos legales.

De acuerdo con la magistrada Zoraida Anyul Chalela Romano, este exjefe paramilitar cumplió con todos los requisitos exigidos por las normas transicionales, entre ellos permanecer en prisión por ocho años, participar en actividades de resocialización y certificado de buena conducta, contribuir al esclarecimiento de la verdad y no cometer delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización. Por tanto, no había impedimento para otorgarle la libertad condicional.

La decisión fue apelada por representantes de la Fiscalía y la Procuraduría, quienes expondrán detalladamente sus argumentos el próximo 30 de enero. El ente investigador asegura que alias ‘Juancho Dique’ siguió delinquiendo desde la cárcel, pues en la justicia ordinaria lo investigan por falso testimonio y fraude procesal, por haber negado el hurto de ganado en el proceso que se seguía contra Álvaro ‘el Gordo’ García, autor intelectual de la masacre de Macayepo. La decisión final la tiene la Corte Suprema de Justicia. (Ver: Cacique en el patíbulo)

La otra razón que impide su libertad inmediata es que alias ‘Juancho Dique’ ya fue condenado dos veces en Justicia y Paz: la primera, por su responsabilidad en la masacre de Mampuján, y la segunda en el proceso que se sigue contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso (Ver: La primera sentencia en Justicia y Paz). Por tal razón, no puede quedar en libertad hasta que no solicite la libertad a prueba ante un juez de ejecución de penas en Bogotá. De acuerdo con Jorge Noguera, abogado del exparamilitar, se espera que estas audiencias tengan lugar en febrero de este año.

Por el momento, alias ‘Juacho Dique’ seguirá en prisión y continuará con un tercer proceso judicial que se adelanta en Justicia y Paz por más de 300 delitos cometidos por hombres bajo su mando.

Banquéz es el segundo jefe paramilitar condenado que solicita su libertad, el primero fue Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’ (Ver: El enredoen la libertad de ‘Don Antonio’). El curso que tomen estos dos procesos marcará el camino para los demás exjefes paramilitares que cumplan su condena de ocho años de prisión.  

Qué lo compromete
Alias ‘Juancho Dique’ es uno de los primeros desmovilizados de las Auc en ser sentenciado en Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.

Aunque la sustitución de medida de aseguramiento no dejará en libertad al exjefe paramilitar, la decisión de la magistrada Zorayda Chalela Romano es un referente para los desmovilizados que tienen investigaciones en la justicia ordinaria a raíz de sus versiones en Justicia y Paz. Situación muy común entre los exjefes paramilitares.   

Una de las condiciones para quedar en libertad es que los desmovilizados no hayan cometido ningún crimen después de su desmovilización. Puntualmente la investigación contra Úber Banquez se remonta a una demanda interpuesta por el abogado Jaime Granados, defensor, entre otros, de Miguel Ángel Nule Amín, uno de los políticos mencionados por alias ‘Juancho Dique’ en sus versiones libres.

El abogado Granados argumenta que el exparamilitar mintió en el juicio contra Álvaro ‘el Gordo’ García en 2010 cuando negó que su grupo paramilitar hurtara ganado, delito que posteriormente reconoció en el proceso de Justicia y Paz. Por estos hechos la Fiscalía le imputó los cargos de falso testimonio y fraude procesal.

“Este es una demanda revanchista, que busca acallar lo que se dice en las versiones libres. Saben que las investigaciones en la ordinaria pueden obstaculizar la libertad de los postulados”, dijo Noguera, defensor del exparamilitar.  

Para el fiscal de Justicia y Paz que lleva el caso, la imputación es suficiente para negar la sustitución de medida de aseguramiento. Argumenta que el decreto 3011 de 2013, el que reglamentó las modificaciones que en 2012 se hicieron de la ley de Justicia y Paz, impone como requisito la no existencia de imputaciones por delitos dolosos cometidos después de haberse desmovilizado.

Para la magistrada ese apartado es contrario a la Constitución y por eso no puede aplicarse en el caso puntual de alias ‘Juancho Dique’. Asegura que según el sistema penal colombiano exige en estos casos una sentencia y no la simple imputación de los cargos.

La magistrada hizo un llamado a la Fiscalía para que cumpla a cabalidad con los presupuestos de la justicia transicional: “esta magistrada con todo respeto se permite hacer un llamado a la Fiscalía para que, en el marco de su labor, se oriente genuinamente a garantizar que los loables propósitos de este proceso transicional no se den al traste con las revanchas jurídicas iniciadas a consecuencia de lo depuesto por los postulados en sus versiones de Justicia y Paz”.

Agregó además que no cumplirle a los postulados con lo acordado envía un muy mensaje negativo al país, “manipular la Ley para evitar su aplicación, obstaculizar el acceso al beneficio por parte de los postulados, etc., proyectaría un nocivo mensaje al país que atraviesa por un proceso de conversaciones de Paz que merece garantías de confiabilidad y respeto para todas las partes”.

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Marco Tulio Pérez Guzman, alias ‘El Oso’.La verdad contada por su propio victimario. Eso era lo que querían las nueve víctimas de abuso sexual de Marco Tulio Pérez Guzmán, alias ‘El Oso’, excomandante del Frente Golfo de Morrosquillo del Bloque Héroes Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien acaba de ser excluido, en primera instancia, del proceso de Justicia y Paz, que le otorga beneficios, entre ellos una pena alternativa de 8 años de cárcel.

Lo que esperaban las mujeres era que alias ‘El Oso’ aceptara que sí abusó de ellas para que así sus nombres quedaran limpios ante sus vecinos de la zona rural del municipio de San Onofre, Sucre, quienes por años las señalaron y recriminaron porque siempre pensaron que ellas habían ido por su cuenta al campamento del exparamilitar a tener relaciones sexuales con él de manera consentida.

