Este confeso narcotraficante es el segundo peso pesado del paramilitarismo excluido del proceso de justicia transicional. El primero de ellos fue Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’.
Luego de un intenso debate jurídico que duró poco más de siete meses, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín decidió excluir de los beneficios de Ley 975 de 2005, conocido como Justicia y Paz, a Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordolindo’, considerado por la Fiscalía y las autoridades de Policía como uno de los narcos “pura-sangre” que se coló al proceso de paz que el Gobierno Nacional adelantó con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en Santafé de Ralito. (Descargue el fallo aquí)
De acuerdo con la decisión del Alto Tribunal, Zuluaga Lindo faltó a su compromiso de verdad tras afirmar que se desmovilizó en una estructura a la que nunca perteneció, como fue el Bloque Pacífico-Héroes del Chocó, estructura que entregó sus armas el 23 de agosto de 2005 en Istmina, Chocó, bajo el mando de Luis Eduardo Durango, para luego tratar de demostrar infructuosamente que fungió como comandante financiero del Bloque Calima, cuyo comandante máximo fue Ever Veloza, alias ‘H.H’.
“Él (Zuluaga Lindo) se ubica en un lugar que nunca ocupó, aceptando incluso delitos como la masacre de El Naya, donde tampoco pudo determinar su participación al interior del Bloque Calima, pues la admite por línea de mando, pero con posterioridad no reconoce haber emitido órdenes o haber sostenido reuniones para la planeación de esta operación, puesto que su actividad, y en esto sí se ajusta a la verdad, solo se limitó al tráfico de estupefacientes”, dice en uno de sus apartes el fallo.
Y continúa: “además, está incumpliendo con acuerdos particulares pactados como desmovilizado, contemplados en el Artículo 5, numerales 1 y 2 de la Ley 1592 de 2012”. De acuerdo con este articulado, que reformó la Ley de Justicia y Paz, cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o no cumpla con los requisitos de elegibilidad que básicamente sean faltar a la verdad, continuar delinquiendo y no colaborar con la justicia, será excluido de los beneficios que otorga la justicia transicional.
Pese a esta decisión, la Sala de Justicia y Paz ordenó mantener las medidas cautelares que pesan sobre los bienes entregados por alias ‘Gordolindo’ y que una vez las autoridades pertinentes verifiquen su procedencia sean utilizados para la reparación de las víctimas. Al respecto, según información suministrada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Zuluaga Lindo había entregado, a abril de este año, 11 bienes urbanos y un predio rural, cuyo valor asciende a los 60 mil millones de pesos aproximadamente.
Aunque la decisión se ajusta a las pretensiones de la Fiscalía de Justicia y Paz, que pidió su exclusión en febrero del presente año, también marca un precedente importante toda vez que el Alto Tribunal terminó rebatiendo los argumentos expuestos por el Ente Acusador para sustentar tal petición, como lo fue que alias ‘Gordolindo’ nunca hizo parte de la estructura de las Auc y que los crímenes que venía confesando nada tenían que ver con las actividades del paramilitarismo.
El debate jurídico
En este sentido, el análisis jurídico hecho por los magistrados de la Sala determinó que el narcotráfico constituyó la principal fuente de financiación de los bloques del paramilitarismo, en algunos de ellos llegó a ser la única; y que ello generó pugnas internas que derivó en enfrentamientos entre los mismos miembros de las Autodefensas.
También queda claro que si bien no cabe duda que Francisco Javier Zuluaga Lindo es un confeso narcotraficante, delito por el cual purga una pena de 14 años en una cárcel de los Estados Unidos, también lo es que éste se vinculó a las Auc para desarrollar dicha actividad en favor de los intereses de expansión y consolidación de esta estructura armada.
“Alias ‘Gordolindo’ sí perteneció a las autodefensas y ejerció su actividad como paramilitar bajo los estrictos límites del narcotráfico y sus conexos por órdenes de los hermanos Castaño Gil”, consigna la sentencia en sus apartes.
Luego de valorar las pruebas entregadas por las partes, la Sala concluyó que la relación de los hermanos Castaño Gil y ‘Gordolindo’ fue más allá de una simple amistad de beneficio reciproco, en cuanto Zuluaga Lindo realizaba unas actividades dentro de la organización que superaban ampliamente el rasero de una narcotraficante independiente: pagaba sueldos a miembros de bloques, entregaba apoyo logísticos, recolectaba dineros de otros narcos, pagaba gramaje como otros narcos, convivía en zonas de dominio del grupo “lo anterior lo convertía en mano de derecha de Carlos Castaño en cuanto a temas de narcotráfico se refiere”, señala la sentencia.
“La cercanía de Zuluaga Lindo con los hermanos Castaño Gil –continúa la decisión- proviene de años anteriores de su ingreso a la organización, siendo presentado por alias ‘Don Berna’ a mediados de los 90, lo que cual repercute para su ingreso a la organización, eso sí, bajo su actividad de narcotráfico. Participó en reuniones de conformación del Bloque Calima como narcotraficante, estructura que dispuso de la mayoría de sus aportes, siempre bajo los designios de Vicente Castaño”.
De igual forma, la Sala desestimó las razones consignadas por Ever Veloza, alias ‘H.H’, quien en una misiva dirigida al Fiscal General de la Nación señaló que no quiso desmovilizar en el Bloque Calima a alias ‘Gordolindo’. “El hecho de que no haya querido desmovilizarlo en el Bloque Calima no es indicativo de que no fuera parte de las Auc”, precisó el Tribunal.
Pese a estas evidencias, la Sala consideró que riñe con la lógica y filosofía de la justicia legalizar los delitos de tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, consideraciones que ya habían sido expuestas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
Los representantes legales de Zuluaga Lindo manifestaron que apelarán la decisión tras considerar que el Alto Tribunal se extralimitó en su decisión. El próximo 11 de noviembre será la audiencia de sustentación de la apelación que, de ser aceptada, deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia.
