A una pareja de campesinos les adjudicaron una parcela de siete hectáreas en 1999 en Necoclí, le vendieron cuatro hectáreas a la fuerza al vecino empresario del transporte en Bello, Hugo Quintero, pero el gobierno luego, como víctimas, les reconoció su derecho. Quintero insiste en que son suyas y la Unidad de Restitución intervino.
En Necoclí, Urabá antioqueño, hay pugnas por tierrasEl 8 de octubre de 1999, el matrimonio conformado Antonio Reyes y Lucía Gómez* recibió en adjudicación por el entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) una unidad agrícola familiar de siete hectáreas en la vereda El Cirilo, del municipio de Turbo, sobre la vía que conduce a Necoclí, norte del Urabá antioqueño, donde ya entonces habían vivido y trabajado por más de nueve años. Allí criaron sus hijos y construyeron su hogar bajo el techo de una humilde casa de madera.
Con el título de la tierra que habían trabajado en la mano, la familia creyó que se le acabarían los problemas. Desde 1997, el empresario antioqueño Hugo Quintero Céspedes, ligado a la compañía Bellanita de Transportes y padre de Hugo Albeiro Quintero Restrepo, procesado y condenado a 84 meses de prisión por sus nexos con bandas criminales emergentes, entre ellas la llamada ‘Oficina de Envigado’ y sus viejas relaciones con exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), había comprado unas 400 hectáreas de tierra en esa zona del Urabá antioqueño. Les exigió entonces a los Reyes que le vendieran una porción de la tierra para tener una entrada desde la vía principal.
“El señor Hugo llamó a mi esposo y le dijo ‘vea, necesito que me venda una entrada, yo necesito esta entrada, porque compré una tierra allá atrás’. Mi esposo contestó que no le podía vender porque todavía no se la había adjudicado el Incora, y ese señor le respondió que eso no importaba, ‘eso lo arreglamos en el camino’”, dijo Gómez.
Meses después, el empresario volvió a hablar con el labriego. Esta vez le propuso que le vendiera dos hectáreas para armar una corraleja, a lo que también Reyes le dijo que no.
Ambas decisiones parece que molestaron a Quintero Céspedes quien, según los campesinos, comenzó a hostigarlos. “Unos días pasaba contento, otros días pasaba bravo”, relata Gómez. “Una vez nos arrojaron un pedazo de carne al corredor”.
VerdadAbierta.com intentó obtener la versión de los hechos de Quintero o de su hijo, pero no fue posible.
La situación para esta familia se agravó luego de los estragos que le causó el invierno al empresario. Un fuerte aguacero afectó una casa en la que vivía arriba en la montaña y se trasladó a una residencia justo al frente de los Reyes Gómez, pasando la carretera que va a Necoclí, hacia el norte, y a Turbo, hacia el sur.
“Una vez se instaló allí dio la orden que cuando pasara un animalito de nosotros, lo mataran, y así fue: un día nos mataron un gatico y nos lo tiraron ahí”, contó la señora, señalando el patio al frente de su rústica vivienda. “En una ocasión mis hijos estaban jugando en la carretera y montando en bicicleta y ese señor sacó un arma brillantica, los pelaos se asustaron y ahí mismo se vinieron para la casa. Es que ese señor era tremendo”.
Tanto hostigamiento y maltrato logró su objetivo. La familia campesina no tuvo otra salida que venderleal empresario del transporte las dos hectáreas para que hiciera su entrada, la misma que quedó al lado de su humilde vivienda. “Por esas dos hectáreas, ese señor nos dio lo que quiso, no lo que realmente valían”, dicen los esposos.
Según consta en sus declaraciones ante la Fiscalía, ese primer negocio se hizo por 5 millones de pesos, pese a que le habían pedido 10 millones de pesos. “Ese dinero nos lo dio braviado, porque según dijo, la tierra que había comprado a nuestro alrededor la pagó a 200 mil pesos la hectárea”, contó Reyes. En esa ocasión no se firmó ningún papel ni comprobante, tampoco se registró el negocio ante notaría.
Seis meses después, el empresario del transporte se acercó nuevamente a la familia Reyes, pero esta vez con la intención de que le arrendaran otras dos hectáreas con el fin de tener allí unas cuantas vacas. “Yo me negué a la propuesta y me empezó a insultar, pero yo dejé esa conversación y me vine para mis tierras; sin embargo, a los con tanta insistencia e intimidación, decidí arrendarle las dos hectáreas”, dijo el esposo.
