Se trata del exgerente de la mina La Jagua quien, junto a otras 15 personas, es investigado por su presunta participación en el robo de tierras a campesinos de Becerril, víctimas de la violencia paramilitar.
Edgardo Percy Diazgranados fue exgerente de la mina La Jagua, en el Cesar, y es investigado por la Fiscalía por comprar tierras a campesinos de Becerril, en medio de la violencia paramilitar. Fotos suministradas.El pasado martes fue capturado en Barranquilla Edgardo Percy Diazgranados en un retén policial instalado en el corredor universitario. La acción de las autoridades se presentó a eso de las 6 y 45 de la tarde cuando detuvieron su vehículo y tras verificar su identificación, los uniformados encontraron en sus sistemas de información que era requerido por la Fiscalía Quinta Especializada de Valledupar, que libró orden de captura en su contra por los delitos de homicidio en personas protegida, en concurso con el delito de desaparición forzada, desplazamiento forzado, hurto calificado y agravado, y concierto para delinquir agravado. (Ver orden de la Fiscalía y Reporte de la Policía)
Percy Diazgranados ostentó hace una década uno de los cargos más importantes en Valledupar, la capital de Cesar: gerente de la Mina La Jagua, la tercera más grande de explotación de carbón a cielo abierto del país. Su captura está relacionada con el despojo de tierras a campesinos de la parcelación Santa Fe, una antigua hacienda de 896 hectáreas, en el municipio de Becerril, que el Incora les tituló a 30 familias y que entre 1997 y 2006 fue arrasada por paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Desde este jueves, Percy es escuchado en diligencia de indagatoria en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Barranquilla. Su testimonio podría ser clave en la investigación que adelanta el Ente acusador contra otras 15 personas, entre empresarios y exparamilitares. (Lea: Ordenan investigar a empresarios por despojo de tierras en Cesar)
En agosto pasado, VerdadAbierta.com publicó una amplia investigación periodística sobre el caso Santa Fe en la que documentó cómo 21 de las 30 parcelas de los campesinos pasaron a manos de empresarios del carbón y de la palma de aceite en medio de la violencia paramilitar.
Los testimonios de varios de los parceleros, documentos públicos y confesiones de exparamilitares ante la justicia ordinaria y en los tribunales de Justicia y Paz apuntan a que Carbones del Caribe aprovechó el conflicto armado para comprar las tierras y pagar al grupo paramilitar para evitar el retorno de los campesinos. (Lea: Las empresas ‘tiznadas’ por las tierras de Santa Fe)
Una de las 16 personas investigadas por este caso es Juan Manuel Ruiseco Vieira, quien fue presidente de la Junta Directiva y representante legal de Carbones del Caribe entre 1997 y 2005, y presidente de Cementos Argos entre 1999 y 2003. El empresario logró en 2006 un contrato de concesión minera por 5.963 hectáreas entre los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril, que abarca la parcelación Santa Fe, circunstancia que generó dudas sobre los verdaderos motivos de la compra de los predios.
Según la única sentencia de restitución proferida por jueces especializados de tierras sobre un predio de la parcelación Santa Fe, Ruiseco Viera renunció al contrato de concesión en marzo de 2013, año que coincide con el momento en que la Unidad de Restitución de Tierras admitió la solicitud de restitución presentada por los campesinos afectados. (Lea sentencia)
La Fiscalía también investiga a Alfredo González, que fungió como gerente general de la mina La Jagua y, según las confesiones que reposan en varios procesos judiciales, fue quien dio la orden a Edgardo Percy Diazgranados para comprar las tierras de Santa Fe.
Como lo documentó este portal, Carbones del Caribe, que en la actualidad se llama Sator, y es filial del grupo Argos, habría comprado 16 de las 30 parcelas, de las cuales 13 sembró con 18.165 plantas de palma de aceite.
Aunque ya el Juez Primero Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar determinó que Percy Diazgranados no actuó de “buena fe exenta de culpa” en la compra de una de esas parcelas, será el proceso que adelanta la Fiscal Quinta la que quizá devele si los empresarios tuvieron responsabilidad en el despojo a los campesinos.
