La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio un plazo de tres meses al gobierno colombiano para recibir pruebas sobre las falsas víctimas de Mapiripán.
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| La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció un plazo de 3 meses para recibir más pruebas sobre el caso de Mapiripàn. Foto: Archivo Semana |
Luego de que la Fiscalía denunciaraque el número de víctimas de la masacre de Mapiripán por las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano, no correspondía a la realidad, esta última institución decidió darle tres meses al gobierno colombiano para que entregue pruebas de estas irregularidades.
La canciller María Ángela Holguín, el ministro Juan Carlos Esguerra, algunos funcionarios de la Fiscalía y los representantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Reinaldo Villalba y Eduardo Carreño, se reunieron con siete magistrados de la Corte Idh luego de mes y medio de haber surgido la controversia, con el objetivo de poner sus cartas sobre la mesa.
Frente al presidente de la Corte, Diego García Sayan, se realizó una audiencia privada que duró dos horas en las que los representantes del Gobierno demostraron el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la sentencia en la que se incluyeron 49 casos de víctimas de la masacre de Mapiripán, algunos identificados por la Fiscalía como falsos.
Según el gobierno colombiano se pagaron multimillonarias indemnizaciones por falsas víctimas, en algunos casos demostrados por la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía se reconocieron como víctimas a personas o que no murieron en la incursión o que después resultaron estar vivas, con lo que se estafó al Estado.
Y aunque el fallo no tiene ninguna posibilidad jurídica de ser modificado, la canciller Holguín y el ministro Esguerra buscaban en esa reunión establecer un precedente.
La controversia también puso en tela de juicio la credibilidad de los defensores y de las víctimas, y además levantó dudas frente a las actuaciones de la Corte IDH, que se defendió en los días pasados asegurando que “la decisión de la sentencia fue tomada basándose en la información que le proveyó la Fiscalía y el Gobierno”, los mismos que hoy reclaman sobre la legitimidad del fallo.
En esta reunión quisieron estar presentes también familiares de los acusados de la masacre de Mapiripán, uno de ellos el hijo del general Jaime Uscátegui, condenado a 40 años de cárcel por no haber hecho nada para evitar la incursión paramilitar.
“Yo vine acá a escuchar la verdad y no me dejan estar, cómo explican ustedes que un guerrillero sea presentado como víctima para inculpar a un general, eso es terrorismo judicial”, dijo el hijo del general quien fue retirado de la sala por ser una audiencia privada.
El presidente Juan Manuel Santos anunció a través del Ministro del Interior Germán Vargas Lleras, que se reunirá al final del año con representantes de organizaciones de Derechos Humanos, incluidos el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, “para aclarar algunos puntos de tensión que se han generado, dentro de los cuales seguramente se encontrará el asunto de Mapiripán”.
Como se recordará en la imputación de cargos que se adelanta en el Tribunal de Justicia y Paz, la Fiscalía ratificó la versión de los desmovilizados que están colaborando con la justicia- entre ellos Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, que viajaron de Urabá hasta el corazón del Meta con la complicidad de miembros de la Fuerza Pública para cometer esta masacre.
Lo que es cierto es que los paramilitares sí incursionaron en Mapiripán y además de masacrar a varios pobladores, desplazaron a una comunidad entera, pero además siguieron en la zona cometiendo crímenes asesinatos selectivos y masacres como las de Caño Jabón y Caño Sibao, en complicidad con miembros de la Fuerza Pública.
Ahora le toca a la Fiscalía contar ante los magistrados de Justicia y Paz lo que verdaderamente ocurrió en esa región, cuya investigación debe esclarecer los crímenes que durante tanto tiempo estaban en la impunidad.
Pero además, en dicho proceso, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía también tiene que denunciar a quienes pasándose por víctimas, intentaron defraudar al Estado colombiano.
