La ANT y la Uariv, junto al exjefe paramilitar, sembraron la idea de que no aparecen cerca de 400 bienes entregados en Justicia y Paz. En realidad, la mayoría fueron restituidos directamente a sus dueños originales hace años. Otros siguen en disputa en los juzgados de Restitución de Tierras. Unos cuantos fueron entregados y ofrecidos para indemnizar a las víctimas, no sin que antes varios de estos salieran de las manos de sus testaferros. Mientras tanto, lentamente, la Fiscalía continúa investigando más de 100 predios del postulado.
“¿Qué pasó con los bienes que entregamos?”, preguntó Salvatore Mancuso tras regresar al país de su extradición de Estados Unidos el 6 de marzo, en audiencia de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla en la que buscaba su libertad.
Desde entonces, el exjefe de los antiguos bloques Norte, Catatumbo y Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y sus abogados sostienen que el exjefe paramilitar ha entregado más de 400 bienes en reparación al Estado y que entregó todo. Ese interés por exaltar las acciones del postulado en relación a los bienes no sólo apunta a demostrar preocupación por el avance en la reparación de las víctimas y cumplir con las tres sentencias parciales emitidas en su contra, sino que el cumplimiento de este compromiso hace parte de los requisitos de la Ley 1592 de 2012 para acceder a la sustitución de medidas de aseguramiento y que los postulados puedan salir de la cárcel.
A inicios de mayo de este año, el Grupo de Persecución de Bienes de la Fiscalía, durante la audiencia ante el Juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz, concedió que, después de tantos años investigando, no tenía cómo concluir que Mancuso incumplió con la entrega de bienes para la reparación a las víctimas, y por eso esa dependencia no ha llegado a solicitar la exclusión del exjefe paramilitar de Justicia y Paz. (Leer más en Justicia y Paz cuestiona a la Fiscalía por falta de celeridad para encontrar bienes de Mancuso en manos de testaferros)
Ante una consulta de este portal, el ente acusador mantuvo esta versión, pero la Fiscalía 35 de Justicia Transicional, que persigue los bienes del Bloque Norte, aclaró que el Grupo de Persecución de Bienes ha expedido certificaciones de entrega sobre bienes puntuales. Ante la imposibilidad de la Fiscalía de decir contundentemente que entregó todo, este requisito se vio zanjado y el exjefe paramilitar recobró su libertad el 10 de julio.
Ayer, Mancuso se reunió con Lilia Solano, directora de Unidad para las Víctimas (Uariv), y Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para conversar sobre los bienes que entregó y el resultado fue alarmante: “Hoy denunciamos que no aparecen alrededor de 400 bienes que en su momento fueron entregados para la reparación de las víctimas del paramilitarismo”, resumió Harman en una rueda de prensa posterior al encuentro.
La directora de la @UnidadVictimas, @liliasolanor, y el director de la @AgenciaTierras, @harmanfelipe, recibieron hoy a Salvatore #Mancuso quien se comprometió con la búsqueda de cerca de 400 bienes entregados por él en el marco de la Ley de Justicia y Paz. pic.twitter.com/T89V0CW9h8
— Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) September 24, 2024
El exjefe paramilitar explicó que, cotejando las bases de datos de bienes que administra el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) de la Uariv, no encontró muchos de los que él entregó para la reparación de las víctimas y señaló que como gestor de paz del gobierno Petro está comprometido en esclarecer los asuntos de tierras. Sin embargo, el hecho de que estos bienes no estén en manos de la Uariv, no quiere decir que estén perdidos.
Uno de los abogados del exjefe paramilitar le compartió a VerdadAbierta.com listados de los bienes que Mancuso había entregado y ofrecido para reparar a las víctimas. Esas tablas reúnen 144 bienes inmuebles —la mayoría fincas— y dos sociedades, pero cerca del 83 por ciento de esas tierras fueron restituidas directamente a sus dueños originales por lo que no entraron al FRV.
De ese listado, menos de 25 bienes fueron ofrecidos para indemnizar a las víctimas de los bloques Catatumbo y Córdoba. Además de estas, existen otras propiedades que conoce la justicia, que fueron embargadas con la intención de reparación y que también presentan enredos.
La suerte de los bienes que están relacionados con Mancuso se agrupan principalmente en cuatro categorías: los que fueron restituidos directamente —con anterioridad de la Ley de Víctimas y por ende a la creación de la Unidad de Restitución de Tierras—, los que se debaten en juzgados de restitución, los que administra el FRV de la Unidad para las Víctimas, y los que están en investigación de la Fiscalía.
