Para los grandes cargamentos, justicia; para los pequeños, bombas

Entre el 2 de septiembre de 2025 y el 23 de febrero de 2026, agencias estadounidenses, en cooperación con fuerzas de inteligencia, guardacostas y marinas de varios países, decomisaron, sin disparar un solo tiro mortal, 140  toneladas de cocaína en operaciones cooperativas en el Atlántico, el Caribe y el Pacífico con participación de  la DEA y la Joint Interagency Task Force–South, bajo el Comando Sur. Más de 160 tripulantes fueron detenidos vivos y entregados a la justicia.Con la misma infraestructura de inteligencia, en el mismo período, fuerzas estadounidenses bombardearon 44 embarcaciones y mataron al menos a 141 personas*.

Por Giannina Segnini, CLIP

El mismo 2 de septiembre de 2025 en que Estados Unidos lanzó el primer ataque mortal contra una lancha que viajaba con once personas frente a las costas venezolanas, la Fuerza Aeroespacial colombiana, su par dominicana y la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta estadounidense ( conocida por sus siglas en inglés, JIATF-S) ejecutaron una operación llamada Zeus que, a pesar de su nombre, fue más bien tranquila: la Armada dominicana abordó la lancha de veintisiete pies, decomisó 448 kilos de cocaína y detuvo con vida a las dos personas a bordo.

Al día siguiente, en una rueda de prensa en Ciudad de México, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió la decisión presidencial de bombardear la lancha y matar a sus tripulantes: «En lugar de interceptarla, por orden del Presidente, la volamos».

La JIATF-S, encargada de las labores de detección y vigilancia que permiten interceptar el tráfico ilícito en el hemisferio, siguió coordinando interdicciones cooperativas durante todo el semestre en paralelo a los bombardeos. Funciona desde Key West, en Florida, con oficiales de diversas agencias estadounidenses, y enlaza operaciones con al menos quince países.

El año fiscal 2025, que cerró en septiembre, había registrado un récord en incautaciones de cocaína: 231 toneladas, más del triple del promedio histórico, según anunció la Guardia Costera estadounidense en un comunicado oficial. La Operación Pacific Viper, lanzada en agosto para detener lanchas go-fast que cruzan el Pacífico de Ecuador y Colombia rumbo a Centroamérica, camino a Estados Unidos, fue especialmente efectiva entre agosto y febrero: más de 200.000 libras —unas 90 toneladas métricas— incautadas y más de cien tripulantes detenidos vivos en seis meses. En una sola operación, el 2 de diciembre, un helicóptero estadounidense disparó a los motores de una lancha para inmovilizarla y permitió decomisar diez toneladas exactas de cocaína y arrestar vivas a las seis personas a bordo.

Las incautaciones siguen un protocolo ensayado por más de medio siglo de persecución a las drogas ilegales: se detecta la carga sospechosa, la JIATF-S coteja la información con agentes de la DEA y otros, un cutter de la Guardia Costera estadounidense se posiciona en la ruta marítima, un helicóptero del escuadrón especial de interdicción dispara a los motores para detener la nave, se incauta la droga y se judicializan los detenidos.

Este protocolo siguió operando, en paralelo con los ataques violentos, bajo la misma cadena de mando regional —el Comando Sur—, con la misma unidad conjunta de detección —la JIATF-S— y con los mismos agentes de la DEA proporcionando inteligencia.

Tres operaciones consecutivas, ejecutadas entre octubre y enero, lo dejaron en evidencia. 

A puerto gallego

Desde el 8 de octubre, la DEA había informado a la Policía Nacional española que un barco saldría de Panamá rumbo a Vigo e intentaría llevar cocaína a ese puerto gallego. El 22 de octubre, un grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional española, embarcado en un buque de acción marítima de la Armada, detuvo el Little Girls, decomisó 3.900 kilos de cocaína incrustados en el casco y arrestó vivos a sus nueve tripulantes. La nota oficial de la Policía Nacional cita a la DEA como la fuente de la alerta original. La inteligencia se compartió a través del Centro Marítimo de Análisis y Operaciones (MAOC-N) en Lisboa, creado por ocho países europeos para combatir el tráfico ilegal.

