Diez años después de la desmovilización de las Auc en Córdoba, VerdadAbierta.com analiza el complejo panorama que viven los excombatientes y las víctimas en el municipio que acogió al mayor número de exparamilitares. Sus errores pueden servir de aprendizaje para futuras desmovilizaciones.
Desmovilizados del Bloque Norte de las Auc, durante la entrega de armas en medio del proceso de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.
Tierralta, el municipio más extenso de Córdoba, donde hace más de un década el paramilitar Salvatore Mancuso mandaba a sus anchas, fue también el epicentro de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Allí entregaron las armas 925 personas del Bloque Córdoba el 21 de enero de 2005 y regresaron varios desmovilizados que delinquieron en otros departamentos, sobretodo en Norte de Santander, a donde Mancuso los arrastró en 1999 para crear el Bloque Catatumbo.
Además, en el corregimiento de Santa Fe de Ralito se creó la Zona de Ubicación, territorio donde los jefes paramilitares negociaron su desmovilización con el gobierno nacional en julio de 2003. En una ceremonia celebrada en este lugar dejaron las armas 300 excombatientes de diferentes grupos paramilitares.
Con excepción de las principales ciudades del país, Tierralta fue el municipio que más exparamilitares acogió, aunque no hay claridad sobre el paradero de la totalidad de los desmovilizados. La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) habla de más de 716 excombatientes, un 97% de las Auc, de los cuales 584 ingresaron a los programas que ofrece la institución, lo que significa que por lo menos un 20 por ciento no lo hizo.
A pesar de que fue allí, donde junto al entonces comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, se pensaron las primeras estrategias para la reintegración de los exparamilitares, hoy los desmovilizados se quejan de la falta de oportunidades laborales, la amenaza de nuevos grupos armados y de las promesas incumplidas del Estado.
La falta de articulación, y en algunos casos de compromiso de las autoridades locales y las organizaciones estatales encargadas del tema, se ha reflejado en pocas iniciativas de reconciliación y la escasez de programas pensados para esta población. A punta de ‘ensayo y error’, estas son las valiosas lecciones que deja la reintegración de los paramilitares de Tierralta.
Instituciones desarticuladas
“Cuando nos desmovilizamos estábamos perdidos, ni las mismas instituciones se ponían de acuerdo y no estaban preparadas para recibirnos”, contó un desmovilizado de Tierralta. Varios de los excombatientes consultados por VerdadAbierta.com coinciden enque durante los primeros años las mismas instituciones del Estado se contradecían con las autoridades locales y fue unos años más tarde cuando pudieron ingresar a los programas de reintegración.
El caso más representativo de Tierralta, y que aún tiene secuelas en la vida de los desmovilizados, fueron los llamados Proyectos Productivos para la Paz promovidos por el gobierno en cabeza del Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En 2005 Salvatore Mancuso se comprometió a entregar por los menos ocho de sus fincas en Tierralta y el gobierno a invertir más de mil millones de pesos para que por lo menos 300 reinsertados crearan proyectos productivos propios.
Por fallas en su funcionamiento, el gobierno ordenó suspender el apoyo a los Proyectos Productivos para la Paz a finales de 2007. Mancuso estregó esas fincas para reparar a las víctimas y los desmovilizados quedaron a la deriva (Ver: Los enredos de los bienes que entregó Mancuso. Las autoridades locales se han mantenido al margen del problema porque alegan que esos proyectos se consolidaron con instituciones del orden nacional.
A la par de la reinserción, las instituciones estatales también han ido cambiando. Inicialmente los desmovilizados participaban del Programa de Reinserción a la Vida Civil (PRC); luego les dijeron que el proceso y el lenguaje había cambiado, pasaron a ser llamados “reintegrados” y serían apoyados por la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración; y en 2011 se convirtió en la ACR, que hoy no tiene competencia jurídica para acompañar a los desmovilizados en su reclamo por las tierras.
Pero los errores de articulación no son cosa del pasado, a pesar de ser un municipio con el mayor número de desmovilizados por metro cuadrado, aún no hay programas de gobierno diseñados para este tipo de población. Expertos consultados por VerdadAbierta.com aseguran que esto ha ocurrido con la actual y con las anteriores alcaldías, en algunos casos por la falta de interés, en otros por la falta de visión y, en general, por desconocimiento del asunto.