El ente acusador le precisó a este portal que en su sistema de información tiene vinculado a Mancuso con la entrega, ofrecimiento, denuncia y persecución de 416 bienes: 57 muebles y 359 inmuebles. De estos, entre 2004 y 2007, 117 bienes inmuebles fueron restituidos directamente; entre 2004 a 2013, los casos de 79 predios fueron enviados a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas; y entre 2004 a 2013, 49 fueron dispuestos para la administración del FRV, de los cuales nueve están en trámite de extinción de dominio.
Además, el Grupo de Persecución de Bienes de la Fiscalía mantiene en investigación 107 predios desde 2004, la mayoría ubicados en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander, que Mancuso había entregado a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con la desmovilización del Bloque Catatumbo, pero de los cuales no cuenta con información para localizarlos.
Según documentos de la Fiscalía, Mancuso le entregó a Luis Carlos Restrepo, entonces alto Comisionado para la Paz, un listado de bienes por cerca de 7.169 hectáreas ubicados en “La Gabarra municipio de Tibú con cultivos de coca zona selvática límites con Venezuela, en manos de supuestos comandantes de las guerrillas de las FARC EP Frente 33, EPL o ELN Frente Armando Cacua y que como tal les habían sido confiscado”, se lee en el documento.
El ente investigador, el 8 de febrero de este año, durante audiencia de seguimiento al cumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia contra el Bloque Catatumbo proferida en noviembre de 2014, reconoció que se le ha complicado seguirle la pista a esas tierras.“Se libraron órdenes a Policía Judicial en el sentido de que se trasladaran a la zona de ubicación de esos inmuebles (...) y no se ha podido realizar de acuerdo a los informes obtenidos por la el funcionario de Policía Judicial del CTI, debido a que es imposible el desplazamiento terrestre a la ciudad Cúcuta, corregimiento de La Gabarra, porque la situación de orden público (...) no permite que sea una un desplazamiento seguro”, se lee en el acta de la audiencia.
Bienes de Mancuso, sumas y restas
Las acciones de Mancuso con los bienes empezaron antes de su postulación a la Ley de Justicia y Paz. El exjefe paramilitar inició su proceso de desmovilización en La Gabarra, corregimiento de Tibú, Norte de Santander, el 10 de diciembre 2004, junto a más de 1.400 miembros del Bloque Catatumbo, cuando aún no se había creado el marco jurídico del proceso de justicia transicional. Para entonces no había legalmente obligación de reparación y lo referente a los bienes se realizó por la voluntad de los desmovilizados. Sólo fue hasta el 15 de agosto de 2006 cuando Mancuso fue postulado formalmente a la Ley de Justicia y Paz.
Después de varias discusiones judiciales e improvisaciones, una vez reglamentado, se precisaron tres categorías de los bienes con vocación reparadora: los “entregados”, aquellos que hicieron parte de la organización criminal y se entregaron voluntariamente; los “ofrecidos”, que le pertenecían a los postulados; y los “denunciados”, que se conocen a raíz de la información que entregaron postulados sobre predios que no habían sido entregados u ofrecidos.
Durante la desmovilización colectiva del Bloque Catatumbo en el 2004, el grupo entregó 242 bienes muebles e inmuebles, de los cuales 105 eran fincas ubicadas en La Gabarra donde el grupo cultivaba coca —y que la Fiscalía sigue tratando de encontrar—, 17 eran locales comerciales y 39 eran casas. Estas viviendas y locales fueron restituidos directamente o enviados a la URT, según le precisó a este portal la Fiscalía.
Así mismo, se destacó otra cantidad de tierras en los municipios de Puerto Escondido, Tierralta y Montería, en Córdoba. Estos 132 bienes, en su mayoría, fueron devueltos a sus antiguos propietarios, según precisa la sentencia del 31 de octubre de 2014 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Buena parte de estas parcelas fueron devueltas en perfecto estado y conservación, incluso, en el caso de Montería, donde se devolvieron de manera directa más de 100 predios conocidos como Costa de Oro y El Porro, fueron entregadas con considerable extensión de árboles maderables de acacia.
