Antioquia, Cauca, Arauca y Cesar son las regiones que presentan más riesgos para los periodistas. En el Día del Periodista la Flip presentó una radiografía de la libertad de expresión.
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| Aunque los asesinatos contra periodistas disminuyeron, la censura persiste. Foto Flip |
Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa concluye que si bien durante los últimos años se han reducido los asesinatos a periodistas, estos han optado por autocensurarse para evitar riesgos en el ejercicio de su profesión, en especial en zonas de conflicto armado.
Así, segùn la Fundación la mejor forma que han adoptado los periodistas para protegerse de los señalamientos de uno u otro bando ha sido evitar informar sobre los diferentes actores del conflicto armado.
Así lo advirtió ‘¿La censura en las regiones llegó para quedarse?’, el más reciente informe de la Flip, que, después de estudiar 131 casos de agresiones contra la libertad de prensa y haber hablado con 300 reporteros concluyó que aunque los asesinatos en su contra disminuyeron en diez años, “las condiciones para hacer periodismo no necesariamente han mejorado del todo”.
El estudio se refirió a la censura y la autocensura, explicando que los periodistas prefieren ponerse una ‘mordaza’ en temas relacionados con la corrupción, las mafias locales y el orden público. A cambio, muchos prefieren reproducir comunicados oficiales sin contrastar fuentes como un “mecanismo de supervivencia”.
En 2011, la Flip documentó el asesinato de un periodista, el exilio de dos, el atentado contra dos medios y amenazas contra 94 reporteros. (Lea el estudio)
La región donde hay más amenazas y riesgo es Antioquia. El estudio señaló que las bandas criminales asesinaron a un periodista en la región del Urabá y obligaron a que dos más abandonaran Medellín, forzando a uno de ellos al exilio. Las amenazas contra los reporteros se produjeron después de que denunciaron vínculos entre mafias y personajes de la política local.
Según el estudio, otra de las zonas críticas es Cauca, donde las Farc detonaron una bomba el 9 de julio de 2011 acabando con las instalaciones de Radio Nasa, ubicada en el municipio de Toribío.
En esa región, varios periodistas recibieron, además, tres panfletos firmados presuntamente por grupos armados ilegales, fueron agredidos y amenazados por integrantes de la fuerza pública y un reportero fue víctima de un atentado. Según el estudio,los más vulnerables han sido aquellos que han documentado la lucha de tierras impulsada por los indígenas.
Arauca es otra de las regiones con riesgo para informar. De las diez agresiones contra periodistas documentadas, seis fueron causadas por funcionarios públicos. El informe señaló que las más críticas fueron aquellas relacionadas con estigmatizaciones.
“Durante un consejo de seguridad en septiembre, un coronel acusó a un periodista de hacerle el juego al terrorismo por informar que el Eln había anunciado un paro armado”, indicó el documento.
La situación no es diferente en Cesar y Magdalena, donde cinco periodistas tuvieron que abandonar sus regiones por intimidaciones, dos ellas al parecer provenientes de bandas criminales, Bacrim.
“También se documentaron amenazas y agresiones de políticos a periodistas durante el proceso electoral en Magangué, Santa Marta y Valledupar. Se teme la situación estos departamentos en 2012, porque se presume la expansión de las Bacrim”, indicó el estudio.
Aunque la mayoría de los agresores son anónimos, a la Flip le preocupa que “en segundo lugar estén los políticos o militantes activos de partidos, que amenazarona la prensa por motivos electorales”.
Con el surgimiento de las Bacrim, advirtió, “se posicionó un nuevo enemigo de la libertad de expresión”.
Los retos
Aunque las organizaciones de víctimas y los medios de comunicación han denunciado el asesinato de periodistas y pedido a la justicia que actúe, el informe señaló que la impunidad “sigue siendo determinante en el deterioro del periodismo en muchas regiones”.
De 139 casos de periodistas amenazados desde 1977, han prescrito 57 casos y solo ha habido 17 sentencias condenatorias.
Uno de los casos más emblemáticos en el que han transcurrido años sin resultados judiciales es el de la periodista Jineth Bedoya. Tras once años de haber sido secuestrada, torturada y violentada sexualmente, el caso sigue en etapa de investigación en la Fiscalía.
El estudio de la Flip mostró preocupación por el giro que le dio el gobierno a la política de protección para periodistas, creando “una serie de entidades y emitiendo algunos decretos que se encargarán de velar por la seguridad de los periodistas en riesgo”.
Asimismo identificó que el uso abusivo de denuncias por el delito de injuria y calumnia contra periodistas es un mecanismo de censura en la medida en que muchos reporteros prefieren retractarse, así no deban hacerlo, para evitarse las diligencias y costos que implica enfrentar un juicio. Desde 2005, la Flip ha documentado 48 procesos penales contra periodistas y 25 acciones de tutela.
Dado que entre 2002 y 2011 fueron registradas 1.261 agresiones contra periodistas, la Flip puso una lupa sobre el contexto en que los reporteros deberán informar. Uno es la puesta en marcha en enero de 2012 de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, que pretende restituir dos millones de hectáreas a campesinos despojados en todo el territorio; y otro, el conflicto que se vive en el país por la puja entre grupos ilegales, entre ellos, las bandas criminales.
Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, entre marzo de 2002 y diciembre de 2011 han sido asesinados 53 líderes reclamantes de tierras. A solo un mes de entrada en vigencia la Ley de Víctimas, la Unidad de Protección, adscrita al Ministerio de Justicia, ha recibido 29 solicitudes de protección a líderes reclamantes, casi una por día, con 44% solicitudes provenientes de Córdoba, 32% de Tolima, 13% de Antioquia y 10% provenientes de Chocó, Valle del Cauca y Caldas.
