El proceso fue iniciado a instancias de comunidades indígenas y campesinas del departamento de Putumayo, que cuestionaron ese acuerdo por cuanto vulneraba el medio ambiente, además de sus usos y costumbres, y la confianza en el Sistema de Naciones Unidas. La investigación la adelanta una dependencia interna de esta agencia multilateral.
La noticia se anunció con bombos y platillos: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia firmó una alianza con la petrolera GeoPark con el fin de unir esfuerzos técnicos y financieros para implementar una estrategia integral de reactivación económica territorial que impactará positivamente la calidad de vida de los habitantes de los departamentos de Casanare, Meta y Putumayo.
Esa alianza se suscribió el 21 de abril de este año en Bogotá como parte del proyecto Sector Privado y Agenda 2030, y fue comunicada a la opinión pública nacional e internacional por Norma Sánchez, directora corporativa de Naturaleza y Vecinos en GeoPark, y Javier Pérez Burgos, gerente del área de Reducción de Pobreza e Inequidad del PNUD en Colombia.
“Es una apuesta que va a generar beneficios importantes en siete municipios y 28 comunidades en tres departamentos […] y estamos convencidos que esto redundará en el bienestar que las comunidades siguen requiriendo y por el cual recibiremos de parte de ellas mucha aceptación y participación en este proceso”, dijo Sánchez.
Por su parte, Burgos afirmó que esta iniciativa, que contaría con 1,9 millones de dólares aportados por GeoPark, era la primera que lanzan de manera conjunta con la empresa privada en aras de apoyar el proceso de reactivación económica y social en el país.
“Unidos por la reactivación territorial representa una estrategia clara, importante, para mitigar los efectos de corto y mediano plazo de la pandemia, a través de la generación de oportunidades de empleo, oportunidades de recuperar el aparato productivo en cabeza de las comunidades, las organizaciones, las micro, pequeñas y medianas empresas, y por supuesto de las poblaciones que hoy más lo necesitan”, afirmó el vocero del PNUD. (Ver video de lanzamiento)
Reacción adversa
Lo que no se esperaban tanto en el PNUD como en GeoPark fue la reacción adversa a esa alianza por parte de indígenas y campesinas del departamento del Putumayo, especialmente de la comunidad Siona del Resguardo Buenavista, así como por la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (Adispa), que impulsa la zona de reserva campesina de La Perla Amazónica.
Con el apoyo de la organización internacional Amazon Watch, Amazon Frontlines y Healing Bridges, tanto indígenas como campesinos llevaron el caso hasta Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales (SECU, por sus siglas en inglés), un órgano interno del PNUD encargado de investigar supuestos incumplimientos de las normas sociales y ambientales que rigen a esta agencia multilateral.
Tras valorar la información aportada por el PNUD en Colombia y los indígenas y campesinos, la SECU decidió admitir la denuncia contra la oficina de país de esta agencia multilateral y someter a estudio su actuación con el fin de establecer si a través de esa alianza con la petrolera GeoPark se habría violado algunas reglas en la ejecución de los proyectos “Amazonía Sostenible para la Paz” y “Sector Privado y Agenda 2030”.
El problema de fondo es la pérdida de confianza que enfrenta la oficina del PNUD en Colombia entre la comunidad indígena del pueblo Siona, que, incluso, ha devuelto dineros de programas financiados por esta agencia por cuanto no considera coherente continuar ejecutando recursos en proyectos que ahora tienen un manto de duda.
Fuerte tensión
En una primera reacción, las autoridades del resguardo indígena Siona Buenavista y de la asociación campesina Adispa, le enviaron el pasado 26 de abril una carta a la entonces representante del PNUD en Colombia, Jéssica Faieta, en la que expresaron su rechazo a la alianza estratégica de esa agencia con GeoPark.
“Consideramos [que] esta Alianza es un acto que atenta contra la legitimidad y la confianza en el PNUD, pues resulta incoherente con la posibilidad efectiva de protección ambiental y territorial que se esté pactando justamente con la Empresa que más amenaza la fragilidad de la Amazonía”, se lee en la misiva. (Ver carta)
De acuerdo con ambas organizaciones, desde el 2009 se desarrollan en territorios indígenas y campesinos actividades de exploración y producción de hidrocarburos desconociendo las decisiones de las autoridades tradicionales y el movimiento campesino.