Días más tarde el empresario Quintero Céspedes se le acercó de nuevo al campesino y le explicó que esas tierras no le servían arrendadas, que se las tenía que vender, y si se negaba lo obligaría a deshacer el primer negocio y le tendría que devolver los 5 millones de pesos que ya le había pagado. “Como ya nos habíamos gastado ese dinero y ante esa situación, yo le dije que le vendía esas dos hectáreas en 10 millones de pesos, a esa oferta me dijo que no y solo me pagó 3 millones de pesos”, explicó el labriego.
Así que por las cuatro hectáreas, los Reyes obtuvieron 8 millones de pesos, pero habían vendido a la fuerza.
Transcurrido año y medio después de esas transacciones, de nuevo volvió a aparecer el empresario y antes de que el Incora les adjudicara la parcela a los Reyes, les reclamó por las escrituras de las hectáreas compradas y les propuso que les vendiera el resto de la tierra, tres hectáreas. El campesino le pidió 15 millones de pesos, pero no solo su oferta fue rechazada, sino que Quintero Céspedes volvió a hostigarlos.
“Comenzó a confinarme, me tiraba el ganado para que se me comiera el cultivo, al final tuve que arrendar lotes por fuera para cultivar los productos de pan coger”, indicó el labriego. Al final, la situación se fue calmando, no se hicieron escrituras de los predios mal vendidos y no se volvió a saber más del empresario.
“El bicho de la restitución”
A los Reyes Gómez les introdujeron lo que ellos llaman el “bicho” de la restitución unos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía venidos desde Bogotá que adelantaron a finales del 2008 un proceso de extinción de dominio sobre predios del empresario Quintero Céspedes y de su hijo Hugo Albeiro, capturado el 25 de septiembre de ese año en su finca del municipio de Bello.
“Yo les pedí a esos señores que no le hicieran extinción de dominio a las cuatro hectáreas que le vendimos al señor Quintero por todo lo que había pasado; ellos me preguntaron que si tenía los documentos de propiedad, se los mostré y ellos me dijeron ‘señora, eso es suyo’, y ahí mismo me metieron el bicho de la restitución y me dijeronque peleara por esas tierras”, narró la mujer.
Aquellos investigadores del CTI le recomendaron a Gómez y a su esposo que se buscaran un abogado, se asesoraran y comenzaran a reclamar. Fue así como conocieron a Carmen Palencia y a Carlos Páez, directivos de la Asociación Tierra y Vida, conformada por decenas de reclamantes de tierras despojadas en el Urabá antioqueño, les contaron su caso y contribuyeron a resolver, en parte, su problema.
Inicialmente lograron que el Incoder (antiguo Incora) adoptara medidas cautelares sobre su propiedad y prohibiera su venta, dado que fue declarado en abandono por causa de la violencia. Esa decisión fueinscrita el 3 de julio de 2009 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
“Luego, ellos me ayudaron a contactar a unos funcionarios de la CNR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ya desaparecida), y ellos me hicieron la restitución”, contó la campesina, quien guarda en una vieja carpeta el acta de resolución del Incora, un certificado de tradición y libertad en el que consta que aún la parcela está a su nombre y de su esposo, y el acta de restitución del predio firmado por representantes de la Comisión Regional de Restitución de Bienes de Antioquia y de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, fechada en Medellín el 17 de noviembre de 2009.
En esta acta quedó establecido que “restitución es todo acto que propenda por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos, incluyendo el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia, la devolución de sus propiedades con el uso, goce y disposición, y el comprimo de velar por la garantía de no repetición”.
No obstante, en la práctica nada más alejado de la realidad. Una vez esta familia logró recuperar su tierra, volvieron los hostigamientos en su contra. Por amigos supo que habían dado la orden de matarlos, lo que los obligó a desplazarse al casco urbano de Turbo. Allí buscó nuevamente a Carmen Palencia, de la organización Tierra y Vida, le contó lo que le estaba pasando y con su ayuda denunciaron el caso en Apartadó.
Varios meses después, a mediados de 2010, y luego de varias gestiones lograron regresar a su parcela acompañados de la Policía de Turbo y de varios integrantes de Tierra y Vida. Sólo se devolvieron los esposos porque a sus hijos los enviaron a Medellín, para evitar retaliaciones contra ellos.
“Llegamos a la casa muy nerviosos pero con la intención de arreglar el problema. Mis hijos me llamaban desde Medellín a decirme que dejara eso así, que más se había perdido en el diluvio, pero yo les decía que no, que esto se arreglaba o se terminaba de dañar”, dijo la señora.
