La jueza que le concedió la libertad a prueba a Salvatore Mancuso prohibió su presencia en las regiones en donde desempeñó su accionar criminal, a fin de garantizar los derechos de las víctimas. Ahora, argumentando quebrantos de salud que mejorarían en zonas a nivel del mar, busca levantar la restricción.
Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA
En horas de la mañana del pasado 21 de enero tuvo lugar una audiencia reservada ante el Juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz en la que el exjefe exparamilitar Salvatore Mancuso solicitó el cambio de domicilio a la ciudad de Montería, Córdoba, aduciendo sus derechos a la salud, la dignidad humana y la reintegración a la vida civil.
Tras su llegada al país en febrero de 2024, Mancuso zanjó el principal obstáculo para perseguir la libertad a prueba que venía solicitando desde 2019, cuando aún permanecía recluido en Estados Unidos. Obtuvo este beneficio por el cumplimiento de las tres sentencias en su contra y el levantamiento de las 57 solicitudes de prisión preventiva que adicionalmente le habían impuesto por los procesos pendientes que tiene en los tribunales de Justicia y Paz. (Leer más en El regreso de Mancuso a Colombia, más allá de Álvaro Uribe)
Finalmente, el magistrado José Manuel Bernal Parra, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó su libertad el 9 de mayo del año pasado y salió de la cárcel La Picota el 10 de julio. Desde entonces, estableció su domicilio en Medellín y luego en Bogotá.
El Juzgado de Ejecución de Sentencias le había prohibido al exjefe paramilitar de los bloques Norte, Catatumbo y Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desplazarse a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, La Guajira y los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó (Antioquia) en los que tuvo lugar su accionar criminal, procurando garantizar los derechos de las víctimas.
Estas restricciones las había impuesto el despacho desde el 25 de noviembre de 2019, al resolver la primera petición de libertad a prueba del postulado. La defensa había impugnado estas disposiciones en febrero de 2023, argumentando que para cumplir con sus labores como gestor de paz debía moverse por el territorio nacional, pero el despacho negó su pretensión, entre otras cosas porque sus labores no habían sido delineadas por el gobierno y no observaba la necesidad de que fuera a estas regiones. (Leer más en Dudas sobre la figura de gestor de paz enredaron la libertad de Mancuso)
Se volvió a dejar en firme esta decisión desde el 4 de marzo del año pasado, cuando Luz Marina Zamora, jueza de Ejecución de Sentencias, confirmó la libertad a prueba del exjefe paramilitar, pero debió esperar a resolver las solicitudes de detención preventiva que pesaban contra él para finalmente disfrutar del beneficio. (Leer más en Por ahora, Mancuso no recuperará su libertad)
Presentando en la reciente audiencia exámenes y certificaciones médicas, realizadas por especialistas en medicina interna, cardiología e intensivista, que se practicaron desde febrero a diciembre del año pasado, el postulado respaldó la recomendación de profesionales particulares del área de la salud que le aconsejaban trasladarse a un lugar a nivel del mar, a causa de complicaciones respiratorias que probablemente lo obliguen a un uso dependiente de oxígeno. El lugar que escogió para tal fin es su tierra natal: la ‘ciudad de las golondrinas’.
“Montería es una ciudad libre de estrés y de contaminación ambiental, presentes permanentemente en ciudades como Bogotá y Medellín, con la calificación nacional por varios años de 1 y 2 más contaminadas, siendo importante establecer que estas dos ciudades son altamente estresantes por factores asociados a la inseguridad, el ruido, la polución, la contaminación y el tráfico vehicular, lo cual redunda en la agravación de las patologías de salud y mentales”, señala Nelson Eduardo, abogado de Mancuso, en respuesta escrita enviada a este portal.
Según los documentos médicos, Mancuso sufriría de hipertensión arterial sistémica, apnea obstructiva del sueño severa, síndrome poscovid-19 y otras dolencias que ocasiona baja saturación de oxígeno en sangre. Estas condiciones, sumadas a patologías de base como hipertensión arterial, arritmias cardíacas y secuelas pulmonares, le han generado recurrentes crisis respiratorias, hipertensivas y cardiovasculares. Según sus abogados, de no tomarse cartas en el asunto el postulado está en riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y muerte súbita.
Por estas razones, las valoraciones médicas privadas que presentó recomiendan “su permanencia en zonas a nivel del mar donde las condiciones ambientales contribuyan a estabilizar su oxigenación y prevenir complicaciones fatales, imposibles de garantizar en altitudes elevadas, condición que requiere vigilancia constante, preferiblemente por familiares”, se lee en un documento que conoció este portal, firmado por el médico internista José Nelson Rivera Morales, especialista en manejo del dolor.
“Montería es su ciudad natal, está prácticamente a nivel del mar y es el lugar donde reside su núcleo familiar. Está científicamente comprobado que la cercanía familiar y el apoyo emocional reduce las comorbilidades físicas asociadas a las patologías que padece, mejora significativamente el tratamiento médico de base, y por lo tanto la salud física y mental, elementos fundamentales para su recuperación”, señalan los abogados del exjefe paramilitar.