“La imposición por la fuerza de una visión de desarrollo contraría (sic) los planes de vida, planes de desarrollo, el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado [y] la libre determinación”, van contra el resguardo indígena Siona Buenavista y Adispa, que tiene asiento en el municipio de Puerto Asís.
Las operaciones petroleras están hoy bajo responsabilidad de la firma chilena GeoPark desde enero de 2020, cuando adquirió la petrolera británica Amerisur por 314 millones de dólares, empresa que tenía a su cargo la exploración y producción en Putumayo y también en Meta.
“La adquisición de Amerisur aporta un vagón lleno de beneficios a corto, medio y largo plazo: producción de petróleo ligero, reservas probadas, flujo de caja de bajo umbral de rentabilidad, oportunidades de desarrollo de bajo riesgo, importantes recursos de exploración, nuevas superficies estratégicas, perforaciones de exploración realizadas, un oleoducto transfronterizo, nuevas asociaciones industriales y atractivas sinergias operativas y comerciales”, dijo, en su momento, James F. Park, cofundador de GeoPark y director general de la compañía. (Ver comunicado)
Esa visión optimista del empresario petrolero riñe con la defensa del territorio que desde hace más de una década plantean indígenas y campesinos. Es por ello que en su carta al PNUD en Colombia insistieron en rechazar esa alianza y le exigieron a su representante en el país “su inmediata retractación como expresión de coherencia y posibilidad de continuar con el entendimiento y ejecución de actividades comunitarias con el Resguardo Indígena Siona Buenavista y la [zona de reserva campesina] La Perla Amazónica”.
Un día después de remitida la carta desde Puerto Asís, el PNUD en Colombia respondió explicando, inicialmente, que ante la crisis generada por la expansión del virus Covid-19, esta agencia se había propuesto “apoyar diversas estrategias de reactivación económica que permitan recuperar una senda de desarrollo sostenible para las comunidades y habitantes de los territorios en Colombia. Este es el contexto del proyecto de reactivación económica territorial en el departamento del Putumayo”.
No obstante, y en consonancia con los principios de imparcialidad, transparencia y construcción de confianza que rigen al PNUD, Faieta les informó la decisión de “suspender por ahora las actividades de este proyecto en el municipio de Puerto Asís para conocer con detalle sus preocupaciones y compartir el alcance de las acciones que el PNUD ha planteado desarrollar en el territorio”. (Ver carta)
Para acabar de zanjar las diferencias, el 29 de abril se hizo una reunión a través de medios digitales entre autoridades indígenas y líderes campesinos con la representante del PNUD en Colombia. En un resumen del encuentro, el resguardo Buenavista informó que, en mayor medida, había intervenido Faieta, “para intentar justificar, de manera lamentable, las acciones llevadas a cabo para captar recursos privados, en clara inobservancia de criterios mínimos de ética corporativa y debida diligencia”.
Un aporte a esa distensión lo generó el PNUD en Colombia al informar, el pasado 12 de mayo, que habían decidido “cancelar la alianza que recientemente había establecido con la compañía GeoPark, planteada para desarrollar estrategias integrales de reactivación económica a nivel territorial, enfocada en mejorar las condiciones de vida de las personas más afectadas por la crisis del Covid-19 con un enfoque multidimensional y multiactor”.
Adicionalmente, esta agencia multilateral ratificó el “compromiso con los Pueblos Indígenas y el desarrollo sostenible en Colombia, como lo hemos venido haciendo a través de diferentes y amplios programas que implementamos con el pleno involucramiento, apropiación y liderazgo de los actores del territorio”. (Ver comunicado)
Pese a la cancelación, el Resguardo Indígena Siona Buenavista no quedó satisfecho con la decisión por cuanto según sus autoridades, ese comunicado sólo había sido enviado a su correo y no se difundió plenamente, como sí se hizo con el anuncio de la alianza con GeoPark.
“Reiteramos: no nos es suficiente con que PNUD cancele actividades con la empresa petrolera. La confianza, la legitimidad y el respeto que teníamos las organizaciones de la sociedad civil en el Sistema de Naciones Unidas y particularmente en el PNUD se encuentran resquebrajada”, plantearon desde el resguardo en un nuevo comunicado, fechado el pasado 17 de mayo.