La actual administración local ha empleado en sus oficinas a no más de una decena de desmovilizados y facilitado cupos para que desde 2013 algunos puedan acceder a créditos con el banco Agrario. Sin embargo, el propio alcalde de Tierralta, Carlos Arturo Cogollo, reconoce que no existen programas específicos creados por la Alcaldía.
Liliana Cogollo, coordinadora de la oficina de la ACR en Córdoba, aseguró que lograr esa sinergia con las instituciones locales ha sido una de las tareas más duras, pues se interponen interés particulares y desconocimiento en general sobre quién es la población reinsertada. “La ACR sola no puede hacer la reintegración, en Córdoba tenemos que trabajar para tener mayor incidencia política y lograr grandes proyectos no solo con los alcaldes de turno, sino que tengan una transcendencia real para el municipio”
Reclutamiento, asesinatos y amenazas 
La mayoría de los reinsertados viven en barrios de invasión de Tierralta. Foto: VerdadAbierta.com.
A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, sobre todo en las principales capitales, una vez dejaron las armas, la presencia de los desmovilizados no pasó desapercibida en el municipio. “Todos nos conocían de antes. Además, el mismodía cobrábamos el cheque en el banco y esa noche todos nos reuníamos en una misma esquina del parque a tomar”, dijo a VerdadAbierta.com un reinsertado que regresó a Tierralta después de desmovilizarse en otro departamento. Agrega que en esos primeros años para muchos era incluso un honor portar el carné de desmovilizados.
Esta visibilidad fue para muchos la razón para convertirse en carne de cañón para las nuevas bandas criminales que se comenzaron a gestar en 2006. Orquestadas por el exparamilitar y narcotraficante Daniel Rendón Herrera, conocido como ‘Don Mario’, quien huyó cuando el gobierno dio la orden de recluir a los jefes paramilitares en el centro de reclusión de La Ceja a mediados de 2007.
“A uno lo llamaban, que venga que se están volviendo a organizar y están pagando buena plata. Mi familia me dio la fuerza para no volver, pero también existía el miedo de que nos mataran”, contó un reinsertado que ya terminó exitosamente su ruta de reintegración.
De acuerdo con cifras de ACR, se conocen 238 casos de desmovilizados que fueron asesinados en Córdoba, de ellos, más de 60 vivían en Tierralta. La mayoría de estos homicidios ocurrieron en 2008. Estas muertes obedecieron a “una especie de campaña adelantada por los nuevos grupos con el fin de reagrupar de manera voluntaria o bajo presión de amenazas o muertes a excompañeros con experiencias y conocimientos sobre el oficio, además de venganzas, peleas y resultado de actividades delictivas”, dice el investigador Víctor Negrete en su investigación titulada Los desmovilizados y la inseguridad en Montería.
Aunque el número de desmovilizado que entraron a formar parte de las nuevas bandas criminales es bajo, los cargos de comandancia fueron ocupados por antiguos mandos medios de los paramilitares, unos desmovilizados y otros no, según el informe Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia: panorama posacuerdos con Auc, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH),
A pesar de que la mayoría de los desmovilizados resistieron las presiones, Córdoba es el tercer departamento (después de Bogotá y Antioquia) con el mayor número de condenas contra excombatientes por delitos que cometieron después de la dejación de armas. En total, 340 personas volvieron a delinquir y en Tierralta fueron expulsadas 87 del proceso de reintegración por estos hechos.
Sin trabajo no hay reinserción 
Los desmovilizados están obligados a prestar un servicio social. Un grupo de ellos pinto las paredes del colegio en el pueblo. Foto: VerdadAbierta.com.
Los reinsertados consultados con VerdadAbierta coinciden que una de las principales fortalezas de los programas de ACR es la atención sicosocial y el acceso a educación básica y técnica, “el que no ha estudiado o sigue siendo analfabeta es porque quiere, las posibilidades existen”, dijo un desmovilizado.
Pero la preparación académica y técnica se contrarresta con la falta de oportunidades laborales. En Tierralta el sector privado productivo es muy débil, son pocas las empresas y predominan las grandes extensiones de tierra de las familias más adineradas de la región. La mayor fuente de empleo es la Alcaldía.
Para las pocas vacantes que hay, son menores las posibilidades de acceder a un trabajo. “Ya tienen la formación necesaria para encontrar un trabajo, pero el problema es la estigmatización que persiste en las empresas”, dijo la coordinadora de la ACR en Córdoba.