Ya dentro de Justicia y Paz, Mancuso reconoció que desde finales de los años 90 se mezclaron sus finanzas de negocios lícitos agropecuarios con los dineros de su accionar delictivo dentro de las AUC, lo cual no fue un impedimento para relacionarlos a la reparación de las víctimas, pues como lo señaló la Corte Constitucional en 2006, “los beneficiarios de la ley deben responder con su propio patrimonio por los daños producidos”.
De esta manera, durante dos versiones libres realizadas ante el Tribunal Superior de Barranquilla en 2007, ofreció de manera individual 21 predios ubicados en Tierralta, Córdoba y El Guamo y San Juan Nepomuceno, Bolívar.
Después de su extradición a Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008, Mancuso continuó relacionando bienes para la reparación de las víctimas. Así, por ejemplo, el exjefe paramilitar ofreció la posesión de ocho predios, conocidos como La Escuelita, en Tierralta, en una versión libre de 2011, en donde tenía cerca de 186 hectáreas sembradas con acacia.
Sin embargo, uno de los problemas que advirtieron la defensa, la Fiscalía y la magistratura de Justicia y Paz sobre los predios de Mancuso fue la mala administración que le dieron las entidades del Estado encargadas. Antes de que existiera el Fondo para la Reparación de las Víctimas, esas labores las realizaba la extinta Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), la cual retrasó demasiado las diligencias de entrega de bienes para que esa institución se hiciera cargo de los mismos, imponiendo el cumplimiento de una serie de requisitos adicionales para poder ejercer su función de administrador, según le expresó en 2008 Mancuso a la Fiscalía. Ya para cuando los recibió unos dos años después, su valor se había depreciado. (Lea la carta)
Para 2011, se evidenciaba un deterioro de los avalúos realizados a los bienes y los cultivos entregados por Mancuso. De los cultivos de acacia que había entregado en tierras en posesión, fueron talados ilegalmente más de 500 hectáreas de árboles maderables, según la defensa del exjefe paramilitar y la Fiscalía, por una mala adminsitración. (Leer más en Los enredos de los bienes que entregó Mancuso)
También ofreció la sociedad L’Enoteca Atlántico S.A., que importaba alimentos y bebidas italianas y la comercializaba en los lujosos restaurantes L’Enoteca, en los que Mancuso se había asociado con el investigado por lavado de activos y ya fallecido Giorgio Sale; y la sociedad Inversiones Culturales y Sociales (Incusol S.A.), destinada a la venta de libros y al préstamo de dineros en bajas cantidades. (Leer más en Mancuso aceptó nexos con Giorgio Sale)
Sin embargo, la Fiscalía advirtió que la Corte Suprema se equivocó al evaluar la vocación reparadora de estas sociedades y esos bienes se depreciaron con el paso del tiempo, sumado a la mala administración del Estado. Esto resultó en que la primera sociedad no tuviera activos para ser destinados a las víctimas y la segunda fuera inviable su administración.
En sentencia del 31 de octubre de 2014 se compulsó copias penales y disciplinarias con el fin de que se investigara las fallas de la Superintendente de Sociedades dentro del proceso de liquidación de L’Enoteca —por la pérdida de, por ejemplo, costosas botellas de vino— y al director Nacional de Estupefacientes, por las presuntas irregularidades en la administración de ambas sociedades. (Leer más en Los lujosos negocios de Mancuso que no repararán a las víctimas)
Además de los inmuebles y sociedades, el exjefe paramilitar entregó dos mil millones de pesos, pero no fue inmediato y no todos de sus manos. En noviembre de 2013 fueron entregados los montos de $166.000.000, $1.288.500.000 y $1.454.500.000 de pesos relacionados con el exjefe paramilitar, y se incautaron esos dineros en favor de la Uariv. La primera cifra fue entregada por Adolfo Antonio Arrieta Arrieta, producto de la venta de dos predios que estaban a su nombre, pero que pertenecían a Mancuso. La segunda suma fue entregada en efectivo por la exesposa de Mancuso. El tercer monto fue ofrecido directamente por el exjefe paramilitar.
Fracaso de proyectos productivos
Tras la desmovilización paramilitar, Luis Carlos Restrepo y Sabas Pretelt de la Vega, quienes ostentaban los cargos de Alto Comisionado para la Paz y ministro del Interior, respectivamente, entre 2005 y 2006, avalaron, en todo el país, 35 proyectos productivos de caucho, cacao, palma africana, acacia y teca. Estas iniciativas se conocieron con el nombre de Proyectos Productivos para la Paz y era una propuesta para que los exparamilitares pudieran realizar su proceso de reinserción social a través de la agroindustria.
