La confrontación armada no da tregua ni cede en intensidad en estas regiones limítrofes de Antioquia y Córdoba. Y ello, según los expertos, obedece en buena medida a la capacidad de reclutar jóvenes de zonas rurales marginales que tienen los grupos armados en disputa. Los centros educativos de estas regiones, los más afectados por este flagelo.
Han pasado casi dos meses desde que un puñado de padres de familia y líderes campesinos de apartadas zonas rurales de Planeta Rica, Tierralta, Montería y Puerto Libertador, en Córdoba, denunciaron ante la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos de ese departamento, el reclutamiento forzado masivo de sus hijos por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’. (Leer más en: El Sur de Córdoba: teatro de guerra con poca atención integral del Estado)
De acuerdo con lo narrado por los padres de familia ante la Defensoría del Pueblo en Montería, durante la primera semana de enero, jóvenes entre los 14 y 21 años de edad oriundos de los corregimientos Campo Bello, Centro Alegre, Arenoso, El Almendro (Planeta Rica); Frasquillo (Tierralta); La Manta, Nueva Esperanza y Buenos Aires (Montería) y Río Verde (Puerto Libertador), partieron de sus viviendas con rumbo a una gran hacienda en inmediaciones de Planeta Rica, donde supuestamente les esperaban tentadoras ofertas de trabajo.
Según pudieron constatar posteriormente funcionarios de esta entidad del Ministerio Público, los jóvenes fueron transportados en varias camionetas y durante el trayecto se les obligó a usar una capucha para que no reconocieran el sitio al que se dirigían. Una vez llegaron allí, fueron recibidos por gente fuertemente armada que luego de fotografiarlos y solicitarles datos personales, los obligaron a formar varias filas en un patio donde les dijeron: “Les vamos a pagar un millón y medio de pesos si trabajan con nosotros”.
Se estima que había allí reunidos por lo menos 35 jóvenes. Todos captaron de inmediato qué clase de “trabajo” les estaban ofreciendo. Así, quienes se opusieron al reclutamiento forzado fueron golpeados y sacados de la hacienda en las mismas circunstancias en que fueron llevados allí (encapuchados y transportados en camionetas). Les dijeron que atentarían contra ellos o contra sus familias si denunciaban lo que habían visto y vivido. Que volverían un par de días después a visitarlos nuevamente, para ver si habían cambiado de opinión.
En efecto, tal como lo denunciaron líderes campesinos y los propios padres de familia, pocos días después los ‘gaitanistas’ volvieron a visitar a los jóvenes en sus viviendas para presionarlos para que ingresaran al grupo armado. Las familias optaron por abandonar la región para evitar que sus hijos e hijas fueran llevadas a la fuerza por este grupo armado ilegal.
“También se ha sabido que los jóvenes que aceptaron la propuesta, algunos por miedo, otros por carecer de recursos para desplazarse, por falta de oportunidades educativas o laborales y otros deslumbrados por el poder que otorga el uso de armas, recibieron el día que volvieron por ellos un mercado para dejar a sus familias y un celular”, consignó la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba en oficio enviado, el pasado 7 de febrero, a la Subdirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
“Luego de este evento”, continúa la misiva, “se ha sabido que parte de los jóvenes reclutados forzosamente en Planeta Rica presuntamente fueron conducidos a áreas rurales del municipio de Tierralta y otros a un centro de entrenamiento de las Agc que supuestamente opera en el corregimiento Río Verde de Puerto Libertador, donde el día 19 de enero de 2020, a las 6:40 de la noche habría llegado un grupo de 40 individuos a bordo de un camión, vestidos con uniformes camuflados, los cuales se dirigieron hacia el camino que conduce a las veredas La Danta y Tres Palitos”.
Un número importante de los jóvenes reclutados a la fuerza en territorio cordobés, sostiene un funcionario de Defensoría del Pueblo que accedió a hablar con VerdadAbierta.com bajo la reserva de su identidad, es enviado a Ituango y al Bajo Cauca antioqueño, para reforzar las estructuras ‘gaitanistas’ que en este momento combaten a sangre y fuego por el control del territorio con otras estructuras armadas como ‘Los Caparrapos’, las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc y la guerrilla del ELN.
Reclutamiento y dominación
“En estos momentos podemos hablar que tenemos casos de reclutamiento forzado masivo de jóvenes en municipios como Tierralta, Montelíbano, Planeta Rica, San José de Uré”, expresa con preocupación el funcionario de la Defensoría del Pueblo.
