Campesinos y la Unidad de Restitución denunciaron que funcionarios de la Fiscalía y de la Defensoría participaron en reuniones en las que se les ofreció dinero a los despojados para que desistieran en sus reclamos.
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La hacienda Santa Paula es solo uno de los predios de diez mil hectáreas que fueron despojados por los hermanos Castaño en Córdoba. Foto: VerdadAbierta.com
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Para las víctimas que fueron despojadas de sus tierras por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, es innegable que el fallo de restitución significa un primer paso para recuperar lo que perdieron por el conflicto armado en Córdoba. Pero para ellos no es suficiente tener una orden legal, ya que si las amenazas y las presiones continúan, muy pocos serán los que se atreverán a volver a sus predios.
En el fallo que beneficia a las víctimas de los Castaño, los magistrados de la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ordenaron devolver 1.195 hectáreas que habían sido robadas por los paramilitares a través de la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, ong que utilizaron como fachada para el despojo.
Con esta decisión del tribunal se le devolvieron los títulos a 32 de las 117 familias que fueron obligadas a abandonar sus tierras en la Finca Santa Paula, ubicada en Leticia, un corregimiento a 45 minutos de Montería.
Pero casi diez años después del proceso de la desmovilización paramilitar, la inseguridad que hoy reina en Córdoba no permite que se cumpla este fallo y se dé un retorno de las víctimas.
De acuerdo a testimonios de campesinos de la región, luego de haberse conocido el fallo, se les han acercado personas para ofrecerles dinero a cambio de las tierras que la justicia les acaba de restituir.
De la misma manera, según los campesinos, varios reclamantes han sido amenazados e incluso algunos han sido presionados con dinero para que renuncien a sus derechos.
“Cerca a la oficina de Restitución de Montería hay personas pendientes de quién entra y quién sale”, narró a VerdadAbierta.com un habitante de la región, quien aseguró que de esta manera se pretende intimidar a los campesinos que van a presentar su solicitud de restitución.
El director de la oficina de Restitución de tierras en Córdoba, Rodrigo Torres, confirmó que los campesinos han denunciado que funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía facilitaron y participaron en reuniones en las que se les ofreció dinero a las víctimas a cambio de desistir en las solicitudes de restitución o de declarar a favor de supuestos despojadores.
De acuerdo con la información obtenida por Verdadabierta.com, estas reuniones se realizaron hasta finales del 2012 pero los campesinos solo las pusieron en conocimiento de las autoridades en enero de este año.
“Nosotros pusimos la denuncia sobre esta situación y se ordenó aumentar la seguridad en los alrededores de la oficina. En cuanto a la segunda denuncia de las víctimas sobre los funcionarios, esto se puso en conocimiento de la fiscalía para que adelantara las investigaciones correspondientes”, aseguró Torres a este medio.
Torres agregó que ha hablado con los campesinos para que se abstengan de asistir a esas reuniones y para que denuncien a quienes intentan sobornarlos. “Los solicitantes están rechazando esos ofrecimientos ya que los procesos van muy adelantados y ven posible la restitución de sus tierras”, afirmó Torres.
Sobre el miedo al retorno, el funcionario explicó que “es normal el temor de los campesinos porque en los predios continúan las personas que compraron cuando estaba el dominio paramilitar en la zona. El Estado está dispuesto a brindarles las medidas que ellos necesiten, para que puedan volver de una manera permanente y para que no sean re victimizados”.
Finalmente VerdadAbierta.com conoció que algunos líderes de Córdoba y de otros departamentos, que hoy son amenazados por su participación en la restitución les ha tocado desplazarse a otras ciudades. A pesar de que por los altos riesgos que corren sus vidas la Unidad Nacional de Protección ha asumido su seguridad, aparentemente los compromisos se han cumplido a medias haciendo que estas víctimas queden nuevamente vulnerables en ciudades lejanas a su lugar de origen en los que no tienen mayormedio de subsistencia.
VerdadAbierta.com consultó a los representantes de la Unidad de Protección quienes aseguraron que los apoyos económicos no se han pagado cumplidamente debido a que a finales del año de 2012 esa entidad tuvo problemas de recursos que ya fueron solucionados por lo que ya se hicieron los pagos atrasados. Asimismo agregaron que en algunos casos se presentan problemas de comunicación para ubicar a los protegidos, lo que dificulta y demora el pago.
Según los representantes de la Unidad, están trabajando para agilizar los tiempos de respuesta a las solicitudes de protección desde el momento en que la Unidad las conozca. “Hemos avanzado en especial en relación a los reclamantes de tierras. Desde el año pasado se creó un grupo al interior de la Unidad que tiene como fin atender a esta población y hacer seguimiento de cada uno de los casos”, aseguraron a este medio los representantes de la Unidad.
VerdadAbierta.com conoció que se realizó una reunión entre la Unidad de Restitución, la alcaldía de Montería, la gobernación de Córdoba, la Unidad de Víctimas, la Fuerza Pública y los campesinos, en la que se elaboró un plan de retorno que sea seguro para estos últimos.
El fallo del Tribunal Superior de Antioquía que beneficia a las 32 familias se da cuatro meses después de que la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura presentara la demanada ante el juez de tierras de Córdoba. Según supo VerdadAbierta.com, las demandas del resto de las 85 familias de Santa Paula estas prontas a presentarse.
De acuerdo con las cifras generales de la Unidad de Restitución a enero de 2013 en Córdoba se han presentado 1.371 solicitudes de restitución sobre más de 61 mil héctareas de tierra. La mitad de estos despojos fueron cometidos por los paramilitares de la Casa Castaño.
