Las víctimas del Catatumbo advierten que sus predios son disputados por grupos armados ilegales o explotados por empresas. Aunque esperan la restitución, tienen miedo.
Por Omar Elías Laguado Nieto, especial para VerdadAbierta.com
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Tierras del municipio La Esperanza en la región de El Catatumbo. Foto Omar Elías Laguado Nieto |
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El imponente paisaje de El Catatumbo, una región ubicada en Norte de Santander, rico en fauna y flora, bañado por el río que lleva este mismo nombre y apetecido por el carbón, el petróleo y las piedras preciosas, está marcado también por una historia de horror. Durante los últimos diez años 114 mil personas entre campesinos e indígenas salieron desplazados durante la violencia paramilitar, otras 11.200 personas fueron asesinadas en masacres, 600 más están desaparecidas y 400 líderes fueron asesinados.
La violencia enla región data desde el sangriento enfrentamiento entre liberales y conservadores. Luego la llegada de las petroleras le costó la vida a muchos miembros de la etnia Barí. Pero nunca en la región había habido un terror como el que causó el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidades de Colombia (Auc) desde su llegada a este territorio el 29 de mayo de 1999. Produjo una ola de crímenes muy visibles, entre asesinatos selectivos a líderes, desapariciones y masacres. Pero hubo otro crimen más silencioso, y de consecuencias devastadoras: despojaron a centenares de propietarios y tenedores de sus tierras.
Las organizaciones de víctimas calculan que entre 1999 y 2004 por lo menos 1 millón de hectáreas de tierras fueron abandonadas en El Catatumbo. El desplazamiento masivo fue fenomenal. De 347.240 habitantes que registraba el Dane para la zona en 1998, apenas quedaban 121.456 en 2005. Pero son muy pocos los que se han animado a pedir la restitución de sus tierras. Hasta el 3 de enero de 2013 ante la Unidad de Restitución de Tierras habían sido presentadassólo 1.654 solicitudes para que les devolvieran 89 mil hectáreas en Norte de Santander.
Los paramilitares llegaron al El Catatumbo en 1999 provenientes de Urabá por orden de los hermanos Castaño. En Justicia y Paz, el ex jefe de ese grupo paramilitar, Salvatore Mancuso, ha confesado que lo hicieron en camiones y con apoyo de la fuerza pública. El pretexto de hacer presencia en la zona era supuestamente “combatir la guerrilla”, pero en sus confesiones Mancuso y varios desmovilizados han puesto en evidencia que el grupo en realidad estaba tras los negocios del narcotráfico y las tierras.
Durante la desmovilización del Bloque Catatumbo en 2004 y la posterior extradición de Mancuso a Estados Unidos en 2008, el grupo paramilitar sólo ha entregado 17 mil hectáreas en 105 predios rurales para reparar a las víctimas. Aunque indígenas y campesinos pensaron que la calma retornaría a su territorio después de la desmovilización, el miedo no los ha dejado volver.
Integrantes de las Auc que no se desmovilizaron formaron las bandas criminales que se disputan el territorio por el negocio de la droga. Ellos están chantajean a campesinos de la región y siguen forzaron a varios al exilio. Catatumbo adentro, además están las Farc y el Eln, que también persiguen a quienes no se alían con ellos. Desde 2004, la zona fue militarizada con por lo menos 11 mil integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, y los combates contra las guerrillas han obligado a decenas de personas a desplazarse. Además, hubo miembros de la fuerza pública involucrados en el escándalo que conoció el país como “falsos positivos” por matar civiles y hacerlos aparecer como muertos en combate. Todo esto lleva a que la gente no se sienta confiada para reclamar lo que les pertenece.
¿Quién explota?
El Catatumbo, al nororiente de Colombia, está integrado por nueve municipios: Ocaña, Convención, El Tarra, Hacarí, Teorama, San Calixto, La Playa, El Carmen y Tibú, bañados por el río Catatumbo y 33 afluentes. Son tierras que además de ricas por considerarse zonas de vega, aptas para el cultivo de cualquier alimento, contienen reservas de petróleo, oro, esmeradas y níquel.
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| Puente La Unión sobre el río La Grita, que une al municipio de Puerto Santander (Norte de Santander) con la municipalidad de Boca de Grita (Venezuela). Foto Omar Elías Laguado Nieto |
Tras la desmovilización del grupo paramilitar enla región, campesinos e indígenas intentaron volver a sus predios pero se llevaron una sorpresa. La riqueza de sus tierras es a la vez una maldición, dicen. A su regreso encontraron que las tierras eran disputadas algunas por las bandas criminales para controlar el negocio del narcotráfico; otros encontraron sembradíos extensos de palma de aceite, y muchos vieron varios empresas mineras extrayendo carbón.
