El excongresista condenado por parapolítica, fue dejado en libertad condicional luego de cumplir 78 meses en prisión.
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La Juez Segunda de Ejecución de Penas de Valledupar otorgó libertad condicional a Álvaro Araujo Castro, condenado a nueve años y tres meses de cárcel y multa de casi 3.700 millones de pesos por haberse aliado con el bloque Norte de las Auc, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ con el fin de obtener una curul en el Senado, durante el periodo 2002-2006.
La decisión se tomó luego de que Araujo Castro cumpliera las tres quintas partes de la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2010.
El 18 de marzo de 2010, la Corte Suprema dictó sentencia contra el ex senador de Alas Equipo Colombia e impuso una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos, tras encontrarlo culpable de los delitos de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y por constreñimiento al elector para las elecciones a Congreso de 2002.
La decisión de la Corte sustentaba que “los resultados electorales del 10 de marzo de 2002 favorables a Álvaro Araujo Castro fueron producto de acuerdos celebrados con “Jorge 40”, quien había convenido lo mismo con otros candidatos al Congreso, por lo que fue necesario dividir el departamento del Cesar, asignar zonas a los postulados para beneficiarlos, y a su vez ejercer la intimidación de la población dominada por el bloque norte de las AUC que se extendía aproximadamente al 70% de ese territorio, a fin de que se depositaran los votos por aquellos candidatos a quienes se había destinado la respectiva comarca.
Para el Alto Tribunal “está demostrado que la organización liderada por “Jorge 40” sí intervino de manera decidida en los temas políticos electorales, tanto en el departamento del Magdalena como en el Cesar”.
La Corte comprobó que para esa época el Bloque Norte amenazó a más de un candidato para que no se presentara a las elecciones de 2002 y así favorecer a los políticos con los cuales hicieron alianzas, entre ellos, Araujo Castro. Tal es el caso de Juana Ramírez,candidata a la Cámara que renunció a sus aspiraciones por presión paramilitar. “Algo similar a lo ocurrido en La Jagua de Ibirico con el señor Luis Camilo Laborde Restrepo, quien fue asesinado el 21 de diciembre de 2001, al parecer como consecuencia de haber aspirado a la Cámara de representantes en aquella época sin contar con el aval de los paramilitares”.
La Corte ratificó los vínculos entre Araujo Castro y el Bloque norte de las AUC y además, dejó abierta la posibilidad para que el ex senador sea también juzgado por los delitos cometidos por el grupo paramilitar durante ese periodo en el sur de Cesar.
Con información del Meridiano de Córdoba