Lo cierto es que en el concepto del galeno Rivera no se advierte que esta ciudad deba ser, necesariamente, Montería. Podría ser otra que cumpla con el requisito de altitud. Tampoco se ordena hospitalización por razones físicas o psicológicas que evidencien complicaciones en su salud urgentes que hagan tomar esta decisión a favor del postulado.
Distinto al dictamen del especialista en manejo del dolor es la valoración de un segundo peritaje ordenado por la jueza de Ejecución de Sentencias que obtuvo este portal. Médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes analizaron la historia clínica del postulado, concluyeron el pasado 26 de diciembre que el exjefe paramilitar podía vivir en cualquier parte del país sin que esto representara riesgo de muerte y que su estado de salud podía manejarse adecuadamente bajo las condiciones actuales y con el tratamiento adecuado.
“Hay unas razones de índole técnica que nos llevan a pensar que los conceptos médicos no son tan concluyentes. Podrían verse alternativas en términos geográficos que satisfagan su detención en términos de salud”, señala Fernando Quiroga, coordinador de litigio penal de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que representa a víctimas ante Justicia y Paz en procesos relacionados con el exjefe de las AUC.
Durante la audiencia, el Ministerio Público destacó que de la documentación médica presentada por la defensa del postulado destacan los 29 monitoreos de signos vitales del postulado realizados en Bogotá y Montería entre noviembre y diciembre de 2024. De estos, 10 se realizaron en Montería y dos enseñan el uso de oxígeno; por lo que cuestiona que la solución al cuadro médico de Mancuso sea mudarse a esta ciudad, pues es probable que allí también necesite uso de oxígeno asistido.
El próximo lunes, 27 de enero, en horas de la tarde, la jueza resolverá la pretensión del exjefe paramilitar.
“Puede ser cierto que en determinadas altitudes signifique unas mejores condiciones de salud para él, aunque es un poco ambiguo y no necesariamente debe ser en Montería”, resaltó el abogado de la CCJ. “Se entiende que la cercanía con sus círculos de apoyo o familiares le puede significar unas mayores condiciones de salud, pero nosotros consideramos que esto, ponderado frente al cumplimiento de aportar a la verdad plena presenta cierto desequilibrio, podría afectar el ánimo de participación de las víctimas”, agregó.
¿Afectación a las víctimas?
El exjefe paramilitar se sometió al proceso de Justicia y Paz para responder por aproximadamente 80.000 crímenes, en su gran mayoría por línea de mando. Es decir, que si bien él no cometió directamente la mayoría de esos crímenes, sí debe responder penalmente por haber impartido órdenes y lineamientos a hombres de las AUC que los cometieron.
Durante la audiencia la defensa del postulado presentó una certificación de la Fiscalía Segunda de Justicia y Paz en la que, a la fecha, no se ha imputado a Mancuso como autor material directo de algún hecho ocurrido en la ciudad de Montería. Sin embargo, en las sentencias parciales en su contra está vinculado en hechos de reclutamiento, homicidio, desaparición forzada, entre otros en esta ciudad; en calidad de autor impropio, autor mediato y coautor.
En todos estos años de funcionamiento de Justicia y Paz, sólo se han proferido tres sentencias parciales contra Mancuso y dentro del universo de víctimas relacionadas con el postulado falta por ser reconocidas el 94 por ciento de estas —que lo relacionan con 65.067 hechos victimizantes por las que la justicia espera emitir 44 sentencias—. Es por eso que las restricciones impuestas a Mancuso para habitar estas zonas apuntaban a garantizar los derechos de las víctimas y no ser revictimizadas.
“En ninguna de las actas de compromiso firmadas por Salvatore, se le prohibió fijar su residencia en la ciudad de Montería, siendo claro que solo se refiere a ‘no acercarse a las víctimas’”, le señaló a este portal el equipo de defensa del postulado. Sin embargo, al conceder la libertad a prueba en marzo, la jueza Zamora sí le restringió residir en Montería y en la audiencia ninguna de las partes impugnó esa decisión
“Argumentar que toda la población de Córdoba fue víctima del señor Mancuso no tiene o carece de fundamento jurídico y factual”, indica la defensa en su misiva. “Gran número de estas víctimas han migrado a otras regiones del país, copando a lo largo y ancho la geografía nacional, con lo cual, prohibir a Salvatore vivir en regiones donde posiblemente vivan víctimas, indicaría prohibir su desplazamiento en todo el país, haciendo nugatorio en uno u otro aspecto los principios de reparación, reintegración a la vida civil, resocialización y la reparación restaurativa”, agregan.
En distintas audiencias en las que se han abordado las condiciones de la libertad a prueba del exjefe paramilitar, el Ministerio Público ha manifestado su preocupación ante los posibles impactos de que Mancuso haga presencia en estos territorios restringidos, pues cree que la participación de ese enorme número de víctimas que quedan pendientes por asistir a los incidentes de reparación integral —mediante el cual se espera que obtengan reparación integral de los daños que sufrieron— pueda verse afectada o coaccionada, y por lo que eventualmente podrían desistir de participar del proceso.