Nadie sabe con exactitud cuántos menores de edad han sido llevados a la fuerza por los grupos armados ilegales que hoy delinquen tanto en el sur cordobés como en el norte y Bajo Cauca antioqueños. Lo que sí han identificado los defensores de derechos humanos en estos territorios son los métodos empleados por estas estructuras criminales para seducir, cooptar, presionar y reclutar a los jóvenes.
“Estos grupos van seduciendo a los pelados con trabajos los fines de semana: se los llevan a cobrar las extorsiones o a ‘panfletiar’ por las veredas o los ponen de ‘campaneros’ para que vigilen la entrada de personas extrañas o Fuerza Pública. Les dan un pago y lo siguen vinculando hasta que el pelado se tiene que salir de estudiar para irse con ellos”, señala el funcionario consultado por VerdadAbierta.com
A estrategias como esta se suma inducir al consumo de sustancias alucinógenas entre jóvenes de regiones rurales marginales para luego reclutarlos forzosamente. “El problema del consumo de sustancias en zonas rurales viene creciendo bastante. Los mismos grupos les ofrecen vicio a los pelados para ‘engancharlos’ y ya todos enviciados, reclutarlos”, advierte el funcionario de la entidad del Ministerio Público, quien añade: “Lo paradójico es que, en esas mal llamadas ‘campañas de limpieza social’ que hacen estos grupos, los primeros amenazados son los jóvenes consumidores. Hoy tenemos por lo menos 15 pelados desplazados por este tema de los municipios de Montelíbano, Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré”.
La magnitud que hoy registra el flagelo del reclutamiento forzado en territorios como el sur de Córdoba o el Bajo Cauca antioqueño, la intensidad y la continuidad de una confrontación armada no da tregua y continúa generando complejos efectos humanitarios, asegura Andrés Chica, defensor de derechos humanos del departamento de Córdoba
“Y sostener una confrontación armada como la que hoy vive el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño sólo es posible si mantienes una dinámica de reclutamiento constante y si tienes un poder de dominación como el que han alcanzado estos grupos armados”, afirma este activista.
De acuerdo con Chica, en la disputa por el control territorial, los grupos armados han cooptado todos los espacios de participación comunitaria como las Juntas de Acción Comunal, las asociaciones de campesinos y las organizaciones sociales. Por esta vía, imponen todo tipo de reglas de convivencia, restricciones a la movilidad y cobros extorsivos, entre otros, convirtiéndose en autoridades de facto en alejadas zonas rurales cordobesas.
Ni siquiera los centros educativos, considerados espacios protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), se salvan de las agresiones e injerencias de los actores armados. “Los maestros dan clase cuando los grupos armados autorizan. El día que ellos dicen que no hay clase, pues no hay clase. Y el maestro que se opongan a la injerencia de estos grupos, pues son amenazados”, asevera Chica, quien sostiene que a la fecha unos 23 docentes que trabajaban en escuelas y colegios del sur de Córdoba, pidieron ser trasladado tras manifestar haber recibido amenazas de muerte.
Colegios: en medio del fuego cruzado
Al ser consultado por la suerte de los jóvenes que fueron reclutados a la fuerza en enero por los ‘gaitanistas’ en Planeta Rica, Tierralta, Montería y Puerto Libertador, Chica precisa que aún permanecen unos seis o siete muchachos en manos de este grupo armado ilegal, que muy posiblemente hoy estén integrando estructuras de este grupo armado en el Norte o Bajo Cauca antioqueño. (Leer más en: Arde el sur de Córdoba)
En esta última región de Antioquia, limítrofe con el sur de Córdoba, el panorama con relación al reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es igual o aún más dramático. De acuerdo con el Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización no gubernamental que monitorea la situación de derechos humanos en el Bajo Cauca, en 2019 se conocieron unos 30 casos de reclutamiento forzado de jóvenes, su mayoría pertenecientes al pueblo indígena Zenú, en las veredas Campanario y Omagá, de Cáceres.
“Se atribuye la responsabilidad de este hecho a ‘Los Caparrapos’ y a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)’. En Tarazá se registraron alrededor de 40 casos de reclutamiento de niños y niñas”, consignó la ONG en reciente informe sobre la situación de derechos humanos de esta subregión. (Leer más: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)
Mientras los jóvenes son entrenados para el combate, las adolescentes son reclutadas con fines de esclavitud sexual, según lo atestigua un líder campesino del municipio de El Bagre: “Aquí hay una red de mujeres dedicadas a reclutar niñas para que se vayan a trabajar con ese grupo armado. Yo mismo el año pasado documenté diez casos de niñas que tuvieron que irse del pueblo porque los fines de semana, esta red de mujeres las sacaba por ahí a bailar, luego les proponían que se fueran a trabajar con ellos. Cuando las muchachas se dan cuenta para qué era el trabajo, pues ya no quieren y les toca irse del pueblo. El año pasado mataron a seis muchachas y otras 15 también se tuvieron que ir del pueblo”.
