Una fiscal de Justicia y Paz advirtió que varios proyectos para desmovilizados del Bajo Cauca antioqueño podrían estar en manos de bandas criminales.
Lo que pretendía ser un ambicioso proyecto ganadero, dirigido a fortalecer el proceso de reinserción de cerca de 100 desmovilizados del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), hoy no es más que una instalación abandonada que, lentamente, se la está tragando la maleza.
A la Hacienda La Luna, ubicada en el corregimiento La Caucana de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, el ganado nunca llegó y parte de los responsables de su ejecución hoy ni siquiera aparecen registrados en las bases de datos de la Alta Consejería para la Reincorporación (ACR). Lo preocupante es que esta no es la única iniciativa productiva dirigida a los 2.700 desmovilizados del Bloque Mineros que ha fracasado.
En Tarazá solamente, la Fiscalía 15 de Justicia y Paz busca establecer la suerte de por lo menos cinco proyectos ganaderos, caucheros, lecheros, piscícola y de cultivo de cítricos sobre los cuales se tienen serias sospechas que hoy estén en manos de miembros de las llamadas bandas criminales. En esos proyectos, el Gobierno Nacional otorgó recursos cercanos a los 800 millones de pesos mediante estímulos denominados Plan Semilla, contemplados en los planes de reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las Auc.
Según las indagaciones de la Fiscalía 15, la mayoría de los desmovilizados que integraban estos proyectos hoy no figuran en las bases de datos de la Alta Consejería para la Reincorporación (ACR), otros fueron asesinados, mientras que otro tanto fue reclutado por las bandas criminales que hoy manejan dos ex compinches de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’: Rafael Álvarez Pineda, alias ‘Chepe’, y Germán Bustos Alarcón, conocido como ‘Puma’.
De igual forma, un número importante de excombatientes de ese grupo debieron abandonar la región precisamente ante la amenaza de reclutamiento de esos grupos armados ilegales, situación que debilitó notoriamente los proyectos de reintegración a la civilidad.
“Las últimas verificaciones que nosotros hemos realizado apuntan a que después de que (alias) ‘Cuco Vanoy’ fue extraditado y con el surgimiento de las bandas criminales, los rendimientos de estos proyectos productivos los están captando las bandas criminales”, precisó la Fiscal 15 de Justicia y Paz.
Los proyectos
Una de las iniciativas que despierta sospechas es la siembra de 100 hectáreas de guayaba manzana y otras 50 hectáreas de maracuyá, en la hacienda La Luna, ubicada en el corregimiento La Caucana de Tarazá, lugar que sirvió de base de operaciones del Bloque Mineros y residencia de su máximo comandante, alias ‘Cuco Vanoy’.
El proyecto buscaba beneficiar a 105 desmovilizados y para ello, el Gobierno Nacional, a través del Programa para la Reincorporación a la Civilidad (hoy ACR) y el Ministerio de Agricultura, otorgó un capital semilla equivalente a 210 millones de pesos.
La iniciativa arrancó en firme en septiembre de 2006 y la responsable de administrarla era la Asociación de Fruticultores del Bajo Cauca, cuyo representante legal era para la fecha Hernán Javier Soto Lazo. Hoy, Soto Lazo se encuentra recluido en la cárcel El Pedregal de Medellín, acusado del delito de conformación de grupos armados ilegales.
Quien no contó con la misma suerte fue Néstor Enrique Hernández Vitola, conocido con el alias de ‘Carecrimen’, quien fuera asesinado junto con su esposa el 18 de enero de 2008 en el municipio de Buenavista, departamento de Córdoba.
Hernández Vitola era el representante legal de la Asociación Piscícola Santa Clara de Tarazá, a la cual el Gobierno Nacional le otorgó, en abril de 2007, un capital semilla de 50 millones de pesos para un proyecto piscícola consistente en “el establecimiento de cuatro hectáreas de espejo de agua para la ceba de tilapia roja” y con el que se pretendía dar empleo a 25 desmovilizados.
La Fiscalía también busca establecer en qué están hoy otros proyectos, como la siembra de 800 hectáreas de caucho natural en la Hacienda La Luna, con el que se buscaba beneficiar a 343 desmovilizados para el cual el Gobierno Nacional entregó un capital semilla de 686 millones de pesos.
“Estos proyectos inician en 2006 y el caucho es un árbol que se puede comenzar a explotar desde los cinco años en adelante. Y los precios del caucho son bastantes altos. Y las últimas verificaciones que nosotros hemos hecho señalan que los rendimientos de estos proyectos productivos los están captando las bandas criminales”, advirtió la Fiscal 15.
El Ente Investigador también busca establecer la suerte del proyecto de lechería que la Asociación Pecuaria de Lechería, Asorenchería, iba a ejecutar en la Hacienda La Luna, dirigido a 70 desmovilizados y con un capital semilla de 140 millones de pesos así como un proyecto de ganadería de doble propósito, a llevarse a cabo también en esta hacienda.