El Little Girls, un remolcador de cincuenta años a nombre de una sociedad fantasma panameña, había cambiado seis veces de nombre y navegaba bajo bandera de Tanzania. De acuerdo con los datos de Global Fishing Watch (GFW), había zarpado de Cristóbal, Panamá, el 12 de agosto y tres días después cambió el rumbo hacia Capurganá, en el Golfo de Urabá colombiano —zona donde delinque el Clan del Golfo. Navegó por cinco días a velocidad reducida, en un patrón típico de transferencia entre buques. Regresó a Panamá y se quedó atracado seis semanas en el muelle 3, el tiempo necesario para construir la estructura que ocultaría la droga dentro del casco.

El 30 de septiembre zarpó rumbo hacia Vigo, no como un buque que intentara esconderse. Sus transmisiones AIS continuaron anunciando “Vigo” como destino y reportando una velocidad constante de doce nudos.

El 5 de octubre a las 4:09 pm, hora del Caribe, pasó por las coordenadas 13,82° norte, 66,79° oeste — a unos 200 kilómetros al sur del lugar donde se calcula que dos días antes, un misil estadounidense había matado a cuatro personas en una lancha.

El 14 de octubre, mientras el Little Girls continuaba su travesía atlántica por el mismo corredor caribeño, otro misil militar estadounidense mató a seis lancheros en esas aguas. Dos días después, otra explosión mató a dos más. Doce muertos en dos semanas. En simultáneo, el Pentágono dejó pasar intacto al viejo y pesado Little Girls mientras bombardeaba pequeñas lanchas en el Caribe.

La Marina Nacional francesa, en la zona marítima antillana, también ejecutó varios decomisos exitosos en esas fechas, muy cerca de donde los estadounidenses bombardeaban embarcaciones. En cinco de ellas decomisó poco más de 14 toneladas de cocaína, y en al menos una de ellas la DEA contribuyó con inteligencia. El mismo mar, los mismos meses, la misma inteligencia, cero muertos.

Una de esas operaciones internacionales, sin embargo, produjo más que el simple decomiso de la droga. El 14 de diciembre de 2025, la Marina francesa abordó en alta mar el pesquero griego Ourania A y lo remolcó tres días bajo temporal hasta el puerto de Fort-de-France, en Martinica. 

La operación no solo incautó 4.200 kilos de cocaína y arrestó vivos a cinco tripulantes —cuatro griegos y un búlgaro con pasaporte ucraniano—, sino que llevó a la Dirección de Lucha contra el Crimen griega a arrestar el mismo día a otras cinco personas en territorio griego, entre ellas el armador del barco, Alexandros Angelopoulos, conocido en la prensa griega como “el Pablo Escobar griego”. La inteligencia, según el comunicado oficial del MAOC-N de Lisboa, había sido compartida por las autoridades griegas con la DEA estadounidense.

Desde finales de los noventa,  según el diario Politic, la oficina de la DEA en Bélgica alertó a su par en Atenas sobre un empresario griego de treinta y seis años, residente en Amberes, que usaba remolcadores para transferir cocaína desde buques mercantes en el puerto belga. Ese empresario era Angelopoulos. El expediente que se abrió entonces condujo, en julio de 2004, al abordaje del pesquero Africa 1 frente a Senegal con 5,4 toneladas de cocaína. Angelopoulos fue condenado a cadena perpetua en 2005 salió en libertad bajo una ley que permitió conmutar su pena en 2015. Fue detenido nuevamente meses después tras un recurso de casación del fiscal y obtuvo la liberación definitiva en 2022. En octubre de 2024, la DEA reabrió la vigilancia.

