“Por esa región fue que entraron las Autodefensas al Urabá. Llegaron acabando con todo. Por allá le mochaban la cabeza a la gente. De allá desplazaron muchas familias”, dice un investigador de la Fiscalía con sede en Turbo mientras su dedo índice señala en el mapa la región conocida como Tulapas.
Con un círculo imaginario engloba buena parte de las veredas del corregimiento San José Mulatos, de Turbo; unas cuantas más de Necoclí como Umbito, Puya, La Islita, Tulapa, La Pitica; y otro par de parajes de San Pedro de Urabá. “Esto es lo que la gente conoce como Tulapas. Y eso es inmenso. Y lejos. Por allá hubo mucha guerrilla, hasta que llegaron los paras como en 1994”, explica el funcionario.
Para fines de ese año, un grupo paramilitar liderado por Salvatore Mancuso ingresó a esta región “tan lejos de todas partes, tan lejos de Córdoba como tan lejos de Urabá” como él mismo la describió, con el fin de expulsar de allí a las guerrillas del Epl y Las Farc. La guerra dejó cientos de crímenes atroces y creó una catástrofe humanitaria. El propio exjefe paramilitar reconoció, en versión libre rendida ante Justicia y Paz en mayo de 2007, que “en Las Tulapas hubo combates salvajes con el Epl y las Farc, porque era zona de campamentosde las Farc y del Epl”.
La guerra sin cuartel entre insurgentes y paramilitares ocasionó desplazamientos enormes. No existen registros oficiales que permitan establecer con exactitud la magnitud del éxodo, pero el investigador de la Fiscalía se aventura a entregar su estimado: “yo calculo que más de 1.200 familias se fueron de la región”.
Para las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), la región de Tulapas encerraba un valor estratégico por tratarse de un bastión histórico de las guerrillas del Epl y las Farc el cual había que arrebatar a sangre y fuego. Y así fue. Una vez expulsados los subversivos –y los centenares de familias más – se instalaron las bases paramilitares. Y una vez establecidos allí y con pleno dominio de la región, los máximos comandantes ‘paras’ comenzaron a apropiarse de las tierras.
“Cuando nosotros ingresamos a la zona de Tulapas, el comandante (Carlos) Castaño me dijo que hiciéramos inversiones en el área porque le gustaba para colocar un campamento. De hecho se compraron alrededor de 2.000 hectáreas. Me dijo: ‘te voy a presentar un muchacho, él conoce a todas las personas de la región, la hectárea ahí es muy barata, está entre treinta mil, cuarenta mil o cincuenta mil pesos’.Yo serví de intermediario en la compra de esas tierras, y Carlos Castaño inicialmente colocó un campamento allí en la zona”, explicó Mancuso ante un fiscal de Justicia y Paz en mayo de 2007.
Los investigadores judiciales han logrado establecer que Mancuso le ordenó a uno de sus lugartenientes, Benjamín Alvarado Bracamonte, conseguir tierras en Las Tulapas. El joven recomendado por Carlos Castaño para que ayudara en las compras era Guido Vargas. Material recopilado por la Fiscalía señala que fue Vargas el intermediario entre las familias desplazadas y Bracamonte. Vargas se encargaba de ubicar a las familias y después de eso, en cuestión de horas, la tierra pasaba a manos del paramilitar.
De eso dan cuenta las 18 escrituras de compraventa inspeccionadas por funcionarios judiciales, que fueron celebradas entre agosto de 1995 y diciembre de 1996 en la Notaría Única de San Pedro de Urabá donde Bracamonte adquiere el mismo número de fincas, todas ellas en Las Tulapas. Un total de 795 hectáreas quedaron bajo su dominio.
Quienes aparecen como vendedores en dichas escrituras hoy figuran en los registros de Justicia y Paz como víctimas del paramilitarismo y del despojo de tierras. Todas afirman haber sido contactadas por Vargas. Según la Fiscalía, Alvarado Bracamonte nunca dejó las armas y hoy hace parte de una de las estructuras criminales surgidas luego del proceso de desmovilización.
Pero Mancuso no solo le ordenó a terceros comprar predios. También quedó con tierras a su nombre. En la escritura 2147 de la Notaría Primera de Montería se consigna que el exjefe paramilitar le compró a María Gertrudis Guerra la finca Nueva Australia, de 52 hectáreas, en la vereda La Pita, de Turbo, por valor de 2 millones de pesos. La transacción se realizó el 14 de septiembre de 1995. Seis años después, el 7 de octubre de 2001, Mancuso vendió esta propiedad a Duver Jairo Cárdenas por valor de 4 millones 400 mil pesos. Éste y otros predios están en el Fondo de Reparación para las Víctimas.
La mujer que despojó tierras
Pero mientras Bracamonte adquiría tierras por orden de los Castaño y Mancuso entre los años 1995 y 1998, otro personaje también se hizo a grandes fincas en la región por esos mismos años: Sor Teresa Gómez.
