Colombia elige entre dos visiones sobre la paz y la seguridad 

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos a la Presidencia de la República. Ambos llegan a segunda vuelta el 21 de junio con propuestas radicalmente distintas para liderar un país marcado por el recrudecimiento de la violencia, la expansión de grupos armados, una deuda con la tierra y los desafíos pendientes de la implementación del Acuerdo de Paz. 

Mientras Cepeda plantea profundizar la implementación del Acuerdo de Paz y privilegiar las soluciones negociadas, De la Espriella propone una estrategia de seguridad basada en el fortalecimiento de la fuerza pública, la presión militar y el sometimiento de las organizaciones armadas. 

La implementación del Acuerdo de Paz, el primer punto de quiebre 

El candidato de la izquierda progresista, Iván Cepeda, ha sido uno de los principales defensores de las salidas negociadas al conflicto armado. Integró el equipo negociador del Gobierno de Gustavo Petro en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y fue una de las figuras clave en el diseño e impulso de la política de Paz Total. Es por eso que sus propuestas de campaña están orientadas en profundizar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y privilegiar la negociación como herramienta para avanzar hacia el fin del conflicto armado.

“La paz y la seguridad humana serán un eje central de nuestro gobierno: No renunciamos a nuestro derecho y a nuestro deber constitucional de buscar la paz porque comprendemos que la guerra es, en esencia, el fracaso de la humanidad (…) Asumiremos la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 como lo que es: un deber con el pueblo colombiano, una obligación constitucional y un compromiso internacional del Estado”, asegura su plan de gobierno. 

El senador propone un nuevo impulso institucional que movilice a todo el Estado y a la cooperación internacional para avanzar en la implementación de los seis puntos del Acuerdo de Paz. Asimismo, promoverá la ampliación por cuatro años adicionales del plazo de implementación y tomará como hoja de ruta el Plan Marco de Implementación recientemente actualizado, con el objetivo de garantizar el cumplimiento integral de lo pactado y convertirlo en una realidad tangible para las comunidades en todo el país.

Además, Cepeda asegura que las víctimas son el “corazón” de su acción de gobierno por lo que buscaría fortalecer el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz y cumplir rigurosamente con las sentencias de la justicia restaurativa. 

En contraste, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella plantea una visión distinta sobre la política de paz. Su programa de gobierno no hace referencia específica al Acuerdo de Paz firmado en 2016 ni a las víctimas, pero ha expresado sus reparos frente a las instituciones surgidas de este proceso, especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“La JEP no es un tribunal judicial. Es un directorio político disfrazado de tribunal. No ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad ni reparación”, dijo en entrevista el 9 de junio con Caracol Radio al ser consultado sobre las razones de su oposición a ese mecanismo transicional. El candidato también criticó los recursos destinados a la jurisdicción. “Tiene un altísimo costo para Colombia. A mí me parece que no se justifica que un organismo como esos gaste tanto dinero sin producir resultado alguno”, manifestó.

Negociaciones con grupos armados o estrategia de presión militar 

Colombia atraviesa actualmente un recrudecimiento de la violencia con la expansión de las disidencias de las antiguas Farc y el fortalecimiento de otros grupos ilegales que han sumido a departamentos como Cauca, Guaviare, Antioquia, y regiones como el Catatumbo en una espiral de enfrentamientos, desplazamientos masivos y confinamientos de comunidades.

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en 2025 se registró presencia de grupos armados en 518 municipios del país, una cifra que equivale a casi la mitad del territorio nacional. Este panorama convierte la seguridad y la construcción de paz en uno de los principales desafíos del próximo Presidente, que llegará al poder con la responsabilidad de definir una estrategia para contener la expansión de estas estructuras y recuperar la presencia efectiva del Estado en las regiones más afectadas por la violencia.

Sobre este panorama, el candidato De la Espriella, tiene una frase contundente en su plan de gobierno: “Con los criminales no habrá negociación”. Además, para el abogado, la política de Paz Total del gobierno Petro no ha sido solo un fracaso sino una “traición a la patria”. Es decir, que no daría continuidad a las tres mesas de diálogo actualmente activas con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Comuneros del Sur y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes.