A pesar de que muchos desmovilizados de las estructuras paramilitares se concentraron en las parcelas y lideraron estos proyectos, la Fiscalía determinó que las iniciativas fracasaron y se perdieron miles de millones del presupuesto público, de empresarios y de exjefes paramilitares.
Ocho de estos proyectos se encontraban ubicados en la región de Tierralta, Córdoba, en predios que eran de propiedad de Mancuso, pero con los años se conocieron movimientos opacos alrededor de esos programas.
De un lado, según pudo reconstruir la Fiscalía, para esos proyectos se invirtieron 3.700 millones de pesos del gobierno, de empresarios y del exjefe paramilitar, pero, según el ente investigador, Mancuso puso dinero de las AUC a nombre de empresarios y testaferros para evitar que se supiera el origen de los dineros que iban a ser invertidos en los proyectos. En la realidad muy poco fue aportado por los empresarios. (Leer más en El despilfarro de los Proyectos Productivos de Mancuso)
Los predios Nueva Delhi, Villa Nueva y Vizcaya, en los que se iniciaron estos proyectos, figuraron por un tiempo a nombre de testaferros de Mancuso: Arán Asías Soler, Pedro Ignacio Ghisays y Leopoldo Anaya. En 2007, cuando el gobierno vio inviable jurídicamente continuar aportando dineros públicos en bienes que estaban en cabeza de terceros, citó a Asías Soler y Anaya para que celebraran contratos de arrendamiento a 25 años con las asociaciones de desmovilizados que trabajaban las tierras. Meses después los predios fueron transferidos de manos de sus testaferros a las de Mancuso.
Luego los proyectos decayeron y Mancuso ofreció los predios para la reparación de las víctimas, aunque la administración de esos bienes se dificultó por la resistencia de los paramilitares reinsertados para poder quedarse en las tierras. (Leer más en “El Estado nos mintió”: desmovilizados de Tierralta)
La sentencia de 2014 contra Mancuso de la magistrada Alexandra Valencia señala que “inexplicablemente dichos proyectos empezaron a perder su capacidad de producción y su sostenibilidad debido a la deficiente administración asumida por las entidades delegadas por el Ejecutivo”. La defensa de Mancuso le señaló a este portal que en diferentes momentos llamó la atención sobre esas apuestas que se fueron deteriorando, fueron hurtadas y perdieron su capacidad productiva.
La isla del Estado y la finca paterna
Algunos predios que ofreció Mancuso para la indemnización de las víctimas, no le pertenecían.
Uno de esos fue El Cortijo, un predio de 13 hectáreas, ubicado en zona rural de Montería sobre la vía que va hacia Planeta Rica, y que el Estado le había adjudicado en 1991 a Mancuso. Sin embargo, el exjefe paramilitar aclaró en una audiencia en 2007 que no podía ofrecer dicho predio porque le pertenecía a su papá, el señor Salvatore Mancuso D´Angiolella, quién lo había ocupado durante años. A pesar de eso, el predio fue cautelado y embargado por un magistrado de Justicia y Paz.
Después de un vaivén judicial, en 2011 finalmente la Corte Suprema de Justicia falló a favor del papá del exjefe paramilitar, señalando que Mancuso D´Angiolella había negociado de buena fe y ocupado ese predio desde 1986, y trabajaba la tierra mucho antes que su hijo empezara a delinquir en el grupo paramilitar a partir de 1994. (Leer más en Corte Suprema le devuelve finca al papá de Mancuso)
Otro de esos bienes con problemas que ofreció Mancuso fue Club 100, en Isla Múcura, que hace parte del archipiélago de San Bernardo, ubicada a dos horas en lancha desde Cartagena. Las AUC habrían obtenido Club 100 como pago de una millonaria deuda del narcotraficante Jose Israel Guzmán, alias ‘El Arquitecto’. Este sujeto había sido mencionado por el exjefe paramilitar como socio de las autodefensas en versión libre desde Estados Unidos en 2009.
Durante la audiencia en marzo de 2024 ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, Mancuso aseguró que tras su extradición, en los pasillos de una cárcel en Nueva York, se encontró a Guzmán y se enteró que Club 100 había quedado en manos de la familia del narcotraficante. “Yo entregué Club 100 en la Isla Múcura para reparar a las víctimas, pero observo con bastante preocupación que se lo devolvieron a su señora esposa”, señaló en esa diligencia.
