El uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional durante las jornadas de protesta en el país está en la mira de distintas agencias, países y organizaciones defensoras de derechos humanos. Al unísono, reclaman respeto a quienes se expresan en las calles. Los mensajes de las autoridades colombianas son contradictorios y riñen con la realidad.
“Pido al Presidente Iván Duque que desescalen la violencia y dejen claro que el uso excesivo de la fuerza es inexcusable”, expresó ayer el representante demócrata Gregory Meeks, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Desde la cuenta oficial de ese órgano legislativo en la red social Twitter, Meeks calificó de “brutal”, la respuesta que los agentes de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) les han dado a las protestas sociales que se presentan en varias ciudades del país desde el pasado 28 de abril. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)
Pero no sólo cuestionó las acciones de los uniformados. En un segundo mensaje propuso que se aplicara “plenamente la Ley Leahy, ya que dejamos claro que Estados Unidos no apoyará a las fuerzas de seguridad implicadas en graves violaciones de los derechos humanos”.
De acuerdo a información que reposa en el sitio web del Departamento de Estado, la Ley Leahy se refiere a dos disposiciones legales aplicadas al Departamento de Estado y otra al Departamento de Defensa que prohíben al gobierno estadounidense “utilizar fondos para ayudar a unidades de fuerzas de seguridad extranjeras cuando haya información creíble que implique a esa unidad en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos”.
Esa ley fue impulsada por el congresista Patrick Leahy y entró en vigencia desde comienzos de la década de los noventa y al aplicarse “el gobierno estadounidense considera la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las violaciones bajo el amparo de la ley como violaciones graves de los derechos humanos. Los incidentes se examinan en función de los hechos”.
El llamado del congresista Meeks no es infundado. Las violaciones a los derechos humanos durante la protesta social de los últimos cinco días atribuibles a la Policía son escandalosas. Según la Defensoría del Pueblo, 19 jóvenes perdieron la vida en distintas ciudades del país, 13 de ellas ocurrieron en la ciudad de Cali, donde hubo mayor agresividad por parte de los agentes, y estima que por lo menos 87 manifestantes están desaparecidos.
Por su parte la organización no gubernamental Temblores, que puso a disposición de la ciudadanía la plataforma Grita para presentar denuncias contra los atropellos de la Fuerza Pública durante las manifestaciones, registró entre el pasado miércoles y la mañana de ayer 1.443 casos de violencia policial; 814 detenciones arbitrarias; 239 intervenciones violentas por parte de los uniformados; 77 casos de disparos de arma de fuego por parte de la Policía; 31 víctimas de violencia homicida por parte de los policiales; 21 víctimas de agresión en sus ojos por proyectiles oficiales; y 10 víctimas de violencia sexual por parte de los agentes.
Ante ese grave panorama no sólo reaccionó Meeks. El también congresista estadounidense Jim McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, expresó su preocupación por lo que llamó “la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia a las protestas pacíficas del fin de semana”.
Este Senador por el Partido Demócrata se expresó a través de su cuenta en Twitter. En uno de sus mensajes, aseveró que las acciones de los uniformados hacen parte de “un patrón preocupante de uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes en noviembre de 2019, septiembre de 2020 y abril-mayo de 2021”.
Coincidiendo con el representante Meeks, este senador planteó en otro de sus mensajes que la ayuda de Estados Unidos a la Policía Nacional “necesita fuertes protecciones y condiciones en materia de derechos humanos” y, por tanto, se debería aplicar la Ley Leahy. Además, solicitó frenar la ayuda estadounidense al ESMAD, “que cometen graves violaciones de los derechos humanos”.
De prosperar esa solicitud, se afectarían programas antinarcóticos, uno de los aspectos más sensibles en la relación binacional; la formación de agentes en escuelas policiales norteamericanas; y distintos aportes, entre operacionales, logísticos y sociales, como el programa de becas INL, en el que la Dirección de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en Colombia invierte recursos para pagar los estudios de jóvenes indígenas, afros y campesinos que deseen ingresar a la Policía o a la Armada.