Siguiendo el rastro de este pesquero, los registros de Global Fishing Watch muestran que el Ourania A había zarpado de Nea Michaniona, en el norte de Grecia, el 13 de noviembre de 2025. A partir de ese momento navegó con el transpondedor desactivado durante treinta y un días, hasta el abordaje. Cargó la cocaína en alta mar frente a las costas venezolanas, en una transferencia buque a buque y sin tocar puerto. La Marina francesa lo abordó cerca de Martinica, a menos de trescientas millas náuticas del lugar donde se calcula sucedió el primer ataque mortal contra una lancha el 2 de septiembre.

La policía griega confirmó después que el capitán del Ourania A, un hombre de sesenta y dos años detenido en el mar, era el mismo que había tripulado el Africa 1 en 2004.

Otro barco, el United S, es el arquetipo del buque viejo, casi desechable, que se usa para estas operaciones de tráfico: ocho cambios de nombre documentados, cinco banderas distintas a lo largo de medio siglo y propiedad nominal de una empresa turca, con sede en Mersin. El mismo casco ya había sido apresado en septiembre de 2013 con dieciocho toneladas de hachís bajo el nombre Moon Light.

Construido en 1975 en Dinamarca, el United S permaneció diez días atracado en Banjul, Gambia, entre el 3 y el 13 de noviembre de 2025. Estando allí, el 9 de noviembre, sucedió algo inesperado. El barco cambió su identificador AIS de una matrícula togolesa a una camerunesa: nueve minutos y 26 segundos transcurrieron entre la última transmisión como Joud S y la primera como United S, según los registros de Global Fishing Watch.

Cruzó el Atlántico hacia Brasil. Atracó en el muelle del Mucuripe, en Fortaleza, el 4 de diciembre, y zarpó dos días después, según la Companhia Docas do Ceará, que precisa que el buque solo solicitó abastecimiento y mantenimiento mecánico, sin operaciones de carga. Cargó la cocaína en alta mar frente a la costa entre Brasil y Surinam, en una transferencia buque a buque, igual que el Ourania A. A partir del 29 de diciembre dejó de transmitir y pasó casi dos semanas en silencio, hasta el abordaje. 

En la madrugada del domingo 11 de enero de 2026, la policía española abordó el United S a 535 kilómetros al suroeste de las islas Canarias, en una operación coordinada por la JIATF-S, la DEA, el MAOC-N de Lisboa, la Policía Federal de Brasil y la propia Policía Nacional. La inspección encontró 9.994 kilos de cocaína distribuidos en fardos, marcados con logotipos de cinco colores distintos —cinco organizaciones criminales repartiendo el cargamento. Los trece tripulantes —indios, turcos y serbios, uno de ellos armado— fueron detenidos vivos. Fue la mayor incautación marítima de cocaína en la historia de Europa.

“Es una operación de libro, por planificación, ejecución y cooperación internacional. El objetivo era un carguero de gran porte, con carga masiva y una ruta típica de tránsito”, explicó al diario El Español un investigador de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado.

En su viaje, el United S atravesó el Atlántico central también al alcance de los medios del Comando Sur, mientras la Operación Lanza del Sur estaba en pleno furor volando embarcaciones. Pero ni este sospechoso buque, ni el Ourania A, ni el Little Girls fueron atacados con misiles. El sistema antinarcóticos estadounidense sabía adónde viajaban y tenía sospechas concretas sobre su propósito ilegal. Optó por dejarlos pasar y por colaborar con sus pares de otros países para interceptarlos.

El mismo patrón se repitió en el Pacífico. El 9 de noviembre de 2025, en aguas panameñas, frente al archipiélago de Las Perlas, las autoridades panameñas y la DEA interceptaron un remolcador que había salido de Colombia rumbo a México. Decomisaron 13,5 toneladas de cocaína y detuvieron a diez personas, entre ellas colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, peruanos y venezolanos. 