Este portal le consultó a la Fiscalía sobre la denuncia de Mancuso y la ruta de extinción de dominio que siguió ese bien, pero la oficina de prensa del ente acusador adujo que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio no había podido encontrar información al respecto porque no cuenta con el segundo nombre de alias ‘El Arquitecto’.
El exjefe paramilitar había ofrecido las instalaciones hoteleras de ese bien para indemnizar a las víctimas y no el predio como tal, pues durante años esa isla atravesó una larga controversia alrededor de la propiedad de esas tierras. Entre 2007 y 2008, el Incoder, la autoridad de tierras del momento, señaló que, como la mayoría de islas del país, se trataba de un baldío de la Nación inadjudicable.
A pesar de eso, desde la década de los noventa una familia paisa figura como dueña en los registros de la Superintendencia de Notariado y Registro, y lo cierto es que por años varios particulares invirtieron grandes sumas de dinero para hacer de ese lugar un lujoso paraíso turístico. La isla volvió a sonar mediáticamente a mediados de 2012, cuando alias ‘Fritanga’ fue capturado celebrando su matrimonio en uno de los suntuosos hoteles del lugar.
En 2008, la familia paisa que alegaba el derecho de propiedad sobre la isla demandó la decisión del Incoder que declaraba a Múcura como un baldío de la Nación y el proceso se fue al Consejo de Estado. En su momento, el Grupo de Persecución de Bienes de la Fiscalía exploró la posibilidad de confiscar las mejoras —aquellas lujosas propiedades hoteleras— y entregarlas al Fondo para la Reparación de las Víctimas “para que sean explotadas mientras se define la demanda radicada en el Consejo de Estado y (sic) investigar si la reclamante se puede considerar como poseedora de buena fe exenta de culpa, dado que las referidas mejoras ingresaron al patrimonio de las autodefensas por el cobro de una deuda de narcotráfico”, se lee en sentencia del 31 de octubre de 2014 de Justicia y Paz.
Sin embargo, en esa decisión, la magistrada Alexandra Valencia aclaró que independiente de la decisión del Consejo de Estado, los poseedores actuales iban a tener derechos preferenciales para ocupar y poder explotar el inmueble. Hasta 2017, el Consejo de Estado resolvió la controversia alrededor del predio, señalando que la familia paisa no cumplía con los requisitos legales para demostrar propiedad.
Testaferros
Algunos bienes, en un primer momento, no pudieron ser inscritos para la reparación de las víctimas porque figuraban a nombre de terceros, es decir, testaferros.
“Muchos de los bienes ofrecidos por el postulado Salvatore Mancuso Gómez, para la reparación de las víctimas corresponden a los adquiridos inicialmente por sus amigos ganaderos de la región, para implementar proyectos productivos, pero que terminaron enajenados al postulados (sic), por medio de negociaciones simuladas, y en el caso de otros se compraron por personas señaladas como testaferros de Mancuso”, reza la sentencia de octubre 2014 contra Mancuso en los tribunales de Justicia y Paz.
Entre los que figuraron como titulares de predios ofrecidos por el exjefe paramilitar estuvo Aram Assias Soler, ganadero cordobés miembro del grupo urbano de las AUC en Tierralta y encargado de la estructura financiera, quien fue asesinado en 2008. También Celso Alfredo Salazar, veterinario, ganadero y especialista en derecho agrario, que se posicionó como mano derecha de Mancuso en sus negocios y fue encarcelado por su actuar delictivo. Otros incluían a Martha Elena Dereix Martínez, exesposa de Salvatore; Adolfo Antonio Arrieta Arrieta; y Benito Antonio Osorio Villadiego, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba y político del departamento.