En materia de seguridad, De la Espriella propone recuperar el control territorial, reafirmar el monopolio legítimo de las armas por parte del Estado y desmantelar las estructuras armadas y los poderes coercitivos paralelos. Para ello, plantea una «remasterización 2.0» de la política de Seguridad Democrática impulsada durante el gobierno de Álvaro Uribe, con la que promete recuperar el control territorial en los primeros 90 días de mandato.

La política de Seguridad Democrática, aplicada entre 2002 y 2010, permitió debilitar a las guerrillas y recuperar la presencia estatal en amplias zonas del país. Sin embargo, también estuvo rodeada de fuertes cuestionamientos por graves violaciones a los derechos humanos. Durante ese periodo, la JEP ha documentado 6.402 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, en las que civiles fueron asesinados y presentados ilegítimamente como bajas en combate por miembros de la fuerza pública. Asimismo, salieron a la luz las interceptaciones ilegales y seguimientos realizados por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición.

En línea con su estrategia de «mano dura», De la Espriella propone erradicar cerca de 330.000 hectáreas de cultivos de coca mediante una combinación de fumigación aérea, erradicación manual, persecución a los capitales del narcotráfico, extinción de dominio exprés, programas de sustitución y extradición. El candidato sostiene que la lucha contra las economías ilegales es un componente fundamental para recuperar el control territorial y debilitar las estructuras criminales.

La propuesta ha sido cuestionada por las restricciones impuestas por la Corte Constitucional a las aspersiones con glifosato. Además, porque la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), estima en su último informe del 2025, que en el país hay 261.000 las hectáreas sembradas con coca, una cifra inferior a las hectáreas que el candidato asegura que deben ser erradicadas. 

Por su parte, Cepeda propone los llamados «diálogos de paz eficaces» como una continuación y corrección de la política de Paz Total impulsada por el actual gobierno. La estrategia surge en medio de los cuestionamientos que ha recibido esa política por parte de distintos sectores, que señalan sus limitados resultados en la reducción de la violencia y advierten que algunos grupos armados aprovecharon los ceses al fuego y las negociaciones para ampliar su presencia territorial y robustecer sus capacidades militares y económicas.

En ese sentido, el centro de pensamiento Insight Crime ha señalado que esa política “influyó en el fortalecimiento de la criminalidad en el contexto de los numerosos ceses al fuego bilaterales. Pero no es la única razón detrás de estas dinámicas».

La propuesta de Cepeda busca que las mesas de negociación arrojen resultados concretos y verificables y no se conviertan en procesos indefinidos. Para ello, plantea establecer líneas rojas innegociables, como el respeto a la población civil, la niñez, los líderes sociales y los firmantes de acuerdos anteriores. Asimismo, contempla una participación más activa de las comunidades y las víctimas en las negociaciones y subraya que el cumplimiento estricto de los compromisos alcanzados es una condición indispensable para consolidar una paz duradera.

Además, el candidato advierte que los diálogos no pueden convertirse en una herramienta para fortalecer militar o económicamente a las organizaciones ilegales. «La paz se construye con hechos verificables, no con promesas vacías», afirma Cepeda, quien considera que una señal inequívoca de voluntad de paz debe ser el cese de la violencia contra líderes y lideresas sociales, pues las garantías para la vida son una condición indispensable para avanzar hacia el fin del conflicto.

En materia de seguridad, Cepeda se distancia de los enfoques de «mano dura» y propone una estrategia basada en el concepto de “Seguridad Humana”, que parte de la premisa de que las desigualdades sociales y la falta de oportunidades son factores que alimentan la violencia y, por tanto, deben ser abordados como parte de una solución estructural al conflicto.

Entre sus propuestas se encuentra la activación plena de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para desmantelar las estructuras sucesoras armadas responsables de amenazas y ataques contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Asimismo, plantea fortalecer los sistemas de alerta temprana y la capacidad de respuesta institucional para anticipar los riesgos antes de que se produzcan hechos violentos.

Además, plantea reorientar la inteligencia estatal hacia la prevención del delito y la protección ambiental, evitando su uso contra líderes sociales y defensores del territorio.

