Los 27 alcaldes y el Gobernador de este departamento se ilusionaron con los recursos previstos para el posconflicto. En el 2016 las autoridades locales y departamentales hicieron cuentas alegres y prometieron programas, sobre todo de vivienda. Tres años después, el balance es agridulce.
Buenas intenciones, pocos recursos y escasas realizaciones. Las tres afirmaciones surgen del balance, pasados tres años, de los desafíos que para el posconflicto plantearon los mandatarios caldenses.
La razón principal es que al final el departamento quedó por fuera de programas nacionales de inversión en zonas afectadas por la guerra. Por esa razón tuvieron que sacar de las arcas que administran para financiar proyectos con víctimas.
El 24 de junio del 2016, cinco meses antes de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, firmado en Bogotá el 24 de noviembre con la extinta guerrilla de las Farc, los mandatarios locales proyectaron lo que serían sus inversiones, siempre y cuando contaran con apoyo en dineros del gobierno nacional.
Hicieron ese ejercicio basados en que llegarían $65 mil millones del Presupuesto Nacional con el fin de atender a los afectados por el conflicto armado, suma de la que se podrían hacer requerimientos para inversiones que vendrían con inyección de dinero o de insumos. Entre sus planes incluyeron construcción y mejoramiento de vivienda, reparación de carreteras, proyectos productivos.
Sin embargo, en un sondeo con los mandatarios locales, además de un derecho de petición, realizado por la alianza de LA PATRIA y Consejo de Redacción, permite concluir que, tres años después, son pocas las iniciativas ejecutadas con beneficio directo para quienes sufrieron por la guerra.
De la misma consulta se infiere que esta población en su mayoría es incluida en programas transversales, o sea, que su beneficio es compartido con la comunidad en general. Como no hubo recursos, los dineros terminaron por salir de recursos propios de la Gobernación y de las alcaldías.
En contra
Un aspecto que no favoreció al departamento es que ninguno de sus municipios quedó entre los 170 del país seleccionados para ser beneficiarios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pese a tener reportados 121 mil personas en la Unidad de Víctimas.
La posibilidad de recibir recursos del posconflicto quedó repartida en 19 de los 32 departamentos, y entre ellos no figura Caldas. En total, son 170 municipios los que reciben cerca de $80 billones para los PDET, creados por el Ministerio de Agricultura mediante el Decreto 893 de 2017, en concordancia con el Acuerdo de Paz pactado en La Habana, Cuba.
Al departamento tampoco le fue bien con los nueve municipios que seleccionaron para el plan de las Zonas más Afectadas por el Conflicto (Zomac), conocidas como obras por impuestos, en el que se invierten, en promedio anual, $250 mil millones. A Caldas apenas le aprobaron una iniciativa por $3.900 millones para 2,37 kilómetros de vías para el corregimiento de Pueblo Nuevo, de Pensilvania.
El Acuerdo de Paz estableció que el proceso de transformación estructural del campo debe cobijar la totalidad de las zonas rurales del país y que la construcción de la paz es un asunto de alcance nacional.
En un derecho de petición elevado por esta alianza, se le preguntó, entre otras cosas, a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) qué planes hay para invertir en Caldas y, de ser así, cuánto y cómo tienen presupuestado invertir. La agencia estatal respondió: “No hay planes, nuestra intervención para este departamento solo se da por Obras por Impuestos (Zomac)”.
También se le interrogó sobre la asignación de recursos para el posconflicto en Caldas más allá de los PDET y de los Zomac. La misma pregunta se le planteó a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la cual la remitió a la ART.
Esta última explicó que “si bien la entidad diseña e implementa programas también enfocados en la intervención en zonas rurales afectadas por la violencia priorizadas por el gobierno nacional, no cuenta con los lineamientos para desarrollar acciones concretas en el departamento de Caldas”.
Por la Gobernación
De acuerdo con Carlos Alberto Piedrahíta, secretario de Gobierno de Caldas,
de los $65 mil millones previstos para el Departamento solo llegaron $9 mil millones para indemnizaciones.
El funcionario aseguró que en estos cuatro años la Gobernación invirtió $700 millones, en el 2016; $1.200 millones, en el 2017; $3.153 millones, en el 2018, y para este año calculan llegar a $1.500 millones.
La alianza periodística le solicitó a la Administración Departamental, vía derecho de petición, los contratos, montos por programas y ejecuciones de la suma más alta, es decir, de los $3.153 millones del 2018. Se corroboró que la inversión, de acuerdo con los documentos suministrados y con un chequeo en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), corresponde a la suma planteada.
El gobernador Guido Echeverri reconoce que la atención a las víctimas es transversal. Abarca cultura, deporte, salud, seguridad y agricultura. Cada dependencia se encargó de vincular a las víctimas en los proyectos. En la práctica, según el mandatario, consiste en lo siguiente: “A los contratistas que ganan las licitaciones, les pedimos que vinculen a reinsertados, excombatientes, madres cabeza de familia”.
