Las víctimas del Comando Sur a las que les echaron tierra en La Guajira

Entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, luego de varios bombardeos en el mar Caribe realizados por el gobierno estadounidense, los restos de dos naufragios recalaron en las costas de La Guajira. Las embarcaciones, que presuntamente iban cargadas con droga, fueron destruidas por misiles mientras viajaban al norte. Esta alianza periodística confirmó la nacionalidad y el paradero actual de seis de las víctimas de estas operaciones. Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades colombianas no han identificado oficialmente todos los cuerpos ni han facilitado la entrega a sus familiares.

Por César Molinares Dueñas y Ramón Campo Iriarte (360-grados.co)

El 13 de diciembre de 2025, un equipo de Medicina Legal y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, escoltado por la Armada de Colombia, exhumó los restos de dos marineros que habían sido enterrados por una comunidad indígena wayúu en la Alta Guajira, después de que la marea los arrastrara hasta la costa colombiana. 

La noticia se conoció por un trino del presidente de Colombia, Gustavo Petro que calificó (link) los bombardeos contra lanchas con civiles en aguas del Caribe y el Pacífico de “asesinatos” contra “latinoamericanos indefensos”. 

Hasta la fecha de esta publicación, más de 181 personas han sido asesinadas en casi 50 ataques “kinéticos” del Comando Sur, que violan el derecho a un juicio justo —uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos—, y destruyen cualquier evidencia que permitiera determinar la naturaleza

Mucho antes de que se hallaran los restos, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que su gobierno atacó a una embarcación en un punto no identificado del Caribe el 6 de noviembre de 2025. “Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada (FTO por su sigla en inglés). La embarcación estaba traficando narcóticos en el Caribe y fue atacada en aguas internacionales. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida en el ataque, y tres narco-terroristas varones —que se encontraban a bordo de la embarcación— fueron abatidos”, escribió Hegseth en un trino en la red X. 

Un mes después, según publicó la Radio Nacional de Colombia, transmitiendo en vivo desde una reunión de Ameripol en Bogotá el 9 de diciembre de 2025, el presidente Petro dio una noticia en su intervención:  “Yo vivo recogiendo cadáveres que llegan por el mar. Los últimos, que apenas tengo indicios, que son de la República Dominicana, que salieron de Venezuela y pum pum(sic)  sus cuerpos por la corriente, llegaron a la Guajira colombiana. Todavía está por confirmar”. 

Petro se refería a los restos que la marea devolvió al litoral cerca de Puerto López, un caserío de La Guajira, al norte de Colombia y que una semana después la Fiscalía llegó a desenterrar. En febrero siguiente, el medio 360, miembro de una alianza periodística que reúne a otros seis medios del continente, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, que busca ponerles rostro y nombre a los bombardeados, recorrió esas costas desérticas para reportear el suceso. Varias fuentes tanto en la Guajira colombiana como en Venezuela sostienen en que muy probablemente los cuerpos sean de lancheros dominicanos.

Un primer cuerpo apareció el 10 de noviembre en Uarpana, un paraje remoto del lado colombiano de la frontera con Venezuela. Era un hombre de tez blanca, estaba quemado, le faltaba un brazo y no portaba ninguna identificación. Tan sólo llevaba un traje de navegación negro y un anillo que, según un funcionario público de La Guajira que pidió el anonimato, le fue robado al tocar tierra. Los primeros en llegar a la escena fueron lugareños y otras personas interesadas en recuperar los paquetes de droga que las olas arrastraron hasta la playa. 

Muy cerca, los lugareños encontraron un segundo cuerpo, ya reducido a un esqueleto cuya carne había sido devorada por animales, y con la mandíbula y parte del cráneo destruidas por lo que parecía el impacto de un proyectil.

