Los grupos
armados que están llenando de violencia la ciudad no respetan, ni
siquiera, a los niños. Además de que los vinculan en sus actividades,
hacen imposible que ellos estudien. Esfuerzos de la Alcaldía no han
logrado solucionar el problema.
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| Niñosy jóvenes están expuestos a la violencia en Medellín. Foto Mauricio Builes |
Por Juan Esteban Mejía de Semana.com
El último gran episodio de la
violencia en Medellín fue una balacera en el barrio Juan XXIII, en la
Comuna 13, el pasado miércoles. Desde las 2:00 a. m., muchachos de
grupos armados que quieren controlar el territorio para quedarse con el
dinero de extorsiones y de venta de droga empezaron a dispararse.
El
enfrentamiento de esa hora fue corto, pero volvió a reventar hacia la
1:00 p. m. La balacera se prendió con tal intensidad, que los habitantes
de ese barrio y de La Quiebra, de La Divisa y de Altos de la Virgen,
prefirieron encerrarse hasta que terminara.
El tiroteo ocurrió
alrededor de la escuela Estela Vélez, donde unos 250 niños de primaria
quedaron atrapados. Pero esta no es la primera vez que la violencia de
Medellín pone en apuros a los jóvenes estudiantes y sus maestros.
Testimonios
de profesores, alumnos y madres preocupadas dan cuenta de que la
situación se ha vuelto normal. Aquellos ataques hacen parte de lo que la
Personería municipal denomina un “escenario de violencia indiscriminada y generalizada” que se ha configurado en la ciudad.
¿Quiénes disparan?
A
menudo, los muchachos quedan en el fuego cruzado que provocan “dos
tipos de conflictos violentos que se entrecruzan”, según explica la
Personería. Por un lado, provocan violencia bandas y combos que quieren
controlar la población de los barrios. Por otro, agrupaciones armadas
derivadas de los paramilitares y del narcotráfico quieren expandirse
hacia otras regiones del departamento.
La Policía Metropolitana y
la Secretaría de Gobierno dicen que los grupos armados pueden ser en
total 227 y el Ministerio del Interior y de Justicia calcula que son
308. Su meta, en resumidas cuentas, es quedarse con las rentas legales
(comercio y servicios) e ilegales (extorsiones y controlar el comercio
de drogas ilícitas).
“En su mayoría -dice la Personería- tienen
su origen en las décadas de los años 80 y 90 y han sufrido las
metamorfosis propias de la evolución del conflicto armado en la ciudad”.
O sea, empezaron cuando existía el Cartel de Medellín, después hicieron
parte de la Oficina de Envigado y, más tarde, de los bloques
paramilitares Cacique Nutibara y Héroes de Granada. Muchos se
desmovilizaron y desde el 2007 empuñaron armas otra vez y comenzaron a
pelear por el control del narcotráfico.
La Policía tiene
identificados a dos grandes jefes de estas bandas que se están peleando
entre sí. Uno es Eric Vargas, que se hace llamar ‘Sebastián’, y el otro,
Maximiliano Bonilla, que prefiere que le digan ‘Valenciano’.
En
los partes policiales y en las calles se volvió casi una muletilla
atribuir las masacres, los asesinatos y las balaceras al choque que
mantienen ellos dos. Pero hay más protagonistas poderosos en la
violencia de Medellín. En el informe ‘¿El declive de la seguridad democrática?’,
publicado por la corporación Nuevo Arco Iris, dice que en esa guerra
también participan Los Paisas, “considerado el brazo rural de la Oficina
de Envigado y comandada por Ángel de Jesús Pacheco Chancí, también
conocido con el alias de ‘Sebastián’”.
Los ‘Rastrojos’,
dirigidos por Luis Enrique Calle Serna, más conocido como ‘Comba’,
también tienen su cuota de hombres en la ciudad. Y Pedro Olivero
Guerrero, alias ‘Cuchillo’, participa en esa guerra con fracciones de su
Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (Erpac).
Entre
enero y mayo del 2010, Medicina Legal registró 884 homicidios, muchos
más que los ocurridos en el mismo periodo del 2009, cuando fueron 726.
El
alcalde de Medellín, Alonso Salazar, y el director General de la
Policía, Óscar Naranjo, se reunieron este jueves para analizar la
situación. Coincidieron en que “hay
que enriquecer las medidas en contra de la delincuencia” y en que “son
insuficientes las que actualmente se aplican, como los incrementos en el
pie de fuerza o los esfuerzos frustrados de judicialización”.
Niños en riesgo
En
medio de toda la violencia que están generando esos hombres armados,
están los niños. Muchos entran a los combos reclutados a la fuerza y
otros porque encuentran en las armas un modo de vida que les gusta.
A
quienes no sufren esas consecuencias y prefieren estudiar, que es lo
único que tienen que hacer a sus cortas edades, se les dificulta, muchas
veces, hacerlo. “Los constantes enfrentamientos armados entre los
grupos ilegales; los intentos de reclutamiento de niños, niñas y
adolescentes para dedicarlos a actividades ilícitas; la fijación de
límites territoriales o fronteras invisibles; los señalamientos de ser
informantes del bando contrario o de las autoridades, y las amenazas de
diversa naturaleza, incluso contra niños de 10 años en adelante,
ocasionan un temor generalizado en la mayoría de comunas y algunos
corregimientos de la ciudad”, dice la Personería.