Echeverri es crítico ante la implementación de actividades para el posconflicto. Asegura que los trámites se vuelven engorrosos y complejos ante la cantidad de instituciones que hay para atender estos temas.
“Creo que hay una mala implementación del marco institucional del posconflicto, tiene que ver con las relaciones entre agencias nacionales y los departamentos y municipios. Existen una gran cantidad de agencias que hablan de tierras, de víctimas, de restitución, desplazamientos, que a veces uno no logra discernir para qué sirve cada una”, detalla el mandatario regional.
No obstante, durante el año pasado, la Gobernación puso en marcha iniciativas, en su mayoría transversales, que iban desde exposiciones itinerantes hasta Cátedra de la Paz, pasando por apoyo a competencias ciclísticas, como la internacional Oro y paz, y el aprovechamiento agrícola con siembra de fresas y la compra y venta de cerdos.
Desde la academia
Jaime Pineda, docente del Centro de Investigación Cinde de la Universidad de Manizales, considera que en el país hay una conversación pendiente sobre los criterios con los que la mesa de La Habana decidió lo prioritario en la implementación del Acuerdo.
“Apenas nos estamos percatando de que la guerra de las Farc con gobiernos liberales y conservadores, desde 1964 hasta la firma del Acuerdo, fue tan horrorosa que hoy nos estamos disputando la cantidad de dolor de unas regiones frente a otras”, comenta.
Para el experto no fue clara la definición de las zonas prioritarias, ya que, por ejemplo, al final estuvieron vinculadas a narrativas y cuantificaciones de lo que había implicado el periodo más reciente del conflicto. Algo que no se conversó en la mesa, añade, es que había zonas devastadas y otras aniquiladas. Ilustra con que cada región en busca de ser priorizada levantó la mano para decir a mí me pasó más que a la otra, es decir, que entre el horror había horrores más profundos.
En relación con Caldas, explica: “A nosotros, que somos de esta región, no nos cabía en la imaginación que en el oriente y en el occidente pueblos como Riosucio o Samaná no fueran declarados prioritarios cuando, a los ojos nuestros, había razones suficientes para decir que fueron devastados por la guerra”.
Daniel Hurtado Cano, docente-investigador en territorio y paz, investigador junior de Colciencias y profesor en la Universidad Autónoma de Manizales, considera que “el conflicto armado, la guerra irregular, las disputas territoriales, pueden ser hoy más invisibles de lo que fueron antes, no solo porque la violencia directa haya disminuido, también porque el departamento no está considerado como territorio priorizado en esta época llamada de transición, en esta época de posconflicto”.
El docente afirma que es necesario que Caldas sea figura, al menos en el imaginario social, y añade que la guerra requiere ser resignificada, pero que no se trata de glorificar esa tragedia, tampoco de la experiencia festiva que trae ese olvido silencioso.
Para este experto se requiere lograr “un punto intermedio que busque recordar aquello que aconteció, aquello que se está dando y aquello que podría configurarse si nuestro territorio fuera figura una vez más, al menos para quien vivimos en este territorio y, en un ambicioso escenario, en un imaginario nacional”.
Al respecto, Pineda, del Cinde, agrega que otro factor para que el territorio caldense quedara por fuera de los planes estatales del posconflicto tiene que ver con la memoria del conflicto: “La aparición de la guerrilla aquí fue a finales de los 80 y comienzos de los 90, entonces los relatos y las memorias del horror son recientes. Mientras que las memorias del sur del Tolima son de antaño. Creo que fue una perspectiva para definir zonas prioritarias”.
Mambrú no va a la guerra
Otra forma de aportar a la paz es tratar de evitar que los niños terminen en las garras de grupos ilegales armados o de delincuencia común. En ese sentido, el Gobernador destaca el programa Mambrú no va a la guerra en el que la Secretaría de Educación Departamental invirtió el año pasado $16 millones con población infantil del Resguardo de San Lorenzo, en Riosucio, y del municipio de Marquetalia.
Ese año clasificó La Dorada. En el barrio Corea, Bellanira Ñungo Suárez es la encargada de sacar adelante el proyecto con 20 niños. “Corea no es un Bronx, aquí hay gente muy buena. Es el único barrio que tiene chirimía en La Dorada”. El grupo musical de folclore con sus flautas, maracas y tambores acompaña festejos locales como las pasadas Fiestas del Río y el Sol.
La situación en el sector ha sido complicada. El 25 de junio pasado, por ejemplo, las autoridades capturaron a 29 personas, integrantes de una banda que llevaba siete meses distribuyendo estupefacientes, a la vez que afectaba una escuela, pues los delincuentes inducían a los alumnos al consumo de drogas, de acuerdo con el reporte policial.
Dellanira resume su misión con la frase: “Quiero que los niños cambien el chip”. Y la describe: “Aquí viven unas 400 personas, la mayoría menores. Mi idea es que con talleres para la vida y la música sigan el camino del estudio para que lleguen a ser profesionales”.
