Efectivos de la IV Brigada del Ejercito estarían comprometidos en acciones coordinadas con el Bloque Mineros de las Auc.

La sentencia que emitió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra el exjefe del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’, no sólo ordena que se investigue al hoy senador Álvaro Uribe Vélez, por su actuación como gobernador de Antioquia durante la masacre del Aro, en Ituango, en 1997. También pide que se indague a miembros del Ejército y la Policía, fiscales y jueces vinculados a crímenes gravísimos.

El Tribunal ordena que se compulsen copias contra varios oficiales de la IV Brigada, y a un fiscal, por la masacre de Parques del Estadio, un episodio en el que perdieron la vida cuatro hombres que fueron presentados como guerrilleros de las Farc, pero que en realidad fueron asesinados en un ajuste de cuentas por narcotráfico.

El 28 de febrero de 2004 en la unidad residencial Parques del Estado, vecina a la sede de la IV Brigada del Ejército, en el occidente de Medellín, el Pelotón Urbano Antiterrorista, del Batallón Yariquíes, bajo el mando del capitán Rogelio Ernesto Echeverri Palacio, realizó un allanamiento contra una supuesta célula de las Farc que estaría reunida en el apartamento 916 del bloque 4 de ese conjunto residencial planeando acciones para desestabilizar a la ciudad.

Ese día, la oficina de prensa de la IV Brigada emitió un comunicado en el que se dijo que tropas de esa guarnición militar “intentaron detener a cuatro sospechosos que vivían allí desde hacía poco más de un mes, según la información recolectada por la Inteligencia Militar”. El texto asegura que “los habitantes del apartamento no atendieron los requerimientos de las tropas y respondieron con disparos, los cuales alcanzaron una de las piernas del primer soldado que intentó ingresar al lugar”. Los muertos en este episodio fueron Fredy Hernán Berrío Torres, Oscar Peñaranda Ortiz, Rafael Arias Arias y Jesús Antonio Carvajal Mazo.

Así registró un diario regional los hechos ocurridos en el conjunto residencial Parques del Estadio.

Sin embargo, el exjefe paramilitar ‘Cuco’ Vanoy dijo ante los tribunales de Justicia y Paz que él le pagó 500 millones de pesos a la ‘Oficina de Envigado’ por el asesinato de Fredy Hernán Berrío, quien lo había traicionado en un negocio de cocaína. Ni Vanoy ni la justicia han logrado establecer cómo terminaron vinculados a este hecho los miembros de la IV Brigada.

Los oficiales a quienes se ordena investigar son Guillermo Granados Mejía, en ese entonces comandante del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 4 Cacique Yariguíes, y Oscar Anzola, quien es jefe de prensa de esa unidad militar. También a dos uniformados identificados por sus apellidos -Sánchez Rey, Muñoz y Piedrahita-, quienes estuvieron en el lugar de los hechos y de acuerdo con la versión entregada por el Darío Eduardo Leal Rivera, fiscal 48 delegado ante el Gaula del Ejército, “contaminaron laescena del crimen”.

La Sala de Justicia y Paz conminó a la Fiscalía para que evalúe si puede recurrir a una acción de revisión que permita investigar nuevamente al Capitán Rogelio Ernesto Echeverri Palacio y los soldados profesionales Luis Valencia Jiménez y Gustavo Alonso Valencia Quintero, pues el 4 de abril de 2006, la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín (proceso 2034) dictó resolución de preclusión del caso.

Los magistrados solicitan que se reabra la investigación “debido a la contaminación de la escena del crimen, por lo evidente de huellas de arrastre que sugieren el movimiento de los cuerpos ya sin vida por el apartamento, armas sostenidas por los cadáveres que momentos antes habían recibido disparos en los brazos, etc.”.

Esa acción de revisión también había sido solicitada el 25 de enero de 2011 por Olimpo Castaño Quintero, magistrado con funciones de control de garantías de la Unidad de Justicia y Paz, luego de escuchar la confesión del excomandante del Bloque Mineros. (Leer Procuraduría y Fiscalía pedirán revisar fallo sobre masacre de narcos)

¿Conexión con ‘La Oficina’?