Eso le sucedió a Clemente, un reinsertado que aplicó para el cargo de conductor con una reconocida empresa de región. Cumplía todos los requisitos y fue seleccionado, pero desistieron de su oferta cuando supieron de su pasado. “Nosotros sabemos que no podemos depender de las empresas, por eso tener algo propio es la repuesta”, aseguró Clemente.
La ACR entendió que en Tierralta, como en el resto del departamento, la empleabilidad no es una alternativa viable para la mayoría. Por eso han trabajado con mayor empeño en hacer seguimiento a las unidades de negocio que son apoyadas por un capital semilla. Incluso, han aprendido que los proyectos asociativos no son tampoco solución para este tipo de población, como lo demostró el fracaso del Proyecto Productivo para la Paz.
Esa iniciativa aglutinó a más de 300 desmovilizados y aunque no fue su culpa, los desmovilizados por ley no tienen derecho nuevamente a un incentivo para crear su propio proyecto. Por eso se aferran a las tierras que hoy están destinadas para reparar a las víctimas.
“Un gran error fue que a nosotros nunca nos preguntaron cuál era nuestro proyecto de vida, simplemente nos dejaron trabajar en esas tierras que hoy nos están quitando”, dijo Manuel Caballero, uno de los líderes de los reinsertados de Tierralta.
Luis Enrique Sampedro fue uno de los pocos desmovilizados que, a pesar de haber perdido su capital en el fallido proyecto, logró sacar adelante una empresa de bloques que hoy emplea a doce personas. Lo hizo a través de un crédito con el Banco Agrario gestionado en 2013 a través de la Alcaldía. Para Sampedro fue fundamental tener claro su proyecto, un plan de pagos y el acompañamiento de profesionales que los acompañán durante todo el proceso.
¿Quién debe hablar de reconciliación?
Debido al débil sector empresarial y la estigmatización, la mayoría de los desmovilizados no tienen un empleo formal. Foto: VerdadAbierta.com.
El actual alcalde de Tierralta, Carlos Arturo Cogollo, asegura que es tal la cantidad de desmovilizados en el municipio que es difícil que los tierraltenses no conozcan algún amigo, familiar o vecino que haya hecho parte de las filas de las Auc. “Eso ha ayudado a que sean más fácilmente aceptados en sus comunidades”, aseguró el mandatario.
Aun así, los desmovilizados aseguran que no fue así desde el comienzo, que poco a poco ellos se han tenido que ganar nuevamente la confianza de la gente. “Creo que eso resulta siendo un trabajo de cada uno de los desmovilizados, de agachar la cabeza, reconocer los errores y mostrarle a la comunidad que ahora uno está trabajando”, contó Mario Ramos, quien ya terminó su ruta de reintegración y ahora trabaja como promotor con la ACR.
Ramos recordó que los primeros años no fueron fáciles. Sus amigos se alejaron, sobre todo por el problema de seguridad que atravesaban los desmovilizados, y en las primeras clases que tomó para validar la educación básica sus compañeros de clase preferían no compartir espacios con él ni con otros reinsertados.
“Aunque hay unos que sí han cambiado su actitud con nosotros, acá persiste ese dicho de que ‘el que es no deja de ser’. Nosotros seguimos trabajando para que nos den una segunda oportunidad”, dijo un desmovilizado que pidió la reserva de su nombre.
Según expertos consultados por VerdadAbierta.com son pocos los esfuerzos realizados por el gobierno para trabajar conjuntamente con los desmovilizados y la comunidad. El mayor efecto de esto es el desconocimiento de los habitantes sobre los programas de reinserción, que, en muchas oportunidades, perciben al desmovilizado como alguien que recibe mayores beneficios del Estado.
Desde 2011, con la entrada en vigencia de la Ley 1424, que regula el tema de la reinserción, se pidió un servicio social obligatorio de 80 horas a los desmovilizados. Según cuentan profesionales que trabajaron con los excombatientes, no fue fácil convencerlos de salir a limpiar parques o pintar escuelas. Sin embargo, según dicen los mismos reinsertados, han sido los espacios para que la comunidad los vea con otros ojos.
El servicio social es un primero paso, pero en la ACR son conscientes de que no es suficiente para propiciar escenarios de reconciliación, “Aprendimos que para hablar de construcción de paz y estrategias para el posconflicto necesitamos trabajar todos juntos desde el comienzo, no cada uno por su lado, las instituciones que trabajan por las víctimas, los líderes, mandatarios locales, los que estamos con los reintegrados, pero que ellos participen activamente y no sean sujetos pasivos”, aseguró Liliana Cogollo.