Por su parte, el Departamento de Estado, mediante una declaración difundida ayer, expresó a través de la portavoz adjunta Jalina Porter, que “Estados Unidos está sumamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas en toda Colombia en los últimos días”; instó “a la máxima moderación por parte de la Fuerza Pública para evitar más pérdidas de vidas”; y reconoció “el compromiso del Gobierno de Colombia de investigar las denuncias de excesos policiales y abordar cualquier violación de los derechos humanos”.
En conferencia de prensa realizada ayer en la mañana, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseveró que, ante las denuncias de abuso de la Fuerza Pública, la Inspección General de la Policía ha abierto 26 investigaciones disciplinarias.
Pese a las evidencias que se observan a través de videos logrados desde teléfonos celulares por los manifestantes y por habitantes de barrios donde los uniformados han incursionado de manera agresiva, el director de la Policía, general José Luis Vargas, sostuvo que “nadie ha dado instrucciones de disparar”, refiriéndose a los ataques de los agentes contra los ciudadanos que están participando de las jornadas de protesta.
Por su parte Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos, hizo referencia a las denuncias sobre los posibles abusos de la Fuerza Pública: “Estaré atenta a los resultados de las investigaciones disciplinarias anunciadas por parte de dicha institución, algunas de las cuales ya fueron asumidas por la Procuraduría, a través de su poder preferente”.
En su pronunciamiento, publicado en la página web de la Consejería, reiteró que “así como hemos manifestado nuestra solidaridad con la Policía Nacional por los hechos criminales en los cuales han resultado heridos varios miembros de la Institución y un oficial muerto, también manifestamos que, si miembros de la fuerza pública no actúan de acuerdo con las normas establecidas, deberán ser investigados y deberán recibir las sanciones a que haya lugar”.
Más pronunciamientos
Desde Ginebra, Suiza, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCNUDH) también expresó ayer su preocupación por lo que viene ocurriendo en Colombia desde el pasado 28 de abril, cuando diversos sectores sociales convocaron a una jornada de paro para protestar contra la reforma tributaria presentada esa misma semana por el gobierno nacional al Congreso de la República para su discusión.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, dijo la portavoz Marta Hurtado.
En su mensaje, hizo un llamado a la calma y recordó que la responsabilidad de las autoridades es “proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica” y ante las denuncias de abuso policial resaltó que “los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves”.
Este comunicado fue divulgado un día después de que fuera, agredida verbal y físicamente e incluso con armas de fuego, una comisión humanitaria de verificación integrada por integrantes de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; la Campaña Defender la Libertad Asunto de todas; la Central Unitaria de Trabajadores; y el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, que estaba acompañada por funcionarios y funcionarias de la OACNUDH, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Esa comisión humanitaria llegó hasta la estación de policía Fray Damián, del barrio San Pascual, en Cali, para verificar la situación de los detenidos que se encontraban en ese sitio, pero minutos después de su llegada comenzaron los insultos verbales y las amenazas, y la conminaron a que se fueran del lugar, no sin antes ser atacados con armas de fuego y una granada aturdidora.
Esa misma noche, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la OACNUDH, aclaró a través de su cuenta en Twitter que si bien los agentes no dispararon contra integrantes de su equipo, “otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado”.
El uso desmedido de la fuerza también fue abordado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (Mapp-OEA). En un comunicado difundido ayer, expresó “su profunda preocupación y condena por los casos de uso desproporcionado de la fuerza pública que se han registrado en el marco de las movilizaciones y protestas” en el país.
A su vez, expresó su rechazo enérgico de “las acciones que involucran ataques de miembros de la fuerza pública contra la vida e integridad de quienes se manifiestan” y se unió a las voces de repudio por “las amenazas y violencias contra miembros de la comisión multisectorial de verificación encabezada por la Procuraduría General de la Nación y OACNUDH, ocurridos en la noche del 3 de mayo en Cali”.