El empresario del fútbol Gustavo Upegui padeció el secuestro de sus hijos Juan Pablo y Felipe a mediados de la década del noventa. Su destino fue trágico: fue asesinado el 3 de julio de 2006.

La otra masacre que plantea interrogantes sobre una posible conexión de miembros del Ejército con organizaciones narco-paramilitares es la de Juntas, ocurrida a finales de marzo de 1996 en zona rural del municipio de Valdivia. El Tribunal recordó que esta matanza tuvo como antecedente el secuestro de Juan Pablo Upegui Gallego, actual accionista mayoritario del Envigado Fútbol Club, recientemente incluido en la Lista Clinton por las autoridades de Estados Unidos, bajo sospechas de lavado de activos del narcotráfico en favor de la ‘Oficina de Envigado’.

Upegui Gallego fue secuestrado el 29 de enero de ese año y, de acuerdo con la versión de ‘Cuco Vanoy’, el operativo de liberación fue coordinado por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y el empresario de transporte en helicópteros Luis Guillermo Ángel, conocido como ‘Guillo Ángel’. No obstante en el ‘rescate’ participaron miembros del Gaula Rural del Batallón Granaderos, adscritos también a la IV Brigada. En este hecho murieron tres personas, que al parecer eran parte de los secuestradores, y que fueron presentados como bajas en una operación legítima.

Al respecto, la Sala de Justicia y Paz de Medellín consideró que “se hace palmaria la necesidad de investigación penal y disciplinaria de cara a determinar sí efectivos del Ejército Nacional pudieron haber ejecutado conductas antijurídicas susceptibles de ser sancionadas”.

¿Policías cómplices?
Miembros de la Policía Nacional aparecen involucrados en una tercera masacre en la sentencia contra ‘Cuco’ Vanoy. Se trata de la matanza ocurrida en el corregimiento La Granja, de Ituango, el 11 de junio de 1996, donde perdieron la vida seis personas, y en la cual, según testimonios de exparamilitares, hubo coordinación con agentes de la Policía Nacional, quienes los dejaron movilizar por lacarretera para perpetrar el crimen. (Leer Masacre de La Granja)

La Sala de Justicia y Paz ordenó a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, así como a la Procuraduría General de la Nación, “que se recabe en las investigaciones de los miembros de la Fuerza Pública que fungían como comandantes en los municipios de Santa Rosa de Osos, San Andrés de Cuerquia e Ituango”.

Asimismo, según información recopilada por la Fiscalía, el 5 de mayo de 2002 seis personas que se transportaban por el sector de Chorrillos, en la vía hacia Briceño, fueron retenidas por un comando armado del Bloque Mineros. Cuatro de ellas aparecieron asesinadas a los pocos días, y dos más permanecen desaparecidas.

El Tribunal ordena que se investigue a los agentes que prestaban servicio en Briceño para la época, ya que según testimonios, los familiares de las víctimas acudieron en solicitud de auxilio, sin obtener respuesta, “evidenciándose, como mínimo, una sustracción al deber legal de los integrantes del Comando de Policía de Briceño, situación que deberá investigar la Fiscalía respecto del Comandante de la época”.

Una absolución cuestionada
La magistratura en Medellín también solicitó investigar a Catalina Rendón Henao, quien actuando como jueza segunda penal del Circuito Especializado de Antioquia, emitió fallo a favor del exalcalde de Tarazá, Miguel Ángel Gómez García, quien venía siendo procesado por concierto para delinquir, por supuestos nexos con ‘Cuco’ Vanoy, afectando con ello a los miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia (Sintraofan), seccional Tarazá. (Leer Sindicalistas en Antioquia, blanco de los ‘paras’)

Si bien el exjefe paramilitar narró ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz detalles de sus alianzas con el mandatario local, que incluyeron negocios de fincas, la juez desestimó esos señalamientos y mediante la sentencia N. 067 del 29 de diciembre de 2010 emitió un fallo absolutorio y lo dejó en libertad.

