Las comunidades afro e indígenas de este municipio del departamento del Chocó desde hace más de dos décadas cargan con la violencia a sus espaldas. La ausencia del Estado, la disputa armada por el control de la minería ilegal y los cultivos ilícitos los han devastado.
El valle del Baudó ha sido acosado por grupos armados ilegales desde mediados de la década del noventa.Bajo el fuego cruzado, así viven las comunidades indígenas y afrodescendientes del municipio Alto Baudó, a 80 kilómetros al sur de la capital del departamento. La confrontación armada, recrudecida en las últimas semanas, es una secuencia dramática de lo que viene sucediendo desde mediados de la década de los noventa, cuando llegaron a la región guerrillas, paramilitares y Ejército.
El Alto Baudó es una región rica en recursos naturales y con una ubicación geográfica estratégica, pues sus corrientes fluviales conducen al océano Pacífico. Ambas circunstancias la convirtieron en botín de disputa de los grupos armados ilegales. Como lo comentó un nativo de la zona, “para nadie es un secreto que quien tenga el control de los ríos va a tener el control del narcotráfico y así mismo el control de parte de la economía ilegal”.
A esta disputa permanente por controlar los recursos naturales y la economía ilegal, que tan solo este año deja ya más de 4 mil desplazados, se ha sumado la falta de atención por parte del Estado a las necesidades básicas de la población: solamente el 20% cuenta con las necesidades básicas satisfechas. La Defensoría del Pueblo aseveró que no ha existido una política pública gubernamental en términos de salud, educación, vivienda y servicios básicos que atienda las necesidades de las comunidades, lo cual constituye una violación a sus derechos.
“Acá a nosotros nos llegan todas las violencias posibles: la guerra entre paramilitares, guerrilla y el Ejército, la violencia social y la violencia cultural”, afirmó Albeiro Moya habitante de la región, haciendo referencia a que el Estado Social de Derecho promulgado en la Constitución Política no se cumple al no respetar los derechos de las comunidades afro y campesinas.
La disputa por el territorio
En esta región chocoana hacen presencia, desde mediados de los noventa, facciones de las guerrillas de las Farc y el Eln. Por allí también pasaron grupos que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y desde hace unos años atrás irrumpieron ‘Los Rastrojos’ y ‘Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), también conocidos como ‘Los Urabeños’.
En la disputa reciente por el control de las rutas fluviales del narcotráfico y la minería ilegal, que se agudizó desde comienzos de junio de este año, se enfrentan las Acg con al Frente de Guerra Occidental del Eln, que ha tenido en la zona del Alto Baudó una presencia histórica.
Esa estructura insurgente hizo presencia en el departamento a mediados de la década de los noventa y, años más tarde, empezarían los enfrentamientos con el Ejército, lo que generó los primeros desplazamientos forzados. “Para nosotros, la llegada del Eln en el año 96 significó la primera irrupción a nuestra cultura y modo de vida, de ahí en adelante lo que vino fue peor” señaló Ferney Rojas*, un poblador de la región.
Tras las desmovilizaciones colectivas de bloques y frentes de las Auc, bajo los acuerdos con el gobierno nacional, que concluyeron en agosto de 2006, la región se vio afectada por grupos que se rearmaron, entre ellos ‘Los Rastrojos’ y ‘Renacer’. Para el 2009, irrumpieron las Agc, disputando a sangre y fuego el dominio del territorio, hasta consolidarse y dominar las economías ilegales.
“La llegada de esas bandas al territorio significó tener de regreso a los paramilitares, fue como si de nuevo quedáramos en el 2001 con la llegada de las Auc, los mismos métodos y las mismas prácticas se empezaron a repetir” agregó Rojas.
Hoy día el puntocrítico se desata en el corregimiento de Chachajo, un punto clave, según sus habitantes, para controlar actividades del tráfico de drogas: por un lado comunica fluvialmente con sur del departamento, y por el otro, es la conexión con el municipio de Nuquí, via expedita a los puertos naturales sobre el Pacífico (vea el mapa aquí) . Allí se asentaron las fuerzas de las Agc, sometiendo a la población a diversas presiones y riesgos.
Lucy Chamorro, representante de la Mesa Departamental indígena, afirmó que la disputa territorial es consecuencia de la marginalidad de las comunidades y la ausencia del Estado. “La negligencia del Estado ha sido permanente, la situación ha sido alertada desde hace varios años, pero no nos escucharon se hizo caso omiso y ahora miré en lo que estamos” puntualizó la líder indígena.
Crisis humanitaria
La falta de efectividad de las acciones desplegadas por el Ejército, y la codicia de los grupos armados ilegales por el control del narcotráfico y de la minería ilegal, han generado un choque de fuerzas que tiene a las comunidades de Alto Baudó en medio del fuego cruzado y pagando las consecuencias: algunos habitantes han muerto y cientos de pobladores se vieron obligados a desplazarse para proteger sus vidas.
Cientos de pobladores de Alto Baudó han tenido que salir de la región de manera forzada.Las cerca de 3 mil personas que se desplazaron entre mayo y junio de este año según la Defensoría del Pueblo, se refugian en resguardos y comunidades vecinas y ante la falta de garantías en seguridad no han podido retornar. Esto ha supuesto nuevas dificultades como el hacinamiento y la escasez de alimentos.
