La confrontación militar entre el Eln y el Epl ha afectado gravemente a la población civil. El riesgo para las comunidades llevó a las principales organizaciones sociales de la región a construir un escenario de articulación que ha conseguido visibilizar la crisis, así como formular propuestas para resolverla. No obstante, les ha faltado apoyo del gobierno nacional.
El 2018 fue un año violento para los habitantes de la región del Catatumbo, en Norte de Santander. La confrontación militar entre el Eln y el Epl, así como entre el Ejército Nacional y esas dos organizaciones armadas ilegales, generó confinamientos, desplazamientos y asesinatos de integrantes de la población civil. El último hecho masivo se presentó la primera semana de noviembre, en Hacarí, cuando 730 habitantes de ocho veredas se desplazaron hacia la cabecera municipal por cuenta de presiones y combates. (Lea más: Lanzan alerta por crisis humanitaria en el Catatumbo)
En su pasada visita a Colombia, el relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, se mostró alarmado por la crisis de la región. En su informe de conclusiones, se refirió al Catatumbo como una zona “particularmente afectada por la violencia, (que) registra los mayores niveles de desplazamientos internos del país”. A la fecha, según reportó la Defensoría del Pueblo, 35 mil personas habían sufrido desplazamientos forzados. (Lea más: Cinco casos que le preocupan al relator de la ONU sobre defensores)
Durante la visita de Forst, otro líder comunal fue asesinado en el Catatumbo: El 29 de noviembre, en zona rural de Tibú, sicarios le quitaron la vida a José Antonio Navas, del equipo directivo de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Líbano, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y miembro de la guardia campesina del Catatumbo. Dos días antes, Naciones Unidas reportó que 11 defensores de derechos humanos habían sido asesinados desde enero en Norte de Santander, siendo el segundo departamento más afectado por esos crímenes después de Antioquia.
En medio de los temores propios de la guerra, las organizaciones sociales del Catatumbo han puesto en marcha múltiples esfuerzos para evitar que escale la confrontación armada y se vincule en ella a la población civil. Esto último es clave para la gente de la región, donde el Epl y el Eln tienen arraigo desde hace décadas. Así lo explicó una líder social que pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad: “Ambas organizaciones nacieron de la comunidad, sus integrantes se conocen entre sí y saben dónde vive cada familia. Se están enfrentando los mismos hijos de la comunidad”.
Con el fin de aunar esfuerzos por la paz, las organizaciones sociales de mayor trayectoria en la zona acordaron crear un espacio de articulación: la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo. En ella confluyen el movimiento comunal; la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); la asociada al movimiento social y político Marcha Patriótica; el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), parte del Congreso de los Pueblos; y el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), con 17 años de trabajo político.
Así describió el proceso Enrique Pertuz, director de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander: “El conflicto entre el Eln y el Epl hace que las organizaciones históricas del Catatumbo vean la necesidad de la unidad de acción y la unificación de criterios, aun cuando existan profundas diferencias en muchos temas, como el de desarrollo territorial, para el que Ascamcat propone las zonas de reserva campesina y el Cisca propone los territorios agroalimentarios”.
La Comisión
Alba Luz Trigos, coordinadora del Observatorio Integral de Paz y Derechos Humanos de la Asociación de Personeros del Catatumbo, aseguró que desde noviembre de 2017 los habitantes de la zona “veían venir confrontaciones entre el Eln y el Epl, porque el Estado no llegó tras el desarme de las Farc. Ante eso, era previsible que las otras insurgencias se disputarían los espacios y que era necesario acompañar a las organizaciones sociales para impedirlo”.
A finales de diciembre de ese año, los catatumberos tenían claro que la guerra estaba a la vuelta de la esquina. Así lo contó Yermin Sanguino, vocero del Cisca: “El 26 de diciembre de 2017, Asojuntas, Ascamcat, el MCP y el Cisca hicimos una asamblea en el corregimiento San Juancito (municipio de Teorama) para hacer llamados a las insurgencias para que no llegaran a este punto. Desde ese entonces la situación se preveía, por las contradicciones que se venían presentando en los territorios, ante lo cual las juntas ya venían reuniendo a las comunidades para hacer llamados a los actores armados”.
Después del 14 de marzo, cuando iniciaron los combates, las organizaciones sociales continuaron reuniéndose para exigir que se respetara la población civil. Fue así como se realizaron asambleas comunitarias en los municipios de Tibú, Hacarí y El Tarra. Las asociaciones de juntas de acción comunal de las zonas rurales de esos y otros municipios también les enviaron comunicados al Eln, al Epl y a la Fuerza Pública para exigir el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
El 6 de abril, después de varias reuniones, se creó formalmente la Comisión por la Vida. Las primeras acciones se llevaron a cabo ese mes, cuando el Epl decretó un paro armado que desplazó a más de 10 mil personas que se alojaron en 37 refugios humanitarios, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Durante la crisis humanitaria, que el gobierno nacional trató como una emergencia, la Comisión acudió al Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en Ocaña para “solicitar atención a las comunidades desplazadas, resolver problemáticas de salud y la afectación al calendario académico de los niños y jóvenes”, explicó Sanguino.