En ese pronunciamiento, los indígenas Siona calificaron como “una muestra de mala fe” el hecho de que a pesar de haber anunciado en la reunión del 29 de abril que no continuarían ejecutando recursos del PNUD en Colombia hasta tanto esta agencia “definiera públicamente su posición frente a los acuerdos con Geopark”, se les hubiese desembolsado, dos días después, 52 millones de pesos a una de las cuentas del cabildo.
Además de calificar esa consignación como “una muestra de mala fe”, la interpretaron como un factor de presión para darle “continuidad y ejecución de actividades que incluyen acceder a información privilegiada del territorio cuya custodia no confiamos no vaya a terminar en manos de la empresa”.
Los indígenas del pueblo Siona del resguardo Buenavista insistieron en cuestionar al PNUD en Colombia por su aparente incoherencia en “pretender una efectiva protección ambiental y territorial de la Amazonía, cuando se pactan acuerdos con la empresa que más ha amenazado la fragilidad ecosistémica y que ha intentado la fragmentación organizativa de las comunidades incluso oponiéndose jurídicamente en el proceso de restitución de derechos territoriales”.
Al respecto de la restitución de derechos territoriales, este portal adelantó en agosto de 2019 una investigación sobre las peticiones de restitución y ampliación del Resguardo Buenavista, en la que quedó retratada la tensión con la empresa petrolera. (Leer más en: La larga lucha de los Siona en defensa de su territorio ancestral y Petrolera Amerisur quiere conversar con el pueblo Siona)
Por último, los Siona le exigieron al PNUD en Colombia que se manifestara “públicamente sobre las decisiones finales adoptadas, que GeoPark elimine de su página web el respaldo, logo y alianza con el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, y que la señora Jessica Faieta en su calidad de Representante Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia se disculpe públicamente el Resguardo Buenavista por haber ignorado una lucha de defensa de la vida, el territorio y la dignidad, dándole prevalencia a los intereses que contaminan los territorios, acaban con la Amazonía y ponen en riesgo la vida de las comunidades”. (Ver comunicado)
En una nueva comunicación conocida por este portal, fechada el pasado 6 de julio, el resguardo indígena Siona Buenavista le comunicó a la representante del PNUD en Colombia la terminación del acuerdo de subvención que tenía desde octubre de 2020 con esa agencia multilateral por 126 millones de pesos y devolver los 52 millones de pesos consignados de manera inconsulta y sin su consentimiento.
Esa decisión, anunciada por Luis Eliseo Ocoguaje, gobernador del Resguardo, se tomó en asamblea comunitaria realizada un día antes de informarle a Faieta y en reacción a lo que calificaron como “falta de respuesta pública del PNUD sobre las decisiones adoptadas con la empresa Geopark”.
“Esperamos que para futuras vigencias y con un cambio en el contexto de acuerdos corporativos que no vulneren los derechos de los pueblos indígenas, podamos seguir contando con el Sistema de Naciones Unidas y con el PNUD para otros proyectos”, concluyó la misiva. (Ver carta)
Argumentos de la admisión
A la par de esas conversaciones y comunicados, la organización internacional Amazon Watch presentó el 11 de mayo de este año una denuncia ante la SECU a nombre de las comunidades indígenas del departamento del Putumayo.
El argumento de esa denuncia se fundamentó “en la creencia de las comunidades de que el reciente acuerdo del PNUD en Colombia con GeoPark para la ejecución de proyectos entraba en conflicto con el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, planteaba amenazas para los derechos de las comunidades, socavaba la confianza que las comunidades habían depositado en el PNUD en Colombia y, además, violaba las normas sociales y medioambientales del PNUD”.
Para respaldar la denuncia, se expusieron cuatro razones: la primera, que fue inadecuada la ejecución del proceso de diligencia debida del sector privado por parte del PNUD “dada la gran cantidad de acusaciones de vulneraciones de los derechos humanos y de la normativa medioambiental cometidas por GeoPark en el departamento colombiano de Putumayo y en otros lugares”, así “como la oposición de larga data de las comunidades frente a las actividades de prospección, exploración y extracción de petróleo en las tierras comunitarias llevadas a cabo por GeoPark (y por su predecesora Amerisur)”.