Este exparamilitar negó en repetidas ocasiones su participación en los delitos de abuso sexual contra estas mujeres, razón por la cual fue excluido, en primera instancia, de la lista de postulados a los beneficios de la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, a petición de la Fiscalía 10 Delegada ante la Unidad Nacional Especializada de Justicia Transicional (antes Unidad de Justicia y Paz).

El fallo fue apelado por la defensa y será la Corte Suprema de Justicia la que defina, en última instancia, si alias ‘El Oso’ sale o no del proceso.

Los magistrados de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla Gustavo Roa Avendaño, Cecilia Olivella Araujo y José Haxel De La Pava Marulanda, determinaron en su decisión que el exparamilitar Pérez Guzmán no demostró su real voluntad de arrepentimiento y ocultó la verdad de estos hechos, que ocurrieron mientras estuvo al mando del Frente Golfo de Morrosquillo. (Ver Entre el poder político y el abuso sexual en San Onofre)

Alias ‘El Oso’ estuvo en las Auc desde abril de 2001, cuando fue asignado por Rodrigo Mercado Pelufo, alias ´’Cadena’, como operador de radio en una finca del corregimiento de Vista Hermosa en San Onofre, Sucre, municipio donde cometió la mayoría de sus delitos.

De informar lo que ocurría en la zona a su jefe y atender a los paras heridos, pasó a comandante del área luego de que le propusiera a alias ‘Cadena’ que instalaran ‘radio chispas’ en cada municipio y corregimiento donde tenían influencia. De esa manera alias ‘El Oso’ consolidó su poderío en los corregimientos de Vista Hermosa, Plan Parejo, Libertad, Las brisas, Higuerón y Pajonal.

Inicialmente, permaneció desde diciembre de 2001 a 2003 en un campamento instalado en un sitio conocido como la Ye; de allí se fue a Higuerón, donde estuvo hasta el 6 de febrero de 2004 cuando fue capturado por la Fuerza Pública, justo un año antes de que se diera la desmovilización colectiva del Bloque Montes de María, el 14 de julio de 2005, enel corregimiento de San Pablo, en el municipio de María La Baja, Bolívar.

La presencia de este exparamilitar en la zona rural de San Onofre fue clave para apoyar a políticos de la región en las elecciones de 2002 y 2003, hecho que sí reconoció, a diferencia de los abusos que cometió contra las mujeres de Libertad y Plan Parejo, que se empeña en negar.

VerdadAbierta.com conoció que en sus versiones libres las víctimas siempre lo señalaron de abusar sexualmente de menores de edad y castigar a las mujeres que no accedían a sus deseos, a las que obligaba a hacer oficios domésticos en su casa durante ocho días, y a sus esposos les ordenaba barrer las calles del pueblo. Además, denunciaron los excesos de este ex paramilitar, quien en 2003 organizó un reinado entre las estudiantes de los colegios del área urbana y rural de San Onofre, y obligó a algunas de ellas a tener intimidad con él. (Ver La barbarie de ‘Cadena’ en San Onofre)

Para la Fiscalía, esta exclusión resulta un caso emblemático para el país. “Queremos decirle a la opinión pública que así como la Fiscalía no le hace conejo a quienes negociaron con el Estado, tampoco le hace conejo a las víctimas”, declaró Caterina Heyck Puyana, directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas.

El director de Justicia Transicional, Carlos Villamil, defendió la decisión al asegurar que a pesar de haber tenido todas las oportunidades procesales, es decir, versiones libres y diferentes audiencias de imputación, el postulado no aceptó la responsabilidad por su participación en hechos de violencia basada en género.

El Ente acusador hizo énfasis en que en diferentes versiones libres y audiencias le indicaron a ‘El Oso’ las situaciones de los nueve casos de abusos sexuales denunciados por sus propias víctimas, los que fueron suficientemente documentados por los investigadores, pero éste nunca aceptó ninguno. Se calcula que las víctimas de este exparamilitar sobrepasan las mil personas.

Cadena de negaciones
Alias ‘El Oso’ fue postulado en junio de 2007 a los beneficios de la Ley 975 y entre 2008 y 2011 acudió a las sesiones de versión libre, en las que se confiesan los hechos perpetrados durante su permanencia en las Auc. Pero solo fue hasta el 12 de enero de 2011, cuando en una sesión de versión libre la Fiscalía expuso el caso de nueve mujeres y “las circunstancias de tiempo, modo y lugar como sucedieron los hechos delictivos a él endilgados, de violencia sexual basada en género, acaecidos en los corregimientos de Libertad, Sabanetica y Alto de Julio, de San Onofre, Sucre, entre los años 2002 y 2003”. En esa ocasión, el postulado “manifestó desconocer los mismos, que eso es totalmente falso y que las víctimas nunca fueron abusadas”.

Por respeto a las víctimas, los casos no son contados en detalle. Pero VerdadAbierta.com conoció que una joven de 14 años denunció que fue abusada múltiples veces por alias ‘El Oso’, quien la amenazaba con atentar contra su papá si no accedía a sus deseos.

La menor fue requerida por los hombres cercanos al exparamilitar en cinco ocasiones: la primera la llevaron en moto hasta donde él estaba, se subió a un vehículo y la llevó a la zona rural donde la tuvo cinco días retenida, abusando de ella en 54 oportunidades. Después de ese día, la joven tuvo que acudir a los llamados que le hacía bajo amenaza.

Sin embargo, el exparamilitar Pérez Guzmán siempre expresó en este caso que “eso es totalmente falso”, y por el contrario revictimizó a la joven al acusarla de hacer la denuncia para que le pagaran “daños y perjuicios”.

Dada la importancia del tema, la Fiscalía solicitó una audiencia de formulación de imputación parcial de cargos, que se realizó el 22 de agosto de 2011, donde se le comunicó nuevamente de los nueve hechos de violencia de género y el postulado volvió a rechazar las sindicaciones y no los aceptó.