El miedo de
salir a las calles ha provocado una preocupante consecuencia: la
deserción escolar. La Asociación de Institutores de Antioquia (Adida)
guarda información que habla de que de las 16 comunas que tiene
Medellín, 10 presentan este problema.
El dato de niños que
dejaron de asistir al colegio por temor no está muy consolidado. Pero la
Secretaría de Educación arroja una cifra por lo menos inquietante. En
el primer semestre del año, 757 estudiantes dejaron sus estudios, de
acuerdo con la información del sistema de matrícula.
El temor de
los menores no es para menos si se tiene en cuenta que a cuatro jóvenes
los mataron en el primer semestre del año cerca de las escuelas ya uno
dentro del sitio donde estudiaba.
Otro problema que está
afectando la educación es la violencia contra los maestros. En el primer
semestre de este año, fue asesinado el profesor Gustavo Gil Sierra, y
39 colegas suyos se acogieron al Comité de Docentes Amenazados.
Las
advertencias de muerte son directas. Por ejemplo, varios maestros de la
institución educativa Cedepro, en el corregimiento de Altavista, se
enteraron de que querían matarlos mediante un panfleto donde aparecían
sus nombres junto con los de otras 20 personas, entre ellos, los de
algunos niños.
El presidente de Adida, Over Dorado, ha recibido
constantes amenazas. En abril, unos hombres llegaron con armas a un
sitio donde él estaba, y sus escoltas tuvieron que disparar. Hirieron a
uno de los atacantes y capturaron a dos. Al poco tiempo, le hicieron
saber a Dorado que iban a poner una bomba en la sede principal del
sindicato que él preside.
Varios casos fueron documentados recientemente por el Instituto Popular de Capacitación (IPC).
En
un colegio de la comuna 6, por ejemplo, el pasado mayo los estudiantes
encontraron que para ingresar a su escuela, tenían que ser requisados
previamente por la Policía. Ante las inquietudes que provocó la
presencia de los uniformados, la rectora prefirió decir que se trataba
de una intervención pedagógica. No quiso advertir que desde el día
anterior se regó el rumor de que un hombre armado iba a intentar
disfrazarse de estudiante para matar a un joven en el salón.
El
rector de un colegio de la comuna 5 confesó su preocupación porque
alrededor del lugar pelean los ‘Mondongueros’, los ‘Buchepájaros’ y los
‘Machachos’. “En ocasiones, esos conflictos de la calle se quieren
trasladar al interior del colegio. Eso se evidencia cuando le prohíben a
estudiantes de otros barrios venir a estudiar, simplemente por eso,
porque son de otro barrio”, le dijo al IPC.
El temor que generan
esos grupos hizo que en los primeros meses del año por lo menos 50
muchachos del barrio Doce de Octubre dejaran de estudiar. A pesar de
que, de ellos, sólo tres fueron amenazados, los padres de los otros
sintieron temor de que sus hijos corrieran con la misma suerte.
En
la comuna 7, un muchacho contó que una vez, hacia el mediodía, mataron a
un joven cerca del colegio. Al rato, llegó un chico integrante de un
combo “y le dijo al portero: dígales a los profes que es mejor que
manden temprano a los estudiantes para la casa porque esto se va a
prender”, le dijo al IPC.
El vigilante habló con los directivos
de la escuela y ellos decidieron dejar salir a los muchachos a las 4:00
p. m., cuando las clases se terminaban a las 5:00 p. m. Después de que
los jóvenes salieron, se inició un enfrentamiento cerca de la
institución.
Difícil solución
La
Alcaldía no se ha quedado quieta ante el problema. La Secretaría de
Educación coordina el Comité de Convivencia y Seguridad en las
Instituciones Educativas, que está conformado por varias secretarías y
organismos del Estado.
Para prevenir y controlar la violencia,
ha contratado transporte para que los muchachos puedan pasar de un
barrio a otro con facilidad, reformó los calendarios académicos para
permitir que los jóvenes terminen sus cursos, modificó los horarios de
entrada y salida a clases, ha trasladado de colegio a muchachos que
tienen riesgos, autorizó a los rectores para organizar talleres que les
permitan a los alumnos estudiar desde sus casas, creó consejos para que
los jóvenes aprendan a convivir entre sí en los colegios, mientras la
Secretaría de Gobierno y la Policía vigilan alrededor de las escuelas.
Pero
la solución policial a veces desemboca en otros problemas. La
Personería lo describe así: “Las innumerables dinámicas violentas en los
barrios, en algunos casos, han llevado a considerar la práctica de
requisas o registros llamados pedagógicos en las Instituciones
Educativas solicitadas por actores diversos y en ocasiones sin que
existan hechos relevantes, sino motivos originados en miedos, sospechas y
una equívoca pretensión de prevenir acudiendo a la Policía en la vida
escolar”.
Para evitar la indebida presencia de policías en
escuelas y colegios, fue necesario crear un protocolo que dice que
aquellos procedimientos se realizarán como última medida y respetando
siempre los derechos de los jóvenes, que ya tienen suficientes
padecimientos por cuenta de los hombres armados que afectan con
violencia su vida cotidiana.