Con Mambrú los 20 niños participan en 12 talleres sobre salud sexual y reproductiva, hábitos saludables, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, liderazgo y convivencia, entre otros. En noviembre, la Gobernación les entregará $12 millones 500 mil en instrumentos. La inversión total será de $35 millones con aportes de la Gobernación ($25 millones) y de la Alcaldía ($10 millones).
Alejandro López, de 11 años y de grado sexto, forma parte de la chirimía. “Estoy muy feliz de estar en la chirimía. En el tiempo libre aprendemos cosas artísticas. Con Mambrú nos ganamos los instrumentos para seguir con nuestras actividades culturales”.
Carlos Ariel Soto, coordinador de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) en el Eje Cafetero, explica que la estrategia se orienta bajo el enfoque de prevención temprana para actuar a mediano plazo sobre los factores de riesgo, vulneración y amenazas que puedan conducir a que niños, adolescentes y jóvenes participen en actividades ilegales: “Esto lo logramos potenciando los talentos y habilidades deportivas y artísticas de los chicos, a la vez que hacen un aprovechamiento de su tiempo”.
La líder comunal concluye: “Ya no tendremos que recurrir a la Casa de la Cultura para que nos preste los instrumentos. Y lo que quiero ahora es que Corea tenga una orquesta para seguir animando las fiestas como lo hicimos en el Carnavalito del Río, en junio”.
En Colombia cerca del 60% de los desmovilizados que están en proceso de reintegración fueron reclutados cuando aún eran menores de edad, según la Agencia Colombiana para la Reintegración.
Las cifras, según la misma entidad, indican que en Colombia se han beneficiado, desde el 2010, 6 mil 881 niños y jóvenes de 29 departamentos. En el Eje Cafetero son 350 niños y jóvenes con fútbol, danza, pintura, teatro y música en Manizales, Anserma y Riosucio (Caldas), Montenegro, Quimbaya y Armenia (Quindío) y en el barrio Santa Ana de Pereira (Risaralda).
En casa
Las historias de víctimas y sus clamores van por las veredas y las calles urbanas. Ángela María Restrepo cuenta que en 1999 huyó de San Carlos, Antioquia: “A casi todo mundo le tocó volarse de allá por cuestiones de paramilitares. Venimos por dos desplazamientos”.
La publicación Rutas del Conflicto recordó una acción de autodefensas en ese municipio antioqueño. “Entre el 17 y 20 de junio de 1999, integrantes del Bloque Metro asesinaron a 12 campesinos y desaparecieron a 13 más durante un recorrido por el corregimiento El Jordán y dos veredas…”.
El nuevo destino de Ángela María: Viterbo, municipio en el occidente de Caldas, donde vive con el resto de su familia: su esposo, una hija, un hijo y un nieto. Su historia comenzó en una casa averiada que pudo mejorar con la ayuda que recibió de la Alcaldía.
“Por fortuna nos incluyeron en un plan de mejoramiento de vivienda y nos cambiaron las tejas y guaduas. Claro que no tenemos encielado (cielorraso) y el agua lluvia se devuelve y nos moja las piezas”, cuenta Ángela María.
Las ayudas humanitarias del Estado las resume en dos de $855 mil y una de $210 mil. “Creo que mis hijos, como víctimas, también deberían recibir y más que ya tienen su núcleo familiar aparte, que tengan apoyo para vivienda digna”.
En Pueblo Rico, vereda de Neira, vive Rosa Elena. Ella reconoce que le han llegado las ayudas de la Gobernación de Caldas y de la Alcaldía en los momentos que las ha necesitado. “No me han abandonado”.
Para ella una situación que complica las cosas tiene que ver con poner de acuerdo a los afectados a la hora de ofrecerles un proyecto productivo: “Había un proyecto para cultivar y vender mora, citaron a las víctimas, pero sólo fueron dos. Es que cada persona quiere que le entreguen lo le corresponde por su lado. Así es muy difícil”.
Los programas con aves de corral son otra iniciativa que va de la mano con quienes sufrieron el rigor de la guerra. Erika, en la vereda El Alto, del municipio de Aranzazu, explica que “la Alcaldía lo hizo con instructores del Sena y aprendí a trabajar con pollos de engorde. Es un trabajo duro porque hay que cuidarlas en la mañana y en la tarde. Por eso, Muchos prefirieron dejar el programa. Estuve hasta el final”.
Para Erika fue también una posibilidad de ingresos económicos, los cuales compartió con su madre, quien le cuidaba a su hija, mientras ella iba a la finca donde tenían las aves. En el mismo municipio le surgió la posibilidad con un proyecto para víctimas con plantas medicinales: “No lo pude tomar porque estoy estudiando con el Servicio de Educación Nacional de Aprendizaje (Sena) una técnica en salud, en el que también priorizan a desplazados”.
Unos proyectos avanzan, otros quedaron en el camino. El grueso de la plata para el posconflicto quedó en otros departamentos. Por eso, en Caldas con las uñas tratan de atender a quienes sufrieron por el conflicto armado.
Comparativo de los alcaldes línea del tiempo en 2016 y 2019 LINK para INCRUSTAR:
