A través de
panfletos el Erpac ha amenazado a líderes de comunidades
desplazadas. El director de la CNRR de Bolívar, Arturo Zea, confirma las
denuncias.
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| Líderes en Cartagena han sido amenazados por las bandas criminales. Foto Semana |
Un “abril rojo” para líderes de desplazados, para miembros de
organizaciones que defienden los derechos humanos, mujeres y afrodescendientes. Eso advierte la amenaza que llegó al correo del
director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)
de Bolívar, Arturo Zea.
El lunes en la tarde llegó ese mensaje, firmado por el Ejército
Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac). Zea dice que
la población desplazada en esa región es una de las más grandes del
país, 240 mil en Bolívar.
“Mensajes como el que recibí van dirigidos a líderes de desplazados y
buscan intimidar, evitar que avancen procesos como el de restitución de
tierras. Las bacrim han tomado fuerza, intentan dominar barrios”, advierte Zea.
Las amenazas despertaron la atención de las
autoridades en Cartagena que convocaron, de manera extraordinaria, a una mesa de
prevención y protección de desplazamiento para analizar la situación en la que se encuentran las
organizaciones de víctimas asentadas en la capital de
Bolívar y adoptar las medidas que permitangarantizar seguridad.
Noemí Torres, presidenta de la Asociación de Desplazados de Cartagena
(Asodescar), dice que la situación para las casi 16 organizaciones de
desplazados, mixtas y de mujeres, algunas con incidencia en el resto
del país, es grave. Por eso exigen que se pongan en marcha medidas
efectivas. “No tenemos ninguna protección, no tenemos un esquema de
seguridad”, señala la mujer, quien además asegura que en Cartagena
“muchos casos de amenazas, que se han vuelto realidad han quedado
impunes”.
Líderes como Torres advierten que aunque las autoridades locales han prestado
atención a sus denuncias, no pasa lo mismo con el gobierno nacional. Es
por eso que ratifican la solicitud al Ministerio del Interior y de
Justicia para que a través del Comité de Reglamentación y Evaluación de
Riesgos (CRER) en forma conjunta con el Distrito de Cartagena y la
Gobernación de Bolívar se articulen las estrategias y medidas de
protección que garanticen los derechos fundamentales de las personas y
organizaciones sociales amenazadas.
Por las tierras
El reciente panfleto que llegó a manos de la comunidad hace fuertes
advertencias a quienes insisten en los procesos de restitución de
tierras. En el comité sectorial de seguridad y convivencia, que coordina
políticas de seguridad entre la alcaldía y los entes de seguridad, se
habló de las amenazas de las que están siendo víctimas los desplazados.
Líderes de esas organizaciones denunciaron que detrás de las amenazas
hay intereses sobre las tierras, que buscan presionarlos para que
autoricen la venta masiva de algunos terrenos. A uno de los líderes le
sorprende el hecho de que las amenazas estén firmadas por miembros del
Erpac, sin embargo, recuerda que a los comités y foros de tierras
últimamente “llega gente que no tiene nada qué ver”, se refiere a
personas que de un momento a otro empezaron a interesarse por el tema de
tierras, que no saben quiénes son ni de dónde llegan.
Otro líder, representante de uno de los barrios más populares de la
ciudad, asegura que las amenazas son también por cuestiones políticas,
por sus luchas, más allá de la recuperación de las tierras. “Quieren
sacarnos de nuestro barrio y lo que hacemos es intentar sacar comunidad
adelante”.
Las mujeres, quienes hacen seguimiento al auto 092, que se refiere a la
protección de los derechos de las mujeres en situación de
desplazamiento, también se sienten solas. Señalan que no tienen esquema
de seguridad y recuerdan que de los trece programas que manda el auto
092 sólo se ha avanzado en dos y con limitaciones, producto del temor.
