La Defensoría y la Contraloría advierten que el Gobierno no ha financiado los abogados que deben orientar a quienes reclaman indemnizaciones y restitución.
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| El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. Foto Semana |
El próximo 31 de diciembre la Ley de Víctimas cumplirá su primer año de aplicación. Aunque su vigencia se extenderá hasta el 2022, año en el que se espera “saldar la deuda histórica” con las víctimas que el conflicto armado ha registrado desde 1985, sus resultados aún no llegan.
Entre otras, porque uno de los derechos consagrados a las víctimas, el de tener asistencia y acompañamiento jurídico, está quedando en “letra muerta”, según palabras de la contralora general Sandra Morelli.
Las víctimas que en su mayoría son campesinos desplazados y madres cabeza de familia, tienen el derecho a que el Estado les asista con un abogado para que las represente en todo el proceso que contempla la ley para acceder a la reparación administrativa o la restitución de tierras.
Pero según lo denunció el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y la propia contralora Morelli, el gobierno, concretamente el Ministerio de Hacienda, no destinó los recursos que necesita la Defensoría del Pueblo para garantizar los abogados para las víctimas.
“Uno de los aciertos de la ley fue prever un sistema nacional de defensores que tenían que apoyar jurídicamente a las víctimas. Pero esa es, precisamente, la gran talanquera”, explicó Morelli.
Según la contralora, la Defensoría del Pueblo se encuentra en un estado de “incapacidad absoluta” para dar cumplimiento a sus obligaciones de la ley de víctimas, precisamente porque Hacienda no autorizó los recursos en el presupuesto general de la Nación para el año 2013”.
El argumento de Hacienda, según la contralora, es que el presupuesto general de la Nación respetó la norma fiscal, una norma que evita la quiebra del Estado. Sin embargo, cuestionó la respuesta pues en la discusión de la ley en el Congreso, Hacienda se comprometió a concurrir con los recursos demandados, en la ley.
Jorge Armando Otálora dice que la Defensoría del pueblo no está en capacidad de asumir ninguna responsabilidad en la implementación de la ley de víctimas, precisamente por no contar con los recursos. “No tenemos presupuesto para el 2013”, confirmó.
Señaló Otálora que la Ley de Víctimas creo 200 nuevos cargos de planta en la Defensoría y 1.300 abogados públicos que tienen la misión de cubrir todo el territorio nacional para atender y representar a las víctimas en sus reclamaciones.
El presupuesto reclamado asciende a 72.000 millones de pesos, del cual no se giró un solo peso. “Si el Congreso aprobó la Ley de Víctimas es precisamente porque el ministerio de Hacienda la declaró fiscalmente viable. La única solución es decirle al Gobierno que esto es con plata”, antes que decirles a las víctimas que paguen de su bolsillo sus propios abogados particulares.
La contralora Morelli considera que para la eficacia de la ley de víctimas se necesita que dos entidades, el ministerio de Hacienda y el Departamento de Planeación Nacional, “hablen el mismo idioma” que el presidente Juan Manuel Santos.
“El presidente dijo en muchas oportunidades que por esta ley ha valido la pena ser presidente”, recordó Morelli quien además explicó que el reto del Estado no es sencillo. “Si esta ley no cumple sus presupuestos sería un gran fracaso para el Estado Social de Derecho incluso para cualquier proyecto de paz hacia el futuro” argumentó.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, ha sido citado por la comisión de seguimiento a la ley de víctimas para responder las inquietudes que han formulado la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General.