Una fuente de la Fiscalía, que también pidió no ser citada, aseguró que cree que los restos esqueléticos no están relacionados con el bombardeo. Sin embargo, esa fuente judicial confirmó la existencia de un tercer cuerpo, que sí había caído en el bombardeo, el cual habría sido encontrado y también enterrado del lado venezolano, a unos 20 kilómetros del primer hallazgo, cerca de Castilletes, el poblado que sirve de límite entre los dos países. Esta versión fue confirmada por una segunda fuente de la región. 

Un miembro de la comunidad confirmó a este medio que, por cuenta de la explosión y al estar expuestos al sol y el viento, los muertos hallados en Colombia ya estaban irreconocibles. Un lanchero local, que pidió el anonimato, reiteró que la nacionalidad de las víctimas podría ser dominicana.

Esa conclusión proviene de que varios en la región reconocieron que los restos de la lancha y la cocaína pertenecían a un intermediario local que las había despachado desde las costas de La Guajira venezolana. Tras varios días de solicitar en vano a las autoridades que acudieran a levantar los cadáveres, la comunidad decidió enterrarlos para evitar que los animales carroñeros los consumieran por completo. Al cabo de cinco semanas, luego del trino del presidente Petro, por fin, el equipo de la Fiscalía apareció para llevárselos. “Se demoraron porque había un paro armado”, dijo un funcionario de la alcaldía local de Uribia que escuchó la explicación ofrecida por los funcionarios al llegar hasta el lugar.

Desde entonces, amparados en la reserva de la información, la Fiscalía y Medicina Legal han mantenido en secreto la investigación, negándose a proporcionar rasgos de los cuerpos que permitirían a sus familiares identificarlos. Medicina Legal, según dijo un funcionario de la Fiscalía, ni siquiera ha subido los protocolos de necropsia con los que podrían suministrar las características físicas de los cuerpos para que sus familiares se acerquen a las autoridades a reconocerlos. 

Los dos cuerpos desmembrados y aún sin identificar reposan en una morgue de Barranquilla desde hace más de cinco meses y el caso, que está en manos de la Fiscalía de La Guajira, está en un punto muerto: no hay testigos, no hay familiares y los reportes de campo no arrojaron ningún resultado. La única hipótesis que ha ventilado la Fiscalía es que el bombardeo sucedió en aguas de Venezuela, y que el mar se encargó de llevar el naufragio hasta el litoral colombiano.

De acuerdo con dos fuentes independientes de la Cancillería colombiana que pidieron reservar su nombre, el presidente Petro le bajó el tono a sus airadas protestas contra las operaciones del Comando Sur después de la reunión bilateral con el presidente Donald Trump, celebrada en Washington el 3 de febrero de este año.

Pese a la gravedad del hallazgo, la coordinación diplomática y judicial parece estar estancada. Fuentes de la embajada de República Dominicana en Colombia confirmaron que la única información recibida sobre la posible muerte de dos de sus connacionales proviene de la alocución del presidente Petro; sin embargo, no se han iniciado gestiones oficiales para su identificación, calificando el asunto como un «tema políticamente sensible».

Por su parte, un miembro del cuerpo diplomático de la Embajada de Colombia en República Dominicana reporta que no ha recibido solicitudes de familiares buscando a lancheros desaparecidos. Mientras tanto, el hermetismo de Medicina Legal y la Fiscalía, solo alimenta la incertidumbre que hoy consume al litoral.

Fuentes que pidieron no ser nombradas en Medicina Legal insistieron en que el procedimiento estándar es el cotejo de ADN, pero sin hacer públicas las características físicas de las víctimas, es muy poco probable que sus allegados se percaten de su paradero y reclamen los restos. 

Tampoco ha sido posible esclarecer si alguna entidad oficial extranjera —por ejemplo, la embajada de República Dominicana en Bogotá— ha emitido alertas sobre nacionales desaparecidos en alta mar que posiblemente hayan sido arrastrados por las corrientes hasta Colombia.

