Una reciente sentencia de Justicia y Paz insta a la Fiscalía a indagar si uno de sus trabajadores en Aguachica, del que ni siquiera se sabe el nombre, entregó dinero a grupos paramilitares. La decisión no estuvo exenta de controversias entre los magistrados.
Magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Foto: archivo Semana.Varios medios de comunicación anunciaron que la empresa Postobón sería investigada por la financiación del Frente Héctor Julio Peinado, un grupo paramilitar al mando de ‘Juancho Prada’ que estuvo presente en el sur del Cesar. Incluso, la firma productora de gaseosas emitió un comunicado de donde rechazaba “de la manera más contundente toda asociación entre nuestra empresa y cualquier actividad ilegal”, agregando que bajo ninguna circunstancia justifica alguna actividad inapropiada de sus empleados y contratistas.
VerdadAbierta.com leyó detalladamente el fallo proferido por la magistrada Alexandra Valencia del Tribunal de Justicia y Paz contra el exparamilitar Antonio Quintero Coronel, fechada el 11 de julio, y encontró que se trata de información conocida desde 2008 y que los alcances de la sentencia son más limitados de los especulados por los medios. (Ver sentencia)
La historia comenzó por una versión libre que, el 28 de octubre de 2008, rindió ante un fiscal de Justicia y Paz el exparamilitar Armando Madriaga Picón, quien hizo parte del Frente Héctor Julio Peinado Becerra: “El distribuidor de Postobón mensualmente me daba 15 cajas de gaseosa, yo las negociaba en un depósito y le ordenaba al carro que las repartía que las dejara en tal lado y el del depósito me daba 150 mil pesos mensuales por esa gaseosa y eso lo ordenó el gerente de Postobón que estaba en el año de 1999 o 2000”. En la sentencia no se menciona el nombre del empleado quien, supuestamente, le entregaba cajas de gaseosa a Madriaga.
Al respecto, la magistrada exhortó a la Fiscalía para que “informe a la autoridad de vigilancia de esta sentencia, si se han adelantado investigaciones correspondientes a corroborar la información que fue aportada por Armando Madriaga Picón desde el año 2008, respecto de la participación de empleados de la empresa Postobón en la financiación de la estructura paramilitar del Frente Héctor Julio Peinado Becerra”. Asimismo, que se aclare si esas supuestas contribuciones fueron voluntarias o arbitrarias. No se trata entonces de una investigación contra la empresa como persona jurídica, sino contra uno de los trabajadores.
El magistrado Eduardo Castellanos, quien el pasado 27 de junio profirió una macrosentencia contra tres exparamilitares del Frente Héctor Julio Peinado, no estuvo de acuerdo con esa decisión. Aunque firmó la sentencia, hizo un salvamento de voto en el que consigna, entre otras cosas, que el exhorto para investigar a empleados de Postobón es ‘ligero’, pues su única prueba es un testimonio “ambiguo, incompleto e impreciso”, en el que no se da información de quién es el gerente y ni el distribuidor al que se hace referencia. Información esencial si se tiene en cuenta, dice el documento, que en el organigrama de la empresa no existe una planta de producción en Aguachica. (Ver salvamento de voto)
“¿Tenía este distribuidor de gaseosas la capacidad de comprometer a la empresa Postobón, o simplemente actuaba en nombre propio? Cuestionamientos como estos debió despejar primero la Sala mayoritaria antes de aventurarse a insinuar que Postobón pudo haber contribuido con dineros para el grupo ilegal”, se lee en el salvamento de voto.
Asegura el magistrado Castellanos que, a diferencia de lo dicho en los medios, Madriaga Picón no era el jefe de finanzas del Frente Héctor Julio Peinado, sino que fue un patrullero urbano y cobrador de extorsiones en Aguachica.
Como lo ha hecho en sentencias anteriores, la magistrada Valencia insiste en este fallo que debe existir una responsabilidad como persona jurídica de las empresas del sector privado que tuvieron vínculos con estructuras armadas ilegales y que deben responder como autores mediatos de los hechos, además de contribuir a la reparación. “Quien ha financiado la guerra, debe financiar la reparación”, aseguró.
Mancuso: lecciones para juzgar a un criminal de alto calibre
En una anterior sentencia contra Salvatore Mancuso, la magistrada había propuesto que las personas que prestaron un apoyo funcional al grupo respondieran, como autores mediatos o, de acuerdo a la teoría del derecho, como ‘el hombre de atrás’, lo que denominó la figura del reloj de arena. Teoría que la Corte Constitucional, en una segunda instancia, calificó de “hipótesis genérica de carácter especulativo”.
Otros ‘paras’ que hablaron de Postobón
Salvatore Mancuso, extraditado jefe de los bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las Auc. Foto: archivo Semana.Pese a la confusión mediática que generó la sentencia, es importante advertir que el nombre de la empresa de gaseosas, de propiedad del Grupo Ardila Lulle, ha salido a relucir a relucir en los estrados de Justicia y Paz en diferentes momentos judiciales.
En la primera sentencia conocida en Justicia y Paz en 2010 contra los exjefes paramilitares de los Montes de María por la masacre de Mampuján y la Brisas, cuando se hace referencia a la financiación del grupo paramilitar se toma como ejemplo el supuesto aporte de 10 millones de pesos mensuales que Postobón le entrega a ese bloque armado ilegal.
Desde 2007, Salvatore Mancuso dijo en sus primeras versiones libres que se había reunido con directivos de Postobón (de quien no dijo sus nombres) para acordar el pago de 10 millones de pesos mensuales a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para que les permitieran distribuir sus productos en las zonas de control paramilitar.
Hasbún asegura que Postobón le dio plata a las Auc
Un año después, el exparamilitar Raúl Hasbún, conocido con el alias de ‘Pedro Bonito’, coincidió en lo dicho por Mancuso. Aseguró que Postobón dio plata a los paramilitares de Urabá. En su momento, explicó que, inicialmente, la empresa se negó a pagarles, pero entonces las AUC secuestraron sus carros y conductores, hasta que la compañía envió a su jefe de seguridad a hablar directamente con Carlos Castaño. De esa manera, según Hasbún, se logró un acuerdo de pagar 10 millones de pesos mensuales por cada departamento del país.
Si bien esas declaraciones, que ya tienen más de ocho años, señalan directamente a la empresa de gaseosas, no hay decisiones judiciales en los tribunales de Justicia y Paz en su contra y apenas se está indagando si lo dicho por los paramilitares ha sido investigado por la Fiscalía General de la Nación.
