El informe Protección “Al Tablero” del Programa Somos Defensores reveló que de 219 crímenes contra defensores de derechos humanos entre 2009 y 2013, sólo 12 tienen sentencia o están en etapa de juicio. El caso de Caloto es crítico con 13 casos.
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El estudio sobre la violencia a la que están expuestos los defensores y líderes de derechos humanos en las distintas regiones del país indagó los homicidios que se han presentado desde enero de 2009 a junio de 2013. (Descargue el informe aquí)
Durante estos últimos cinco años la cifra de asesinatos ha ido en aumento, en el 2009 se habían registrado 32 muertes, número que fue superado por los 37 crímenes ocurridos tan solo en el primer semestre del 2013, fecha hasta la que llega la investigación. El año con más asesinatos fue el 2012, con 67.
El Programa Somos Defensores indica que entre las principales causas de los atentados están las fallas en la protección que brinda el Estado y la impunidad. “Una de las principales razones que de manera reiterada es visibilizada y denunciada por los líderes sociales, defensores y defensoras, así como movimientos sociales del país, como un factor determinante en la falta de garantías al ejercicio legal y legítimo de defensa de los derechos humanos en Colombia, es la impunidad en casos de agresión contra su ejercicio y con mayor énfasis en los asesinatos contra estos líderes. (…) el gobierno nacional ha centrado la política de protección en medidas materiales, expresadas en seguridad física de los protegidos, dejando de lado factores que pueden ser clave para proteger la vida de los amenazados”, resalta el informe.
Vea las estadísticas completas de los asesinatos de defensores de derechos humanos en los siguientes gráficos:
Acerca de la falta de investigación sobre los responsables de los homicidios las estadísticas muestran que en 138 casos son actores desconocidos, 45 son identificados como presuntos paramilitares y 27 son atribuidos a las Farc.
El estudio también muestra que los tipos de líderes o defensores más afectados son los indígenas con 64 víctimas, los líderes comunales (45) y campesinos (45).
Por otro lado, el departamento con el mayor número de homicidios es Antioquia con 47, le siguen Cauca (43), Córdoba (16), Valle del Cauca y Nariño (15 cada uno).
Sobre esta situación llama la atención que Caloto (Norte del Cauca), con 13 homicidios sea el segundo municipio con más defensores asesinados por encima de ciudades capitales como Bogotá (9) y Cali (5). Medellín ocupa el primer lugar al suma 15 muertes violentas.
Otro hecho que se destaca sobre Caloto, es que de los 13 líderes asesinados, 11 eran indígenas. Esta situación se analiza en el informe luego de una visita que realizó el Programa Somos Defensores al Norte del Cauca, la organización concluye que “se pude decir que quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos en esta zona, además de no contar con las garantías necesarias para desarrollar su labor, se convierten en el blanco principal de los violentos que desde hace décadas tratan de controlar el territorio y toda la vida que en él reside. Actores tanto del Estado como de la ilegalidad han vulnerado la totalidad de los derechos de quienes habitan y defienden el territorio”.
Somos Defensores halló que “existe impunidad total en los 27 casos de homicidio contra líderes indígenas del norte del Cauca. Hay desconocimiento absoluto de las familias sobre avances en investigación o contacto con Fiscalía para tal fin”.
La impunidad
Las cifras acerca de la impunidad muestran que de los 219 casos sólo siete tienen una sentencia, cinco están en etapa de juicio y los restantes (207) no presentan “ningún avance procesal”. Además, 26 de estos casos están archivados.
Los cálculos de Somos Defensores señala que diez años tarda en promedio una sentencia por el asesinato de un líder de derechos humanos y cuatro años para evacuar las investigaciones.
“Estos casos contenidos en el 95 por ciento de impunidad, no tienen ni siquiera un futuro próximo en el que se advierta que los fiscales darán inicio formal a las correspondientes audiencias de imputación de cargos contra los presuntos responsables; el panorama es completamente desalentador, pues si se comparan con el único caso con sentencia, el cual tardó tres años para llegar a esa etapa, y si iniciaran en diciembre de 2013 las audiencias de imputación en alguno de los 207 casos impunes, solo hasta el año 2016 se tendría una sentencia, que tampoco implica en si misma una decisión definitiva, por cuanto dichos fallos son susceptibles de los recursos de apelación y casación”, indica el estudio.
Acerca de las investigaciones que lleva la Fiscalía, Somos Defensores señaló que en sólo 36 procesos se identificó a las víctimas como líderes o defensores, sobre los demás no se tenían datos o se establecía que no tenían ninguna labor. Uno de los hechos fue el crimen de la reconocida líder Ana Fabricia Córdoba, el 8 de junio de 2011, en el que el ente investigador determina que la actividad laboral de la mujer era “Ninguna. Vivía de la caridad pública”.
El informe establece que “el análisis de los 219 homicidios, demuestra que en casos de agresiones contra la vida, la Fiscalía no cuenta con recursos técnicos ni humanos que permitan avanzar en las investigaciones. Se suma esta falencia, el colapso generado en la Fiscalía por el alto número procesos de vulneración del derecho a la vida”.
La investigación también llamó la atención sobre la otras instituciones que hacen parte de los procesos por los homicidios de los defensores y encontró que hay “falta de acompañamiento en su calidad de Ministerio Público o agente especial de la Procuraduría General de la Nación en los procesos que se adelantan contra crímenes de defensores”.
