Desde hace 25 días los desmovilizados de las autodefensas se rehúsan a asistir a las audiencias de Justicia y Paz porque el Inpec les restringió el uso de celulares y horarios de visitas. Desde entonces solo se ha han realizado el 20 por ciento de las diligencias de Justicia y Paz. Un decreto del gobierno podría terminar con el paro.
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Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, fue uno de los primeros jefes paramilitares en cuestionar la determinación del Inpec que puso restricciones al uso del celulares y a los horarios de visitas a los desmovilizados. ‘El Alemán’ habla sobre la decisión del INPEC de suprimir beneficios carcelarios a desmovilizados {youtube}Hoc3tiP4XsQ|320|25|true{/youtube} |
Desde hace tres semanas, los postulados a la ley de Justicia y Paz entraron en paro y suspendieron sus diligencias judiciales y entrevistas con autoridades. Protestan porque la directora del Inpec, Teresa Moya Suta, restringuió el uso del celulares y a los horarios de visitas, asegurando que algunos de ellos usaban estas concesiones para seguir delinquiendo.
A raíz de esta huelga, en las últimas semanas tan sólo se han realizado un 20 por ciento de las diligencias programadas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, según informó a Verdad Abierta Luis González, su coordinador.
Los paramilitares sometidos a la ley de Justicia y Paz podían gozar de estos beneficios según lo pactado en el Acuerdo de Santa Fé de Ralito. Las condiciones especiales de la prisión para los desmovilizados postulados a Justicia y Paz fueron ratificadas luego por el gobierno. La idea era que como ellos iban a contribuir con la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas, el gobierno les otorgaba cierta flexibilidad para facilitarles su colaboración.
Sin embargo, el 28 de abril pasado el Inpec consideró que los desmovilizados estaban aprovechándose de estas concesiones para delinquir, y decretó que los reclusos sólo podrían seguir usando computadores y celulares para el esclarecimiento de sus crímenes en Justicia y Paz, pero que tendrían acceso de forma controlada, con horarios previstos por la institución. (ver comunicado)
El primero en reaccionar fue el ex jefe paramilitar, Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, ex comandante del bloque Elmer Cárdenas de las AUC, quien dijo a la FM radio que con la decisión del Inpec, el gobierno les estaba incumpliendo los pactos suscritos en el proceso de paz. (escuchar audio).
Días después, un postulado a la ley de Justicia y Paz del bloque Héroes de los Llanos en Bogotá, conocido con el alias de ‘Pacho’, suspendió su diligencia de imputación parcial de cargos como protesta por nuevas limitaciones carcelarias. (ver nota)
Según alias ‘Pacho’, al estar incomunicados les era imposible esclarecer los crímenes que cometieron. Y aún cuando aseguró estar hablando por los miembros del bloque Héroes de los Llanos, nadie imaginó que estuviera expresando la opinión del resto de postulados en Bogotá que suspendieron sus compromisos con la Ley 975 la semana siguiente.
Finalmente a partir del lunes 4 de mayo, los presos de los patios 1 y 6 de Justicia y Paz de la cárcel de Itagüí en Medellín se sumaron al “paro carcelario por la dignidad del preso colombiano”.
Los desmovilizados dijeron que buscaban “hacer un llamado al gobierno nacional para que restablezca la interlocución con los desmovilizados de las autodefensas, cancelada unilateralmente desde hace más de un año”, según un comunicado que conoció Verdad Abierta. (ver todo el comunicado)
Verdad Abierta habló con funcionarios de la Fiscalía en Medellín que aseguraron que las audiencias de Justicia y Paz se han congelado en esa ciudad por la huelga de los desmovilizados recluidos en la cárcel de Itagüí. Según los funcionarios algunos ex jefes ‘paras’ ordenaron a sus subalternos que suspendieran su colaboración con la justicia hasta que el gobierno les responda.
La huelga también se extendió a Barranquilla, donde algunos desmovilizados han decidido no asistir a sus versiones libres como protesta por las determinaciones del Inpec.
La jefe de prensa del Inpec, Ana María Romero, aseguró la semana pasada que la entidad ya explicó los motivos que ocasionaron el cambio de reglamento y dijo que no se cambiará esa determinación. Sopresivamente esta semana los medios de comunicación aseguran que la institución podría cambiar de parecer en los próximos días.
¿El fin del paro?
Según informó El Tiempo, el Inpec y la oficina del Alto Comisionado para la Paz, acordaron el jueves de la semana pasada que nueve miembros representantes de las Auc tengan en sus celdas un computador personal, aunque estos equipos ya no tendrán acceso a Internet. El acceso a la red solo se podrá hacer en una sala especial y con navegación restringida.
De esos mismo beneficios gozarán los desmovilizados postulados al proceso que, según un concepto de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía estén colaborando con verdad, justicia y reparación.
En ese sentido se expidió el 15 de mayo el decreto 1733 que afirma que “Es necesario facilitar las condiciones que permitan a los miembros representantes y a los postulados de los grupos armados colaborar con los objetivos de la ley 975 del 2005”. El mismo decreto además crea un Comité Técnico Interinstitucional de coordinación y seguimiento conformado por la Fiscalía, la Procuraduría, los ministerios del Interior y Defensa y el Alto Comisionado para la Paz para monitoriar el acceso de los ‘paras’ a estos beneficios.
La determinación del gobierno podría ser el inicio para que los pamilitares potulados a la ley de Justicia y Paz reanuden su compromiso con la versiones libres y las audiencias de Justicia y Paz.
El panoarama de las víctimas
Los principales damnificados con la huelga carcelaria son las miles de víctimas del conflicto armado en Colombia que asisten a las versiones libres de sus victimarios en busca de verdad, justicia y reparación. Muchas de ellas son citadas a las salas de versión libre de la Fiscalía a través de correspondencia certificada lo que hace difícil para los despachos informarles oportunamente que las diligencias se cancelan a última hora.
Gran parte de las víctimas de los grupos paramilitares se trasladan con dinero de su propio bolsillo a las sedes de la Fiscalía para ingresar a las audiencias y enterarse de la suerte de sus seres queridos, algunas de ellas realizan largos viajes desde regiones aparatadas para evitar la presión de grupos ilegales que todavía cometen crímenes en la zona.
“Muchas de las víctimas del conflicto no tienen acceso a medios como Internet para informarse sobre cuando las versiones son canceladas”, aseguró un funcionario de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación.
La inaudita presión de los ex paramilitares con el paro no sólo muestra que, aunque estén presos y procesados por la justicia, muchos de ellos aún conservan un poder de presión frente a la justicia, y también su capacidad de mando sobre los que fueran sus subalternos.
Mientras tanto, las víctimas esperarán una solución que levante el paro, les garantice a los paras que podrán tener acceso a sus subalternos para obtener información que les ayude a aclarar los crímenes que ya empezaron a confesar ante la justicia, para hacer cumplir el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación que promulga la ley 975.
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