En cuanto a la prevención del reclutamiento de menores y jóvenes por parte de grupos armados y organizaciones criminales, propone ampliar las oportunidades de educación, formación y empleo, para reducir los factores que favorecen la vinculación de los jóvenes a las economías ilegales. “Dar educación, trabajo digno y participación a un joven es la política de seguridad más efectiva para construir paz y defender la vida», asegura el plan de gobierno.

Cepeda plantea abordar los cultivos de uso ilícito desde una perspectiva de seguridad humana y presencia integral del Estado. Su propuesta contempla articular la formalización de tierras, la asistencia técnica y las garantías de comercialización para ofrecer alternativas económicas sostenibles a las comunidades rurales. El candidato sostiene que la sustitución de economías ilícitas debe estar acompañada de inversión estatal y oportunidades productivas que permitan una transición efectiva hacia la legalidad.

La disputa por el modelo de desarrollo rural 

Desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, que incluyó la Reforma Rural Integral como primer punto de lo pactado con las extintas Farc, la discusión sobre la propiedad rural y el desarrollo del campo ha ocupado un lugar central en la agenda pública.

En este tema, Cepeda propone profundizar la implementación de la reforma rural y avanzar hacia lo que denomina una «revolución agraria», con la que busca convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria. El candidato plantea incorporar un millón de hectáreas adicionales a los procesos de redistribución y formalización de tierras, recuperar activos productivos administrados por el Estado y fortalecer los mecanismos de restitución para las víctimas del despojo. Asimismo, propone consolidar la Jurisdicción Agraria y crear un sistema de garantías para proteger a quienes accedan a la tierra.

En materia productiva, Cepeda plantea fortalecer la economía campesina mediante una Alianza Nacional Alimentaria que articule la producción rural con el consumo interno y ampliar las compras públicas de alimentos a asociaciones campesinas y étnicas. También propone ejecutar un plan nacional de vías terciarias, ampliar la cobertura de servicios públicos y conectividad en las zonas rurales y fortalecer las Zonas de Reserva Campesina, los territorios indígenas y los consejos comunitarios afrodescendientes como pilares del ordenamiento territorial.

Por su parte, Abelardo de la Espriella plantea una visión centrada en la propiedad privada y la expansión de la producción agropecuaria. El candidato ha cuestionado la reforma agraria impulsada por el gobierno Petro y sostiene que es necesario «volver propietario al campesino». Entre sus propuestas figura ampliar en 1,5 millones de hectáreas la frontera agrícola productiva mediante el desarrollo de la altillanura —a la que ha comparado con un «Mato Grosso colombiano»— y el impulso a cultivos como coco, pasifloras y cereales, además de la ganadería regenerativa.

De la Espriella también ha sido crítico de la actualización catastral. En distintas intervenciones públicas ha asegurado que existe una «expropiación vía catastro» que afecta especialmente a campesinos y propietarios rurales, por lo que se ha comprometido a corregir lo que considera un incremento desproporcionado de los avalúos y a fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad rural.

Las propuestas de ambos candidatos reflejan visiones distintas sobre el desarrollo del campo colombiano. Mientras Cepeda apuesta por profundizar la Reforma Rural Integral y fortalecer la economía campesina, De la Espriella pone el énfasis en la expansión de la frontera agrícola, la defensa de la propiedad privada y la seguridad jurídica para los propietarios rurales.

La segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio pondrá a los colombianos ante una decisión entre dos visiones de país diametralmente opuestas. Las diferencias entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella atraviesan asuntos centrales como la implementación del Acuerdo de Paz, la estrategia frente a los grupos armados y el modelo de desarrollo para el campo. El resultado de las urnas determinará cuál de estas apuestas prevalecerá en un país que sigue enfrentando los desafíos de la violencia y las deudas históricas con sus regiones.

Para la elaboración de este artículo, se envió un cuestionario a la campaña de Abelardo de la Espriella sobre sus propuestas en paz y seguridad. En el caso de Iván Cepeda, no fue posible obtener respuesta de su equipo de campaña. Al cierre de esta publicación, la campaña de De la Espriella tampoco había respondido. Las propuestas atribuidas a Cepeda fueron tomadas de su plan de gobierno, mientras que, en el caso de De la Espriella, cuyo programa tiene una extensión de tres páginas, varias de las posiciones reseñadas fueron reconstruidas a partir de declaraciones e intervenciones públicas realizadas durante la campaña.