A pesar de que Colombia hace enormes esfuerzos en reparación a las víctimas, éstas expresan temores por los tiempos, los montos y las políticas locales al respecto.
A abril de 2015 la Unidad de Víctimas ha registrado 7.337.667 afectadas por el conflicto. Foto: archivo Semana.
Cuatro años después de haber entrado en vigencia la Ley de Víctimas, tres dificultades ensombrecen sus logros: los titubeos en la aceptación de las víctimas de las bandas criminales como parte del universo de personas a reparar; el abismo que hay entre el dinero que se entrega por reparación administrativa y los montos que contemplan los fallos judiciales; y el temor de que los nuevos alcaldes y gobernadores se saquen el cuerpo al tema.
Una duda adicional tiene que ver con el vencimiento del plazo para registrarse como víctima del conflicto armado. De acuerdo con la Ley 1448 (de Víctimas), sólo hasta el próximo 10 de junio podrán hacerlo aquellas personas que fueron afectadas por la guerra entre el 1 de enero 1985 y el 10 de junio de 2011.
“Ese plazo tiene que ampliarse porque la gente todavía no se atreve a denunciar. La actividad hostil y los grupos armados siguen, como pasa sobre todo con el Eln en Arauca”, sostiene Félix Bata, el director de Prosperar, la asociación de víctimas de la violencia paramilitar en ese departamento.
Bata detalla que muchas víctimas no saben que lo son, como sucede, según él, con el 40% de la población vulnerada en Arauca. “Creen que sólo victimizan a los que matan, torturan o secuestran. Aquí no se divulga la ley adecuadamente”, agrega.
Precisamente la singularidad de Colombia, al compararse con otras experiencias en el mundo, es que se intenta reparar a sus víctimas en medio de un conflicto. Sin ver todavía su fin, más de siete millones de personas se han registrado como tales para obtener beneficios. Pero, ¿les están cumpliendo? VerdadAbierta.com presenta un corte de cuentas de los hechos más problemáticos señalados por los mismos afectados.
Bacrim: un registro de mala gana
Gracias a la Sentencia C-280 y al Auto 119 de 2013, la Unidad ha registrado a 212.838 víctimas de los grupos criminales. Foto: archivo Semana.
En las cifras que publica la Unidad para la Atención y Reparación Integral a lasVíctimas en su página en Internet no se meten en el mismo paquete a las “víctimas del conflicto armado” con las “víctimas reconocidas en Sentencia C-280 y Auto 119 de 2013”, ambas decisiones de la Corte Constitucional para incluir en las reparaciones a los afectados por las llamadas bacrim o bandas criminales emergentes, que surgieron a mediados de 2006, una vez concluyó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo los acuerdos con el gobierno nacional.
Las cifras existentes muestran cómo la violencia de esas estructuras armadas se incrementó sustancialmente al pasar de 11 mil víctimas en 2009 a más de 30 mil en 2010. En ese año, VerdadAbierta.com documentó qué grupos emergentes se habían consolidado y en qué regiones del país. El fenómeno creció exponencialmente y para el 2014 por lo menos 28 departamentos estaban en zozobra por las acciones violentas de las bacrim, especialmente los del suroccidente, como lo detallaron Indepaz y Defensoría del Pueblo. (Ver: ¿Dónde se consolidan las bandas criminales?)
Sin embargo, la Unidad de Víctimas no registraba a estas personas pues la Ley 1448 detalla que “no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común”.
Pese a la insistencia de las víctimas, la Unidad se mantuvo en la raya. Tuvo que entrar la Corte Constitucional en 2013 y reiterar su postura en 2014 para recordar que desde antes de la Ley de Víctimas se protegía a los afectados por “las denominadas bandas criminales, los desmovilizados de grupos armados que en lugar de reintegrarse a la vida civil hubieren reincidido en su accionar delictivo, e incluso […] por desastres de la naturaleza generados por los actores del conflicto” y que por ende los tenían que registrar y reparar. Hasta abril de este año la Unidad ha incluido en su red de información a 212.838 víctimas de estos actores.