Al igual que en tierras cordobesas, la confrontación armada en el Bajo Cauca antioqueño está generando serias afectaciones a todo el sistema educativo, particularmente de municipios como Caucasia, Cáceres y Tarazá. Según Parmenio Córdoba, director de la Dirección de Derechos Humanos de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), agremiación filial del principal sindicato de profesores del país, Fecode, el año pasado tuvieron que cerrarse temporalmente varias escuelas de apartadas zonas rurales de Cáceres y Tarazá debido a la intensidad de los combates.
“Lo que pasa en el Bajo Cauca nos preocupa bastante. La escuela está quedando en medio de las confrontaciones armadas que tienen lugar allá y ante esto, a los maestros no les queda más remedio que desplazarse”, declara Córdoba. (Leer más en: Desplazamiento forzado, sin freno en el Bajo Cauca antioqueño)
El más reciente caso sucedió el pasado 17 de enero, cuando un grupo armado incursionó en el centro poblado del corregimiento El Guaimaro de Tarazá y asesinó a cinco personas. “En este caso, unos diez profesores tuvieron que desplazarse luego de la masacre. Los ‘profes’ regresaron, pero sienten que no tienen garantías y en cualquier momento se pueden desplazar nuevamente”, advierte Córdoba, quien agrega además que “lo que se escucha decir es que estos grupos armados buscan reclutar jóvenes de los colegios y las escuelas”.
De acuerdo con el directivo docente, en 2019 se registraron 116 amenazas contra maestros en todo Antioquia, cifra que muestra un aumento preocupante con respecto al año 2018, cuando se documentaron 84 casos: “El 60 por ciento de esas amenazas se presentaron en los municipios del Bajo Cauca antioqueño. En esas zonas rurales, los ‘profes’ se involucran tanto con la comunidad que terminan convertidos en líderes. Y cuando estos grupos arremeten contra los líderes sociales, también lo hacen contra los profes”.
La violencia que impera en municipios como Tarazá, Cáceres, Caucasia, entre otros, también está alejando a los jóvenes de las aulas de clase, quedando a merced de los reclutadores al servicio de los grupos armados ilegales. Según la Secretaría de Educación de Antioquia, en 2018 unos 617 estudiantes desertaron del sistema educativo sólo en Caucasia, mientras que unos 285 no culminaron su año escolar en Tarazá; igual sucedió con 255 jóvenes en el municipio de Cáceres.
Sin duda un panorama complejo si se tiene en cuenta que los centros educativos constituyen la primera barrera de protección de los niños, niñas y adolescentes contra el reclutamiento forzado. Sin embargo, en regiones como el sur de Córdoba o el Bajo Cauca antioqueño son precisamente las escuelas y los colegios los principales escenarios utilizados por los grupos armados para cometer este crimen.
“Una función de los ‘profes’ es vigilar que el orden se cumpla dentro del colegio, que haya disciplina, que los pelados no tiren vicio ni nada de esas cosas. Pero qué va, estos grupos utilizan a los niños para ingresar vicio a los colegios, para vender droga ahí adentro y si el profesor se da cuenta y les llama la atención, pues amenazan al ‘profe’ y le toca irse. Y quienes quedan pues no dicen nada, prefieren quedarse callados”, señala un líder campesino de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, quien pidió se omitiera su identidad.
Por cuenta de esta situación, advierte el líder consultado, un docente tuvo que ser traslado de este municipio luego de recibir amenazas. “Pero tú vas y preguntas y nadie sabe nada”, manifiesta el líder, quien señala que “aquí, por ejemplo, están ‘Los Caparrapos’. Y todos los ‘campaneros’, es decir, los que vigilan quién sale, quién entra, son pelados de 14, 15, 20 años. Los compran con un celular, cualquier billete los fines de semana cuando menos piensan, los pelados abandonan el colegio y se van con los grupos armados”.
“Y la verdad, ¿qué más hacen esos pobres pelados”, enfatiza el líder campesino: “Un pelado de estos, si termina el colegio, ¿qué opciones de vida tiene? Barequear, raspar (hoja de coca) o irse con los grupos armados. Aquí no hay más para hacer. Por eso cada vez más pelados se salen del colegio, por eso cada vez más, los pelados ven con buenos ojos irse con los ilegales porque, ¿qué más les queda por hacer en este abandono?”.