Aprovechándose del terror que imperaba en la zona por cuenta de la presencia de las Accu, esta mujer, hermana de crianza de la familia Castaño y quien fuera gerente de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) desde 1995 hasta 1997, comenzó a presionar a campesinos desplazados de Las Tulapas para que vendieran sus fincas.
En la desaparecida oficina regional de Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se documentaron doce casos de despojos cometidos en el norte del Urabá antioqueño y Sur de Córdoba atribuidos a Sor Teresa Gómez. La Asociación Nacional para la Restitución Tierra y Vida asegura que en la capital cordobesa residen más de 500 familias víctimas esta mujer.
Dentro de las particularidades encontradas en las pesquisas judiciales figura el otorgamiento de poderes especiales para que Sor Teresa Gómez negociara predios con el Fondo Ganadero de Córdoba. Hoy, estas fincas, hacen parte de complejos caucheros y madereros. Así lo revela el caso de José*.
El Incora (hoy Incoder) le adjudicó el 28 de febrero de 1991 un predio de 34 hectáreas en la región de Tulapas (vereda Brazo Izquierdo, corregimiento San José Mulatos, Turbo). Pero como a muchos de sus coterráneos, a José lo expulsó la violencia de su tierra.
Luego de que su predio fuera utilizado como trinchera y de presenciar la quema de varias fincas vecinas, en 1994 decidió abandonar la región. A Justicia y Paz le dijo que su tierra fue ocupada por las Accu para instalar allí un campamento. Dos años después, y por aquellas coincidencias de la vida, José llegó al pueblo donde vivía Sor Teresa Gómez.
En una conversación corta, pero directa, Sor Teresa le dijo que su tierra la necesita el patrón, “por las malas o por las buenas” y, acto seguido, le entregó 300 mil pesos. El 17 de marzo de 1998, en escritura pública de la Notaría Tercera de Montería, quedo asentado que Sor Teresa Gómez, actuando como apoderada de José, vendía su finca al Fondo Ganadero de Córdoba por valor de 320 mil 764 pesos. Quien suscribió el contrato en nombre del Fondo fue Benito Osorio Villadiego, hoy preso en la cárcel La Picota e investigado por la justicia por sus presuntos nexos con el proyecto paramilitar.
Pero el predio se siguió moviendo. El 19 de septiembre de 2006 quedó consignado en escritura pública 1098 de la Notaría Única de Apartadó el contrato de usufructo suscrito entre el Fondo Ganadero de Córdoba y la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá –Procaucho S.A-, mediante el cual el Fondo le entrega a la compañía tres predios, ubicados en la vereda Brazo Izquierdo de Turbo y que en total suman 95 hectáreas, para que adelante allí un proyecto cauchero. Entre las fincas entregadas está la de José.
Ese mismo día, y en esa misma notaría, el Fondo Ganadero suscribió el contrato de usufructo número 1097 con la Compañía Productora de Caucho San Pedro S.A, a través del cual le entregó 15 predios, unas 526 hectáreas en total, ubicadas también en Brazo Izquierdo, para que explotara caucho. El proyecto contaba con el apoyo del gobierno nacional.
Las Tulapas era una de las zonas donde el gobierno Uribe, a través del Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) y el Programa contra Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, promovía el desarrollo de cultivos alternativos de tardío rendimiento como el caucho.
Producto de esta iniciativa empresas como Procaucho se aventuraron a invertir en la producción cauchera en la zona y nacieron otras como Empresa Productora de Caucho San Pedro S.A, constituida como sociedad anónima mediante escritura pública número 1033 del 13 de diciembre de 2005, con un capital autorizado de 10 mil 500 millones de pesos. Sus socios son: el Estado a través de la Incubadora Empresarial de Producción y Comercialización Agropecuaria Incuagro (cuya casa matriz es la Corporación Colombia Internacional –CCI-), con un 81,83 por ciento; le siguen en su orden, el Fondo Ganadero de Córdoba, con el 9,53 por ciento; y las cooperativas de trabajo asociado (CTA) Cooplorida, Coptrapi, Seringeira TT Ltda y Construpaz, con un 8.63 por ciento.
Esta última fue la forma asociativa que adoptaron los desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas de las Auc tras su desmovilización en 2006. Informes de la Contraloría General de la República en los años 2008 y 2009 pusieron en evidencia la falta de control en la ejecución del proyecto por parte de Incuagro, dado que las metas proyectadas para 2009 no se habían logrado. Puesto que se trataba de un proyecto financiado en parte por recursos del Estado, podría estarse configurando un detrimento patrimonial.
Campesinos de la región consultados por VerdadAbierta.com señalan que el proyecto cauchero aún se sigue desarrollando en el Brazo Izquierdo. De la cooperativa Construpaz solo queda el recuerdo, pues varios de sus directivos fueron asesinados entre 2008 y 2009; otra parte se incorporó a las bandas criminales y otros más huyeron de la región, precisamente, para no ser reclutados por estos nuevos grupos.
(*) Nombre cambiado por razones de seguridad