Pero no todos denuncian, especialmente en Valle del Cauca, el departamento con más víctimas registradas de bacrim. Estas bandas infunden miedo a través del descuartizamiento y la desaparición forzada para no dejar rastros de sus crímenes, como lo hacen en Buenaventura. Allí la guerra sin cuartel que libran ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’ para controlar el tráfico de drogas ilícitas ha llenado de muertos, desplazados y desaparecidos al puerto más grande del país sobre el Pacífico. El resultado es que muchos de los habitantes no se atreven a denunciar y viven sometidos a sus fronteras invisibles. (Ver: “En Buenaventura se sigue sembrando terror”: Human Rigths Watch)
En el vecino departamento de Cauca la situación es diferente. Si bien las bacrim no han causado una ola de violencia tan grande como en Valle, su presencia ha llenado de temor a las víctimas del conflicto armado, líderes sociales y comunidades étnicas. Entre sus ya habituales panfletos y amenazas figuran reclamantes de tierras y quienes se opongan a la minería ilegal en sus territorios. Desde hace un par de años las amenazas han aumentado, como las que ocurrieron en octubre del año pasado. (Ver: ‘Rastrojos’ amenazan a líderes afro e indígenas del norte del Cauca)
También han sido blanco de amenazas quienes luchan para que los crímenes de los que fueron víctimas ellos o sus comunidades no queden impunes. Uno de ellos es Enrique Fernández, líder indígena de la comunidad de El Naya, quien cuenta que él y varios de sus compañeros han sido amenazados y tienen pocas medidas de seguridad a pesar de haber denunciado.
“Los líderes no podemos sacar la cara en público porque nos están señalando. En este momento las amenazas han sido muy duras y tenemos que andar escondidos como si debiéramos algo”, le contó Fernández a VerdadAbierta.com. El pasado 16 de octubre, cuando él estaba reunido con funcionarios de la Unidad de Víctimas, de la Defensoría del Pueblo y varias víctimas, lo llamaron para advertirle que si seguía denunciando le pasaría lo mismo que a Alexander Quintero, líder asesinado en 2010 que hizo todo lo posible para que la masacre de El Naya no quedara impune.
A pesar de que en la última década se crearon leyes y mecanismos que reconocen a las víctimas y procuran restablecer sus derechos, en estos departamentos del suroccidente varios sectores consideran que nunca se cumplió el compromiso de no repetición de los grupos de las autodefensas que dejaron las armas, puesto que, según algunos de ellos, “cambiaron de razón social y continuaron delinquiendo”.
Reparación: ¿sí llega la plata?
El abogado Hugo Montoya afirma que a las víctimas del Bloque Vencedores de Arauca no les han cumplido ni un 5% de su reparación integral, que va más allá del dinero. Foto: archivo Semana.
En los últimos cuatro años se han destinado más de 2,8 billones de pesos para indemnizar a 482.000 víctimas, según datos de la Unidad. Pero Hugo Montoya, abogado de las víctimas del Bloque Vencedores de Arauca de las Auc sostiene que todo es una cortina de humo.
“Dicen que van tantas víctimas pagadas pero cómo. ¿A peso?”, se pregunta el litigante. Según el Fondo para la Reparación de las Víctimas ya cumplieron con el 99% de los pagos que ordenó la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Cundinamarca en 2011 en sentencia contra tres exparamilitares, un porcentaje muy superior al promedio.
Sin embargo, las cuentas no cuadran. La orden era indemnizar a 183 víctimas con 8.448 millones de pesos. De ese dinero, ya se pagaron 2.984 millones, que salieron de la plata y los bienes entregados por los jefes de ese bloque paramilitar; y 2.046 millones por parte del Presupuesto General de la Nación. El resto del dinero todavía no se ha entregado, como se evidenció en la audiencia de ejecución de penas del pasado marzo de este año.
El Fondo argumenta que ya pagó hasta los límites establecidos por la Ley, pero Montoya replica que la orden del juez todavía no se ha cumplido. “La Unidad para las Víctimas repara de manera muy generosa y al mismo tiempo tiene que pagar las indemnizaciones decretadas judicialmente. En la práctica, limita los pagos, desconoce los montos fijados por autoridades judiciales y quiere priorizar a la reparación que da el gobierno”, explica.
Pero las víctimas que no tienen un fallo de por medio también se quejan de las reparaciones de la Unidad. “No nos han cumplido en su totalidad con las indemnizaciones. La vivienda digna, como lo dice el señor presidente, la estamos buscando nosotros y no la Unidad”, indica María Ruby Tejada, presidente de la asociación de víctimas de El Tigre, Putumayo.
La otra queja sobre el dinero son los TES. Estos son títulos valores que, por ser del Gobierno, representan uno de los tipos de inversión más seguros del mercado accionario. La denuncia de Montoya es que al dinero que debe ser de las víctimas le están dando un carácter financiero para que produzca más dinero. ¿Quién se queda con la ganancia?
