El ex representante a la Cámara por el Atlántico, Jaime Cervantes, se entregó a la justicia para responder por sus presuntas relaciones con paramilitares del Bloque Norte de Jorge ‘40’.
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| Por irregularidades en contrataciones, el Consejo de Estado declaró la muerte política del ex congresista Jaime Cervantes. Foto: El Heraldo |
Ante la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia rindió indagatoria el ex representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, Jaime Cervantes. Esta diligencia tuvo lugar luego de que el político, sabiendo que tenía una orden de captura en su contra, tomara la decisión de entregarse voluntariamente para responder por el delito de
concierto para delinquir.
El historial político de Jaime Cervantes Varelo ha estado marcado por diferentes escándalos que lo han puesto en el ojo de la justicia, no solamente por sus relaciones con el paramilitarismo, sino también por irregularidades en contrataciones en el Atlántico. Precisamente por estas anomalías, en octubre de 2012, el Consejo de Estado le quitó la investidura como congresista y lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.
Ahora, luego de su destitución, el ex representante Cervantes deberá responder nuevamente ante la justicia para explicar sus supuestas relaciones con paramilitares del Bloque Norte del extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Varios desmovilizados de los frentes José Pablo Diaz y Tayrona del Bloque Norte, han señalado que Cervantes se alió con ellos para beneficiarse políticamente a cambio de entregarles dineros del presupuesto público a través del sistema de contratación.
Edgar Ignasio Fierro, alias ‘Don Antonio’, Mario Rafael Marenco, alias el ‘Gordo’ y José del Carmén Gélvez conocido con el alias de el ‘Canoso’, han arremetido en contra del ex congresista, quien aparentemente había favorecido las finanzas de las autodefensas con recursos de los sectores de salud y educación del municipio de Soledad, Atlántico.
Las denuncias de los desmovilizados incluyen también supuestos apoyos millonarios que recibió Cervantes para su campaña política de 2006.
Según información registrada por El Heraldo, estas denuncias son corroboradas por Jairo Rodelo Neira, alias ‘John 70’, ex subcomandante del frente José Pablo Díaz, quien en enero de 2011 aseguró ante un fiscal de Justicia y Paz que el ex representante a la Cámara, Jaime Cervantes, se reunió en distintas ocasiones con ‘Don Antonio’.
“Jaime Cervantes se reunía con ‘Antonio’ en la Sierra Nevada, en la base de Corea. Eso fue para el año 2005”, aseguró el desmovilizado.
Neira explicó que una mañana vio cuando a la base paramilitar de Corea llegó una camioneta, de la que se bajaron tres personas. “Subió ‘Gonzalo’ —Carlos Mario García, jefe Político del José Pablo Díaz— con dos personas. Cuando se bajó, me presentó a esta persona, al señor Jaime Cervantes. En el momento salió Antonio y se quedó con él”, narró el desmovilizado.
La muerte política de Cervantes
Jaime Cervantes fue elegido como representante a la Cámara por el Atlántico en tres ocasiones consecutivas desde el 2002 hasta la vigencia de 2010 -2014. Sin embargo, Cervantes no pudo cumplir con la totalidad de su último periodo debido a un fallo del Consejo de Estado de octubre de 2012 que le quitó la investidura y lo inhabilito de por vida para ejercer cargos públicos.
Según el Consejo de Estado Jaime Cervantes Varelo, violó el régimen de inhabilidades y el de conflicto de interés al no declararse impedido para discutir la aprobación de dos leyes relacionadas con educación en los que tenía intereses personales.
“Cervantes participó activamente en los debates que se dieron al proyecto de Ley 118 de 2007 (…), que definió la asignación de los recursos que se invertirán en el año fiscal siguiente (…), entre otros, en educación, programas de inversión social, salud, vivienda, obras de infraestructura y servicios públicos”, según el fallo del Consejo, estas partidas presupuestales terminaron siendo controladas para beneficio individual, familiar y de personas del círculo político del Congresista
De acuerdo con el fallo del Consejo de Estado “el material probatorio logró demostrar que se firmaron contratos por más de 10 mil millones de pesos con entidades privadas de Soledad, Atlántico en las que tenían participación una hermana, sobrinos, los hijos, la ex esposa, una cuñada y hasta miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante Cervantes Varelo.
Estos contratos se habrían celebrado en enero de 2010, previo a las elecciones parlamentarias de marzo, para la prestación del servicio educativo, lo cual le sirvió al demandado para obtener su reelección mediante el sistema de otorgamiento de cupos y becas estudiantiles, es decir, que fundó su campaña política y su elección con recursos del Estado.
“Como no se declaró impedido, debiendo hacerlo, dada la incidencia directa que el tema del servicio educativo tiene en su vida familiar, su conducta encuadra dentro de los supuestos fácticos que configuran la violación del régimen de conflicto de intereses y, por ende, la causa de la pérdida de investidura alegada”, sentencia el Consejo de Estado.
