Un juez especializado en tierras ordenó que se compense con un predio en otro lugar a una familia de Santander de Quilichao que se vio obligada a abandonar su parcela por presión de las Farc. Situación actual evidencia que no hay condiciones de seguridad para que retornen a su antiguo hogar.
El constante ambiente de guerra que se vive en Cauca ha sido el mayor obstáculo para el proceso de reparación y restitución de tierras. Foto: archivo Semana.El sueño de cualquier campesino es tener una finca con buenas vías de acceso y una excelente ubicación, pero tal propósito se convirtió en una pesadilla para la familia Méndez*. En diciembre de 1992, Roberto*, uno de sus miembros, compró el predio Villa Marfa, también conocido como Lote de Terreno Lomitas, que tiene una extensión de 6.029 metros cuadros y está en la vereda San Jerónimo, corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao.
Este lote tiene una ubicación privilegiada: está a escasos minutos de la vía Panamericana, que es la principal carretera del suroccidente colombiano, razón por la cual Roberto podía llevar fácilmente sus productos a los mercados de Santander de Quilichao, Popayán o Cali. Desde que adquirió su parcela, se dedicó a trabajarla con su esposa y sus dos hijos, cultivando yuca, piña, café, caña y plátano. La familia vivía en una pequeña y modesta casa de bahareque, pero planeaba salir adelante con la construcción de un galpón para criar pollos.
Las nubes negras empezaron a asomarse en el horizonte de los Méndez en 1996. En ese año, personas vestidas como campesinos empezaron a bajar de las montañas y a transitar por el patio de su casa para llegar al corregimiento de Mondomo. Los rumores de los vecinos del sector indicaban que esas personas eran guerrilleros, al igual que señalaban que uno de los trabajadores de la finca tenía un supuesto hermano en la subversión.
La situación empeoró en los años siguientes, cuando las Farc empezaron a hacer retenes ilegales en la vía Panamericana, entre los sectores de Quinamayó y Dominguillo, para hacer robos y secuestros masivos. En muchas ocasiones, los Méndez fueron “testigos de excepción” de esos crímenes, porque su casa estaba a cien metros de los sitios en donde hacían las retenciones ilegales.
Por esa razón, desde 1998, los días para esta familia transcurrieron llenos de zozobra. La situación se agudizó al año siguiente, con los enfrentamientos entre las Farc y la Fuerza Pública. En una ocasión, los Méndez regresaban de un paseo familiar, y a pocos metros de su casa, quedaron atrapados en medio de las balas de un combate.
Como la situación se agravaba, en el año 2000 se vieron obligados a abandonar todo lo que consiguieron con años de esfuerzo y entrega a su terruño. En esta decisión también influyó fuertemente que la guerrilla empezó a reclutar a los muchachos de San Jerónimo.
Desesperados, los Méndez encontraron refugio en Cali. En la capital de Valle del Cauca, la familia se quedó en la casa del suegro de Roberto. Con el paso de los años, la familia se desintegró, estuvieron muchos años desempleados y actualmente los cuatro integrantes viven separados. Por temor y desconocimiento, los Méndez no denunciaron estos hechos ni acudieron a las entidades del Estado para que les dieran la correspondiente ayuda humanitaria.
Sin embargo, el 3 de octubre de 2012, Roberto y su esposa se acercaron a la Unidad de Restitución de Tierras para presentar su caso e inscribirse en este programa de reparación de víctimas y justicia transicional. La Unidad documentó en detalle el caso de esta familia, y en diciembre del año pasado radicó la solicitud de restitución ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán.
Durante el proceso, la familia argumentó que no quiere retornar a parcela en San Jerónimo porque el conflicto armado no ha cesado, pero indicó que sí quiere retornar al campo para reconstruir sus vidas, las cuales dejaron abandonadas hace 14 años. Y no es para menos. En las últimas semanas, y antes de que saliera el fallo, las Farc detonaron explosivos en la vía Panamericana en Santander de Quilichao e hicieron cuatro retenes ilegales. Según consignó el juez en su sentencia, dos de esos retenes fueron en zonas cercanas al predio reclamado.
El juez consideró que esos hechos “dan cuenta que la región aún no puede generar, pese a esfuerzos que debe realizar por la Fuerza Pública, condiciones dignas para un retorno y la obligación estatal de la garantía de no repetición, evitando así la doble victimización”. Con este argumento, y ante la negativa de la familia de regresar a Villa Marfa, predio que actualmente está abandonado y su casa de bahareque desapareció, el juez ordenó el pasado 21 de abril, que se compense a los Méndez con la entrega de un predio de similares o mejores condiciones medioambientales y productivas en otra región.
Para ello, el juez le otorgó un plazo de seis meses al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para que le entregue a los Méndez un lote que satisfaga sus necesidades.
Esta no es la primera vez que un juez ordena que se repare por medio de la compensación igualitaria en el proceso de Restitución de Tierras. En octubre de 2013, dos familias que no pudieron retornar a sus hogares de origen en el norte de Valle del Cauca, una por condiciones de conflicto armado y la otra por condiciones de inseguridad del terreno, fueron compensadascon dos predios similares en la zona rural de Cali. (Lea: Inician reparación a víctimas con bienes de ‘narcos’)
Además, el juez ordenó que se suspendan las deudas o pagos atrasados de los impuestos del lote que perdió la familia, así como del que recibirá. También ordenó que esta familia pueda acceder a los diferentes programas que tienen los ministerios de Vivienda, Agricultura y Salud, para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
En otra de sus decisiones de fondo, el juez le ordenó a la Agencia Nacional de Minería que no autorice la explotación minera en Villa Marfa, y no acceda a las solicitudes vigentes. Una de esas solicitudes, según la documentación allegada al proceso, fue hecha por el cabildo del resguardo indígena de Las Delicias.
* Nombres cambiados por razones de seguridad