Sobre Aram Assias y Celso Salazar se conoció tempranamente que estuvieron enredados con bienes del exjefe paramilitar, el propio Mancuso lo confirmó en mayo de 2008, sin embargo, no se conoce exactamente cuáles y cuántos de los que ofreció. Según las decisiones de 2014 de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, Mancuso ofreció tres predios en manos de Arrieta, los cuales ingresaron al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
En esa misma decisión se identificaron otros nueve predios ofrecidos por el exjefe paramilitar que estaban en las manos de Dereix, su exesposa, quien en 2011 pidió acogerse al principio de oportunidad a cambio de entregar siete predios en Tierralta que quedaron a su nombre cuando se divorciaron en 1998. Estos bienes, englobados bajo el nombre de Santa María de La Cruz, estaban avaluados en su momento en 13.000 millones de pesos. Esas tierras ya se encontraban en poder del Estado desde febrero de 2007, cuando la Fiscalía para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos los puso a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes. (Leer más en Ex esposa de Mancuso solicitará principio de oportunidad)
El caso del exdirector del Fondo Ganadero de Córdoba se relaciona con un englobe de tierras en ese departamento. Benito Osorio Villadiego es reconocido por su papel en el despojo sistemático de 105 predios de familias desplazadas de la región de Tulapas por el accionar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), por el cual en 2015, el Tribunal Superior de Antioquia lo condenó a 19 años de cárcel. Con ese mismo designio criminal Mancuso se hizo a tierras de campesinos y terminaron en manos de Osorio. (Leer más en: Directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, a responder por despojo de tierras)
Según aquella sentencia de 2015, el exjefe paramilitar se hizo a 16 predios en Tierralta, a través de Aram Assias Soler como testaferro. Luego, en 2007 esas tierras fueron transferidas a Osorio, en calidad de testaferro, quien las englobó con el nombre de Halicarnaso con el fin de ocultar esos bienes. En diciembre de 2022, Osorio confirmó este hecho ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por esta y otras confesiones, el alto tribunal de justicia transicional le concedió la libertad.
El Grupo de Persecución de Bienes le aseguró a VerdadAbierta.com que las tierras de Halicarnaso fueron enviadas a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en octubre de 2015 por solicitudes de restitución.
Decenas en restitución
Al menos 31 predios relacionados con Mancuso que reposan en las bases de datos del Fondo para la Reparación de las Víctimas cuentan con solicitud de restitución, según una consulta que realizó este portal a la URT. De estos, seis cuentan con sentencia, por medio de las cuales se ordenó restituir tres predios en los municipios de Valencia, Córdoba y uno en El Guamo, Bolívar, y las otras dos decisiones dispusieron compensar a los reclamantes.
De los 21 predios que ofreció Mancuso en 2007 para la indemnización de las víctimas, a la fecha cuatro cursan demanda de restitución, la URT estudia la solicitud sobre uno y otro cuenta con sentencia de restitución. De igual manera, de los siete predios que entregó la exesposa de Mancuso en 2011, tres están en demanda de restitución y uno en estudio.
El resto de solicitudes aparecen relacionadas con el “Bloque Casa Castaño”, del cual Mancuso no fue comandante en sentido estricto, sin embargo, la Fiscalía ha conectado el nombre del exjefe paramilitar por haber sido comandante de diversas estructuras paramilitares.
Adicional a estos bienes documentados por el FRV, otros predios que también habían quedado en manos de Martha Dereix, y que no había entregado, fueron a juicio de restitución. En septiembre de 1999, nueve predios despojados por paramilitares en Tierralta, de una extensión de 700 hectáreas, fueron transferidos a nombre de la Sociedad en Comandita Mancuso Dereix CIA (la cual después pasó a llamarse Sociedad Ganadería El Cairo Ltda) y esta a su vez englobó siete de estos predios en uno al que renombró como Tierra Santa. Tras el divorcio, Mancuso le entregó los predios a su exesposa, quien fungía como representante legal de la sociedad. Años después, las tierras fueron vendidas a la empresa Inversiones Y&R, dedicada a actividades inmobiliarias.
Según sentencia del 3 de mayo de 2017 del Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia, Mancuso despojó de sus predios al menos a siete campesinos y “posteriormente le entregó esos bienes a Martha Elena Dereix Martínez en especial a través de Aram Assias quien se encargó de adelantar la formalización de los negocios”. Los magistrados desestimaron la buena fe exenta de culpa por parte de Dereix y la empresa, y decidió restituir las tierras a los campesinos reclamantes. (Leer más en Exesposa de Mancuso pierde juicio de restitución de tierras)
Los procesos de los juzgados de restitución y los tribunales de Justicia y Paz avanzan a un ritmo que las víctimas siguen aguardando con decepción. Por ahora, las investigaciones de la Fiscalía podrían revelar pendientes del exjefe paramilitar con la justicia, pero la reserva del proceso y el demorado accionar del ente acusador deja en ascuas el cierre de la historia de las tierras paramilitares en el país.
