Después de 15 años, una familia podrá retornar a sus tierras en Puerto Gaitán abandonadas después de una masacre cometida en 1998 por los paramilitares de ‘Guillermo Torres’. La sentencia obliga a titularles esos baldíos.
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| En la sentencia, el Juez le dio un plazo de diez días al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, para que titule la parcela a la familia ya que se probó que la explotaban desde 1976 con cultivos de cacao, café, plátano y cítricos, y por tanto, la tierra baldía les puede ser adjudicada. Foto archivo Semana |
El 3 de julio de 1998, Ricardo* salió como de costumbre de su finca para comprar alimentos en La Loma. En este caserío, de la vereda de Alto de Tillavá de Puerto Gaitán, paramilitares estaban reteniendo a pobladores acusándolos de colaborar con la guerrilla. Ese día lo asesinaron junto a dos indígenas. Pasó una semana hasta que su hija se enteró de la tragedia. A Ricardo lo enterraron en la vereda y la junta de accióncomunal decidió contarle la noticia a la familiar en una carta.
Una década después de abandonar la finca de 39 hectáreas que su padre cultivaba con esfuerzo desde los años 80 le será restituida. Un juez especializado en restitución de tierras en Villavicencio confirmó que fueron víctimas de violencia paramilitar y que por ello tuvo que abandonar su terruño en Puerto Gaitán, Meta. El Juez ordenó que el Incoder le titule la parcela, porque esta provenía de terrenos baldíos y se demostró que la familia llevaba más de 20 años explotándola. También solicitó que las diferentes instituciones del Estado les brinden las garantías para retornar y que les dé prioridad para acceder a programas y subsidios.
Según lo documentó la Unidad de Tierras -el organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y creado por la Unidad de Tierras para atender las solicitudes de restitución de tierras-, la violencia en Puerto Gaitán y particularmente en la vereda Tillavá comenzó en los años 80 con la presencia de los Frentes 16 y 39 de las Farc a cargo de alias ‘Jeremías’ y ‘William’.
La violencia recrudeció cuando a finales de esa década aparecieron ‘Los Carranceros’, un grupo paramilitar conocido así porque la gente de la región le atribuía su creación al esmeraldero Víctor Carranza pero que se conocieron en la desmovilización de 2006 como las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, Acmv, a cargo de José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’.
La Unidad documentó que el Ejército llegó a la zona en 1989 y que las tropas fueron emboscadas por la guerrilla, causando la muerte a 13 soldados. Durante la siguiente década, en los años 90, guerrilleros y paramilitares se siguieron enfrentando por el territorio, una guerra alimentada por el negocio del narcotráfico. A finales de 1997 en el territorio además de la guerrilla hacían presencia tres grupos paramilitares: las Acmv, las Autodefensas Campesinas del Casanare conocidas como ‘Buitragueños’ y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, cuyo brazo en los Llanos Orientales comenzó a llamarse Bloque Centauros.
Entre octubre de 1997 y noviembre de 1998 los paramilitares llegaron con violencia a los caseríos de La Picota, La Loma y Puerto Mosco. En Justicia y Paz, varios desmovilizados confesaron que los tres grupos mencionados asesinaron, desaparecieron personas y desplazaron poblados enteros. Fue el caso por ejemplo de la masacre La Picota. Según la Fiscalía, Los ‘Buitragueños’ dirigidos por William Fredy Ortiz alias ‘Chorote’, ‘Los Carranceros’ a cargo de Rafael Salgado Merchán alias ‘El Águila’ y los ‘Urabeños’ dirigidos por Dairo Antonio Úzuga alias ‘Otoniel’ se reunieron en Puerto Gaitán, bajaron por el margen izquierdo del río Manacacías hasta llegar a La Picota. Allí asesinaron a varias personas. Con estas muertes, el grupo casi sumaba 20 muertes en lo que llamaron el ‘Diciembre Negro’ de 1997 (Lea Las masacres desconocidas del Bloque Centauros).
En una versión libre del 3 de febrero de 2010, José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’ y alias ‘El Águila’ aceptaron su responsabilidad en los asesinatos cometidos en los tres caseríos. En total, once personas fueron torturadas y luego decapitadas.
En los caseríos, los paramilitares robaron, destruyeron bienes, mataron animales y quemaron viviendas. El 6 de agosto de 2005 en la inspección San Miguel, de Puerto Gaitán, 209 integrantes de ‘Los Carranceros’ se desmovilizaron.
La Unidad de Tierras documentó que con la puesta en marcha del Plan Colombia aumentó la presencia de la fuerza pública en la región y para 2007, los grupos guerrilleros habían sido disminuidos. Según datos del antiguo Registro Único de Población Desplazada, de este municipiosalieron expulsadas 3.379 personas.
La reclamación de esta familia hace parte de otras 200 registradas ante la Unidad de Tierras en el Meta. Las víctimas en Puerto Gaitán solicitan la restitución de por lo menos 126 mil hectáreas, según datos oficiales actualizados al 3 de enero de 2013.
El nombre es cambiado por razones de seguridad