Una vez en el predio, tanto Carmen Palencia como un oficial de la Policía de Turbo convencieron al administrador de la finca del empresario Quintero que abandonara pacíficamente el predio de los Reyes Gómez y permitiera que ellos retornaran y pudieran disfrutar de su propiedad.
“Él nos pidió un plazo de 15 días para para desocupar y sacar el ganado, y a los 15 días sacó el ganado; yo traje mis animalitos, trabajaba mis tierras, pero de un momento a otro regresó ese administrador y me sacó mis animales, los echó a la carretera y le pusieron mano a eso, lo encerraron”, relató la mujer.
Nuevamente sin tierras
Gómez y su esposo perdieron nuevamente sus cuatro hectáreas, pero en un acto de audacia decidieron quitar el alambrado que los ocupantes habían colocado y derrumbar una puerta con el fin de evitar hicieran posesión del predio.
“Daba mucha rabia ver que esa tenía sus animales en mis predios, gozando de lo mío, y yo tenía que pagar en otro lado pasto para mis animales. Yo le decía a mi esposo y él no se atrevía, hasta que un jueves, recuerdo, accedió y quitó la puerta”, relató la mujer.
Lo que no dimensionó la pareja fueron las consecuencias de ese acto de rebeldía contra los invasores de su predio, pues al sábado siguiente llegó a su casa un grupo de hombres, a quienes la mujer identificó como “paramilitares”, buscando a su esposo, quien en ese momento estaba trabajando en otra finca.
“Me preguntaron que qué había pasado por aquí, y yo les pregunté qué pasó de qué; ellos me respondieron que por aquí quitaron una puerta y un alambrado para que los animales se salgan y hagan daño. Yo los mandé a quitar, les dije, porque ese predio es mío y yo tengo papeles que consta que eso es mío y no me pueden obligar a poner esa puerta”, dijo Gómez al recordar aquella conversación. “Luego supe que a cada paramilitar les habían pagado 300 mil pesos para que le dieran una pela a mi esposo”.
La disputa se agudizó luego de la libertad de Hugo Albeiro Quintero Restrepo, quien salió de prisión a comienzos de 2012 tras pagar la mitad de su condena, tasada en 84 meses.
“Cuando el hijo salió de la cárcel, el papá volvió por aquí de nuevo”, contó la mujer. “Un día en la mañana estaba yo solita en esta casa, mi esposo trabajando, oigo un carro pitando, yo me asomé y vi que era Hugo Quintero, el papá. A mí la patica me temblaba. Salieron de la finca. Desde dentro del carro me señalaban y me decían ‘vea a esa hijueputa, no se esconda, sepa que ya volví’”.
A los 15 días el empresario envió a uno de sus trabajadores a la casa de la familia Reyes, quien les dijo que el patrón les mandaba decir que alistaran a su abogado y a sus testigos porque él venía a recuperar sus tierras. “Yo le dije –recuerda la señora- que él no tenía nada que pelear conmigo, que peleara con quien me entregó las tierras, es decir, con el gobierno”.
Semanas después, en abril de 2012, el empresario llegó a la humilde vivienda con su abogado. Tuvieron el mismo argumento en el que Quintero insistía en que las cuatro hectáreas eran de él, y la escena terminó cuando el empresario les dijo a los esposos: “a Hugo Quintero nadie le roba y muchos menos ustedes a mí”.
El empresario entonces se fue a los estrados judiciales y demandó a la pareja de labriegos por supuesta posesión ilegal de un predio de cuatro hectáreas ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Turbo. Allí se realizó una audiencia de conciliación el pasado 18 de junio, con el fin de dirimir el pleito, sin que se llegara a ninguna solución. Se citó de nuevo a unos y otros para el próximo 24 de julio.
El caso fue puesto en conocimiento de la Unidad de Restitución de Tierras, creada por la Ley 1448 de 2011 como ente regulador de los problemas de tierras relacionados con el conflicto armado. En carta fechada el 11 de julio en Apartadó, le solicitó al Juzgado de Turbo que “considerara la suspensión de ese procedimiento” y le remitiera el proceso para que haga parte de del expediente de restitución que sobre estas cuatro hectáreas se tiene abierto en esta entidad.
Además, según le dijo el Secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, a VerdadAbierta.com, la gobernación está analizando el caso con su grupo de trabajo y está pendiente de proteger a los campesinos, mientras la Unidad de Tierras hace valer los derechos de estos valerosos campesinos.
(*) Los nombres fueron cambiados por razones de seguridad