En una instancia siguiente del proceso de Justicia y Paz, que se conoce como audiencia de formulación de cargos realizada los días 23, 24 y 25 de abril de 2012, nuevamente alias ‘El Oso’ se resiste a aceptar los cargos formulados por acceso carnal violento contra las nueve víctimas. En una audiencia posterior, realizada el 22 de mayo de 2013, alias ‘El Oso’ admitió solo uno de casos imputado y rechazó los otros.

Para la Fiscalía, esa serie de negaciones se convirtieron en “razón suficiente para advertir que el postulado nunca ha tenido el propósito de contribuir decisivamente con la paz y la reconciliación nacional, al punto de violar el principio de lealtad que rige el proceso de Justicia y Paz”.

La Fiscalía radicó 6 de junio del 2013 la solicitud de exclusión de alias ‘El Oso’ ante el Tribunal de Barranquillay solo hasta el pasado 15 de agosto pudo sustentarla. La decisión en primera instancia se profirió ayer. Al respecto, los magistrados de la Sala de Conocimiento afirmaron que “es evidente su incumplimiento, lo cual le genera consecuencias adversas, configurándose la causal de terminación del proceso de Justicia y Paz y por ende la exclusión de la lista de postulados”.

¿Qué va a pasar con las víctimas?
Las víctimas siguen esperando la verdad. Sus casos, que ya fueron aceptados por línea de mando por ‘Diego Vecino’, quien fue el jefe superior de alias ‘El Oso’, continuarán siendo investigados por la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía.

Pero mientras la Fiscalía está tranquila porque el fallo es simbólico y abre las puertas a otras exclusiones de postulados que no hayan demostrado su interés en decir la verdad sobre los hechos que cometieron durante su permanencia en las Auc en los territorios donde hicieron presencia, las víctimas viven su propio calvario.

En la decisión de exclusión quedó plasmada la preocupación del representante de las víctimas de violencia de género, quien siempre resaltó el valor de las mujeres para denunciar los vejámenes a que fueron sometidas y el hecho de dar la cara ante la Fiscalía y los magistrados de Justicia y Paz, en las versiones libres y audiencias que se realizaron para esclarecer la verdad de los hechos.

“Ellas no esperaban saber lo que ocurrió porque ellas perfectamente lo saben ya, que son víctimas sobrevivientes de los hecho. Lo que ellas más esperaban es que esta verdad fuera conocida por su pueblo, por el corregimiento de Libertad porque después de que ocurrieron los hechos, estas mujeres fueron sometidas a múltiples señalamientos y hostigamientos por parte de sus vecinos, de sus coterráneos quienes las tildaban de haber ido voluntariamente al campamento de Marcos Tulio Pérez”, dijo en su momento el representante de las víctimas.

En esencia, continuó el representante de víctimas, “las mujeres esperaban que esa verdad fuera reconocida por sus victimarios y así mismo fuera reconocida por el corregimiento de Libertad y por todo el país y con esta esperanza acudieron al proceso, ellas buscaban una verdad reparadora que reestableciera su dignidad que fue el mayor daño que se les causo con esos hechos y se vincularon con esa esperanza al proceso, pero no fue lo que obtuvieron”.

La magistratura advirtió en su decisión que las víctimas no resultarán afectadas por esta exclusión por cuanto podrán participar en el incidente de reparación integral, donde se valoran los daños provocados por las Auc, dentro del proceso transicional que se adelanta contra el máximo responsable de este grupo armado, es decir, contra Edwar Cobos Tellez, alias ‘Diego Vecino’.

Asimismo se precisó que los derechos de las víctimas “podrán ser ejercitados a través de las instancias ordinarias de la jurisdicción penal, en donde se adelanten los procesos contra el excluido, y además, ejercer las reclamaciones pecuniarias a través de las entidades estatales creadas para tales efectos”, concluyó el Tribunal.

Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que deberá decidir, finalmente, si alias ‘El Oso’ saldrá del proceso de Justicia y Paz, con lo que perderá todos sus beneficios y afrontará penas de hasta 40 años de cárcel.

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La Sala Penal de la Corte mantuvo la pena alternativa de ocho años de prisión a los exjefes del Bloque Héroes de los Montes de María, ordenó algunos cambios a la sentencia y también hizo varias recomendaciones relacionadas con la reparación de las víctimas.

En uno de los puntos relacionados con el tiempo de la pena de prisión cumplida por los postulados, el Alto Tribunal estableció que no se les puede descontar el tiempo que permanecieron recluidos en las zonas de concentración. No obstante, sí les reconoce el tiempo que estuvieron detenidos en instalaciones del Inpec.

El 29 de junio de 2010, los exjefes paramilitares Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ y Úber Banquez Martínez alias ‘Juancho Dique’, fueron condenados por el Tribunal de Justicia y Paz a penas ordinarias de 39 y 38 años respectivamente por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias entre el 10 y el 11 de marzo de 2000.

Sin embargo, la Sala Penal de la Corte determinó que la reparación individual de las víctimas de esta masacre paramilitar no se debe tratar como casos iguales, determinando techos máximos al pago de indemnizaciones, como lo había dispuesto el Tribunal.

La Corte aceptó la solicitud de la Procuraduría y los defensores de algunas víctimas de impugnar la cuantificación de la reparación de las víctimas mediante el concepto de equidad y no de derecho.

En junio del año pasado, el Tribunal de Justicia y Paz estableció los montos iguales de reparación para todas las víctimas, basándose en el criterio de equidad, debido a la “imposibilidad de evaluar de acuerdo a las reglas probatorias ordinarias el daño material e inmaterial causado, debido (i) a la cantidad de víctimas, (ii) al carácter masivo de violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y (iii) al hecho de que en casos como el de los desplazados forzadamente tuvieron que huir de repente sin poder llevarse con ellos documentación alguna relativa a la titularidad de los bienes que tuvieron que dejar atrás u otros que acreditaran su pertenencia de muebles”.

