La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP le atribuyó la responsabilidad de autor en crímenes de guerra y de lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y a los tenientes coroneles (r) Julio Alberto Novoa Ruiz e Iván Darío Pineda Recuero, además de cuatro subtenientes, un teniente y un soldado, por 130 casos ocurridos entre 2002 y 2003, en el oriente antioqueño.
“No fueron hechos aleatorios, ocasionales o aislados”, afirmó la magistrada Catalina Díaz Gómez, quien, en compañía de los magistrados Óscar Javier Parra y Julieta Lemaitre Ripoll, presentó los hallazgos de la investigación que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las ejecuciones extrajudiciales, también llamados ‘falsos positivos’, que perpetraron militares de diversos rangos adscritos a la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
“La política establecida en la IV Brigada para confrontar a las Farc-EP, recuperar el territorio bajo su control y ganar la guerra, al menos en el departamento de Antioquia, permitió que los perpetradores tuvieran la motivación y contaran con los recursos necesarios para cometer estos crímenes”, concluyó el tribunal de la JEP.
Los hechos quedaron registrados en el Auto que Determina los Hechos y Conductas que la JEP presentó el pasado miércoles sobre lo ocurrido en la región del oriente antioqueño durante los años 2002 y 2003, atribuibles a tropas de la IV Brigada, cuando empezaba el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y entró en operación el Plan Patriota, una estrategia de seguridad militar contra los grupos guerrilleros del país.
Según la magistrada, las muertes en combate fueron impuestas en la IV Brigada como “único indicador de éxito militar” por la comandancia de aquella época.
La JEP recordó que estos hechos se dieron en el marco de una política de seguridad y defensa del Estado colombiano, en cabeza de los presidentes Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), cuyo objetivo principal fue alcanzar la victoria militar.
“Ambos gobiernos trazaron líneas de acción compartidas que se caracterizaron por el fortalecimiento de la fuerza pública en términos presupuestales, en pie de fuerza, nuevas tecnologías, sistemas de información, y en el mejoramiento del régimen prestacional y de carrera de sus miembros”, explicó la magistrada.
Las unidades implicadas por la JEP son el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral (GMJCO); la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas Número 5 (AFEUR); el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Restrepo (BAJES); el Batallón de Infantería No. 32 General Pedro Justo Berrío (BIPEB); el Batallón de Infantería No. 10 Coronel Atanasio Girardot (BIGIR); y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (BIOSP).
Se trataron de nueve imputaciones que se dieron dentro del Subcaso Antioquia I, que investiga la ejecución de ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño, dentro del Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Hasta la fecha, la JEP ha imputado a 62 personas por la comisión de esos delitos.
Antioquia reúne el mayor número de casos registrados en el Universo Provisional de Hechos del Caso 03. De las 6.402 víctimas identificadas por la JEP entre 2002 y 2008, por lo menos 1.613 (25,19%) ocurrieron en este departamento.
De este total, 501 casos ocurrieron en el oriente antioqueño. “Esto contribuyó a que en Antioquia se experimentara un aumento progresivo de hechos, que reflejaron una tendencia exponencial, que influyó en la dinámica del fenómeno criminal en el resto del país”, señaló la magistratura. (Leer más en Estos eran los oficiales del Ejército en las zonas con más ‘falsos positivos’ y ‘Falsos positivos’ y justicia restaurativa: el dolor de empezar a sanar)
Estrategia de guerra
Como máximo respondiente, la JEP llamó a reconocer responsabilidad al excomandante de la IV Brigada (2001-2003), el general (r) Mario Montoya Uribe, quien años después fue comandante del Ejército Nacional (2006- 2008). También imputó cargos contra dos excomandantes del Batallón de Infantería No. 4: teniente coronel (r) Julio Alberto Novoa Ruiz (2000 -2003) y teniente coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero (2003).
Según el auto de la Sala, estos oficiales, mediante la articulación de órdenes genéricas e implícitas, instigaron a los ejecutores materiales, a pesar de no tener siempre contacto directo con ellos y encontrarse, por regla general, relativamente alejados del lugar de la perpetración de los crímenes.
“La imputación del excomandante de la IV Brigada y de los dos excomandantes del BAJES se sustenta, en parte, en la presión que cada uno de ellos ejerció por bajas en combate. Una práctica que se replicó a lo largo de toda la cadena de mando militar, hasta constituir el punto de partida del patrón macrocriminal de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, indicó la magistrada Díaz.