Esta decisión, según el Tribunal, fue tomada “a pesar de que con base en la prueba testimonial recaudada por la Fiscalía se puede establecer con probabilidad de verdad que el procesado tenía una alianza con el grupo ilegal, como así lo reiteró en varias ocasiones el mismo postulado Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’ Vanoy, acerca de que Gómez García era cercano al Bloque Mineros, era su amigo, y de ello se derivaron las reuniones que tuvieron relevancia dentro del plan criminal de las “Autodefensas” y el ciudadano Miguel Ángel para diezmar el Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia – Seccional Tarazá”.

Por todo lo anterior, la Sala de Justicia y Paz exhortó a las gobernaciones de Antioquia y Córdoba, así como a la Policía y el Ejército Nacional para que “adelanten actos públicos de perdón y reconocimiento de todos aquellos daños individuales y colectivos causados a los hombres y a las mujeres con ocasión del accionar y el despliegue paramilitar en sus territorios, buscando la garantía de no repetición y no olvido de lo sucedido”.

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Vista general del municipio de Campamento, Antioquia.Con el fin de aclarar la actuación de sectores de las Fuerzas Militares durante la incursión paramilitar al municipio de Campamento, en el norte de Antioquia, perpetrada entre el 15 y 27 de noviembre de 2000, que dejó 11 muertos y por lo menos 50 familias desplazadas, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó compulsar copias para que se investigue al actual rector de la Universidad Militar Nueva Granada, general en retiro Eduardo Herrera Verbel, y a varios oficiales más, quienes en esa época estaban destacados en la Cuarta Brigada del Ejército.

Los magistrados tomaron la decisión teniendo en cuenta el material documental presentado ante este Tribunal por la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, encargada de investigar los crímenes cometidos por el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Algunos de esos documentos evidencian que pese a haber sido advertidos oportunamente sobre los fuertes combates que sostenía esta estructura paramilitar con facciones de las Farc, y las acciones contra la población civil, los militares solo atendieron los llamados de auxilio una vez pasó toda la barbarie.

Entre el material expuesto durante una reciente audiencia realizada en Medellín, se encuentran varias misivas enviadas los días 15, 20 y 27 de noviembre de 2000 por la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia tanto al mayor Fernando Morales Triviño, entonces comandante del Batallón de Infantería No 10 Atanasio Girardot, como al general Eduardo Herrera Verbel, comandante para esa época de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín. En ellas se les alertó sobre las amenazas que enfrentaban los pobladores de Campamento por cuenta de la incursión paramilitar y la reacción de las guerrillas.

“El miércoles 15 del presente mes y año, a primera hora, se solicitó al comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, General Eduardo Herrera Verbel, mediante escrito remitido por fax, protección para la población civil de Campamento (…) se orientó al Personero Municipal para que gestionara la reparación de los tubos de alcantarillado de las veredas Llanas y el Diez y que buscaran apoyo en transporte para quienes desearan desplazarse en razón del conflicto. Se informó al capitán Chaparro del batallón Girardot del Ejército Nacional, acantonado en el municipio, sobre la necesidad de prestar seguridad en el lugar, dadas las amenazas que pesaban sobre la población”, se lee en una de las comunicaciones enviadas a la Cuarta Brigada del Ejército.

Los relatos recopilados en esa época por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, Seccional Antioquia, así como las declaraciones de ex paramilitares recibidas por la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, coinciden en señalar que las tropas adscritas a esa guarnición militar acudieron al pueblo solo cuando la facción de las Auc abandonó el municipio.

Así lo dejó en claro el entonces Inspector de Policía de Campamento en declaraciones dadas a agentes del Ministerio Público meses después de la incursión armada: “el 27 de noviembre llamé nuevamente al Batallón Girardot y le manifesté al soldado que cuántos muertos teníamos que poner para que pudieran entrar las tropas, y me manifestó que no me sulfurara; el 28 de noviembre entraron las tropas cuando ya se habían ido los paramilitares y estuvieron en el municipio aproximadamente por 15 días”.

