Un nuevo llamado de alerta hicieron los personeros de los municipios de esa región de Norte de Santander tras la culminación de la Asamblea General de la Asociación de Personeros realizada en La Playa de Belén. Confrontación armada y migrantes venezolanos, sus mayores preocupaciones.
Luego de analizar la situación de conflicto armado en la región, los representantes del Ministerio Público concluyeron que la confrontación entre grupos armados ilegales y fuerzas de seguridad del Estado se mantiene con el agravante para la población civil en vista que es la que más ha resultado afectada. (Leer más en: El sombrío panorama en la región del Catatumbo)
En la zona hacen presencia la guerrilla del Eln; el grupo armado ilegal Epl, llamado por las autoridades como ‘Los Pelusos’; y disidencias del extinto Frente 33 de las Farc. En los últimos meses, todos han tenido choques con unidades militares que operan en la zona donde hay desplegados soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, Fuerza de Despliegue Rápido No. 3 y batallones de la Brigada 30. Además, las diferencias que tienen enfrentados al Eln y el Epl persisten y se siguen saldando con muertes selectivas y combates. (Leer más en: Tensiones en el Catatumbo tras ingreso de la Fuerza de Despliegue Rápido)
Las acciones generan zozobra en las comunidades campesinas que también sienten los temores por el incremento en la siembra de minas antipersona, reclutamientos, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios. (Leer más en: El Catatumbo sigue abandonado a su suerte)
Los personeros consideran que “la política de Estado para retomar el territorio, combatir los grupos ilegales y erradicar los cultivos de uso ilícito, ha sido el aumento del pie de fuerza; echando de menos la implementación de políticas públicas, incluso las planteadas en el acuerdo de paz encaminadas al desarrollo de las comunidades que históricamente han sido afectadas”.
Asimismo, denunciaron que en varios sectores se han presentado altercados en los que campesinos han reclamado por presuntos abusos de autoridad como: malos procedimientos, toma de captaciones de agua que los surten y la contaminación de las mismas, instalaciones militares cerca de viviendas y centros educativos además de señalamientos y estigmatizaciones a los campesinos, líderes comunitarios e incluso a los mismos personeros.
Respecto de esto último, exigieron respeto por sus funciones y destacaron que su ejercicio es autónomo, independiente con apego a la Constitución, a la Ley y siempre tendiendo a buscar la garantía de Derechos.
Uno de los municipios más golpeados es El Tarra, donde actualmente se busca solución definitiva a una reclamación de campesinos de la vereda Bellavista quienes pidieron el retiro de un grupo de soldados que se ubicó en lo más alto de su vereda y que, según los labriegos, no sólo les generaban el riesgo de quedar en medio de combates, sino que les cortaron el suministro de agua.
Esto originó un desplazamiento de familias que se concentraron en la escuela rural. En una reunión con el coronel Garzón Rey, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, se logró que se emitiera la orden para que los militares se movieran no sin antes erradicar cultivos de hoja de coca para uso ilícito, lo que implicó para los campesinos la imposibilidad de retornar a las fincas bajo el argumento que no tenían de qué vivir, según lo explicó el personero local Miguel Duarte, quien viene atendiendo ese tema.
Sobre esa situación también se refirió Yuleixer Antonio Torrado Sánchez, líder social de El Tarra, quien explicó que unas 70 personas, de por lo menos 20 núcleos familiares que no regresaron a la vereda Bellavista, están concentrados en un refugio humanitario en el barrio Villa Esperanza: “Ellos (los refugiados) se van a quedar allí por mucho rato pues tienen conocimiento que el Ejército no va a abandonar la zona pues abrieron trincheras”.
Pese a que Torrado es consciente de que las tropas del Ejército deben cumplir con su misión constitucional, respalda a las comunidades en el pedido a los actores armados “para que dejen a los civiles fuera del conflicto y con posibilidades de trabajar y progresar”.
Entre tanto, Duarte, como representante de la comunidad tarrense, igualmente manifestó su preocupación por los choques armados que se vienen registrando en la zona norte de San Calixto, limítrofe con El Tarra, donde los campesinos prefieren trabajar en sus fincas en el día mientras que en las noches viven en casas del casco urbano pagando arriendo.
