Un grupo de 30 hombres armados y encapuchados asesinaron a 22 trabajadores bananeros de las fincas La Negra y Honduras en Urabá, la mayoría miembros del sindicato de trabajadores agrícolas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), la masacre fue planeada por paramilitares, financiados por la Acdegam y coordinados en Urabá por Fidel Castaño, que usaron exguerrilleros del EPL como guías para identificar a sus víctimas. Según las denuncias de los sindicatos de la época y confesiones de paramilitares, miembros del Ejército fueron cómplices de esta masacre. El estado colombiano fue condenado por la Cidh por esta masacre.