“Por ejemplo, en Puerto Indio, lugar donde se están albergando algunos de los desplazados, la Alcaldía no dio abasto con la cantidad de demanda de necesidades de las comunidades, y ahora hay hambre y problemas de salud más que todo en los niños” denunció Albeiro Moya, habitante de la región, quien aseveró que la minería, que se concentra la mayor oferta de trabajo, tanto de manera legal como ilegal, “es otra razón para el desplazamiento y la muerte de los pobladores”.
Betty Moreno, directora territorial de la Unidad de Víctimas, explicó que “estamos trabajando por el retorno de los desplazados internos, por lo cual se requiere de mayor atención a los procesos organizativos y a la presencia del Estado para lograr dispersar a los grupos armados. Sin embargo, esto no va a ser posible hasta que no se cumplan los derechos sociales y económicos de los ciudadanos”.
Se prolonga el conflicto
La situación de población desplazada no es reciente. Con el accionar de las guerrillas a mediados de los noventa se dieron los primeros desplazamientos, situación que se agravó desde el 2001 con la incursión de facciones de las Auc (Lea: Mujeres desplazadas del Baudó).
A través de su página web, el Frente de Guerra Occidental del Eln viene dando constantes “partes de guerra” en los cuales denuncia que las acciones de las Agc supuestamente estarían siendo apoyadas por tropas del Ejército, lo que genera graves afectación a las comunidades. En el más reciente afirmaron que “en la región del Alto Baudó el frente guerrillero Resistencia Cimarrón mediante acciones de protección a la población desarrolló operativos en días anteriores, lo cual permitió dar de baja a medio centenar de paramilitares, los cuales tuvieron que buscar la protección de la Brigada 15 y la Fuerza de Tarea Titán del Ejército colombiano”.
El presidente Juan Manuel Santos activó en Quibdó, el 9 de enero de este año, la Unidad Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que con más de 2.500 hombres de la Séptima División del Ejército, la Fuerza Naval del Pacífico y del Comando Aéreo de Combate N. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), se fijó como meta “la neutralización de los grupos terroristas y bandas criminales que delinquen en Chocó y Parte de Antioquia. A, mismo tiempo efectuará operaciones contra el narcotráfico, el secuestro, la minería ilegal y la extorsión”.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, esta nueva unidad operativa tendrá jurisdicción en los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte (Antioquia) y en Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, Certegui, Condoto, El Cantón de San Pablo, Istimina, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan. Quibdó, Río Iro, Río Quito, Tadó, Unión Panamericana, San José del Palmar, Sipí, Novita y la parte oriental de Litoral del San Juan (Chocó).
Si bien la intención de esta unidad es consolidar la presencia del Estado, para los pobladores significó un actor más del conflicto, al cual señalan también de vulnerar los derechos de las comunidades y al que cuestionan por no consultar a dónde van a intervenir, de qué manera y cómo lo van a hacer.
Pero la situación va más allá, a juicio de Moya, quien ve asegura que la vida entre la guerra y la economía informal se ha convertido en el diario vivir de las comunidades más marginadas: “en medio de la pobreza se encuentra el caldo de cultivo para generar caos”.
Crisis más allá de la guerra
Si bien el conflicto armado es un factor de alteración de la vida cotidiana en Alto Baudó, las comunidades se enfrentan a otro tipo de violencias, que así no deje muertos o desplazados genera afectaciones que vulnera todo tipo de derechos.
Richard Moreno, representante de las comunidades afro del departamento, aseguró que “no es verdad que la guerra que se desata acá entre las guerrillas, los paramilitares y el Ejército genere más problemas que la falta de salud, de educación, de acceso a la tierra y a la vivienda. Son pocos los que en el departamento pueden acceder a este tipo de derechos”.
A juicio de este líder regional, en el Chocó “no estamos dentro del Estado social de derecho, hay políticas nacionales que a nuestros territorios no llegan, como la salud y la educación”.
Otra de las grandes preocupaciones de los líderes chocoanos es que las políticas expedidas a lo largo de los años por parte de los gobiernos, en palabras de Lucy Chamorro, no han contado con el enfoque diferencial que deberían de tener para las comunidades afro e indígenas: “lo que hacen las políticas es torpedear la cultura y el desarrollo de los pueblos, no tenemos el mismo desarrollo y creencias; si es otras partes no importa que exploten el suelo, acá sí”.
Comunidades en resistencia
A pesar de las afectaciones que genera estar en medio del fuego cruzado y el abandono estatal, las comunidades siguen resistiendo y haciendo valer su territorio. Una de las peticiones más importantes es hacer valer la protección de la propiedad colectiva con el fin de evitar que tanto las guerrillas como las Agc los saquen de las tierras.
Una de las paradojas que viven las comunidades afrodescendientes es que por aplicación de la Ley 70 de 1993, los territorios donde habitan tendrían una protección especial a través de la titulación colectiva, respetando su relación con la tierra y su cultura, no obstante, la realidad demuestra que la intervención del suelo y el subsuelo por parte del Estado, de empresariado y los grupos ilegales han vulnerado ese derecho.
“Es indispensable que a nosotros nos reconozcan en verdad que los territorios son propiedad de las comunidades indígenas y afro, que somos nosotros quienes debemos impartir ley y no los que nos están haciendo daño” puntualizó Richard Moreno.
De no cambiar la situación, las comunidades han decidido que son ellas entonces las que harán respetar sus derechos para poder vivir tranquilas y en paz. “Así nos toque tomar medidas drásticas para que nos reconozcan, deben saber que para poder llegar al subsuelo tienen que pasar por el suelo y ahí vamos a estar nosotros, se van a encontrar con nosotros”, advirtió el líder de las comunidades afrodescendientes.