Por su participación en estos delitos, la JEP también imputó en calidad de coautores a seis militares más: subteniente Emerson Antonio Castañeda Morales, comandante de pelotón en las baterías Deriva, Atacador y Cañón, aún activo en el Ejército; teniente (r) Nelson Enrique Carvajal Chisco, comandante de las baterías Bombarda y Cañón; subteniente (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez, comandante del pelotón Atacador 1; subteniente (r) José Alejandro Ramírez Riaño, comandante de la batería Cañón; subteniente (r) Diego Germán Guzmán Patiño, comandante del pelotón Bombarda 1; y al soldado regular Óscar Iván Mayo Marulanda.
Este segundo grupo de máximos responsables “estando en el teatro de operaciones ordenaron directamente a sus subordinados inmediatos la comisión de los asesinatos y actuaron junto con los ejecutores materiales o realizaron aportes esenciales en el nivel de ejecución, para la consolidación del patrón macrocriminal”, precisó la magistrada.
La togada expuso que la decisión de imputación se tomó basada en 130 asesinatos y desapariciones forzadas —tres víctimas son sobrevivientes— cometidos entre el 2002 (53 casos) y el 2003 (77 casos) en el oriente antioqueño.
Por lo menos 33 víctimas fueron desaparecidas forzadamente y enterradas como personas no identificadas; del total de víctimas, tres estaban en condición de discapacidad; así como 11 niños y 4 niñas.
Los atroces hechos se presentaron, especialmente, en el BAJES, que concentró el 80 por ciento de los crímenes analizados por la JEP. Los magistrados llegaron a la conclusión de que la presión por resultados en la Brigada IV se centró en presentar “muertes en combate como único indicador de éxito”, asesinando y desapareciendo forzadamente a personas en 16 municipios del oriente antioqueño, entre ellos San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad reiteró que estos homicidios en persona protegida y desapariciones forzadas no fueron hechos aleatorios, ocasionales o aislados: “Los crímenes fueron planeados, dirigidos u organizados por agentes del Estado que se encontraban en cumplimiento de sus deberes oficiales”.
El tribunal precisó tres modalidades en estos hechos. Por un lado, era frecuente que las víctimas fueran sacadas de sus casas o sus trabajos, o fueran interceptadas en los transportes y vías públicas, luego de ser señaladas como guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla.
“Este fue el caso, entre muchos otros, de Luz Stelly Morales, de 16 años, quien fue asesinada por tropas de la Batería Atacador 1 luego de ser sacada de su casa en la zona de El Morro, en el municipio de Granada. Luz Stelly fue señalada por una guerrillera desmovilizada del ELN y asesinada por la tropa luego de que su captura fuera rechazada por el comandante de la Batería”, expuso la magistrada Diaz.
Por otro lado, el engaño de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para ser trasladadas al lugar donde serían asesinadas. En su mayoría, las víctimas de este patrón eran personas habitantes de calle y, en algunos casos, trabajadores informales de la Central Minorista de Medellín.
“Así ocurrió, el 6 de julio de 2003, cuando miembros del Pelotón Cañón 2 del BAJES, vestidos de civil, se dirigieron a la central minorista de Medellín “José María Villa”. Allí llegaron a ofrecerles a cuatro hombres que trabajaban en oficios varios ayuda con una mudanza a las afueras de Medellín. Los cuatro hombres aceptaron la propuesta engañosa, fueron conducidos por los militares hasta Granada, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate en el marco de la operación Marcial Norte”, ejemplarizó la magistrada.
Finalmente, se regista la modalidad de asesinato y desaparición de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, que estaban fuera de combate. Es el caso de un guerrillero enfermo y en silla de ruedas asesinado el 1 de septiembre de 2001 en el municipio de Granada.
“En el marco de las tres modalidades identificadas, las víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión, con la intención de presentarlas falsamente como muertas en combate. Tanto en la selección como en la ejecución de las víctimas jugó un rol central la connivencia con grupos paramilitares de la región y el uso de guerrilleros desmovilizados”, resaltó Díaz.
Montoya, en los ojos de la JEP
Las órdenes hablaban de reportar “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles” o “carrotancados” de sangre, según pudo establecer la JEP. “Esto llevó a los comparecientes a entender las bajas en combate como el único indicador de éxito militar”, precisa la institución y responsabiliza al general (r) Mario Montoya Uribe por tipo de “presiones”.
“La JEP identificó que uno de los elementos más graves para encubrir las muertes ilegítimas cometidas por miembros de las unidades militares de la IV Brigada consistió en presentarlas como bajas en combate ante los medios de comunicación por parte del comandante de la Brigada, el general Mario Montoya Uribe”, señaló la magistrada Díaz.