Al respecto, la Mapp-OEA reiteró “el llamado a las autoridades a garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica, sin desmanes ni vandalismo, consagrado en la Constitución de Colombia y en instrumentos internacionales, al tiempo que insiste en que toda acción de la Fuerza Pública debe enfatizar la observancia, protección y respeto de los Derechos Humanos. Asimismo, rechaza los hechos de vandalismo que se han registrado”.
Este organismo multilateral, que está presente en Colombia desde 2004, como parte del apoyo internacional ofrecido al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) para trabajar en la reincorporación de los paramilitares desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), hizo un llamado a la calma y a que se adoptaran “iniciativas eficaces de resolución pacífica de diferencias. Solo así, en un trabajo articulado, el país puede superar este momento, enmarcado dentro del sistema democrático, construyendo soluciones a las causas de la conflictividad y dando garantías de no repetición de la violencia”.
La Unión Europea, por su parte, también condenó “los actos de violencia que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libre reunión y expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos”, expresó Peter Stano, portavoz de este organismo multilateral, uno de los que más ha invertido recursos para promover la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.
En su mensaje, Stano le solicitó al gobierno del presidente Duque detener la escalada violenta que se registra en el país, frenar “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de la Fuerza Pública y que se investigue y castigue a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos”.
Otro de los pronunciamientos sobre la crítica situación del país provino de ocho organizaciones internacionales que tienen presencia en diversas regiones y apoyan numerosos programas sociales desde hace varias décadas.
En su comunicado conjunto sostuvieron que observan “con gran preocupación que las acciones de protesta social y grandes movilizaciones ciudadanas, durante estos últimos días, no cuentan con plenas garantías para manifestarse públicamente. La gran mayoría de acciones de protesta y de quienes participan en ellas corresponde a movilizaciones pacíficas. Quienes han realizado actos de vandalismo y otras acciones violentas son personas que se amparan en las movilizaciones para generar estas actividades delincuenciales o para deslegitimar ante la ciudadanía a centenares de miles de personas ajenas a hechos de violencia”.
Por tales razones hicieron un llamado al Estado colombiano y, directamente al presidente Duque, “para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como solicitar del Ministerio público una eficaz acción disciplinaria de protección de derechos humanos, de conformidad a su mandato constitucional”.
Además, recomendaron que “el ministerio público y las autoridades judiciales investiguen y abran los correspondientes procesos disciplinarios y penales en los casos de abuso policial, afectaciones graves en la integridad personal de los manifestantes y los casos de desaparición forzada reportados por las organizaciones de derechos humanos, que aún no tienen respuesta”.
También advirtieron sobre la necesidad de ofrecer “garantías procesales para las víctimas de abuso policial, sus familiares y las organizaciones sociales que han sido detenidos/as, sufrido atropellos y agresiones, que se encuentran en indefensión y altamente afectadas”.
Y mientras se multiplican las expresiones de reclamo por la brutalidad policial expresada en las jornadas de protesta durante los últimos días en el país, anoche aumentó el nivel de tensión y violencia en algunas ciudades del país, como Bogotá, en donde 16 puestos de Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía fueron atacados y quemados -en uno de ellos con uniformados adentro-, por un sector de violentos que aprovechó la movilización pacífica. A la par, hay personas que utilizan la crispación en las calles para saquear establecimientos comerciales y hacer destrozos.
En medio de ese panorama, y en un intento de superar el caos, el presidente Duque anunció la instalación de un espacio para escuchar a la ciudadanía y puso como condición que “no deben mediar diferencias ideológicas, sino nuestro más profundo patriotismo”.
En ese espacio, agregó el mandatario, “es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil” y precisó que sus objetivos son “rechazar la violencia en todas sus formas, acelerar el plan de vacunación masiva, asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables, y repotenciar a reactivación económica de las ciudades, los departamentos y los municipios”.
De manera paralela a los comunicados provenientes de diversas regiones del mundo y los anuncios del presidente Duque, se intensificaba la acción de la Fuerza Pública contra grupos de manifestantes en las ciudades de Bogotá y Cali que anoche volvieron a vivir bajo el terror de la confrontación urbana, en los que unos y otros parecen no escuchar a nadie.
Foto de apertura: cortesía Jennifer Rueda