El conflicto en contexto
Por más de tres décadas, esta localidad del norte de Antioquia ha estado bajo el control del Frente 36 de las Farc. En su afán de arrebatarle el dominio territorial, facciones paramilitares emprendieron una feroz incursión armada que afectó en mayor medida a la población civil.

Los primeros días de octubre de 1996 un grupo de guerrilleros llegó al parque principal del pueblo, obligando a campesinos, comerciantes y transportadores a congregarse en la plaza. Seguro de que acaparaba la atención de todos, un guerrillero que fungía como comandante y que se identificó como ‘Solis’ les dijo a viva voz que no iban a permitir el ingreso de los paramilitares, que iban a estar pendientes del comportamiento de los allí presentes.

La tensión aumentó un par de semanas después, cuando un comando paramilitar ingresó a Campamento. Nuevamente los pobladores fueron concentrados en la plaza principal. Esa vez les advirtieron que quien fuera auxiliador de la guerrilla abandonara la región, que poseían nombres, fotos y direcciones de los presuntos colaboradores. Y que volverían. Y así fue.

Antes de finalizar el mes un piquete de hombres encapuchados que se identificó como de las Autodefensas, ingresó nuevamente al pueblo, esta vezen horas de la noche, inspeccionó cada una de las viviendas del casco urbano en busca de supuestos enemigos. Los pobladores denunciaron meses después que uno de los hombres con el rostro cubierto era el capitán del Ejército Julián Parra.

Y la guerra anunciada cobró sus primeras víctimas civiles. El 23 de abril de 1997, mientras se desplazaban por la vía que de Campamento conduce al municipio de Anorí, hombres del bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) interceptaron el vehículo en el que se movilizaba el personero Jesús Emilio Penagos, lo retuvieron y el cuerpo sin vida apareció cuatro días después. Meses atrás denunció la connivencia de un coronel del Ejército llamado Jesús María Clavijo con los paramilitares.

Dispuestos a no dejarse expulsar de sus dominios, el 10 de julio de 1999 las Farc bombardearon el pueblo con sus destructivos tatucos, artefactos explosivos no convencionales. El objetivo era la estación de Policía, pero en su furia destruyeron, además, algunas edificaciones civiles aledañas.

La confrontación se agravó en el año 2000 tras la orden impartida por el propio Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, máximo comandante del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), de arrebatarle a sangre y fuego este bastión a las Farc. Fue así como finalizando octubre de ese año, alias ‘Cuco’ citó a varios de sus lugartenientes a su centro de operaciones, en el corregimiento La Caucana de Tarazá, con el fin de planear un operativo militar que les asegurara la victoria militar.

Al encuentro asistieron, entre otros, Alexander Bustos Beltrán, alias ‘W’, y Roberto Arturo Porras, alias ‘La Zorra’. Acordaron que ambos, con el apoyo de Rolando Lopera, alias ‘Milton’, saldrían la primera semana de noviembre con más de 150 hombres desde el corregimiento Barro Blanco de Tarazá con dirección al corregimiento Cedeño, de Yarumal, y desde allí, serpenteando agrestes montañas, hasta el municipio de Campamento.

“Llegaron ‘los paras’”
En la mañana del 15 de noviembre de 2000, el joven Yuván iba camino a El Diez, donde se encontraba el centro de acopio de los lecheros de la región, para vender el lácteo producido en la finca de sus padres. El sitio está cerca a la única mina de asbesto que hay en Colombia. La fatalidad quiso que en ese paraje y a la misma hora parte de la tropa paramilitar se topara con guerrilleros de las Farc y estallara un fuerte combate que duró poco más de una hora.

Yuván iba acompañado de un vecino suyo, Ferley, y de Darío, otro campesino. Los tres quedaron en medio de las balas. Finalizado el choque armado, fueron retenidos todo el día y toda la noche por los paramilitares, quienes los acusaron de ser guerrilleros. Preocupados por la intensidad de los disparos y presagiando lo peor, Esteban, padre de Ferley, y Aurelio y Ferney, hermanos de Yuván, acudieron a El Diez para ver qué había pasado, pero al llegar al sitio fueron retenidos y torturados. Varias horas después, Esteban, Ferley y Yuván fueron asesinados, mientras que Aurelio, Ferney y Darío quedaron en libertad.