Antes de llegar a ocupar el cargo de comandante del Ejército Nacional en 2008, Montoya fue comandante de la IV Brigada entre 2002 y 2003 y por su responsabilidad de mando y presión en los resultados militares, la Sala de Reconocimiento de Verdad lo llamó a reconocer responsabilidad en calidad de autor.
Según la JEP, las unidades y los militares que respondían a estos objetivos obtenían incentivos y recompensas, y quienes no lo hacían se exponían a castigos, traslados o retiros del Ejército de manera arbitraria y como un castigo. Además, según este tribunal, el método recurrente para comunicar estas presiones por resultados sobre los miembros de las unidades tácticas fue a través de los programas radiales diarios.
“El general Montoya sí nos decía en los programas que él no quería capturas, que él quería era muertos en combate y que miráramos a ver cómo íbamos a hacer, porque teníamos que presentarles muertos en combate”, aseguró el subteniente Pilider Torres ante la JEP en versión voluntaria del 9 de noviembre de 2021.
“En el programa, en las tardes, se escuchaba en el radio cuando el comandante del batallón decía ‘quiero bajas, ¿por qué no dan bajas? ¿No quieren trabajar o tienen pereza?’, coincidió el soldado Francisco Vanegas en versión voluntaria ante la JEP el 19 de febrero de 2019.
El tribunal de justicia transicional determinó que Montoya mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las Farc y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza.
Según la JEP, ejemplo de esa conducta tuvo lugar en rueda de prensa en la que presentó como guerrilleros del Noveno Frente de las Farc-EP a dos niñas y tres jóvenes civiles que cayeron en una emboscada militar contra un vehículo que conducían dos paramilitares el 9 de marzo de 2002 en San Rafael. En ausencia de transporte público, los muchachos le habían pedido al paramilitar conocido como ‘Parmenio’ que los llevara a una vereda vecina donde había una fiesta.
“A sabiendas de que se trataba de civiles que no participaban en las hostilidades, porque así se lo había reportado claramente el comandante del Batallón a cargo de la operación, el general Montoya insistió y presentó los cuerpos de los muchachos personalmente en la rueda de prensa como guerrilleros dados de baja en combate”, explicó la magistrada Díaz.
“Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera”, le gritó la madre de Erika Castañeda, niña de 13 años y una de las víctimas de ese hecho, cuando el general Montoya se llevaba los cuerpos en un camión, según recordó la mujer en una audiencia pública ante la JEP.
De la misma manera, la JEP insistió en que Montoya presionó a los miembros de las unidades militares adscritas a la IV Brigada para que produjeran bajas a toda costa y que rechazó el reporte de capturas, incautaciones y otros resultados operacionales distintos de las bajas, por considerarlos resultados operacionales indeseados.
“Tanto del comandante de brigada como de batallón, a ellos no les servían heridos ni capturados. La estructura para esa época que se formó con los batallones de la IV Brigada eran muertes en combate”, explicó en versión voluntaria ante la JEP, el 21 de febrero de 2019, el capitán Rubén Blanco.
Todo esto fue alentado, según los magistrados, por el uso de un lenguaje violento por parte de Montoya hacia sus subordinados, “que exaltaba el derramamiento de sangre e incitaba al uso indiscriminado de la fuerza letal”.
“De hecho, en el batallón, a la entrada del BAJES, había un cartel contador de las bajas que nosotros llevabamos dentro de todo el año y había una competencia debido a las instrucciones que impartía el general Montoya”, señaló el subteniente Torres.
Piden “desmontoyizar” el tema
La Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos de Medellín que, desde hace dos décadas ha llamado la atención sobre la comisión de estos delitos, reconoció el avance en lo actuado por la JEP contra Montoya y los otros ocho militares, pero aseveró que “el establecimiento de responsabilidad también debe extenderse a los demás integrantes del Estado Mayor” de la IV Brigada, “toda vez que, conforme a las afirmaciones hechas por algunos comparecientes, no sólo tenían conocimiento de esta práctica sino que además la promovían en las tropas a su disposición”.
Además, esta corporación propuso “desmontoyizar” las ejecuciones y considera que, “si bien era un eslabón fundamental para la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos, es necesario analizar la responsabilidad de otros comandantes como los oficiales de inteligencia y de operaciones de la IV Brigada”.
No obstante, explicaron a través de un comunicado que esta imputación no “se agota la investigación en contra de Mario Montoya Uribe y otros comandantes del ejército nacional, pues la decisión emitida está relacionada específicamente con el periodo 2002- 2003”.