Posteriormente, durante la segunda semana de abril, la Comisión llevó a cabo varias reuniones en Bogotá con dirigentes políticos e instituciones públicas. De allí surgió la decisión de la Defensoría del Pueblo de brindarle acompañamiento a esa instancia, así como la determinación de la Procuraduría General de realizar una misión de verificación de derechos humanos, que se hizo a finales del mes. Tras esa visita, el Ministerio Público le solicitó a la Fuerza Pública intervenir “para garantizar la movilidad del transporte intermunicipal, los alimentos y medicinas, que permitan superar la grave situación de desabastecimiento en que está sumida la población”.
En Bogotá, la Comisión también se reunió con los senadores del Polo Democrático Iván Cepeda y Alberto Castilla, ambos integrantes de la Comisión de Paz del Senado, para solicitar una sesión en la que se escuchara a las comunidades del Catatumbo.
Tras varios aplazamientos, la sesión se realizó el pasado 23 de noviembre en Ocaña, con la participación de senadores de los partidos Cambio Radical, Farc, Verde, Polo Democrático, Liberal y la Coalición Decentes. También asistieron funcionarios del gobierno nacional; Naciones Unidas; la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA; la Mesa Departamental de Víctimas; el pueblo indígena Barí; y la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz. En ella se abordaron temas relacionados con la reincorporación de los excombatientes de las Farc, la crisis humanitaria, la garantía de derechos económicos y sociales, la reforma rural integral y la sustitución integral de cultivos de uso ilícito.
En mayo, por mandato de una asamblea regional llevada a cabo en El Tarra, la Comisión por la Vida impulsó la puesta en marcha de una misión de verificación de la crisis humanitaria. Con el acompañamiento de varias organizaciones de la sociedad civil, recorrió los refugios y se reunió con “autoridades locales, transportadores, comerciantes, productores, víctimas, profesionales de la salud y profesores”, según contó Sanguino. Producto del recorrido, las organizaciones elaboraron un informe en el que dieron cuenta de las graves afectaciones que había sufrido la población por cuenta de todos los actores armados y les hizo exigencias al Ejército, al Eln y al Epl. (Lea aquí el informe)
En ese informe, la Comisión también le exigió al gobierno nacional mejorar la calidad y el acceso a la educación pública, acondicionar las vías, construir hospitales, garantizar la infraestructura de telecomunicaciones; adicionar los municipios de Ocaña, Ábrego y La Playa al Programa de Desarrollo Territorial (PDET) para el Catatumbo; e incluir a las víctimas causadas por la reciente confrontación en el Registro Único de Víctimas creado en la Ley 1448 de 2011. Las conclusiones se presentaron públicamente a mediados de julio, durante la instalación de otro escenario: la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo, impulsada por el expresidente Ernesto Samper.
En la asamblea de El Tarra, la Comisión también consiguió incluir a tres integrantes de las organizaciones sociales en la Comisión Mediadora del Consejo Departamental de Paz, creada con el fin de facilitar una salida pacífica al conflicto. El 29 de mayo, con autorización del gobierno nacional, el secretario de Víctimas de Norte de Santander, Luis Fernando Niño; el secretario de Planeación, Julio César Silva; y el representante del MCP Hedilberto Contreras se reunieron en La Habana con la delegación de paz del Eln. No obstante, el conflicto continuó.
Además de esas gestiones, la Comisión por la Vida ha definido las líneas generales de una agenda de discusión con el gobierno nacional que permita superar otros problemas urgentes que vive el Catatumbo. Así lo explicó Sanguino: “Estamos preparando un encuentro regional para 2019 que trate de los temas de cultivos de uso ilícito, en lo que tiene que ver con construcción de propuestas para (superar) esta economía ilegal; el PDET, sobre participación y financiación; y las figuras territoriales existentes o en construcción, para mirar cómo todas ellas pueden hacer vida en la región con miras a la defensa del territorio, y sobre todo, para la vida digna de los procesos y de las comunidades”.
A pesar de los esos avances, la Comisión ha enfrentado múltiples obstáculos en su intento por lograr que se respete a los civiles y se solucione el conflicto por la vía del diálogo.
Las dificultades
Una de las principales dificultades con las que se ha tropezado la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz es la falta de autorización por parte del gobierno nacional para dialogar en la región con las organizaciones armadas ilegales. Robinson Salazar, integrante de la Comisión por el movimiento comunal, explicó: “Hemos buscado varios mecanismos, uno de ellos es la Comisión Mediadora. Sin embargo, no ha habido voluntad política por parte del gobierno para permitirnos entrar a terreno a ‘interlocutar’ con las partes”.