El Fondo para la Reparación de las Víctimas explica que todo el dinero que manejan está invertido en TES pero, distinto a lo que opina Montoya, argumentan que lo hacen por protección y para evitar pérdidas. Y pone como ejemplo lo ocurrido en el pasado con entidades que despilfarraron los recursos, entre ellas los 14.000 millones de pesos que la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes, en liquidación, le prestó a los hermanos Nule, condenados por corrupción, y los recursos invertidos por la Gobernación del Casanare en Fidupetrol por 25.000 millones para participar en negocios privados.
Sobre la rentabilidad que critica el abogado Montoya, el Fondo dice que está “principalmente orientada para el pago de indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado” y se sustenta en el Decreto 1525 de 2008, que permitió que “los ingresos obtenidos como recursos propios se podrán utilizar para gastos asociados a los bienes” de la Unidad de Víctimas, como como aclara Ángel Velasco, líder Financiero y Contable del Fondo.
En cuanto a las posibles pérdidas, Velasco sostiene que las víctimas no son vulneradas puesto que se les garantiza la reparación, sea con recursos propios o del Presupuesto General de la Nación. Actualmente, el Fondo tiene todo el dinero para las víctimas en siete TES que vencen en 2019 y a la fecha ha recurrido en dos oportunidades a los rendimientos de estos títulos valores para pagar las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado, particularmente en los casos del Bloque Vencedores de Arauca y del Frente Fronteras del Bloque Norte.
En el caso del Bloque Vencedores de Arauca, los TES hizo más lento los pagos. Si bien durante la audiencia de ejecución de penas el Fondo reiteró que ya se pagó más del 50% de la indemnización a la mayoría de las de víctimas, expuso un caso en el que todavía no se había cumplido.
Más de tres años después de la sentencia, Yésica Tatiana Moreno no ha recibido los 15 millones que le corresponden por el asesinato de su padre, Jesús Vicente Moreno Bayona. El Fondo explicó en la audiencia que la demora es porque “como no se pueden tener recursos en la cuenta bancaria, ese valor se tiene que monetizar a través de un TES”. Esta institución aclaró que el dinero ya estaba y que a los pocos días después le entregaría la indemnización a quien entonces era menor de edad.
Elecciones: la Ley tambalea
El 10 de junio de 2011 el presidente Santos sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en un evento público al que asistió Ban Ki-Moon, el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Foto: archivo Semana.
La Ley de Víctimas fue diseñada para que los gobiernos locales y regiones se articularan en su aplicación con la entidad nacional que creó esta norma: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
“Les pedimos a las entidades que nos digan cuáles son las necesidades, los acompañamos en la formulación de proyectos para que no se enrede y sí les den el dinero, y luego cofinanciamos las iniciativas”, así lo explica Alba García, directora de gestión interinstitucional de la Unidad de Víctimas. Según sus cuentas, esta unión de lo nacional con lo regional ha logrado 27 proyectos en 146 municipios y 19 departamentos, para beneficiar a 57.000 víctimas. Las alcaldías y gobernaciones han puesto el 34% de la plata, el resto provino de la Unidad.
El problema es cuando en las regiones no se preocupan por el tema, como es el caso de San Andrés, uno de los departamentos con menos hechos victimizantes registrados en todo el país. “Aquí sí hay oficina de la Unidad de Víctimas, pero es como si no existiera pues la funcionaria nunca tiene respuestas. La Secretaría Salud medio nos presta atención y al principio el Sena no nos atendía. Para que hagan algo por nosotros, se debe notificar a Bogotá”, detalla Fidelina Sarabria, representante de víctimas en la isla.
Caso distinto es el Valle del Guamuéz, en Putumayo, como lo destaca María Ruby Tejada: “Mis respetos para el alcalde William Andrés Botina porque se ha preocupado por las víctimas. La Gobernación no sé si es que no le queda tiempo o si su delegado no puede venir hasta acá. Antes era distinto con el secretario de Gobierno Javier Rosero Paí”.
Lo dicho por esta mujer da cuenta de la volatilidad que tienen los proyectos que favorecen a las víctimas según quién sea el funcionario, por tal razón ella sugiere que quienes lleguen a la Gobernación y a la Alcaldía miren hacia las víctimas “no con caridad sino con un factor humano”.
Según la verificación que hace la Unidad de cuánto han contribuido los territorios con las víctimas, 18 departamentos y 142 municipios tienen una calificación alta, 8 departamentos y 385 municipios un puntaje medio y 6 departamentos y 573 municipios se rajan.
Los temores llegan hasta la Unidad de Víctimas. García espera que todo lo que han avanzado no se pierda con los cambios en los gobiernos locales, pues “lo peor que nos puede pasar es empezar de cero”.