Bajo ese panorama, el Tribunal de Justicia y Paz argumentó que “surge la necesidad de tener que establecer un sistema de reparaciones basado en el concepto de la equidad, siguiendo la práctica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las masacres de Pueblo Bello y de Ituango, que constituyen condenas recientes contra Colombia por asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por grupos paramilitares en zonas rurales”.

Los abogados de algunas víctimas que pidieron impugnar el fallo del Tribunal, señalaron que el concepto de equidad puede utilizarse cuando las víctimas no tienen pruebas para acreditar el daño que recibieron. Pero cuestionaron que la reparación se basara en ese concepto y no en las pruebas presentadas durante el incidente de reparación.
 
En su fallo, la Corte Suprema le dio la razón a los impugnantes en el tema de la indemnización, porque en el incidente de reparación las víctimas “allegaron los diversos medios” para logar sus pretensiones en cuanto al monto de la reparación. El Alto Tribunal reconoció que aunque las condiciones de las víctimas “en su gran mayoría eran similares, tenían también sustanciales diferencias, por ejemplo, cuando una persona resultó víctima de más de un delito”.

Por último, para la Corte “es claro que la real o supuesta insuficiencia presupuestal para pagar a la totalidad de víctimas de los grupos armados al margen de la ley, no puede servir de excusa para decidir “en equidad” acudiendo impropiamente a un igualitarismo contrario al derecho a la igualdad de las personas ante la ley, con mayor razón si el pago de la reparación corresponde en primer término a los perpetradores y al grupo al cual pertenecen, y sólo de manera sucedánea al Estado a través de las entidades dispuestas para cumplir tal cometido”.

En consecuencia, se debe examinar el caso particular de cada familia, víctima de desplazamiento forzado, cundo no disminuida por la muerte de alguno de sus allegados en esta incursión armada.

Estas son las decisiones que tomó la Corte Suprema de Justicia ante la primera sentencia de Justicia y Paz:

“1. DECLARAR que no procede la nulidad del incidente de reparación integral ni la invalidación de la sentencia impugnada, según fue propuesto por los Procuradores Delegados en representación de la sociedad y como legitimado para demandar la reparación del daño colectivo.

2. REVOCAR la cuantificaciónde las reparaciones “en equidad”, para proceder a tasarlas en derecho.

3. MODIFICAR el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para fijar la indemnización de perjuicios ocasionados por los delitos objeto de este proceso con los criterios y cuantías definidos en esta determinación, los cuales comportan la inclusión y exclusión de las víctimas, corrección de los nombres precisamente indicados en la parte motiva y la revocatoria del plazo otorgado al Fondo de Reparación para hacer efectivas las indemnizaciones.

4. MODIFICAR el numeral séptimo de la parte resolutiva del fallo impugnado en el sentido de aclarar que todas aquellas medidas de rehabilitación, satisfacción, no repetición y colectivas por medio de las cuales se imparten órdenes a las diversas autoridades estatales se deben entender como exhortaciones para su cumplimiento, excepción hecha de las medidas de satisfacción de carácter simbólico y de no repetición contempladas en los apartados 358, 359, 360 y 362 de la sentencia. Por la misma razón, se revocan los plazos establecidos para el cumplimiento de las obras públicas y programas ordenados.

5. ADICIONAR la sentencia recurrida para declarar la extinción de dominio de los bienes inmuebles ofrecidos por el postulado COBOS TÉLLEZ, identificados en la parte considerativa de esta decisión (acápite 2.6), con el fin de que ingresen al Fondo de Reparación, se moneticen y, con el dinero obtenido, se indemnice a las víctimas.

6. REVOCAR el numeral octavo de la parte resolutiva del fallo, pero sugerir a la Fiscalía General de la Nación contemple la posibilidad de crear, previo estudio sobre su viabilidad, una subunidad de operaciones financieras nacionales e internacionales, análisis de títulos y lavado de dinero, encargada de identificar bienes de quienes están llamados a reparar a las víctimas.

7. REVOCAR el numeral noveno del fallo impugnado.

8. MODIFICAR los numerales décimo, once y doce de la misma decisión en el sentido de aclarar que la competencia para afectar bienes de personas que han sido condenadas o estén siendo procesadas por asuntos relacionados con la llamada parapolítica, corresponde legalmente a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación y no a la Unidad de Justicia y Paz de ese mismo ente.

9. REVOCAR la orden contenida en el apartado 285 del fallo impugnado, no consignada en la parte resolutiva, en cuanto dispuso que en un término no superior a 60 días se anulen los actos de restitución de bienes decretados por la Fiscalía a favor de las víctimas y sean puestos a disposición de las Salas de Conocimiento de los Tribunales de Justicia y Paz.

10. EXHORTAR al Gobierno Nacional para que en la forma indicada en la parte motiva de este proveído [acápite 2.3.(b)], diseñe e implemente las políticas necesarias para concretar el restablecimiento de la capacidad laboral de las víctimas de los hechos tema de este proceso.

11. ADICIONAR la sentencia recurrida para indicar que en este trámite no obra elemento de juicio alguno a partir del cual puedan atribuirse antecedentes penales como integrantes de organizaciones guerrilleras o por tener vínculos con ellas, a quienes para el 10 y 11 de marzo de 2000 habitaban los corregimientos de Mampuján y San Cayetano, en especial respecto de las once víctimas del delito de homicidio en la vereda Las Brisas.

12. NEGAR las solicitudes elevadas como medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción, mencionadas en el acápite 2.3 de esta decisión, literales c, f, g, h, i, j, k, l y m.