Una de las razones de esa negativa es que el Ejecutivo no le concede estatus político al Epl, al que considera una banda criminal. En la reunión con la delegación de paz del Eln en La Habana, tampoco fue posible llegar a acuerdos concretos. Un delegado de la Comisión Mediadora contó: “Varios de los representantes tomamos la decisión de no viajar porque apenas daban cuatro horas de reunión, sólo era para tomarnos la foto y no había unidad de criterios”.
El otro problema es que el Eln y el Epl han hecho oídos sordos a la petición general de ponerle punto final a la confrontación, a la par que se han acusado mutuamente de colaborar con el Ejército y con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Enrique Pertuz, de la Corporación Red Departamental de Defensores, consideró que “esas acusaciones son muy fuertes y dejan maniatada a la Comisión. Además, han generado hechos muy violentos, como amenazas y homicidios, aparte de señalamientos mutuos por el asesinato de dirigentes y ataques a las bases sociales”.
Justamente, los crímenes contra los líderes sociales de la zona son otro de los obstáculos que enfrenta la Comisión por la Vida y, en general, el movimiento por la defensa de los derechos humanos en el Catatumbo. Salazar explicó que la constante arremetida contra los dirigentes ha debilitado al movimiento comunal: “La dirigencia de las juntas está con temor de continuar con el liderazgo, por las amenazas que hay por parte de los mismos grupos. Muchos líderes están abandonando sus cargos, temen pronunciarse y motivar a las comunidades para que exijan derechos. En este momento uno no tiene garantías para hacer su trabajo como líder”.
Otra de las dificultades tiene que ver con la decisión del Ejecutivo de privilegiar la solución militar al conflicto. El pasado 27 de octubre, el presidente de la República, Iván Duque, activó en Ocaña la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3, integrada por cinco mil hombres distribuidos en tres batallones de despliegue rápido y un batallón de acción directa y reconocimiento. Ya en abril, el entonces presidente Juan Manuel Santos había enviado dos mil militares a la zona, que se sumaron a otros 12 mil efectivos, según declaró entonces el vicepresidente Óscar Naranjo.
Para la Comisión, que busca la solución dialogada y la discusión de una agenda concreta de desarrollo regional, la intervención militar agrava la crisis. Así lo aseguró Sanguino, del Cisca: “El aumento de la Fuerza Pública lo que ha hecho históricamente es profundizar el conflicto y la crisis humanitaria. Producto de ello se han disparado el número de confrontaciones entre insurgencia y Fuerza Pública, en las que ha quedado en medio la población civil. La presencia militar no es sinónimo de garantía de seguridad para las comunidades, porque se convierte en un actor más que se le va sumando a este cóctel que se va configurando en la región”. (Lea más: Tensiones en el Catatumbo tras ingreso de la Fuerza de Despliegue Rápido)
En diálogo con VerdadAbierta.com, el senador Alberto Castilla, oriundo de la región, planteó que, en vez de priorizar el incremento de efectivos, el gobierno nacional debería cumplir los múltiples acuerdos a los que se ha llegado con los catatumberos: “Si se le quisiera prestar atención a la zona, el gobierno no debería tener una actitud de impulso a la guerra. Aquí hay pliegos de la MIA (Mesa de Interlocución y Acuerdos), del paro de 2013; de la Mesa Social y Comunitaria, de 2016; mesas que han venido funcionando con los Barí. Es más, hay pliegos que se remontan a 1987, con el paro del Nororiente, por lo que no hay que estar sobre diagnosticando la región, sino resolviendo los problemas sociales”.
Castilla también consideró que es urgente fortalecer la acción de la justicia, que hasta ahora no ha esclarecido la masacre de El Tarra, ocurrida en la tarde del 30 de julio pasado. Al respecto, indicó: “Cuando se habla de presencia del Estado, está incluido el tema de la justicia. En la medida en que las cosas queden en un ambiente de humo, eso genera mucho temor, mucha desconfianza en el Estado, que es el encargado de brindarle el conocimiento de la verdad a la comunidad”. (Lea más: El sombrío panorama en la región del Catatumbo)
En la zona también hay preocupación por la decisión de Duque de suspender la mesa de conversaciones con el Eln y de considerar el regreso de la fumigación con glifosato, dado que el cultivo de hoja de coca es la principal fuente de ingresos para los campesinos de la región, donde existen más de 28 mil hectáreas según el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Asimismo, existe inquietud por la aparición de una disidencia de las Farc, sobre cuyas intenciones todavía no hay claridad. (Lea más: Línea de tiempo del proceso de paz con el Eln)
Aunque el presidente Duque ha ido tres veces a la zona en los cinco meses que lleva de mandato, aún no es claro cuál será su estrategia para resolver los problemas que enfrenta la región o para establecer canales de diálogo con instancias de la sociedad civil como la Comisión por la Vida.
Para la Comisión, lo único cierto es que, como dice Salazar, del movimiento comunal, “la estrategia de solucionar armas con más armas no está funcionando”.
*Foto de apertura: Marcha Patriótica
