Defender la diversidad: casi 4.000 agresiones contra personas defensoras LGBTIQ+ en cinco años

En 2023, Dania Sharith Polo Solórzano, conocida como La Pola, fue asesinada tras un ataque armado en su vivienda, en El Carmen de Bolívar. Era una lideresa trans, defensora de los derechos de las personas LGBTIQ+ en los Montes de María y declarante ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Su asesinato no fue un hecho aislado. Hace parte de un patrón de violencia que continúa afectando a quienes defienden los derechos humanos desde la diversidad sexual y de género en Colombia. Como advierte el informe Defender la diversidad, «la violencia por prejuicio tiene un carácter ejemplarizante: busca reinstaurar el orden simbólico a través del miedo, la exclusión y la eliminación de los cuerpos que desafían lo establecido».

Ese panorama quedó documentado en Defender la diversidad, un informe coordinado por el Programa Somos Defensores y la Asociación MINGA, con investigaciones de Caribe Afirmativo. La investigación registró 3.999 agresiones contra personas defensoras LGBTIQ+ entre 2020 y 2024, una cifra que evidencia el aumento sostenido de la violencia contra quienes ejercen esta labor en el país.

Los registros pasaron de 131 agresiones en 2020 a 1.527 en 2024, un incremento del 1.066 por ciento durante el periodo analizado. Para las organizaciones autoras, las personas defensoras LGBTIQ+ enfrentan una violencia diferenciada que combina los riesgos propios de la defensa de los derechos humanos con agresiones motivadas por prejuicios relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.

Más allá de las cifras, el informe sostiene que estas agresiones no pueden entenderse como hechos aislados. La violencia suele comenzar con actos de discriminación y exclusión en espacios cotidianos, continúa con amenazas e intimidaciones y, en muchos casos, termina en desplazamientos o asesinatos. Esa sucesión de agresiones, que el documento denomina un continuum de violencia, también tiene un efecto menos visible: obliga a muchas personas a esconder su identidad, abandonar el liderazgo social o dejar de participar en la vida pública por miedo a convertirse en las siguientes víctimas.

«No se trata únicamente de hacer daño físico, sino de enviar un mensaje social aleccionador que legitima la subordinación de identidades no normativas y silencia sus agendas de transformación», advierte la investigación.

Las agresiones documentadas reflejan esa diversidad de violencias. Durante el periodo analizado se registraron 49 asesinatos, 1.197 casos de violencia digital, 959 hechos de violencia sexual y 693 desplazamientos forzados. Antioquia concentró el mayor número de homicidios, mientras que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca reunieron la mayor cantidad de agresiones reportadas.

Sin embargo, el documento advierte que las cifras más bajas en departamentos como Amazonas o Vaupés no necesariamente significan una menor incidencia de la violencia. Según la investigación, en estos territorios persisten el temor a denunciar, la limitada presencia institucional y condiciones que favorecen el subregistro.

La investigación también identifica escenarios de especial vulnerabilidad en zonas de frontera. En Norte de Santander y Santander, por ejemplo, las personas defensoras LGBTIQ+ que además son migrantes enfrentan riesgos asociados a las dinámicas transfronterizas, la presencia de actores armados y las economías ilegales.

Las cifras coinciden con otros diagnósticos recientes. En 2025, Caribe Afirmativo documentó 270 homicidios y feminicidios de personas LGBTIQ+ en Colombia y registró 1.184 víctimas de amenazas, además de advertir que la violencia por prejuicio continúa siendo utilizada como un mecanismo de control territorial en regiones atravesadas por el conflicto armado y las economías ilegales. Según esa organización, la discriminación no es un fenómeno aislado, sino el punto de partida de una cadena de violencias que termina limitando el ejercicio de derechos e, incluso, poniendo en riesgo la vida.