13. NO RECONOCER a los postulados rebaja de pena por confesión, aceptación de cargos y colaboración conla justicia.

14. DETERMINAR que la pena alternativa impuesta a los postulados no comprende la multa ni la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

15. EXHORTAR a la Sala de Justicia y Pazdel Tribunal Superior de Bogotá para que en los futuros fallos y decisiones que emita se abstenga de incluir datos que permitan identificar a los hijos menores de edad de los postulados.

16. DETERMINAR que los postulados tienen derecho a que se les tenga como parte cumplida de la pena el tiempo en el cual permanecieron en privación de la libertad en los establecimientos de reclusión de justicia y paz administrados y definidos por el INPEC, siempre y cuando la autoridad judicial encargada de vigilar y controlar la ejecución de la pena verifique el cumplimiento efectivo de la sanción. En todo caso, dicho tiempo NO INCLUYE el que permanecieron en la zona de concentración.

17. FIJAR como nueva fecha para realizar la ceremonia de recordación de las víctimas, el día 10 de marzo de 2012.

18. CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de primera instancia”.

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– Mampuján, la primera sentencia de Justicia y Paz – Mampuján, las primeras víctimas que serán reparadas por los ‘paras’ – Miembros del Batallón Malagana fueron cómplices de ‘paras’ en Mampuján – Reparación histórica en Mampuján – ¿Por qué la Corte anuló la primera sentencia de Justicia y Paz? – La versión de las víctimas es preponderante: Corte Suprema

Seguramente la culpa es del fútbol, pero una de las noticias más importantes de la semana pasó prácticamente inadvertida. El martes anterior, en la tarde, en el auditorio del Tribunal Superior de Cundinamarca, la magistrada Uldi Teresa Jiménez profirió la primera sentencia contra los paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz. El fallo deja al desnudo una realidad de a puño: o el país se dedica a conseguir presupuesto para reparar a las víctimas o no podrá cumplir con lo que ordenan los jueces. La reparación de Mampuján, un caserío de Bolívar donde hubo 11 muertes y el desplazamiento de todo un pueblo, cuesta la módica suma de 117.000 millones de pesos.

La magistradaordenó pagar no más de 240 millones a cada familia que perdió a un ser querido y no más de 120 a cada familia de desplazados, así como realizar inversiones para reconstruir el caserío. Las víctimas quedaron insatisfechas y apelaron porque esos montos son la mitad de lo establecido en las cortes internacionales. Pero los estándares globales de reparación económica tienen ribetes de tragicomedia.

En cinco años, el Fondo de Reparación solo ha logrado obtener 32.000 millones de los bienes entregados por los paramilitares. Es decir, todo el fondo alcanza apenas para una cuarta parte de esta sentencia, que es solo por una masacre. De hecho, los jefes paramilitares Juancho Dique y Diego Vecino, los dos condenados, entregaron apenas una casa, cuatro predios rurales y unos carros ya casi inservibles. Según la propia magistrada Jiménez, los hechos de Mampuján solo representan el 0,39 por ciento de los crímenes de las AUC, pues ya hay registradas 280.000 víctimas. Esta reparación corresponde a un solo hecho pero hay 4.000 que ya han sido imputados y el doble en proceso de ser legalizados. Es decir que hay un problema financiero muy grave.

Jiménez les exige a las autoridades tomar medidas que hasta ahora no estaban contempladas. Ordena que los bienes de loscongresistas condenados por parapolítica entren al Fondo de Reparación, y medidas cautelares a los bienes y propiedades de los que están siendo investigados por vínculos con las autodefensas. Eso puede ser mucho más fácil que encontrar los testaferros de los paramilitares, y obviamente puede haber mucho dinero en juego. Pero será una batalla política y jurídica sin precedentes. También le sugiere al Congreso crear un impuesto para las empresas que financiaron grupos paramilitares y le pide a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que consiga dinero en el exterior. También que los bienes de los paramilitares en extinción de dominio entren al fondo.

Desde el punto de vista de los derechos, nadie objeta que las víctimas merecen ser reparadas de manera generosa. Pero desde la perspectiva de la viabilidad de las políticas, lo que deja planteado este fallo es que en cuanto a la reparación, el país va rumbo al fracaso.

El presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, ha dicho en muchas ocasiones que lo único que ha funcionado en el contexto internacional es la reparación por vía administrativa, como la hizo Chile. Allí las víctimas tuvieron acceso privilegiado a programas de salud, crédito, educación y memoria histórica. Pero eran un universo más pequeño, y la reparación se hizo en un contexto de transición política. En Colombia se ha optado por dos mecanismos simultáneos: una reparación administrativa, que paga 17 millones a cada víctima, y la vía judicial, que es más onerosa.

Lo que ha quedado claro es que el país debe buscar una salida. En ese sentido parecen ir los acercamientos entre Gustavo Petro y el presidente electo, Juan Manuel Santos. “Lo que yo propongo no tiene costo fiscal porque es una confesión alrededor del tema de las tierras”, dice Petro, quien también considera que el tema de las víctimas tiene que ser un propósito nacional. Pizarro parece estar de acuerdo: “Llegó el momento de un gran diálogo nacional sobre la Ley de Justicia y Paz”, dice. Ojalá sea más temprano que tarde.

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La sentencia de la magistrada Uldi Teresa Jiménez (en el centro) fue apelada por las víctimas.

– Mampuján, la primera sentencia de Justicia y Paz – Mampuján, las primeras víctimas que serán reparadas por los ‘paras’ – Miembros del Batallón Malagana fueron cómplices de ‘paras’ en Mampuján – Reparación histórica en Mampuján – ¿Por qué la Corte anuló la primera sentencia de Justicia y Paz? – La versión de las víctimas es preponderante: Corte Suprema

El martes pasado una audiencia colmada de abogados de víctimas, funcionarios de la Comisión de Reparación y Reconciliación (Cnrr), empleados de la Defensoría del Pueblo y periodistas esperaban con impaciencia el primer fallo de Justicia y Paz en casi cinco años de proceso (Ver multimedia: Mampuján, la primera sentencia de Justicia y Paz).