Cuatro días después, el 13 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos en Panamá celebró “la colaboración sin fisuras” con la DEA. Un mes antes, el propio presidente Trump había justificado los ataques con misiles diciendo que la interdicción marítima llevaba treinta años “totalmente inefectiva”.

Ese solo golpe en Las Perlas dio mejores resultados que la decena de bombardeos que el gobierno estadounidense ejecutó en el Pacífico durante los siguientes días. Entre el 15 de noviembre y finales de enero, los strikes letales sumaron varias decenas de muertos adicionales en una sucesión de embarcaciones destruidas a golpe de misil.

En otras dos operaciones cooperativas, mientras estos bombardeos seguían su curso, la DEA volvió a apoyar interdicciones sin un solo muerto. El 13 de septiembre, agentes de la Policía Nacional española detuvieron en una playa de A Pobra do Caramiñal, en La Coruña, a tres tripulantes suramericanos que intentaban desembarcar 3.650 kilos de cocaína de un semi-sumergible. 

La evidencia y los tres detenidos llevaron a una segunda fase, llamada Operación Saona, que desarticuló la red logística de apoyo y detuvo a otras once personas. Y el 3 de noviembre, una cooperación internacional con la JIATF-S y la DEA junto con autoridades portuguesas, británicas y francesas llevó a la interceptación de un semi-sumergible al oeste de las Azores: 1,7 toneladas incautadas y cuatro personas detenidas vivas. En esos primeros días de noviembre, mientras estas operaciones culminaban sin disparar un misil, el Pentágono ejecutó otros bombardeos en el Caribe y el Pacífico que dejaron al menos nueve muertos en lanchas destruidas.

La arquitectura institucional de Estados Unidos para la lucha contra las drogas se ha construido durante medio siglo, con acuerdos, protocolos y oficinas coordinadoras desde Florida hasta Lisboa. Ni se desmontó ni se debilitó durante los seis meses analizados. Al contrario: registraba récords históricos.

La DEA, la JIATF-South y la Guardia Costera siguieron coordinando con quince países la captura de los grandes cargamentos y entregaron a más de ciento sesenta detenidos al sistema judicial, junto con la droga, las embarcaciones y los rastros documentales que en algunos casos condujeron hacia los dueños y sus financistas. 

Esa misma estructura, en las mismas aguas, durante los mismos meses, proveyó la inteligencia que permitió bombardear cuarenta y cuatro embarcaciones pequeñas y matar al menos a 140, según el propio gobierno estadounidense, sin recuperar evidencia ni identificar públicamente a un solo responsable, ni siquiera al lanchero destruido. 

Ni la cantidad de droga ni la peligrosidad de los traficantes explican la diferencia entre vivir y morir, entre comparecer ante un juez o desaparecer en el mar.

* Este reportaje cruza de un lado, los ataques militares que Estados Unidos ejecutó contra embarcaciones civiles en el Caribe entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 bajo la denominación Operation Southern Spear; del otro, las interdicciones cooperativas que socios europeos y latinoamericanos ejecutaron en esas mismas semanas, con inteligencia coordinada por la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense y por la Joint Interagency Task Force–South del Comando Sur (JIATF-S).  El informe se construye sobre fuentes primarias y secundarias verificables: la nota oficial 16693 de la Policía Nacional de España del caso LITTLE GIRLS; los comunicados del MAOC–N de Lisboa sobre las operaciones White Tide e Ippalos; las ruedas de prensa del Subdelegado del Gobierno en Tenerife; el comunicado oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá del 13 de noviembre; la nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana del 15 de noviembre;  y los comunicados del Ministère des Armées francés, la Polícia Judiciária portuguesa,  la Hellenic Police, la Polícia Federal brasileña, U.S. Customs and Border Protection y la U.S. Coast Guard. A esas fuentes se añaden la cobertura en ocho idiomas (español, francés, portugués, inglés, italiano, holandés, griego y alemán) y los registros marítimos públicos disponibles en la API v3 de Global Fishing Watch, Bloomberg SHIP, VesselFinder y vesseltracker.