Así comenzó la marcha del Bloque Mineros que, por 12 días, llevó el terror al municipio de Campamento. A su paso, fueron constantes los enfrentamientos armados con facciones de la guerrilla de las Farc, que produjo numerosas bajas en las filas paramilitares. Bien en las inmediaciones del cementerio del pueblo, bien en las veredas cercanas al casco urbano, unos y otros no vacilaron en atrincherarse en medio de la población y atacarse constantemente.

En esa confrontación varios campesinos perdieron la vida, entre ellos Guillermo y Adelmo, quienes fueron ajusticiados el 20 de noviembre porparamilitares momentos después de un fuerte encuentro armado sostenido con guerrilleros en el sitio conocido como Plan de la Rosa.

Convencidos de que “el que nada debe, nade teme”, Guillermo y Adelmo decidieron resistir en sus fincas y no sumarse a la ola de desplazados forzados que marchaban como judíos errantes de vereda en vereda. Para su infortunio, ambas casas fueron utilizadas por los subversivos para repeler el ataque paramilitar, por lo que, al silenciarse los fusiles, los miembros del Bloque Mineros los consideraron “auxiliadores de la guerrilla”. El 27 de noviembre, los paramilitares ajusticiaron a seis personas más, en distintas zonas del municipio, por los mismos motivos: considerarlos aliados de la insurgencia. En total, 11 civiles muertos dejó la incursión del Bloque Mineros a Campamento.

Años después
El 27 de abril de 2010, en versión libre rendida ante fiscales de Justicia y Paz, Rolando Lopera, alias ‘Milton’, señaló que él y sus compañeros en armas se movieron por zonas donde sabían que no había Ejército ni Policía. Los oficios enviados en el 2000 por la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia, durante los días de la tragedia humanitaria, coinciden con esa versión, pues alertaron sobre la ausencia de las fuerzas militares en Campamento durante los días del ingreso de los paramilitares.

Apartes de la investigación adelantada en su momento por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, Seccional Antioquia, que fueron conocidos por la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, consignan las explicaciones, a juicio del Ministerio Público ambiguas, entregadas por los altos mandos castrenses y que guardan relación con el periodo de descanso que le fue concedido a la tropa.

“Pese al conocimiento que se tenía de la presencia de grupos armados por fuera de la ley, se retiraron estos pelotones que estaban allí en Campamento, dicha decisión nunca podría, a nuestro criterio, estar por encima o ser superior al mando constitucional de la protección de la vida por parte de la fuerza pública legalmente establecida para toda una población totalmente indefensa y desprotegida que al percatarse del inminente peligro de perder la vida en manos de grupos alzados en armas, clamaron reiteradamente protección de sus vidas antes aquellas incursiones militares previas, durante y posteriormente a los hechos aquí investigados como bien se pudo verificar dentro de la documentación aportada al referido expediente”, dice el documento en uno de sus apartes.

¿Quién es Eduardo Herrera Verbel?
El general en retiro Eduardo Herrera Verbel estuvo en el Ejército por 36 años como militar activo. Quienes lo conocen, destacan su disciplina y su preparación intelectual, virtudes que lo llevaron a la dirección de la Escuela Superior de Guerra a mediados de 2001, cuando fue relevado de la comandancia de la Cuarta Brigada, donde estuvo desde 1999. Una vez fuera del Ejército llegó a la rectoría de la Universidad Militar Nueva Granada, donde fue nombrado en propiedad el 18 de febrero de 2009.

Su salida del Ejército en noviembre de 2003 fue ampliamente publicitada porque se dio en medio de la decisión del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez de ascender a varios oficiales con menor antigüedad que Herrera Verbel a cargos de comandancia y él fue ratificado en la Escuela Superior de Guerra, circunstancia que fue considerada como un irrespeto a su condición de Brigadier General de dos soles.

