Escrito por: Sarah R. Champagnea

Entre un atentado con granada todavía sin resolver y una pugna sobre un acta reciente con el gobierno nacional, los líderes afrodescendientes del norte de Cauca siguen decididos en hacer avanzar su agenda y reclamar soluciones de fondo a sus problemas históricos de abandono estatal.

Las amenazas llegan con frecuencia desde 2014. Víctor Hugo Moreno Mina, consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), viajó a un encuentro en Bogotá con una amenaza fresca. “Señor Víctor Hugo, la deuda con usted aún no está saldada”, empieza el mensaje de texto que recibió. Después de nombrar a otros líderes sociales, el mensaje termina: “Con todo y eso van a morir. Águilas Negras presente.”

Moreno casi encoge los hombros: “Una más. A vivir tanto tiempo con miedo, uno lo va superando”, le dijo a VerdadAbierta.com. Pero lo que ahora ocupa sus pensamientos es la negociación de Aconc con el gobierno nacional, que no ha dado los frutos esperados. Tras su participación en la Minga Nacional por la Vida del suroccidente colombiano, que bloqueó la vía Panamericana entre abril y mayo pasados, los lideres afrodescendientes alcanzaron varios acuerdos.

En medio de la espera para poner en marcha lo pactado, por lo menos 16 dignidades afros de Aconc, así como del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y de la Asociación de Municipal de Mujeres de Buenos Aires (Asom), fueron atacados por un grupo armado mientras estaban reunidos en la finca La Trinidad, de la vereda Lomitas, en Santander de Quilichao. (Leer más en: Ser líder social en el suroccidente, una labor de riesgo extremo)

Después de aquel atentado, ocurrido el pasado 4 de mayo y que dejó dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) heridos, el presidente de la República, Iván Duque, designó a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para hacer un plan de trabajo con los líderes afros. Con el fin de avanzar en ese propósito, se citó a reunión en Santander de Quilichao el 6 de junio, que concluyó con la firma de un acta para avanzar en la construcción de un decreto.

Sin embargo, la ministra Gutiérrez no se quedó hasta el final de la reunión y encargó a Judith Salazar, directora de Comunidades Afros e Indígenas, de firmar y llevarle el acta al día siguiente. “La Ministra se fue, hicimos el acta. Defensoría del Pueblo y MAPP-OEA firmaron como garantes. Se llevó el acta para que la Ministra la firmara. Y el pasado 15 de junio nos devuelve un acta diferente”, explica Moreno.

La cuestión de mayor desacuerdo tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos firmados por gobiernos anteriores. En Aconc insisten en respetar lo que ya fue acordado: “En total, estamos hablando de decenas de actos firmados e incumplidos desde 1986. Acuerdos que se han ido acumulando desde hace 33 años”, afirma el consejero mayor. Por lo tanto, su meta no es de hacer un acuerdo nuevo, sino respetar lo ya acordado: “Quitó completamente este párrafo que era el centro del acta. Nosotros no firmamos el acta así”.

Otro cambio unilateral en el acta, dice Moreno, es la revisión de la ruta para el fortalecimiento de la Guardia Cimarrona. Este fortalecimiento está consignado en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz firmado en noviembre del 2016 entre las antiguas Farc y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), como sistema de seguridad reconocido a nivel nacional en una perspectiva de control de los acontecimientos que les afectan. Su petición viene desde hace por lo menos cuatro años, cuando comenzaron a diseñar esa estrategia de protección. (Leer más en: Los desafíos de la Guardia Cimarrona)

Los directivos de Aconc siguen en su disposición de dialogar con el gobierno nacional con el propósito de terminar la revisión de los acuerdos involucrando a todas las entidades con quien tienen pactos previos firmados. Todas sus peticiones están relacionadas con reivindicaciones históricas tales como la titulación colectiva, la consulta previa libre e informada ante la industria minera, la reparación colectiva, el fortalecimiento del gobierno propio y la minería ancestral como sustento de vida.