La segunda se enfocó en la que el PNUD en Colombia “no informó a las comunidades denunciantes sobre el proyecto Sector Privado y Agenda 2030, ni garantizó que dichas comunidades dispusieran de la información relativa al proyecto antes de su aprobación”.
La tercera razón, relacionada con la anterior, estableció que “el PNUD Colombia no consultó a las comunidades indígenas ni obtuvo su consentimiento para las actividades del proyecto Sector Privado y Agenda 2030 que pudieran afectarlas”.
Y la cuarta razón se dijo que “los esfuerzos del PNUD por aliarse con GeoPark eran incoherentes con el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, para el cual las comunidades denunciantes se habían asociado con el PNUD Colombia y a través del cual las comunidades proporcionarían información confidencial”.
De acuerdo con la información recopilada por la SECU, el PNUD en Colombia firmó el 26 de enero de este año el documento del proyecto Sector Privado y Agenda 2030, previsto para concluir en diciembre de 2022.
“Se trata -afirma la SECU- de un proyecto en modalidad de ejecución directa […] que cuenta con el PNUD Colombia como asociado en la ejecución. El número de proyecto en Atlas es 132303. La financiación total del proyecto, que asciende a 1.962.967,30 dólares de los Estados Unidos, procede de GeoPark y su administración corresponde al PNUD Colombia”.
De acuerdo con las directrices de la SECU, para que una denuncia sea admisible ante esa instancia interna debe cumplir tres criterios: 1) estar relacionada con un proyecto o programa apoyado por el PNUD; 2) plantear problemas reales o potenciales relativos al cumplimiento de los compromisos sociales y ambientales del PNUD; y 3) reflejar que, como resultado del incumplimiento por parte del PNUD de sus compromisos sociales y ambientales, los denunciantes han sufrido o podrían sufrir daños.
Con base en los argumentos y las pruebas presentadas por las organizaciones internacionales en representación de los indígenas del pueblo Siona y de la comunidad campesina de Adispa, así como con la información aportada por el PNUD en Colomba, la SECU determinó que la denuncia es admisible para ser sometida a examen de la conformidad social y medioambiental”.
“La investigación -se lee en el documento de admisibilidad- se centrará en la intersección entre los dos proyectos, en identificar el posible incumplimiento de las normas sociales y medioambientales y en recomendar una vía adecuada para tratar de recuperar la confianza de las comunidades indígenas en el departamento colombiano de Putumayo”. (Ver documento)
¿Qué responden en el PNUD?
Desde hace varias décadas, el PNUD hace presencia en Colombia con el fin de contribuir “en la búsqueda de la paz, el desarrollo y el bienestar colectivo a través de acciones, programas, iniciativas y proyectos” que giran alrededor de líneas estratégicas como desarrollo, paz y reconciliación; fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; lucha contra la pobreza y por la equidad; y energía y protección del medio ambiente.
Por ello no es extraña la presencia del PNUD en departamentos como Putumayo, donde no sólo hay una precariedad en diversas esferas sociales, sino una fuerte organización civil que propende por mejorar la calidad de vida de sus comunidades.
Dado el debate generado en torno a la alianza con Geopark, este portal le consultó a la oficina del PNUD en Colombia sobre el proyecto “Sector Privado y Agenda 2030” para entender la génesis de ese acuerdo.
Al respecto, respondió que con ese proyecto se “buscaba facilitar las contribuciones del sector privado a la Agenda 2030 y la reactivación económica posterior a la pandemia Covid-19 en Colombia, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.
Sobre por qué la empresa Geopark aparecía como la única donante de ese proyecto, explicó que “fue la primera en suscribir un convenio para aportar al objetivo del proyecto, con el propósito de implementar una estrategia para la reactivación económica territorial en los municipios de Meta, Casanare y Putumayo”.
Y al aludir a la admisión de la denuncia ante la SECU, informó que la “la Oficina de PNUD Colombia seguirá de manera atenta todas las recomendaciones que se puedan dar en el marco del proceso, de acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD”.
Por lo pronto, las comunidades indígenas del pueblo Siona y la organización campesina de Puerto Asís, en Putumayo, están a la expectativa de lo que ocurra con su denuncia y con el camino que debe recorrerse para restablecer la confianza perdida.