Un miembro de la delegación dominicana en Colombia dijo, pidiendo el anonimato, que el cuerpo consular no hará nada sino hay una “instrucción directa” del alto gobierno de ese país por ser un tema “geopolíticamente” sensible. El gobierno dominicano es uno de los aliados más fuertes de la administración Trump en el Caribe. 

Tensión en la Alta Guajira

El manejo del caso de los dos cuerpos que aparecieron en Warpana no es una excepción, sino que refleja un patrón de negligencia o incapacidad con episodios similares en la Alta Guajira.

A finales de febrero de este año ocurrió un nuevo naufragio que sigue sin esclarecerse. Por esas fechas cuatro hombres zarparon en una lancha rápida desde el sector de Cuatro Estrellas, en inmediaciones de la base de la Policía Antinarcóticos en Puerto López, presuntamente para hacer el transbordo de un cargamento de cocaína en alta mar.

El 28 de febrero el mar devolvió a dos de ellos, ya muertos. No se sabe si la lancha en la que iban fue atacada por misiles estadounidenses que fueron lanzados en el Caribe el 16 de de febrero, y que según el Comando Sur, mató a tres personas. O si fue fruto de otro incidente. Según la misma comunidad, se trataría de Robert Palmar Atencio y un joven oriundo de Bahía Hondita, cuyo nombre no revelaron las fuentes consultadas. 

En todo caso, hasta fines de abril, al cierre de esta historia, la Fiscalía no había acudido al lugar para hacer el levantamiento de los cadáveres, iniciar la investigación o establecer las causas de las muertes. Esto, y pese a haber sido puesta en aviso. Los otros dos tripulantes de esa embarcación aún están desaparecidos, y sus familias mantienen la esperanza de que, por lo menos, la marea devuelva sus restos.

Ante la ausencia de las autoridades, fueron los familiares de los muertos quienes trasladaron por su cuenta los restos a los cementerios ancestrales de Siapana y Paraíso, cerca de Pusheo. Allí los hombres fueron sepultados según la tradición wayúu, y no se practicó ningún examen forense que pudiera determinar las causas de su muerte.

Justos por pescadores

A comienzos de febrero en la Alta Guajira, un frente frío sobre la península ha transformado las trochas de arena en barrizales y las aguas calmas en olas enormes, dificultando el tránsito por tierra e impidiendo por completo la navegación en el mar.

La comunidad de indígenas wayúu teme que dos pescadores que zarparon hace un día, pese a las advertencias, hayan naufragado por el mal tiempo. El que no pesca, no come, dice la gente. Aquí, el rebusque es un cara y sello: la pesca y los oficios varios que ofrece la cadena del narcotráfico son, a grandes rasgos, las únicas opciones disponibles.

Esta realidad es palpable en los sondeos oficiales. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Riohacha, la capital de La Guajira, registró una tasa de desocupación del 13,6% en el trimestre de noviembre 2025 a enero 2026, una cifra que supera el promedio nacional y que aumenta dramáticamente en la zona rural. Además, los índices de informalidad y de pobreza monetaria en el departamento se mantienen por encima del 60%. Uribia, el municipio de donde salen estas embarcaciones es el más pobre de Colombia, con 92% de pobreza multidimensional. Como consecuencia, muchos jóvenes guajiros gravitan hacia las economías ilícitas.

A lo largo de la costa de La Guajira, los envíos de cocaína siguen saliendo hacia el norte, pese a la presión de la Armada colombiana y de los bombardeos estadounidenses ordenados por Donald Trump desde octubre del 2025. 

Allí, en un punto indeterminado entre el desierto y la playa, este medio logró una entrevista con un hombre que coordina la logística de cargamentos de cocaína que pasan por esa región con rumbo a otros países. 