De hecho, esta organización defensora de derechos humanos anunció que “esta misma semana, como Corporación Jurídica Libertad, hemos presentado otro escrito de observaciones que corresponde al periodo 2004 en adelante, también del subcaso Antioquia, y se espera que en diciembre se lleve a cabo la audiencia de observaciones con las víctimas en donde podrán presentar sus análisis y observaciones a las versiones voluntarias de otros militares”.
Por otro lado, mientras esta organización de derechos humanos hace una llamado para ver más allá de la figura de Montoya en el oriente de Antioquía, otros defensores de víctimas recalcan que la responsabilidad del excomandante del Ejército es mayor y que su alcance no se limita a hechos ocurridos en esa región.
Sebastián Bojacá, coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), hace hincapié en que esta imputación contra el general (r) Mario Montoya tan sólo refleja parte de su responsabilidad en el macrocaso de ejecuciones extrajudiciales, pues también está relacionado con crímenes en su paso por el Comando Conjunto Caribe; por la Primera División del Ejército, con jurisdicción en Antioquia; y como comandante del Ejército Nacional.
“Sobre cada una de esas facetas, las organizaciones de la sociedad civil hemos presentado los respectivos informes; pero adicionalmente, en las versiones voluntarias, los comparecientes (otros militares que rinden cuentas ante la JEP) lo han señalado de tener una responsabilidad inequívoca en la comisión de estos delitos”, plantea el defensor de víctimas..
Para Sebastián Escobar, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), esta imputación de la JEP es una consecuencia natural porque desde hace más de 15 años organizaciones de derechos humanos han denunciado la práctica y la responsabilidad del general Montoya y otros mandos militares.
“Es una decisión positiva, que no debe ser un punto de llegada sino de partida, para abordar la responsabilidad de este comandante en otros escenarios en los que también tiene responsabilidad. Hace poco se abrió la priorización nacional de este macrocaso, que deberá abordar parte de la comandancia del Ejército de Mario Montoya. Es un paso en un camino más largo que debe seguir avanzando la jurisdicción”, recalca Escobar..
¿Qué sigue?
Tras la notificación de la JEP a los nueve imputados de los crímenes por los que son procesados, estos tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. Si hay reconocimiento, se fijará una fecha para realizar una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y posteriormente pasar al Tribunal para la Paz con una resolución de conclusiones, para que este imponga, si es el caso, una sanción propia, que tienen un enfoque de justicia restaurativa sin privación de la libertad en centros carcelarios.
En esta fase es de vital importancia el aporte de verdad que hagan los comparecientes y debe cumplir con unos estándares para ser acreedores a una pena alternativa. “Ese reconocimiento tiene que superar unos criterios orientadores o dimensiones de reconocimiento, que son contribuir a una verdad detallada de los hechos y hacer un reconocimiento de las circunstancias fácticas en las que ocurrieron; y ser un reconocimiento restaurativo, que dignifique la memoria de las víctimas”, precisa Escobar.
Quien añade que, teniendo en cuenta el comportamiento procesal del general (r) Montoya en la JEP, “se podría anticipar que no habrá una aceptación de responsabilidades y en ese caso la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad remite el auto y el expediente ante la Unidad de Investigación y Acusación, que es como la Fiscalía interna de la JEP, para que perfeccione la investigación y decida si hay méritos para presentar un escrito de acusación”.
Esa lectura es compartida por el abogado Bojacá, quien recuerda que en su primera audiencia en la JEP, ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el excomandante del Ejército dijo que los soldados no sabían utilizar baños ni cubiertos y que por culpa de la ignorancia de ellos se habían dado las ejecuciones extrajudiciales que lo tenían compareciendo en ese tribunal de justica transicional.
“Lo que intentó hacer fue aligerar su discurso frente a los miembros de la institución y de ella misma (Ejército). Pero para la audiencia de julio del año pasado, en donde se le cuestionó por la responsabilidad como comandante de la IV Brigada por hechos de Antioquia, manifestó que no podía afirmar ni negar que fuera responsable. Se le puso de presente relatos de otros comparecientes que lo señalaban como responsable y efectivamente dijo que no puede afirmar ni desmentirlos. No creo que con suficiencia haya podido establecer un aporte de verdad”, precisa el litigante de la CCJ.
Además, Bojacá advierte que que si el general (r) Montoya y los demás comparecientes no cumplen los requisitos de reconocimiento de responsabilidad y aporte pleno de verdad, organizaciones y defensores de víctimas, pedirán que el proceso vaya por la vía adversarial, en donde se pueden exponer a penas de prisión de cinco a ocho años y, en el peor de los casos, a 20 años.