Sus conocimientos en Ciencias Militares lo llevaron, ya como oficial en retiro, a trabajar al lado del Comisionado Luis Carlos Restrepo, entre los años 2005 y 2006, en la búsqueda de acercamientos en el exterior con la guerrilla del Eln para una posible negociación de paz. Además, se ha convertido en una pieza clave para el presidente Juan Manuel Santos en los contactos con este grupo subversivo.

Si bien en el sistema de consulta de asuntos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación se registra la radicación de cuatro expedientes a cargo de las procuradurías Auxiliar para Asuntos Disciplinarios y Delegada para la Contratación Estatal en contra del general Eduardo Herrera Verbel (27 de noviembre de 2009; 25 de febrero de 2010; 21 de febrero 2011; 26 de abril de 2011), la orden impartida por la Sala de Justicia y Paz pondrá al alto mando militar a dar explicaciones ante la justicia penal sobre una masacre que los campamenteños no olvidan y sobre la cual quieren saber toda la verdad.

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La captura de Manuel Salvador Ospina Cifuentes, conocido con el alias de ‘Móvil 5’, lograda este fin de semana en el corregimiento Santa Elena de Medellín por miembros de la Dijin de la Policía, ayudará a la justicia a esclarecer las desapariciones de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, a juzgar por las declaraciones entregadas por varios desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ante fiscales y magistrados de Justicia y Paz.

En sus confesiones, exparamilitares como Hebert Veloza García, alias ‘HH’; Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’; y Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, coincidieron en señalar a alias ‘Móvil 5’ como el hombre que aparte de propinarle el tiro de gracia a Carlos Castaño Gil, procedió a inhumarlo en zona rural de San Pedro de Urabá.

En abril de 2010, alias ‘El Cura’ entregó pormenores de la muerte del principal vocero de las Auc: “Móvil Cinco’ y yo veníamos delante de todos los vehículos y cuando llegamos a ese punto (El Tomate –San Pedro de Urabá) vimos a un muchacho de la seguridad de Castaño. Cuando pasamos frente de la casa de Rancho al Hombro, vimos a Carlos Castaño en el mostrador de la tienda frente a un computador (…) el tiroteo duró como media hora y allí murieron varios escoltas de Carlos Castaño. Al rato, se le escuchó gritar que no dispararan más. Recostado en una silla contra la pared, Carlos Castaño nos preguntaba qué estaba pasando y ‘Móvil Cinco’ le hacía varios reclamos. Cuando Castaño insistió que lo llevaran donde su hermano, ‘Móvil Cinco’ le disparó y lo mató”. (Ver: Lo último que pidió Carlos Castaño antes de ser asesinado)

Ospina Cifuentes es oriundo de Amalfi, nordeste antioqueño, la misma tierra de los hermanos Castaño Gil. Según pudo establecer VerdadAbierta.com, se desmovilizó con una cédula falsa en las filas del Bloque Mineros, el 20 de enero de 2006 en zona rural de Tarazá, Antioquia. Aquella vez utilizó una cédula falsa, número 3.690.324, perteneciente a Sigifredo Navarro, fallecido, lo que dificultó por varios años su real identificación, que corresponde a la cédula 3.370.624.

Alías ‘Móvil 5’ es clave para aclarar la muerte de Fidel, el hermano mayor del clan Castaño. En audiencia celebrada en la ciudad de Medellín, el 15 de abril de 2012, el desmovilizado Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, le narró a los magistrados de Justicia y Paz aspectos desconocidos relacionados con la desaparición del fundador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

“Al momento de su muerte, Fidel ya había negociado con las Farc, él iba a ser el comandante de esa guerrilla en Antioquia”, contó en esa ocasión ‘Monoleche’, quien agregó que las negociaciones se realizaron entre los campamentos que el grupo insurgente tenían en Nuevo Antioquia y la finca Las Tangas. “A los campamentos iban Sor Teresa (Gómez) y Héctor, hermano de Fidel y a (finca) Las Tangas venía un emisario de las Farc apodado ‘Beto’. De estas informaciones saben Sor Teresa, (alias) ‘JL’, (alias) ‘Móvil 5’, (alias) ‘El Capitán Victoria’ y mi persona”.