El Tribunal Superior de Bogotá juzgó a los dos ex jefes paramilitares Edwar Cobos, alias ‘Diego Vecino’ y Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’ por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján, un corregimiento de María La Baja, Bolívar, el 10 y 11 de marzo.

Si bien la magistrada Uldi Teresa Jiménez condenó a los dos ex jefes paramilitares ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ a una pena alternativa de ocho años de cárcel por contribuir con la justicia, la verdad y la reparación, lo que todos los asistentes esperaban era el monto de la reparación que el Tribunal establecería para las víctimas.

Como este fue el primer fallo de Justicia y Paz, tenía que marcar un precedente para la reparación de las más de 281 mil víctimas del paramilitarismo registradas hasta hoy ante la Fiscalía.

Para los hijos, los padres y los esposos de los 11 campesinos que asesinaron las autodefensas el Tribunal ordenó que el Fondo Nacional de Reparación les pague 40 millones a cada uno de los miembros, con un máximo de 240 millones para toda la familia. Y que los hermanos de los asesinados sean indemnizados con cuatro millones de pesos.

Cada uno de los 1081 desplazados de Mampuján recibirá por su parte 17 millones de pesos, con un máximo de 120 millones de pesos por familia y las siete personas que fueron secuestradas, que los ‘paras’ usaron como guías en la arremetida contra el pueblo, obtendrán 30 millones de pesos.

La magistrada Uldi Teresa Jiménez tasó el total de la reparación en 20 mil millones de pesos, además de ordenar inversiones al Estado para construir escuelas, puentes, carreteras, redes de servicios públicos y programas económicos y educativos en Mampuján.

Sin embargo las pretensiones de las víctimas estaban muy por encima de lo que  dictó el Tribunal, pues por cada familia de víctimas de la masacre pedían un promedio de mil millones de pesos y por cada familia desplazada entre 460 y 500 millones de pesos. Por eso todos los abogados de las víctimas apelaron la decisión, así como la Procuraduría, la Fiscalía y los paramilitares.

Lo que pudo establecer VerdadAbierta.com es que la estrategia de las víctimas fue pedir grandes cantidades de dinero para llegar a un acuerdo intermedio, sin embargo les sorprendió que sólo les dieran 40 millones de pesos por víctima de homicidio y 17 por desplazado.

Al final del juicio una defensora de víctimas le dijo a VerdadAbierta.com que no les quedaba otra vía que apelar: “Con la reparación administrativa (la que el Estado otorga sin pasar por un juicio) le dan a la víctima  de asesinato, desplazamiento o desaparición unos 15 millones de pesos. Para qué someter las víctimas, todo el aparato judicial, al Estado a tanto desgaste para tan poquito”.

Sin embargo, es claro que por ser el primer fallo de Justicia y Paz, la decisión de la magistrada Jiménez es la base para los demás juicios y reparaciones que deberán asumir los desmovilizados de las Auc. Por eso el Tribunal buscó llegar a un monto realista frente al Fondo de Reparación y al presupuesto nacional.

¿Cómo llegó el Tribunal a esta cifra?
Según los cálculos de la magistrada Uldi Teresa Jiménez, la masacre y el desplazamiento de Mampuján sólo representan 0,39 por ciento de los crímenes de los ‘paras’ en Colombia.

Así, con base en el promedio que cada víctima de Mampuján reclama, 645 millones de pesos, el monto total de reparación para todos los sobrevivientes de la violencia paramilitar en Colombia alcanza 610 billones de pesos, más de tres veces el presupuesto de 2010 del estado colombiano.

Por eso el Tribunal basó su cifra final en lo que el Estado colombiano le tocó pagar a víctimas de las autodefensas por las condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por las masacres de Pueblo Bello y de Ituango: alrededor de 240 millones de pesos por familia.

Sin embargo, abogados de las víctimas le dijeron a VerdadAbierta.com que “estos cálculos deslegitiman el proceso, no se puede calcular cómo si todas les víctimas fueran a ser reparadas al mismo tiempo. Además no está probado que las 280 mil víctimas registradas en realidad lo sean”.

Otro defensor añadió: “Acá no hacemos consideraciones presupuestales, estamos hablando de vidas destruidas, de muertos, masacres”.

¿Dónde conseguir el dinero para reparar?
A pesar de las diferencias sobre el monto de reparación, la magistrada Uldi Teresa Jiménez constató un evidente problema con el Fondo Nacional de Reparación, que sólo cuenta con 33 mil millones de pesos para reparar las 280 mil víctimas de los ‘paras’. Lo que quiere decir, en palabras de la magistrada Jiménez, que el dinero “sólo alcanzaría para atender 0,39 por ciento de las víctimas” o a darle a cada una 118 mil pesos, menos de la mitad de un salario mínimo.

“El fondo del problema es saber qué voluntad tiene el Estado para reparar a las víctimas. De todos modos hay que meterse la mano al bolsillo, la pregunta es saber qué tan hondo” le dijo a VerdadAbierta.com un defensor de víctimas de la Defensoría del Pueblo.

Según la ley de Justicia y Paz, la reparación tiene que salir del Fondo Nacional de Reparación, que maneja Acción Social. El Fondo está constituido por dineros mixtos que salen del presupuesto del gobierno; los bienes y el dinero que los ‘paras’ han entregado voluntariamente y otra parte constituida por eventuales donaciones extranjeras.

