Ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia de 2021, en la categoría Nivel ONG.
Es una red de organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos en Colombia que, desde 2012, denuncia, las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de las protestas en el país. Actualmente, promueve la conformación de una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil en escenarios de movilización social.
Se ha dedicado a realizar un trabajo coordinado para documentar y enfrentar el uso ilegal y excesivo de la fuerza, así como la retención y traslado por protección de manera arbitraria por parte de las autoridades policiales. Esto se usa como mecanismo de persecución y represión contra las personas, que, individual o colectivamente, reclaman y promueven derechos humanos a través de la movilización social.
En ese sentido, para 2020, cuando la pandemia de COVID-19 ya impactaba al país, implementó una campaña virtual llamada #CuarentenaSinAbuso con el fin de hacer sensibilización y pedagogía sobre el abuso de autoridad en el espacio público.
Para el mismo año propuso herramientas de protección en el marco de la protesta social, como una ruta de denuncia sobre violencias de género relacionadas con procedimientos policiales y un informe sobre el uso arbitrario de los traslados por protección.
En los departamentos de Santander, Atlántico, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, en la ciudad de Bogotá y en la región del Eje Cafetero ha impulsado encuentros con víctimas de violencia policial. Asimismo, con el apoyo del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), ha contribuido en la construcción de rutas de incidencia jurídica y política.
Junto con el Proceso Nacional de Garantías y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, ha logrado que instituciones nacionales desarrollen políticas públicas para el respeto de las libertades de las personas, comunidades y organizaciones sociales que exigen y defienden derechos.
Entre ellas están el Decreto 563 de 2015, promulgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio del cual se adoptó el “Protocolo de Actuación para las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por el Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”. Desde 2020, la Campaña Defender la Libertad ha participado en la actualización de ese protocolo.
También destaca la Resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior, que aborda un protocolo que apunta a la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica.
Desde ese mismo año, inició un proceso de documentación y denuncia de violaciones a derechos humanos en manifestaciones, lo que sirvió de fundamento para que en 2019 varias organizaciones interpusieran una acción de tutela buscando garantizar el derecho a la protesta y evitar el uso sistemático de la violencia por parte del Estado contra la ciudadanía.
Eso contribuyó a que, en septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de las organizaciones y víctimas por medio de la sentencia STC 7641-2020, en la cual se declara que existe una “problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas”.
Con la resolución se emitieron 16 órdenes a autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, como pedir excusas públicas, suspender el uso de algunas armas, conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices del uso de la fuerza y presentar informes periódicamente. Por su parte, a algunos entes de control se les pidió realizar vigilancia estricta de la actuación del cuerpo policial en manifestaciones.
También se solicitó la creación de un protocolo para el uso de la Fuerza Pública. La Campaña participó en la creación de ese documento que luego fue formalizado con el Decreto 003 de 2021 del ministerio del Interior, en el que se reafirmó y reconoció la actuación de las comisiones de verificación y la constitución de una mesa nacional de evaluación de las garantías a la protesta social.
Durante el Paro Nacional de este año, que inició el 28 de abril y en el que tuvo un rol fundamental, realizó acompañamiento en los escenarios de protestas en 12 departamentos y guió jurídica, social y psicológicamente a las víctimas de violencia policial.
Emitió cerca de 20 boletines denunciando el accionar estatal y remitió bases de datos, informes y denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU). Allí se incluye información sobre diversos hechos, como homicidios, lesiones oculares, violencia de género y agresiones contra defensores de derechos humanos.
Todo ello ha contribuido a que organismos internacionales se pronuncien rechazando la violencia contra manifestantes y soliciten al Estado colombiano respetar su vida, integridad, libertad y dignidad.
Ha fortalecido su relacionamiento con otras organizaciones, como la Red Comunitaria Trans y la organización Paz y Reconciliación (PARES). A nivel internacional, ha trabajado con organizaciones de Argentina, Chile y España, como la Campaña DLAT, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Defender a quien Defiende y la Organización Mundial Contra la Tortura.
Las iniciativas en las que la Campaña ha participado se extienden más allá de las anteriormente mencionadas, pese a que ha sufrido obstrucciones a su labor, ataques, amenazas, hostigamientos y estigmatizaciones.
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