Lo que no entienden, dice Adriana*, es cómo las empresas de carbón obtienen de forma rápida los títulos mineros cuando durante por lo menos 60 años comunidades enteras le han solicitado la titulación de la propiedad sin respuesta.
Las potenciales reservas de carbón ha atraído la atención de ocho empresas que adelantan la explotación a cielo abierto, explica un líder de víctimas de la región. Hay dos empresas canadienses, una mexicana y las cinco restantes son nacionales”. Según datos de las organizaciones de víctimas, estas carbonerasvienen impactando una extensión superior a las 25 mil hectáreas en Convención, Teorama, Tibú y El Tarra después de lograr el permiso del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el 21 de septiembre de 2005.
La comunidad cuestiona cómo el Ministerio de Medio Ambiente sustrajo la condición de reserva forestal sobre varios de los predios. “Muchas de estas tierras ahora explotadas en carbón eran de campesinos e indígenas Motilón Barí”, dice un afectado.
Las víctimas
“Vale más la vida que una tierra cubierta de sangre, dolor y lágrimas”, dice un integrante de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, una organización de víctimas que desde 2005 trabaja con la comunidad y realiza talleres en formación en Derechos Humanos. Muchos campesinos se han refugiado en la frontera venezolana, mientras el gobierno ofrece las condiciones para el retorno y la restitución.
Es lo que sucede en La Fría, un municipio del estado venezolano de El Táchira fronterizo con Colombia. Para llegar allí hay primero hay que recorrer 55 minutos por carretera de Cúcuta a Puerto Santander y luego tomar el camino a pie sobre el río Boca de Grita donde el ejército venezolano controla la salida y entrada de personas. La zona rural de este pueblo donde la temperatura alcanza los 40 grados es un sitio de concentración de desplazados colombianos.
“Vivíamos en Vetas de Oriente, entre Tibú y La Gabarra. Cultivábamos una parcela de 20 hectáreas de yuca, plátano y limones. El 10 de junio de 1999 un grupo de hombres armados, que llegaron en camperos y camiones y dispararon ráfagas con ametralladora, comenzaron a matar gente en la vereda. El 17 de julio de ese año desaparecieron a por lo menos 13 personas en Tibú”, dice Miguel*.
Miguel recuerda que todos se resistían a dejar la tierra pero los asesinatos aumentaron el miedo. No sólo tenían que lidiar con las extorsiones sino que los asesinatos que ocurrían todos los días. “En vista de tanta violencia, en 2001 las familias salimos de la región buscando refugio en la frontera”, dice. Después de pasar necesidades y rebuscarse la vida, Miguel cuenta que en 2004 intentó volver a su parcela pero se encontró con que ésta era ocupada por hombres armados. En la zona le dijeron que ni se le ocurriera acercarse porque la tierra se la había quedado un paramilitar para sembrar coca. “Me di cuenta que en realidad era difícil volver”, dice.
Coloncito, otro pueblo del Estado de Táchira en la frontera venezolana, es sitio de llegada de colombianos desplazados. Allí vive Carlos*, quien por la violencia también tuvo que abandonar su parcela en la vereda La Cuatro, en Tibú. “Eso fue el 21 de marzo de 2003. Allí tenía un terreno de 40 hectáreas que había comprado quince años atrás con mi trabajo. Era un paraíso, cultivábamos plátano, yuca, aguacates, zapotes, curuba y limones. Salimos desplazados porque la finca se convirtió en un corredor, en un paso para la guerrilla y los paramilitares”, dice.
Carlos dice que tenían miedo por sus vidas. Ese 21 de marzo la guerrilla llegó a su casa, lo encañonó enfrente de su esposa e hijos y le dijo que contara dónde estaban los paramilitares. “Le dijimos que no sabíamos nada. Que ellos pasaban por la finca como pasaban ellos. Entonces fue cuando el jefe guerrillero me dijo que tenía 45 minutos pasa salir de la casa y dejar todo”.
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| Vía que conduce a Coloncito, Venezuela. Foto de Omar Elias Laguado Nieto. |
El campesino dice que ya rehicieron su vida en la frontera y que no quieren volver al Catatumbo. Averiguaron y su parcela en la vereda La Cuatro, de la cual no tenían papeles, ya tiene nuevo dueño. Su predio ya fue escriturado y registrado. “No queremos regresar. Mataron a muchos campesinos para quitarnos las tierras. Y todavía siguen. Entonces no queremos que nuestros hijos padezcan lo que sufrimos nosotros. Estamos bien en estas tierras venezolanas”, dice.
