Distintas mafias sacan su tajada aprovechando la ignorancia de los desplazados y los billones que el Estado tiene que girarles.
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| “Los recursos han aumentado, la Corte Constitucional ha ampliado los rangos de cobertura y el Estado los entrega bajo el principio de buena fe, pero hay un grupo de avivatos que con la mejoría de los programas tienen un incentivo perverso y están exprimiendo la pobreza” dice uno de los abogados de Acción Social. Foto: Semana. |
El impacto de los casos que las autoridades han logrado documentar es mínimo frente al total de los recursos que el Estado destina para atender a los afectados, pero la preocupación es grande no sólo por lo que significa quitarle un peso a uno de los grupos más vulnerables de la población, sino por el daño que esto le hace a los programas de atención y a los mismos desplazados. Por cuenta de los abusos de unos pocos, se corre el riesgo de que se les estigmatice. Además, muchos de los engaños generan falsas expectativas entre los desplazados y traen tensión entre ellos y los programas de atención del Estado. Sólo en el último año hubo 887 casos, según un grupo especializado que se constituyó en Acción Social para la protección de estos recursos.
Hay personas que se presentan como líderes y ofrecen lo que llaman “el combo jurídico”, que incluye derecho de petición, tutela e incidente de desacato. Cada etapa tiene su valor: la primera, 5.000 pesos; la siguiente, de 10.000 a 50.000, y la tercera, un porcentaje entre el 10 y el 40 por ciento de lo que logren cobrar. Los pagos en el caso de las ayudas humanitarias de emergencia están entre 300.000 y 1.700.000 pesos, a lo que se suma las prórrogas, que llegan a 900.000 pesos. “Los tinterillos que se las tiran de líderes cogen a la gente y la engañan”, dice uno de los desplazados en Bogotá, mientras recoge su ayuda. “Venden la idea de que si uno no sabe hablar o no sabe pedir, no va a lograr nada”, dice, aunque la atención es gratuita y no requiere de intermediarios.
Un líder de una de las varias asociaciones que ayudan a esta población explica que cobran a las familias que asesoran “un aporte de 5.000 pesos mensuales para papelería, mensajería y transporte para las reuniones”. Esto puede ser cierto en algunos casos. Pero mucho va de una cuota para algunos trámites colectivos, a porcentajes por iniciar procesos donde se ofrecen millonarias sumas por cuenta de cobros retroactivos, intereses e indexaciones sobre una ayuda humanitaria que tiene una finalidad muy específica, o a organizar gente para que se hagan pasar por desplazados. Las indagaciones han encontrado individuos que entrenan personas pobres para que digan que fueron desplazados, les dan información de las regiones de donde se suponen que salen, y detalles del dramatismo que deben poner a sus relatos. “Dicen que es más fácil si dicen que los atacó la guerrilla. Nunca decir que la fuerza pública”, comenta uno de los desplazados. En la costa caribe han detectado que incluso los transportan en buses entre municipios, y hay casos investigados que vinculan a funcionarios de las alcaldías y de las personerías.
Otro de los problemas frecuentes es la suplantación. Una funcionaria recuerda como capturaron en flagrancia a un señor que ya estaba incluido en el registro de desplazados, pero estaba buscando una nueva ayuda con otra cédula que tenía la misma foto pero otro nombre. La situación es crítica en departamentos como Magdalena, donde han identificado 387 casos, la mayoría de este tipo, y varios de ellos denunciados por los mismos desplazados.
Pero las mayores aberraciones se dan en los proyectos productivos y en las asignaciones de tierras. En el Incoder, entidad que lidera este proceso, por ejemplo, hay organizaciones que le cobran hasta un millón de pesos a cada familia de desplazados para armarle los proyectos productivos, con la garantía de que serán aprobados, sin que esto suceda. Así que tras de la situación crítica en la que se encuentran, los desplazados quedan empeñados con el dinero con el que buscaban hacerse a una parcela.
Allí también se están presentando personas que no figuran como desplazadas, esto se detecta al cruzar con bases de datos de otras entidades del Estado, o hay proyectos en los que se presentan predios avaluados por mayor valor del real, lo que hace que sean descalificados. En la convocatoria del año pasado, por ejemplo, fueron rechazados 173 proyectos por inconsistencias en los avalúos y por problemas en los datos de los aspirantes, mientras sólo se aprobaron 98 proyectos para continuar con el proceso de aprobación.
En su esfuerzo de depuración, el Incoder destituyó en los últimos dos años a 13 funcionarios a los que les probó que pidieron dinero para entregar predios, o que dieron informes falsos para adquirir tierras que a la postre resultaron inservibles o que aprobaron comprar a un mayor valor de su precio real. Hay tierras sin agua, de condiciones físicas no aptas para agricultura o ganadería, hasta incluso se evalúa el caso de una tierra que resultó ser un campo minado.
En la atención a los desplazados, el gobierno ha recibido muchas críticas por su incapacidad para solucionar una problemática tan compleja. De hecho, la presión que los fallos de la Corte Constitucional le ha puesto al tema ha hecho que los programas con desplazados reciban ayuda con prioridad sobre los pobres, y de esta manera, se creó un incentivo para que estos últimos muchas veces se hagan pasar por desplazados para recibir atención estatal.
Los esfuerzos que realizan las autoridades para identificar a los colados, los ajustes que han tenido los programas y los esfuerzos en cerrar los boquetes encontrados son valiosos, pero aún insuficientes para controlar a los vampiros que están haciendo su agosto con la miseria.
Publicado en Semana 08/08/09 edición 1423