Pese a que se quiso conocer la versión de la Ministra del Interior, no fue posible contactarla. En su cuenta de Twitter, la funcionaria reaccionó a un mensaje de la líder afro Francia Márquez, quien cuestionó el incumplimiento de su palabra y la modificación del acta, calificando esa actitud de mala fe: “¿Mala fe? Porque siendo responsables no podemos avalar acuerdos que no conocemos. Sólo nos comprometemos a lo que se pueda cumplir. Llevamos dos meses de conversaciones con el mayor ánimo de buscar soluciones para las comunidades de Cauca. Hay que decir la verdad”.

Contra dignidades afro

Víctor Hugo Moreno Mina, consejero Mayor de Aconc. Foto: Sarah R. Champagne.

La recuperación de tierras es también central al movimiento organizado que busca recuperar 60 mil hectáreas de tierra entre los 43 consejos comunitarios del pueblo negro del norte del departamento de Cauca. Hasta ahora, se han recuperado 3.500 hectáreas. El atentado que sufrieron los líderes afros el 4 de mayo tiene una connotación simbólica, pues ocurrió en una de las primeras fincas recuperadas de su territorio ancestral, que se encuentra en proceso de titulación colectiva y en donde trabaja por sus reivindicaciones.

El vehículo blindado en el cual se moviliza generalmente Víctor Hugo Moreno Mina recibió impactos de siete disparos, así como daños producidos por una granada. Dos escoltas de los lideres resultaron heridos, uno en la pierna y otro en el cuello. No sólo el ataque fue violento, dice el consejero, sino que fue dirigido a una mayoría de representantes afro muy visibles, autoridades muy significativas del norte de Cauca y del país.

Si bien puede contar con esquema de protección individual gracias a la UNP, este líder insiste en la protección colectiva del territorio y, sobre todo, en atacar las causas que generan riesgos. A pesar de unas capturas después de los hechos, no se aclararon los autores intelectuales. (Leer más en: “La mejor manera de tener seguridad es que se respeten los territorios”)

Sin acusar directamente a nadie, Moreno prefiere recordar que en la pasada Minga por la Vida se bloquearon camiones de comercio y de otros que trasportaban “otras cosas ilegales”, profundizando una tensión ya larga con empresarios y actores armados ilegales de la región.

Zona de confrontación

Los senderos de esas regiones también conducen al Pacífico, en donde delegados de mafias mexicanas coordinan sus embarques de cocaína y no cuentan con grupos armados propios. Foto: VerdadAbierta.com.

Cauca sigue tristemente en el primer lugar de las estadísticas de asesinatos de líderes sociales. Hubo 30 homicidios confirmados en 2018, según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Además, los registro de Somos Defensores, una organización no gubernamental que desde 2002 documenta toda clase de agresiones contra líderes sociales, señalan que ese departamento y Antioquia, han sido los más violentos y peligrosos para quienes defienden los derechos de diversas comunidades en los últimos seis años de manera consecutiva.

Son alrededor de 110 homicidios registrados en Cauca desde el 1 de enero de 2016 hasta febrero de 2019, confirma Mauricio Redondo Valencia, quien trabajo 14 años en la Defensoría del Pueblo como defensor regional de ese departamento y después como director del Sistema de Alertas Tempranas. Explica que varios factores han contribuido a un nuevo escenario desde la firma del Acuerdo de Paz, que abarcan la situación altamente estratégica de la zona para el comercio licito e ilícito; la cercanía a Cali; la potencial salida hacia el Pacifico y la gran riqueza hídrica, que marcan al territorio en confluencia comercial.

Históricamente en la región hubo presencia de guerrillas del M-19, del movimiento Quintil Lame y varios frentes de las antiguas Farc, así como de grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). La reconfiguración de grupos armados con la emergencia de nuevos actores para la región, a lo que se suma la expansión del Eln a nuevas regiones del norte de Cauca, es también responsable de este una afectación a los líderes afros. Las economías ilegales sustentadas en la siembra de hoja de coca y de marihuana siguen muy presentes y agudizan la disputa por sus rentas. (Leer más en: Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca)

Para estos grupos siempre “ha sido fundamental tener liderazgos débiles en estas comunidades”, denota Redondo. Víctor Hugo Moreno Mina y Aconc prometen lo contrario: “Nos hemos fortalecidos y no vamos a salir del territorio”.

* Foto de apertura: cortesía Víctor Hugo Moreno.