El hombre, quien solicitó la reserva su identidad (ver entrevista en video), sostiene que el personal local que participa en este eslabón de la cadena del narcotráfico trabaja como mano de obra independiente. Los contratan los dueños de los cargamentos, según las necesidades de cada envío. Los caleteros, guardias, empacadores, mecánicos y lancheros, entre otros, forman parte de un engranaje de logística y transporte de cocaína producida en otras regiones como el Catatumbo o los Llanos Orientales. 

«Aquí es pura logística: transporte, almacenamiento y despacho. La mayoría de la gente acá no son dueños, la mayoría de los dueños de la mercancía siempre son de afuera, podemos decir hasta internacionalmente: que compran la mercancía acá y ellos mismos la esperan en su destino«, explica.

La nueva política antidrogas del Gobierno Trump ha dispuesto el poder bélico del Comando Sur para interceptar a quienes serían los lancheros, los eslabones más débiles de la cadena. De las costas de la La Guajira salen lanchas go fast, de varios motores poderosos, comandadas por capitanes que, según el entrevistado, rara vez son colombianos. 

Desde hace algún tiempo, quienes compran la mercancía exigen que las naves sean comandadas por navegantes que conocen las aguas de destino: dominicanos para República Dominicana y Haití, hondureños o mexicanos para Centroamérica, y Venezolanos para las Antillas orientales.

“Se montan siempre dos capitanes, que es uno principal y otro de repuesto, y a veces los dueños montan un cuidacargas, que son sus ojos mientras la mercancía llega a su destino desde aquí hasta allá”, asegura la fuente. 

A la hora de enviar una carga, los encargados de la logística también obtienen ilegalmente cartas de navegación de uso privativo de las fuerzas armadas para trazar una ruta que esquive los barridos de las fragatas de las diferentes Armadas que patrullan el Caribe. “A los lancheros los contratan para hacer un viaje y  por querer salir adelante, por querer ganarse la vida lo hacen. Depende del destino, depende de cuantas millas se vayan a recorrer: de 300 millas en adelante se pagan $100.000 dólares”, dice el hombre, “si ya se pasa de 500 millas, 700 millas, el pago aumenta a $200.000 o $180.000 dólares”, dijo el coordinador.

El testimonio parece confirmar lo que el presidente Gustavo Petro ha venido argumentando durante su gobierno: que los verdaderos ‘narcos’, es decir, los dueños del producto y los mayores beneficiarios del negocio ilegal, invierten y monitorean la operación desde el extranjero, sin asumir ningún riesgo personal. “Todas las evidencias se le pasan a los dueños de la mercancía: se hace una videollamada mostrándoles de donde salen, la hora, fecha, se les muestra el procedimiento de punta a punta, desde que salen, a qué hora se comunican, por dónde van, cuantas millas faltan”, detalla la fuente, añadiendo que hoy en día se utilizan teléfonos satelitales y sistemas Starlink para seguir paso a paso el recorrido de cada cargamento.  

Mientras el sol  de la Guajira castiga desde arriba, el despachador de cocaína finaliza nuestra entrevista con una reflexión: “Al narcotráfico no lo derrota nadie, esto es inacabable. El que quiera acabar el narcotráfico se va a volver loco, eso es imposible. Que la legalicen: la única forma para contrarrestar el narcotráfico, tienen que legalizar la droga. De resto, cuántos años vamos en esto y ¿quién lo ha acabado? Nadie. ¿Quién lo ha disminuido? Nadie. De pronto se frena un poquito, por la cuestión de los bombardeos, y esto, pero la gente está activa. A lo que se acabe, sigue, sigue la rutina.”

Y como parte de esa rutina que no se detiene, están los muertos. Las autoridades colombianas han hecho muy poco por identificar los cuerpos que van quedando en el camino. En parte porque, como lo dijo una fuente gubernamental, temen alterar la de por sí espinosa relación entre los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. Mientras tanto, en varios países del Caribe, como nos contó una madre dominicana, no descansan buscando a sus hijos, todos los días sin saber si cayeron abatidos por un golpe de misil.