Verdadabierta.com intentó contactar a Juan Fernando Vélez, funcionario de la Alta Consejería para la Reincorporación en Antioquia para aclarar estos temas, pero no fue posible localizarlo.
Un fracaso
“Lo del ganado fue fracaso total. Solo quedaron las instalaciones, que por demás son muy grandes, muy buenas y muy bonitas, pero no más. Lo de la guayaba manzana y el maracuyá también fracasó y la piscicultura ni se diga. Lo único que sí está funcionando es el caucho”, manifestó Héctor Leonidas Giraldo, alcalde de Tarazá, al ser consultado por Verdadabierta.com al respecto.
De acuerdo con el mandatario local, de las 800 hectáreas proyectadas inicialmente por la Asociación de Productores de Caucho Natural Semillas de Esperanza para la siembra del árbol, se lograron sacar adelante unas 600 hectáreas y de ellas un 80% de hectáreas ya está produciendo. “Tengo entendido que eso lo están explotando los desmovilizados. Aquí hay una asociación que agrupa como a 100 desmovilizados, que incluso están en ciclos de capacitación con el Sena”, agregó el mandatario, quien no ocultó su frustración por la suerte que tuvieron los demás iniciativas.
“Nuestro municipio ha sufrido unos paros campesinos muy fuertes. Todos piden proyectos productivos y tierras para abandonar de ‘una vez por todas’ los cultivos ilícitos. Pero es muy difícil cuando hay haciendas como La Luna, donde están las instalaciones de lo que iba a ser el proyecto ganadero, ahí nada más que abandonadas. Le hemos dicho al Incoder, al Gobierno Nacional, que nos entreguen esas tierras para dársela a los campesinos para que produzcan, pero no hay respuesta”, expresó el burgomaestre.
La Hacienda La Luna es tan solo uno de los ejemplos de lo que debe afrontar la Administración Municipal de Tarazá: ver cómo obras que ‘don Cuco’, como se le conoce en Tarazá, construyó en un pasado no muy lejano para “favorecer a la comunidad” y que hoy se caen a pedazos sin que ninguna entidad estatal de respuesta satisfactoria.
Las obras que se caen
Quizás el caso más llamativo lo constituyen las clínicas Nueva Luz y San Martín y las ciudadelas Santa Clara y San Martín o Ciudadela Vanoy. A finales de los años 90, y como estrategia para consolidar su presencia en Tarazá y Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, y a la vez conquistar base social, alias ‘Cuco Vanoy’ decidió impulsar varias obras sociales y asistenciales en estos municipios.
Fue así como adelantó la construcción de las clínicas Nueva Luz y San Martín. La primera se convirtió en todo un centro de tercer grado de complejidad, ubicada en el corregimiento El Guaimaro de Tarazá, donde se dice fue atendido alguna vez el vocero de las Auc, Carlos Castaño. La segunda fue construida en el casco urbano de este municipio en un lote de la Administración Municipal.
Según lo ha constatado la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, en ambos proyectos hubo dineros del narcotraficante Hernando Gómez, alias ‘Rasguño’ y si bien los alcaldes de la época no aportaron recursos económicos, si existen evidencias que la Administración Municipal pagaba el personal médico que laboró en estos centros asistenciales.
Otro de los proyectos representativos adelantado por alias ‘Cuco Vanoy’ fue la urbanización San Martín o Ciudadela Vanoy, un complejo de edificios que se comenzó a construir en el 2003, en terrenos aledaños la clínica San Martín. Las intenciones de ‘Cuco Vanoy’ eran entregarlas a población de escasos recursos pero terminaron en manos de desmovilizados.
Según lo ha establecido el Ente Investigador, parte de este proyecto fue financiado con dineros del Estado y según conoció Verdadabierta.com, la Fiscalía ha solicitado, además de que se investigue a los actuales propietarios de estos inmuebles, hacer extinción de dominio sobre los mismos para que alimente el Fondo de Reparación a las Víctimas.
Otro de esos proyectos de vivienda fue la Ciudadela Santa Clara, adelantado en el barrio del mismo nombre. El otrora máximo comandante del Bloque Mineros impulsó la construcción de 20 viviendas de interés social que no se lograron terminar. Por esta situación, el Municipio afronta hoy un gran problema.
“Resulta que para ese proyecto la Gobernación de Antioquia entregó unos subsidios y como la Gobernación lo tuvo que liquidar por falta de ejecución, entonces, desde eso no nos otorgan más recursos para proyectos de vivienda en el municipio. Quedamos como vetados”, se lamentó el alcalde de Tarazá.
Del esplendor de las clínicas solo queda el recuerdo. Hoy, ambas edificaciones se caen a pedazos por cuenta del abandono. Igual suerte corren las ciudadelas, que hoy día asemejan más las ruinas de una zona de guerra que una promesa de vivienda. El panorama es igual de desolador en las fincas pensadas para la siembra de cítricos y el levante de ganado por cuenta de los desmovilizados.
Con todo lo anterior, Tarazá ya se ganó su lugar en la historia nacional como ejemplo en proceso de reinserción: para que lo que se hizo allí nunca más se vuelva a repetir.