El problema es que los ‘paras’ hasta ahora han entregado sólo 33 mil millones de víctimas (entre bienes y dinero en efectivo), por eso el Tribunal ordenó nuevas medidas para que se obtengan más recursos y así garantizar la reparación a las víctimas de estos dos ex paramilitares.

En primer lugar, el fallo pidió que los parapolíticos también tengan que responder a las víctimas y que sus bienes tienen que pasar al Fondo Nacional de Reparación. También dictó que las posesiones de los políticos que están siendo juzgados por sus presuntos nexos con los ‘paras’ tienen que ser cobijadas por medidas cautelares mientras se define su situación judicial.

Por otra parte el Tribunal le pidió a la Justicia y Paz de la Fiscalía crear una unidad especializada en análisis financiero que se dedique a buscar e identificar los bienes que los paramilitares desmovilizados esconden y que también encuentre a todas las víctimas de robos de tierra en el país.

La sentencia también le exigió a la Fiscalía recuperar todos los bienes de ex paramilitares que ahora están en extinción de dominio, ya que estos terminan en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes y no en las del Fondo Nacional de Reparación.

El Tribunal además propuso crear un impuesto especial para todas las empresas que de una manera u otra financiaron a los paramilitares, como la multinacional estadounidense Chiquita. El dinero iría directamente a las víctimas.

Por último el Tribunal expresó que las posesiones de los herederos de los ‘paras’ muertos, como los hermanos Castaño o Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, tienen que trasladarse al Fondo de Reparación.

Ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá que tomar el caso contra ‘Juancho Dique’ y ‘Diego Vecino’ y determinar cómo y de cuánto será la reparación a las más de 281 mil víctimas de los ‘paras’.

Veael especial multimedia de la primera condena de Justicia y Paz:

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Después de cinco años de Justicia y Paz, se dictó la primera sentencia contra dos jefes del paramilitarismo, ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’, por crímenes contra la comunidad de Mampuján, un corregimiento de María La Baja, Bolívar. Multimedia de VerdadAbierta.com de cómo se llegó a esta histórica condena.

Los ex jefes paramilitares Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ y Úber Banquez Martínez alias ‘Juancho Dique’ fueron condenados por el Tribunal Superior de Bogotá a penas ordinarias de 39 y 38 años respectivamente por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján el 10 y 11 de marzo de 2000.

Sin embargo los dos desmovilizados, por estar cobijados por la ley de Justicia y Paz tendrán una pena alternativa de ocho años.

El Tribunal encontró culpables a ‘Diego Vecino’ y a ‘Juancho Dique’ de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento, secuestro, hurto, porte ilegal de armas y uso de prendas de las FF.AA.

El Tribunal calificó la masacre y el desplazamiento de Mampuján de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y de Lesa Humanidad por haber atacado civiles inocentes.

El Tribunal también determinó la indemnización que deberán recibir las víctimas para ser reparadas.

La reparación individual se basó en las condenas a Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por homicidio, los paramilitares tendrán que pagar 240 millones por familias víctimas, con un máximo de 40 millones de pesos por víctimas sobrevivientes.

Por desplazamiento, cada familia deberá recibir 120 millones de pesos, es decir 17 millones por cada desplazado. El Tribunal también otorgó una indemnización por los secuestrados de 30 millones de pesos.

Las víctimas, que habían pedido un promedio de 645 millones de pesos por cada familia apelarán la decisión.

Ahora la Corte Suprema de Justicia tendrá que resolver el caso, que marcará un precedente para juzgar los miles de desmovilizados del paramilitarismo y para determinar con cuánto se reparará a las víctimas de masacre, desaparición, desplazamiento, secuestro y robo, entre otros.

En este multimedia de VerdadAbierta.com presenta cuatro claves para entender fallo de la justicia colombiana sobre cómo los paramilitares desplazaron a la comunidad de Mampuján, al occidente de Sucre:

– Cómo fue la masacre y el desplazamiento masivo de Mampuján: un mapa interactivo sobre el recorrido de los paramilitares el 10 y 11 de marzo de 2000.

– El cara a cara con los victimarios: el juicio contra ‘Juancho Dique’ y ‘Diego Vecino’ fue la primera oportunidad para que las víctimas confrontaran a los paramilitares responsables de once asesinatos  y el desplazamiento de una comunidad entera. Apartes de algunas de las preguntas que las víctimas le hicieron a los dos ex ‘paras’.

– La reparación a las víctimas: infografía que ilustra qué ofrecieron los dos desmovilizados para reparar y qué exigieron las víctimas y la Procuraduría. 

– El fallo: artículo que explica los detalles y las implicaciones de la decisión judicial.

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The Bogota’s Superior Court sentenced Edward Cobos Téllez aka ‘Diego Vecino’ and Úber Banquez Martínez aka ‘Juancho Dique’, two former paramilitary commanders, to ordinary penalties of 39 and 38 years respectively for the slaughter of 11 peasants and displacement of 300 families in Mampujan on the 10th and11th of March, 2000.

However, both demobilized paramilitary men, being sheltered by the Justice and Peace have an alternative sentence of eight years.

The Court found guilty “Diego Vecino” and “Juancho Dique” of the crimes of conspiracy, murder, displacement, kidnapping, robbery, illegal possession of weapons and wearing uniforms that can only be used by the Army.

The Court considered that the massacre of Mampujan and displacement of its people are crimes against international humanitarian law and against humanity.

The Court also determined the compensation victims should receive as a restoration of their rights.

The compensation was calculated according to other rulings by the Inter-American Court of Human Rights. The paramilitaries have to pay 240 million to each family who had a loved-one murdered, with a maximum of 40 million pesos for surviving victims.

For displacement, each family will receive 120 million pesos. The Court also awardeda 30-million-compensation to persons who had been kidnapped.

The victims, who had requested an average of 645 million pesos for each family will appeal the decision.