Así despojaron los Castaño
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| Con Funpazcor, los hermanos Castaño engañaron a centenares de familias campesinas para despojarlas. Fotomontaje: VerdadAbierta.com |
Según la demanda de la Unidad de Tierras en la que se sustentó fallo del Tribunal Superior de Antioquia, “el interés en la apropiación de las tierras no solamente fue prioridad de los jefes paramilitares sino también de sus asociados: políticos, empresarios y narcotraficantes, que hallaron en este accionar una fuente de riqueza, de poder político y de reconocimiento social.
Así fue como principios de los 90, Fidel Castaño, jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, empezó a comprar terrenos en distintos lugares de Córdoba como Tierralta y Montería, para iniciar lo que él consideró sería una nueva reforma agraria.
Para este fin, el 14 de noviembre de 1990, Fidel Castaño y colaboradores, dentro de los que se dice hubo ganaderos y políticos, crearon la Fundación por la Paz de Córdoba, Funpazcor, con sede en Montería.
Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los hermanos Castaño y suegra de Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, asumió la gerencia de la fundación, mientras Luis fragoso Pupo, para entonces secretario de la gobernación del departamento y ex gerente de la Lotería de Córdoba, era el presidente.
En teoría, según lo registró la Unidad de Restitución y así lo confirmaron las víctimas, los representantes de Funpazcor les vendieron la idea de que les iban a donar diez mil hectáreas de tierras para iniciar “un programa de reforma agraria, vivienda y educación”, enfocado especialmente a campesinos víctimas del conflicto y a desmovilizados de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL.
Dentro de estas tierras, supuestamente donadas por Funpazcor, se encontraban 120 parcelas de la hacienda Santa Paula que fueron entregadas a los campesinos y a la alcaldía de Montería por medio de escrituras públicas.
Pero desde el principio empezaron los engaños. Dentro de las escrituras les incluyeron ‘clausulas’ que limitaron la forma en la que los campesinos podían utilizar sus tierras, las cuales debían ceñirse a lo que la Fundación les ordenaba. “Nunca se trató de una donación. A algunos de los campesinos les pedían a cambio parte de lo que producían, a otros les pedían parte de las ganancias y a otros simplemente les imponían arrendatarios que usaban las tierras para ganadería”, aseguró una fuente de la región consultada por VerdadAbierta.com.
Según la demanda presentada por la Unidad de Tierras, los Castaño Gil nunca perdieron el control de las tierras pues a los campesinos se les prohibió disponer de ellas, incluso a través de Funpazcor, los paramilitares solicitaron créditos ante entidades bancarias a nombre de los parceleros y constituyó hipotecas sobre los predios sin su consentimiento.
Hasta 1996 la mayoría de los parceleros adelantaron proyectos productivos de maíz, yuca, ajonjolí, papaya, entre otros, cultivos que empezaron a mermarse con el inicio de la presiones de los paramilitares.
Desde ese año, señala la demanda, “Sor Teresa Gómez, otros directivos de Funpazcor, y Diego Sierra, esposo de la actual propietaria de los predios solicitados por las 32 familias de Santa Paula, empezaron a presionar a los parceleros con el fin de que vendieran y abandonaran sus tierras, sin cometer mayores actos de violencia, pero apelando a la autoridad que la Casa Castaño se había forjado en la región a sangre y fuego”.
Sin embargo, la situación de inseguridad empeoró y después de un tiempo a los campesinos que no querían obedecer la orden de vender sus predios los paras quemaron sus viviendas, mataron sus animales y los expulsaron a la fuerza.
Debido al temor, los campesinos se vieron obligados a vender a cambio de tres millones de pesos. “Cuando les dijimos que nos estaban dando una cifra muy pequeña por las tierras, el abogado de Funpazcor nos decía que esas tierras nos las habían regalado y que agradeciéramos que nos habían pagado algo a cambio. A algunos que no quería irse los amenazaron con panfletos, les enviaban sobres con balas para advertirles que se salieran de las tierras o morirían”, narró un campesino que fue víctima del engaño paramilitar.
De acuerdo con la demanda de la Unidad de Tierras con la que se obtuvo el fallo de restitución, luego de que los campesinos fueron expulsados de sus tierras, 1.195 hectáreas de la Hacienda Santa Paula avaluadas en 20 millones de dólares fueron tituladas a Gloria Inés Henao Montoya y Diego Alonso Sierra Rodríguez, quienes según el fallo del tribual, participaron del despojo y se apropiaron de las tierras de mala fe. A esta conclusión llegaron los magistrados del tribunal que solicitaron a la Fiscalía investigar a los supuestos dueños por presuntamente haber presionado a los campesinos para que abandonaran sus tierras.
Años después y pensando que con la desmovilización de los paramilitares y la muerte de los hermanos Castaño ya no haría por qué temer, un grupo de campesinos se organizó para empezar a exigir los derechos sobre las tierras de las que habían sido despojados. Dentro de estos líderes se encontraba Yolanda Izquierdo, quien fue asesinada en mayo de 2007.
“Yolanda vivía a unas cuadras de mi casa, el día que la mataron todo el mundo gritaba y corría. Su hijita, que para ese momento tenía unos ocho años, llegó a mi casa con la ropa llena de sangre a decirme que habían le matado a su mamá. En ese momento nos llenamos de mucho miedo”, aseguró Sánchez. “Cuando Yolanda fue asesinada, el proceso se fue al suelo y se estancó. Pero es gracias a ella que estamos donde estamos y por eso siempre le vamos a estar agradecidos”, narró a este medio un campesino que fue cercano a la víctima.