Otro de los temores que la comunidad ha expuesto en el despacho de Duarte tiene que ver con el miedo a trabajar, pues durante los ataques de la subversión a la Fuerza Pública queda en evidencia la instalación de minas antipersona y otros artefactos explosivos en puntos de tránsito permanente de civiles.
Al respecto, el Personero de El Tarra pidió que no se abandonen las propuestas de sustitución de cultivos de uso ilícito y se incentive el cambio de las prácticas de los campesinos mediante el apoyo a cultivos legales y de esta manera mitigar las consecuencias de la fuerte confrontación armada que padecen los catatumberos. (Leer más en: En el Catatumbo ‘nos dejaron con la burra enflorada’)
Frontera caliente
Otro de los aspectos que, según los personeros del Catatumbo, afecta a la región es el difícil escenario que vive la vecina República Bolivariana de Venezuela. Como consecuencia de las afectaciones y de las tensiones políticas, en los últimos meses ha aumentado en la región la presencia de población migrante y de colombianos que estaban radicados en ese país y decidieron regresar, todos en busca de satisfacer sus derechos fundamentales mínimos sin encontrar una respuesta oportuna y efectiva del Estado colombiano.
Las principales necesidades de esta población están relacionadas con la regularización de su condición migratoria, el acceso a derechos básicos como educación, salud, alimentación y un mínimo vital, aunado a la poca oferta laboral que se tiene en los municipios de Norte de Santander, lo cual empeora el panorama y genera estigmatización y xenofobia.
“Como Personeros y Personeras Municipales advertimos la sistemática vulneración de Derechos Fundamentales de los habitantes del Catatumbo, lo cual ha generado que los Despachos se encuentren desbordados de sus capacidades operativas y con una notoria falta de recursos humanos lo cual representa una dificultad a la hora de garantizar de manera oportuna sus Derechos”, asegura el pleno de Personeros.
Aun así, ratificaron el compromiso en la promoción y protección de derechos humanos y a su vez hacer un llamado al Gobierno Nacional para que se implementen políticas públicas estatales reales y sustanciales que apunten a solucionar la problemática evidente en los últimos años.
Deisy Díaz Torrado, personera del municipio de Ábrego, dijo a VerdadAbierta.com que, efectivamente, sumado a los hechos que han convulsionado a la región desde finales del año pasado hasta comienzos del presente, está el escenario de la migración de venezolanos que ha aumentado la población de su localidad en unas tres mil personas, unas mil de origen venezolano y dos mil retornados colombianos abreguenses que estaban radicados en el vecino país.
“Son unos 600 núcleos familiares que reciben apoyo del Programa Mundial de Alimentos”, detalló la funcionaria, quien a su vez exigió la aplicación de políticas de Estado, pues por ser los municipios del Catatumbo de sexta categoría, no son muchos los recursos que tienen para ofrecer ayuda.
Díaz Torrado también se pronunció sobre la condición del municipio de Ábrego como receptor de desplazados provenientes de San Calixto, Teorama y Hacarí que huyen de la guerra en esa zona del Catatumbo, agudizando la crisis por cuanto no se tiene capacidad laboral para ofrecer a quienes llegan a buscar protección y condiciones de vida digna, creándose un escenario de vulneración de derechos.
A pesar del crítico panorama del Catatumbo, descrito por los personeros, lo que llama la atención de Alba Luz Trigos, coordinadora del Observatorio de Paz de Norte de Santander, es la interinidad en el cargo de Defensor Regional del Pueblo con sede en Ocaña desde octubre del año pasado cuando renunció Nelson Arévalo Carrascal.
La queja fue presentada por Trigos ante el Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander, realizado recientemente en la ciudad de Cúcuta: “Desde octubre se han tenido dos defensores regionales, pero ninguno en titularidad, esa interinidad no da garantías. Pedimos el nombramiento, sin manejo político, de una persona que dé garantías”.