Aunque muchos buscaron la frontera como refugio, otros se desplazaron a otros municipios en Norte de Santander. A Mario* el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (antiguo Incora hoy Incoder), le había titulado una parcela en el sur del Catatumbo. Era próspero pero su tranquilidad se acabó cuando un grupo del Ejército Popular de Liberación (Epl) que no se quizo desmovilizar en 1990, cuando el grueso de esta guerrilla dejó las armas, y se quedaron delinquiendo en varias regiones del país, comenzó a invadirle la tierra y en enero de 2001 lo forzó a abandonarla.
Mario recuerda que buscaron ayuda en el municipio de El Zulia donde rehicieron su vida y sus hijos comenzaron a estudiar. “No queremos buscar la restitución porque no queremos más problemas, como le ha sucedido a muchas familias desplazadas. Los hijos crecieron y ya se acostumbraron a la ciudad. En el campo sigue habiendo mucha violencia”, dice.
En esto coinciden otros campesinos que insisten en que volver a sus parcelas originarias es un riesgo. Francisco* era un próspero empresario en La Esperanza, en el Catatumbo, donde sembraba fríjol, tomate de árbol y plátano. “Ganábamos buen dinero. Teníamos la oportunidad de comer lo que uno quisiera y que los hijos estudiaran”, recuerda.
Pero eso cambió el 25 de marzo de 1994 por enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares. “Un día llegaban unos, otro día otros. A las 10 de la mañana veinte paramilitares me amenazaron delante de familia, acusándonos de guerrilleros. Nos dijeron que teníamos que irnos porque de lo contrario nos mataban. Tuvimos que abandonar los marranos, las gallinas, las vacas, los cultivos de mora, fríjol, plátano, tomate de árbol y un camioncito de estaca que habíamos recién comprado con los ahorros”, recuerda Mario.
El campesino dice que volver no está en sus posibilidades. “Nunca quiero regresar. A unos compañeros les dijeron que volvieran. Ellos se fueron todos ilusionados y en realidad era una cita con la muerte. Los mataron. Por eso la gente sigue atemorizada”, dice.
Rafael*, como muchos otros campesinos, no quiere volver a su parcela en el municipio de Sardinata donde fue despojado por el grupúsculo escindido del desmovilizado Epl, pero espera que el gobierno lo indemnice. El campesino cuenta que había sido titulado por el Incora en los años 80 y que con la violencia su predio terminó a nombre de otro señor que ahora la explota. “Yo ya estoy viejo para trabajar en el campo. Queremos es una indemnización del Estado por todo lo que pasamos. Necesitamos un lugar digno para que nuestros nietos crezcan”, dice.
¿Qué dicen las instituciones?
Manuel Orlando Pradilla, alcalde de El Zulia, reconoceque el municipio ha sido un punto de tránsito de personas en situación de desplazamiento por ser ésta la puerta de entrada a la zona del Catatumbo. El mandatario asegura que para hacer frente a la situación han creado comités de atención y han desarrollado un plan de acción junto con la Gobernación para involucrar a todas las instituciones. “Lo que nos hacen falta son recursos”, dice Pradilla, explicando que es grande el volumen de situaciones de emergencia por desplazamiento que deben atender.
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| Barrios subnormales de Cúcuta donde habitan personas en situación de desplazamiento y despojo del departamento. Foto de Omar Elias Laguado Nieto. |
José René García, director regional de la Unidad de Tierras, explica que la institución se ha concentrado en buscar los campesinos, colonos y propietarios que hayan perdido sus tierras por violencia y por despojos realizados mediante ventas fraudulentas para que puedan volver a su dominio. García explica que el Catatumbo es una de las zonas más golpeadas en el país, siendo “Tibú el tercer municipio con más tierras a restituir después de Carmen de Bolívar y Turbo”.
A finales de 2012, ante la Unidad ha documentado 66 demandas correspondientes a casos de despojo en Tibú, El Zulia, Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios. Según García, el reto para 2013 es documentar y presentar por lo menos 700 demandas de casos en Ocaña, Hacarí y Convención.
Las restituciones
En diciembre de 2012, el Juez Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras en Cúcuta profirió la primera sentencia a favor de un grupo de víctimas, despojadas por paramilitares en el casco urbano de Tibú.
La decisión restituyó 800 metros cuadrados a una familia que había sido desplazada en 2002 del predio, después de que las Auc asesinaran al padre. El juez ordenó el registro legal del predio ante Notaría e Instrumentos Públicos y pidió a la fuerza pública garantizar la seguridad y permanencia de la familia.
El segundo fallo fue en enero de 2013, cuando el mismo Juez reconoció el abandono forzado de un predio de 12 hectáreas en zona rural de Tibú y ordenó su restitución a una familia campesina que fue víctima de los paramilitares.
A pesar de la Ley de Víctimas y el esfuerzo institucional porque los procesos de restitución avancen en la región, el miedo -así como la violencia- persisten.
*Nombres de las víctimas cambiados por razones de seguridad