Now the Supreme Court of Justice will review the case, which will set a precedent on justice and truth for the thousands of demobilized paramilitaries and restoration for their victims of massacres, disappearance, displacement, kidnapping and robbery, among others.

This VerdadAbierta’s multimedia presents four keys to understand the verdict:

– How was the massacre and mass displacement of Mampuján: an interactive map on the path of the paramilitaries on March 10th and 11th, 2000.

– Face to face with the executioners: the trial of ‘Juancho Dique’ and ‘Diego Vecino’  was the first opportunity for the victims to confront the paramilitaries responsible for eleven murders and displacement of an entire community. Excerpts from some questions victims asked.

– What the victims asked for: a graphic showing what victims, their lawyers and the General Attorney’s Office asked the Court to grant the victims as restoration and what the paramilitaries offered.

– The verdict: An article that explains the details and implications of the Court´s sentence.

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Mampuján quedó deshabitado hace exactamente 10 años y hoy es un pueblo fantasma. Las 180 familias huyeron en estampida en una noche de terror. El vicefiscal Fernando Pareja (en la foto de barba y gorra), quien le ha dado un nuevo impulso al proceso de Justicia y Paz, recorrió el lugar y sostuvo reuniones con las víctimas.

La Corte Penal Internacional lleva ya 12 años operando y aún no ha logrado llevar a juicio ninguno de sus casos. El vicefiscal Fernando Pareja trae el dato a cuento para dar una idea de la importancia que tiene la audiencia de reparación que comienza este lunes en Bogotá, en conexión vía videoconferencia con Mampujancito, población de los Montes de María, y con Cartagena.

Después de cinco años de comenzar a poner en práctica la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de más de 33.000 paramilitares, con este caso se abre la última etapa del proceso.

Esta es una audiencia inédita en el país. Se trata de que las víctimas debatan con sus victimarios cómo van a reparar el daño que les causaron. En este caso son 1.456 personas las que se han identificado como víctimas. Y una vez termine la audiencia de reparación, que se estima dure dos semanas, los magistrados tendrán un mes para entregar la sentencia.

¿En qué consiste el caso? ‘Diego Vecino’, comandante del bloque Héroes de los Montes de María, había sido secuestrado por el ELN. Y estaba convencido de que lo habían mantenido cautivo cerca de Mampuján. Un corregimiento de Marialabaja, Bolívar, en donde según los recuerdos de una veintena de sus nativos, vivían 180 familias. “Era un pueblo del que quien llegaba quedaba enamorado. Buena ‘atendencia’, buena comida, buena dormida”, cuenta uno de los abuelos. “Uno llegaba en cualquier día de la semana y uno se preguntaba si había fiesta por la alegría de los jóvenes -anota otro-. Nos reuníamos a recitar las décimas, tomábamos ron y conversábamos”.

A las 7 de la noche del 10 de marzo del año 2000, un grupo armado al mando de Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, llegó, ordenó a todos reunirse en la cancha de fútbol y formarse en fila india. Uno a uno fueron pasando para ser examinados por alguien que tenía su rostro cubierto con un pasamontañas. Al parecer, no encontraron a quien buscaban. Y tres horas después, antes de irse, advirtieron: “Si cuando volvamos mañana hay alguien en este pueblo, se muere”. De inmediato todos huyeron en estampida. Tres semanas antes en un corregimiento vecino, El Salado, habían caído papeles de un helicóptero que anunciaban la muerte y luego se dio una de las masacres más cruentas del país.

Tomaron a siete hombres de la población como rehenes y guías. Al grupo de ‘Cadena’, que estaba conformado por 60 hombres armados, se le unieron otros 90 en Mampuján que venían de San Juan Nepomuceno al mando de alias ‘el Gallo’ y de alias ‘Amaury’, subalternos de ‘Jorge 40’ y Salvatore Mancuso.

Los habitantes dejaron abandonadas sus pertenencias. Los siete guías fueron dejados en libertad en la madrugada. Los paramilitares iban en busca del supuesto campamento en el que había estado secuestrado ‘Vecino’ y en donde murió su escolta, un oficial retirado de la Infantería de Marina. Según Úber Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, cuando llegaron a Las Brisas no encontraron el campamento, ‘Cadena’ montó en cólera y dio la orden de sacar a las personas de sus casas. Asesinaron a 11 hombres, entre ellos dos hermanos y su padre y otros tres hermanos.

Por estos hechos, la fiscal Yolanda Gómez Martínez le formuló cargos a Edwar Cobos Téllez, jefe del frente Montes de María, y a Úber Bánquez Martínez, del frente Canal del Dique. Ellos dos, ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ estarán presentes en la audiencia. Los demás 160 hombres armados que participaron no han sido capturados. Esta audiencia marcará el derrotero de cómo se harán muchas otras en el futuro. El vicefiscal Pareja, quien en los últimos meses le ha dado un gran impulso a este proceso, espera que puedan citar otras cinco más este año. De ser así, el proceso de Justicia y Paz, que parecía estancado, tomaría nuevos bríos.

En esta audiencia no solo se decidirá cómo los dos paramilitares van a reparar este daño colectivo, sino que se determinará el compromiso que tiene el Estado. En la audiencia estarán presentes la Gobernación de Bolívar, el presidente de la Asamblea, el alcalde de Marialabaja y todas las autoridades encargadas del tema de reparación en el país, para definir su participación.

“Casi me atrevería a decir que esa experiencia de reparación colectiva como la que vamos a comenzar en Colombia son contadas en el mundo. De lo que conozco, estaría el caso de Marruecos, el actual príncipe escogió algunos casos para hacer reparación, o el de Alemania con Israel, que era en dinero. Lo de Sudáfrica más bien fueron ceremonias de sanación social pero no de reparación del daño”, concluyó Pareja.

Publicado en Semana 26/04/2010

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