Un informe del International Human Rights Law Clinic de la Escuela de Leyes de Berkeley , le pidió al gobierno de Estados Unidos dar acceso a las autoridades colombianas a los ex jefes paramilitares presos por narcotráfico en Estados Unidos, para que respondan por las atrocidades cometidas en Colombia.
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| Varios jefes paramilitares han negociado con el gobierno estadounidense, pero han dejado por fuera de los acuerdos a la justicia colombiana. Foto Semana |
El informe titulado “La verdad detrás de las rejas: los líderes paramilitares en custodia de Estados Unidos”, considera que con la colaboración de Estados Unidos, Colombia puede superar las violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares y cerrar el ciclo de violencia cometido por éstos. Pero que en sus juicios en EE.UU no están colaborando con la justicia colombiana.
La justicia estadounidense tiene a 30 paramilitares en procesos por narcotráfico y varios de ellos han negociado acuerdos, quienes antes de su extradición habían iniciado versiones libres con la Fiscalía en Colombia en las que habían destapado detalles acerca de masacres, violaciones a los derechos humanos, asesinatos a sindicalistas, maestros y defensores de derechos humanos, además de la corrupción política, fraudes electorales y sus nexos con funcionarios públicos y militares, entre otros crímenes.
Sin embargo, según el International Human Rights Law Clinic, esta colaboración está parada desde que fueron extraditados.
“Los políticos de Estados Unidos tienen una responsabilidad moral y legal de cooperar con las autoridades de Colombia para resolver estos crímenes atroces “, dijo Roxanna Altholz, directora asociada de la International Human Rights Law Clinic. “Los líderes paramilitares enjuiciados en los EE.UU. están buscando acuerdos con el Departamento de Justicia para reducir sus penas, por lo que corresponde a los fiscales y los tribunales de los EE.UU. incentivarlos a hablar sobre los asesinatos, los secuestros y desapariciones cometidos en Colombia.”
Según el reporte, el proceso de Justicia y Paz se empezó a agrietar no por las extradiciones per se, sino por la ausencia de un acuerdo por escrito que determinara la cooperación judicial entre Colombia y EE.UU., una vez los jefes paramilitares, tremendos protagonistas de la violencia de las últimas dos décadas al menos, fueron encarcelados en ese país por delitos relacionados exclusivamente con el narcotráfico. Ello, sumado a las dificultades logísticas para tener contacto con los reclusos y a la propia voluntad de éstos, pues sólo cinco de los 15 extraditados en mayo de 2008 han continuado con sus versiones libres
Detalla además que los acuerdos entre las partes (entre los Estados Unidos y paramilitares) no contienen incentivos para que los paramilitares cooperen con la justicia colombiana, ni a revelar los detalles de sus crímenes. Por este motivo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia suspendió las extradiciones de los paramilitares desmovilizados a Estados Unidos, “socavando los esfuerzos antinarcóticos de EE.UU.” asegura el estudio.
El estudio considera que los Estados Unidos han invertido cientos de millones de dólares en el sistema jurídico de Colombia con el objetivo de crear un socio en su lucha antidrogas, dice Altholz. Sin embargo, las negociaciones de libre comercio entre los EE.UU. y Colombia se han estancado debido a las preocupaciones estadounidenses sobre el incumplimiento de Colombia para investigar los asesinatos de sindicalistas.
“Si los EE.UU. apoya activamente las medidas de rendición de cuentas de Colombia, que puede ayudar al país a reforzar su imperio de la ley, la dirección de asesinatos sin resolver de los colombianos, y disolver sus violentos carteles de la droga”, asegura Altholz. “Los fiscales y jueces colombianos enfrentan un acceso limitado a los acusados bajo custodia de EE.UU.”, dijo Smith, “que ha obstaculizado los esfuerzos de ese país para exponer la corrupción política y las alianzas entre los funcionarios electos y los paramilitares”.
“Los EE.UU. están perdiendo una oportunidad poco común para ayudar a desmantelar los carteles de la droga paramilitares que han tenido un dominio absoluto sobre Colombia por décadas”, dijo Gretchen Gordon, estudiante de Berkeley que ayudó en el informe. “La cooperación con los esfuerzos de la rendición de cuentas de Colombia no sólo promover la justicia para víctimas de derechos humanos, sino que también ayudaría a combatir el narcotráfico, el terrorismo y erradicar la corrupción.”
El documento recomienda cambiar la política y las prácticas de los procesos penales de los paramilitares colombianos extraditados que incluya crear un procedimiento eficaz para la cooperación judicial con Colombia. Además facilitar el acceso oportuno, consistente y confiable a los fiscales colombianos, los jueces, y las víctimas a los jefes paramilitares extraditados. Compartir la información obtenida en los juicios realizados por los EE.UU. de los paramilitares extraditados.
También, incentivar a los ex jefes paramilitares extraditados a revelar detalles acerca de todos sus crímenes y revelar las identidades de sus cómplices en el ejército colombiano, el gobierno y las empresas nacionales y extranjeras, y que esta cooperación tenga rebajas de penas y otros beneficios como resultado de la cooperación con la justicia norteamericana. Y por último recomienda iniciar investigaciones por tortura cometidos por los líderes paramilitares que están bajo juicio en EE.UU..
Un serio obstáculo, anota el informe, es que los fiscales norteamericanos han puesto de lado los esfuerzos de las víctimas por intervenir en los procesos para obligar a los ex jefes ‘paras’ a revelar información, a pesar de que en ese país existe la ley de derechos de víctimas de crímenes (Crime Victims Rights Act). De igual forma, las autoridades colombianas han enviado diversos requerimientos a la embajada estadounidense con el fin de obtener cooperación judicial, sin embargo, “los funcionarios norteamericanos no han dado suficientes respuestas”. La entrega o intercambio de información, a menudo, son atrasadas o canceladas.
El documento señala que la misma Corte Suprema colombiana ha visto entorpecido su trabajo. Esta corporación ha hecho múltiples solicitudes para obtener declaraciones de ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como Carlos Mario Jiménez Naranjo (Macaco), Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40) y Diego Fernando Murillo Bejarano (Don Berna), que hasta el pasado 28 de octubre no habían sido contestadas. Se recordó que en ese mes, luego de un viaje a Washington, el ex presidente del alto tribunal, magistrado Augusto Ibáñez, calificó de preliminares los esfuerzos por lograr la anhelada cooperación judicial.
Los impedimentos logísticos también han empantanado la posibilidad, estipulada por la Ley de Justicia y Paz, de que las víctimas cuestionen directamente a sus victimarios o su derecho a la reparación. El IHRLC encontró en EE.UU. a 30 hombres extraditados desde Colombia relacionados con el paramilitarismo, de los cuales en 18 casos la información de sus juicios no es pública. El Centro Jurídico de Berkeley recordó la importancia que estos hombres tienen en los delicados procesos de la parapolítica u otros graves crímenes, “cuyos testimonios no han sido enteramente explotados (…) La extradición ha limitado su disponibilidad como testigos potenciales”.
El asunto, por supuesto, no se limita a la parapolítica. Los ex jefes ‘paras’ aún están involucrados en cientos de investigaciones penales por masacres, desplazamientos, robo de tierras, asesinatos y desapariciones forzadas, entre otros macabros delitos. Según el informe, en la Fiscalía colombiana hay abiertos 276 expedientes contra funcionarios públicos que posiblemente conspiraron con los paramilitares, y aunqueen un período de cinco meses las autoridades colombianas pidieron 39 audiencias con los ex jefes ‘paras’, sólo una decena fueron llevadas a cabo.