Según alias ‘Monoleche’, esto le costó la muerte a Fidel, la cual se presume fue ordenada por su hermano Carlos: “lo que dicen que Fidel murió en combate es mentira. Su muerte fue cuadrada por Carlos y se la ordenó a (alias) ‘Salvador”.

En septiembre de 2013, durante una diligencia realizada por la Unidad de Exhumaciones de la Fiscalía en terrenos de la mítica finca La 35, en San Pedro de Urabá, se recuperaron siete restos óseos, entre ellos al parecer el del fundador de las Accu. En ese lugar, funcionarios judiciales se toparon con algunos detalles inéditos relacionados con la muerte de Fidel Castaño.

Uno de ellos es que sus restos estaban en una caneca de pintura y que estos fueron desenterrados un año después de ser inhumados, al parecer en la finca Las Tangas, para ser llevados a La 35. El responsable de esta labor fue ‘Móvil 5’, según les contó a los investigadores alias ‘Monoleche’, quien entregó información fundamental para dar con el paradero del cuerpo sin vida de Fidel, así como de otras dos mujeres y los hermanos Brito Lucena.

El hombre de confianza de Vicente
Y es que si algo caracterizaba a este paramilitar era su cercanía con los hermanos Castaño. Alias ‘Móvil 5’ es uno de los pocos sobrevivientes de las facciones armadas surgidas en el sur de Córdoba y norte de Urabá a mediados de la década de los ochenta, conocidos como ‘Los Tangueros’, ‘Los Mochacabezas’ y ‘Los Magníficos’, responsables de las primeras masacres perpetradas en esta región del país y que a la postre se convertirían en la base de las Accu.

Gracias a esta confianza fue que ‘Móvil 5’ terminó como titular en las escrituras de varios predios en el sur de Córdoba, en una compleja operación realizada por la desaparecida Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcord), que consistió en donar a campesinos de la región, entre 1990 y 1993, tierra que había sido despojada a principios de los años ochenta o habían sido adquiridos con dineros del narcotráficoy que luego, finalizando la década de los noventa, les obligaron a vender a precio de nada nuevamente a Funpazcord. (Ver: Los Castaño donaron tierra usurpada)

Sobre ‘Móvil 5’ pesa una condena de 30 años por su participación en la masacre de Pueblo Bello, Turbo, ocurrida el 14 de enero de 1990. Como se recordará, ese día fueron sacadas de sus viviendas 43 personas que, luego de ser atadas y amordazadas, fueron subidas a un camión y sacadas del pueblo, sin que se sepa del paradero de ellas hasta el día de hoy. Por estos hechos también fue condenado a 30 años de cárcel Arturo Salom Rueda, alias ‘JL’, considerado el mayor instructor que tuvo el paramilitarismo.

Tras la muerte de Fidel, ‘Móvil 5’ terminó convertido en uno de los guardaespaldas y hombre de confianza de Vicente Castaño, alias ‘El Profe’. Las autoridades judiciales esperan que por cuenta de esa cercanía, este paramilitar conozca detalles que permitan esclarecer la extraña desaparición de ‘El Profe’, quien según versiones entregadas a fiscales de Justicia y Paz por Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, fue perpetrada en 2007 por un comando de hombres de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, en zona rural del municipio de Nechí, Bajo Cauca antioqueño.

Fue precisamente en esta región de Antioquia donde fungió como jefe criminal luego de su desmovilización. De acuerdo con investigadores de la Policía Nacional, Ospina Cifuentes fungía como cabecilla del llamado ‘Clan Úsuga’ o ‘Los ‘Urabeños’ en el Bajo Cauca antioqueño y estaba encargado del cobro de las extorsiones al comercio y la minería en los municipios de Caucasia, El Bagre, Nechi, Zaragoza y Cáceres. Allí reemplazó a Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’, otro exparamilitar no desmovilizado, quien fue capturado el 25 de agosto de 2013 en zona rural de Cáceres.

Sin embargo, más allá de dar un duro golpe contra esta banda criminal, la importancia de la detención de este hombre radica en la información que posee producto de su cercanía con los hermanos Castaño y su pertenencia al paramilitarismo por casi 30 años.

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