El iniciodel juicio contra la ex senadora fue aplazado por una recusación presentada por su defensa que pretende que los siete magistrados que conocieron la investigación que se adelanta contra ella no sean los mismos que la enjuicien.
La audiencia en la que la Corte Suprema de Justicia definiría cuáles pruebas se incluirían y se declararían nulas en el proceso que se lleva contra la ex congresista por el Partido la U Piedad Zuccardi, por sus presuntos nexos con miembros de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaron en los departamentos de Bolívar y su natal Sucre fue suspendida este miércoles por varias semanas.
La decisión se tomó luego de la recusación presentada por William Adán Rodríguez Castillo, abogado de Zuccardi. El jurista explicó que esta solicitud se hacía ante la “falta de imparcialidad que podrían tener los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes investigaron y conocieron hasta esta etapa el proceso que se le sigue a Zuccardi”.
La recusación, es decir, la solicitud para que se declaren impedidos en este proceso, recayó sobre siete de los nueve magistrados que componen la Sala Penal: José Leonidas Bustos Martínez, Fernando Alberto Castro Caballero, Eugenio Fernández Carlier, María del Rosario González Muñoz, Gustavo Enrique Malo Fernández, Luis Guillermo Salazar Otero y José Luis Barceló Camacho.
Para los defensores de la excongresista “la norma, de manera taxativa, señala que una persona que con antelación haya conocido el proceso y emitido decisiones, como ocurrió en este caso, no puede estar desprendido del conocimiento previo porque ya han hecho un prejuzgamiento. Esta es una causal establecida en el Código Penal como una causal para que recusar o que el funcionario se declare impedido”.
La defensa de Zuccardi, apoyada por dos abogados delegados ante la Corte de París y dos abogados españoles expertos en derecho internacional, sostiene que esta forma de juzgamiento viola las normas internacionales y que, independiente de las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia, este caso será llevado a tribunales extranjeros.
En un comunicado, la oficina de abogados señaló que “en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por Colombia, se establece como derecho fundamental, que las personas sean juzgadas por un juez imparcial. Es decir, que quien vaya a juzgar, llegue al juzgamiento ajeno a lo que ha ocurrido en la etapa investigación”.
Mariana de Sevin, abogada ante la Corte de París y miembro de la organización Unidad Parlamentaria, informó que desde hace 9 meses se avisó a esta última institución que los magistrados que investigaban a Zuccardi iban a ser los mismos que la enjuiciarían y que una de las decisiones tomadas era la de designar un delegado para acompañar toda la etapa de juzgamiento para hacer una veeduría internacional.
Las interceptaciones
La defensa de la ex senadora, que permanece detenida desde de febrero de 2013, volvió a reclamar por la inclusión, como pruebas, de las interceptaciones telefónicas que ordenó la Corte contra Rodríguez y sostuvo que han sido varias las faltas al debido proceso por parte de los magistrados.
Se trata de por lo menos 20 grabaciones telefónicas en las que aparecen las conversaciones que tuvo Zuccardi con el abogado Rodríguez para preparar su estrategia defensiva. (Ver El expediente de la Corte contra Piedad Zuccardi)
Los abogados que acompañan a la ex senadora sostuvieron que estas acciones son una violación al derecho de defensa. Rodríguezcomentó que “con las interceptaciones se desquició la imparcialidad jurídica”.
En diciembre del año pasado, cuando se dio a conocer la resolución de acusación contra su representada, Rodríguez le dijo a VerdadAbierta.com que “esas comunicaciones entre la defensa y cliente han sido utilizadas por la Corte para efectuar el juicio de reproche y responsabilidad de mi cliente. La ley procesal dice que la interferencia de las comunicaciones entre cliente y defensor no pueden hacerse”.
Gonzalo Baye Tuset, abogado español que apoya la defensa de Zuccardi, indicó que las interceptaciones de la Corte son “como ir a un combate de boxeo atado de pies y manos” y que estas actuaciones demuestran que “se ha investigado a las personas y no a los hechos (…) Esta es una investigación tendenciosa. No se sabe siquiera el dónde, el cuándo y el cómo de los hecho, eso es lo mínimo que tiene una persona para defenderse”.
El proceso
Según la acusación que formuló la Corte, la ex senadora participó en reuniones secretas con paramilitares para pactar arreglos electorales a su favor e incurrió en posible manipulación de testigos.
El alto tribunal sostiene en su acusación que la ex senadora, del Partido de la U, se reunió en varias ocasiones con paramilitares, junto con Alfonso Hilsaca, apodado ‘el Turco’, gran contratista del Estado en obras públicas, y hoy investigado por asesinato, además de Enilse López, conocida como ‘La Gata’, empresaria del chance en la Costa condenada por sus vínculos con grupos paramilitares.
A algunas de esas citas, indicaron los magistrados, también fue el esposo de Zuccardi, el ex congresista Juan José García Romero, quien fuera condenado por peculado por apropiación en 2002 y hoy es también investigado por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.
En dichos encuentros, según la Corte, se cuentan las reuniones sostenidas en Casaloma, convocada por Diego Vecino; Barranco de Loba, por ‘Ernesto Báez’; y el Caramelo, por Salvatore Mancuso, entre los años 2001 y 2003. Según los hallazgos del Alto tribunal, allí definieron el apoyo de los paramilitares para las campañas electorales de los García-Zuccardi y el apoyo económico que les daría para estas gestas políticas el empresario Hilsaca.
Los investigadores de la Corte encontraron, además, que García y sus hijos son socios de Promotora El Campín, una firma que ha contratado con el Estado en diversas ocasiones en asuntos de infraestructura y también ha obtenido títulos de concesión minera, en uno de los cuales, al parecer, tuvo como socia a Betty Castro Espinosa, líder política de Córdoba y abogada de varios ex paramilitares. Esta mujer fue capturada en 2012 por su presunta relación con ‘Los Rastrojos’ en el Bajo Cauca antioqueño. Meses después, según los hallazgos de los investigadores de la Corte, su parte de la sociedad fue traspasada a una firma de un hijo del empresario Hilsaca.
En su resolución de acusación, la Corte aseguró que en este caso “política, paramilitarismo y negocios parecen ser el común denominador del ejercicio del poder en el departamento de Bolívar y todo parece indicar que los vínculos entre Piedad Zuccardi, La ‘Gata’ y ‘el Turco’ Hilsaca, no son circunstanciales, ni están ligados por un Acuerdo Programático, una Concesión Minera o unas convergentes reuniones con paramilitares, sino a un proyecto para conservar el poder que en grado sumo cada uno de ellos detenta, convenientemente ligado a los grupos armados ilegales”.