Un Estado que no logra proteger

Además de documentar el patrón de las agresiones, el informe cuestiona la capacidad del Estado para garantizar la protección de las personas defensoras LGBTIQ+. Según la investigación, las fallas no se limitan a la respuesta posterior a los ataques, sino que se extienden a la prevención, la protección y el acceso a la justicia.

Uno de los principales hallazgos es la persistencia de la impunidad. En los homicidios registrados durante 2024, el 87 % de los casos permanecía en etapa preliminar, sin avances significativos en las investigaciones. El documento advierte que esta situación no solo retrasa el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, sino que también dificulta desarticular los patrones de violencia contra quienes ejercen estos liderazgos.

El informe también documentó 329 hechos de abuso de autoridad, equivalentes al 8 % de las agresiones registradas durante el periodo analizado. Para las organizaciones autoras, estos casos evidencian que algunas de las violencias también provienen de agentes estatales llamados a garantizar la protección de esta población.

A ello se suman las barreras para acceder a los mecanismos de protección. La investigación señala que los requisitos exigidos para acreditar el liderazgo social suelen responder a formas tradicionales de organización, lo que dificulta el reconocimiento de procesos comunitarios y de base impulsados por personas LGBTIQ+. También cuestiona que las medidas continúen privilegiando esquemas de seguridad física, sin incorporar respuestas que atiendan los riesgos específicos derivados de la violencia por prejuicio.

El documento identifica, además, prácticas de revictimización institucional. Entre ellas menciona el uso exclusivo del nombre jurídico en algunas actuaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), desconociendo el nombre identitario de mujeres trans que solicitan medidas de protección. Asimismo, recoge testimonios de personas defensoras que describen experiencias de discriminación y respuestas insuficientes por parte de funcionarios públicos, situaciones que terminan desincentivando la denuncia.

Finalmente, el informe advierte que el subregistro continúa siendo uno de los principales obstáculos para dimensionar la violencia. La ausencia de variables relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género en algunos sistemas oficiales limita la caracterización de las agresiones y dificulta el diseño de políticas públicas con enfoque diferencial. Como concluye la investigación, «existe una brecha profunda entre el reconocimiento legal de derechos en el papel y su goce efectivo en los territorios donde la diversidad sigue costando la vida».

Resistir en los territorios

Pese al contexto de violencia, el informe también documenta experiencias de resistencia impulsadas por organizaciones LGBTIQ+ en distintas regiones del país. Entre ellas menciona el trabajo de la Casa Diversa, en la Comuna 8 de Medellín, primer Sujeto de Reparación Colectiva LGBTIQ+ reconocido en Colombia, cuyos integrantes han continuado desarrollando procesos comunitarios pese a las amenazas recibidas.

También destaca iniciativas como el Reinado Trans del río Tuluní, en Chaparral (Tolima), presentado por las organizaciones como un ejercicio de memoria, reconstrucción del tejido comunitario y apropiación del espacio público.

Para las organizaciones, estos procesos reflejan que la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+ trasciende las reivindicaciones identitarias. Se trata, señalan, de una labor de defensa de los derechos humanos que busca garantizar el acceso a la justicia, la participación y la permanencia en los territorios.

Para las organizaciones autoras, la respuesta no pasa únicamente por fortalecer los esquemas de seguridad, sino por reconocer que las personas defensoras LGBTIQ+ enfrentan riesgos específicos derivados de la violencia por prejuicio y que las instituciones aún mantienen una deuda en materia de prevención, protección, investigación y acceso a la justicia. Mientras esa brecha persista, advierte el informe, la defensa de los derechos humanos desde la diversidad seguirá desarrollándose en un contexto donde la visibilidad puede convertirse en un factor de riesgo.

La publicación cierra con una frase que resume el reclamo de quienes, pese a las amenazas y la violencia, continúan defendiendo la diversidad en los territorios: «Hasta que existir no sea un privilegio. El orgullo no alcanza mientras nos sigan matando».

Foto de apertura: Bibiana Ramírez