“En la decisión del juzgado a cargo del cumplimiento de las sentencias contra Mancuso se consideraron, en un ejercicio de ponderación en términos de justicia, de medidas de satisfacción, como también de garantías de participación de las víctimas, que Mancuso no podía vivir en los lugares en donde ocurrieron los hechos más emblemáticos sobre los que se le atribuye responsabilidad, incluida la ciudad de Montería y el departamento de Córdoba”, señala Quiroga.
Como lo detalla el vocero de la CCJ, todas las sentencias y decisiones de sustitución de medida de aseguramiento emitidas por los tribunales, en aplicación de la Ley 975 y su decreto reglamentario, prohíben a los procesados asistir a los lugares donde delinquieron sin autorización judicial previa.
Sin embargo, en esta última audiencia en la que Mancuso solicitó el traslado de su domicilio a Montería, la Fiscalía, representada por Magaly Álvarez, vio con buenos ojos esta petición, encontró justificado el respaldo médico e incluso arguyó que la presencia del postulado en la región podría contribuir al ánimo de reconciliación.
La defensa de Mancuso resalta que así como la ley de Justicia y Paz tiene como objetivo central garantizar la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición; también busca garantizar la reintegración plena de los desmovilizados a la sociedad, incluida su reintegración al núcleo familiar y a la vida civil.
“Mancuso ya cumplió con su condena, ha pedido perdón público, ha contribuido a la verdad histórica y está comprometido con la reparación de las víctimas y la no repetición, lo que lo hace acreedor al derecho a la redención (…), La unidad de justicia transicional propende por la reincorporación a la vida civil de los postulados lo cual obedece no solo a los principios de justicia transicional, sino a los estándares de la justicia restaurativa, donde víctima y victimario deben convivir en respecto, apoyo y ayuda mutua ”, se lee la respuesta escrita de sus abogados.
En octubre del año pasado, Mancuso ya había visitado Montería y el sabor para las víctimas fue agridulce. Con los permisos respectivos, el exjefe paramilitar participó de un acto simbólico de entrega de tierras en el que estuvieron presentes el presidente Petro con el que intercambió sombreros. Mancuso pidió perdón a las víctimas, y los asistentes respondieron con aplausos y abucheos.
Esta semana, la posibilidad de que el exjefe de las AUC visitara varias partes de la costa Caribe volvió a ser noticia por un error de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La autoridad de tierras había solicitado a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla permiso para que Mancuso se desplazara a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira, entre el 31 de noviembre de 2024 y el 31 de enero de 2025, para ayudar a rastrear bienes que el paramilitarismo entregó en su momento y, supuestamente, no aparecen en registros oficiales. (Leer más en Bienes de Mancuso no están “perdidos”, la mayoría fueron devueltos a víctimas de despojo y Sólo un predio entregado por Mancuso para indemnizar a las víctimas ha sido vendido)
Sin embargo, el pasado 20 de enero, el magistrado Carlos Andrés Pérez señaló que la ANT no presentó el cronograma de esas visitas por lo que esa autorización para Mancuso no llegó a materializarse.
El Juzgado de Ejecución de Sentencias, en las decisiones sobre este tema, también había contemplado que las restricciones de estos territorios eran una manera de garantizar la seguridad del mismo Mancuso, pues él y su defensa habían manifestado que el exjefe paramilitar se encontraba en alto riesgo, “debido a los anuncios de sus aportes y contribución a la verdad que ha planteado en Justicia y Paz y en virtud de su solicitud como compareciente a la Jurisdicción Especial para la Paz”, se lee en la decisión que le otorga libertad a prueba el año pasado.
La decisión que tomó Mancuso en 2018 de tocar las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aportar “nuevas verdades” con la aspiración de obtener mejores beneficios, es visto por algunas víctimas como un hecho insatisfactorio frente a los compromisos de esclarecimiento que había sumido en Justicia y Paz. Ahora, con esta solicitud de cambio de domicilio de cara a las restricciones, se plantea como un nuevo beneficio para el exjefe paramilitar y se ahonda en la herida.
“Desde el punto de vista del ánimo de participación de las víctimas esto manda un mensaje un poco negativo en cuanto a que se le ha reprochado a Salvatore Mancuso haberse reservado elementos fundamentales de verdad en términos de esclarecimiento de verdades de terceros, sobre todo, pese a su compromiso de aportar a la verdad como requisito de postulación a la Ley de Justicia y Paz”, expresó el abogado de la CCJ.
“El traslado a Montería no es solo una necesidad médica comprobada por patología en salud mental y física, sino también un derecho que le corresponde como una persona que ha cumplido con las exigencias del sistema de justicia transicional. Mantener restricciones desproporcionadas que impidan su regreso a su ciudad natal y a su núcleo familiar vulnera los principios de humanidad, proporcionalidad y reintegración que deben guiar cualquier medida judicial en el marco de la justicia transicional. El respeto por sus derechos no disminuye los de las víctimas, sino que fortalece el cumplimiento del proceso de paz y reconciliación”, concluye la misiva de la defensa de Mancuso.
